Pensiones y prestaciones ilegales
Calderón: más que nadie
NL: Poni negocia su candidatura
En estricto sentido jurídico, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa se beneficiaron de manera ilegal, en diversas proporciones, por sí mismos y sus familias y, en los casos de fallecimiento, a través de sus viudas, de recursos públicos no solamente en materia de pensiones sino, sobre todo, de percepciones, compensaciones, personal militar y administrativo y gastos varios “diluidos” entre el armado presupuestal montado durante décadas para ocultar dicho escamoteo mayúsculo.
En estricto sentido jurídico, ha de subrayarse, esos personajes, y sus sucesores en cuanto al ejercicio de cobros y beneficios, deberían devolver a la nación mexicana el monto de lo recibido no solo de manera ilegítima sino ilegal, y los responsables de autorizar y entregar esas cantidades, de manera presumiblemente delictiva, deberían responder por sus actos y recibir las sanciones correspondientes. Claro, si en México hubiera Estado de Derecho y si una ciudadanía verdaderamente vibrante obligara a respetar la ley y a sancionar a quienes no lo hicieran.
Como se ha dicho, no se trata solamente de las pensiones: dos de los personajes mencionados, Salinas y Zedillo, renunciaron en su mayor parte a ellas, aunque mantuvieron hasta años atrás el cobro de cantidades menores para cubrir sus cuotas de seguro de vida y de gastos médicos mayores: 2 mil 809.10 pesos”, el primero, y 5 mil 982.03 pesos, el segundo, al mes (https://goo.gl/UuleyU); otro, Calderón, no devolvió el monto de su pensión al erario, sino que la ha utilizado como treta electoral conyugal, para tratar de que repunte Margarita Zavala y lavar la imagen sucia relacionada con la tragedia infantil de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.
Pero, más allá de esas pensiones cobradas al cien por ciento o sólo en una cantidad pequeña, los gastos realmente importantes descansan en los centenares de elementos del Estado Mayor Presidencial dedicados a cuidar a los “expresidentes” y a sus familias, en despliegues ostentosos de poder cuya movilización nacional o internacional, para hijos en parrandas o hermanos o cuñados dedicados a negocios particulares, va con cargo al erario.
Los miles de millones de pesos destinados a beneficiar a esos expresidentes solo han tenido como “fundamento” un “acuerdo” sobre el cual conviene saber lo siguiente, conforme al análisis hecho por la especialista Cecilia Licona Vite: “El Acuerdo 7637 pone de modo vitalicio y a las órdenes directas de cada ex presidente, con cargo a la Hacienda Pública Federal, un total de 78 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Ese Acuerdo D.Q fue signado por Luis Echeverría Álvarez. Las firmas que aparecen estampadas son únicamente la del Secretario de la Defensa Nacional y la del Secretario de Marina. El Acuerdo fue formulado con base en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1971; en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Armada de México de 1972, y en los artículos 4, fracción 1, y 5, fracción 1, de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958. Pero ninguna de esas leyes indica -ni siquiera por asomo- que al concluir su mandato constitucional, el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República podrá disponer de personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Más aún, ninguna de esas leyes faculta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para conferir tales beneficios a los ex presidentes, ni a ningún otro ex funcionario. Ello en franca violación del principio de legalidad” (https://goo.gl/xrpZYQ ).
En relación con esas erogaciones presupuestales, sin base jurídica alguna, “lo ejecutado con base en él (el acuerdo 7637) debe ser restituido por quien sin causa legítima obtenga beneficios. Ello con independencia de la responsabilidad de quien o quienes realicen el pago de lo indebido”, según concluyó Cecilia Licona Vite, doctora en derecho y autora de un “Estudio en materia de pensiones, prestaciones o compensaciones y demás beneficios a ex presidentes de México”, publicado en junio de 2008 por la Cámara de Diputados (también ha sido miembro del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias en San Lázaro).
Otras adecuaciones, igualmente pensadas y ejecutadas para beneficio de los propios emisores y, en general, del club de expresidentes, fueron realizadas por Miguel de la Madrid y, en cuanto al reglamento del Estado Mayor Presidencial (EMP), por Vicente Fox. Pero Felipe Calderón los superó a todos la tarde de su último día en Los Pinos, mediante una reforma al reglamento del EMP: estiró la protección militar al máximo radio de acción de su familia, la directa y la ampliada; se autorizó contar con más de 400 miembros de las fuerzas armadas para darles seguridad, más personal administrativo y gastos, y logró que la parentela extendida (de “parasitismo familiar” ha hablado un tecleador astillado en algún programa de televisión) reciba servicio gratuito de atención en instalaciones hospitalarias militares.
Astillas: Así lo dijo el secretario de gobierno de Nuevo León, el pasado 24 de febrero: “Nos encontramos tal vez en el umbral de una de las negociaciones más importantes en la historia de Nuevo León… el número de posibilidades en la negociación es muy abierto, desde la candidatura presidencial hasta mejores condiciones para el estado”. Y ayer confirmó: “Cuando hay una posibilidad real de una candidatura, pues, surgen muchas posibilidades de negociación de los intereses del Estado ante la Federación, y de la Federación con el Estado”. Así que el poni, ex bronco, Jaime Rodríguez, negocia su postulación “independiente”… Fue miembro destacado de los Chuchos y ha sido fiel operador del mando priista en la cámara de senadores, pero ahora, todavía desde el PRD, lanza loas a López Obrador el poblano Miguel Barbosa, coordinador de lo que queda de la bancada del sol azteca en esa cámara… ¡Hasta mañana!
Fuente. Julio Hernández López, Astillero, La Jornada de San Luis.
