Los comuneros del ejido Guadalupe Victoria y su anexo la Cruz, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, le aseguraron al gobernador, Juan Manuel Carreras López, que defenderán hasta las últimas consecuencias el empadronamiento de sus tierras, y en ese sentido le exigieron que supervise que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le dé trámite a las denuncias que presentaron en contra de los desarrolladores inmobiliarios que pretenden despojarlos de su patrimonio.
Refirieron que el sábado 18 de marzo, por la mañana, el gobernador del estado estuvo en El Caolín, junto con la diputada federal Ruth Tiscareño, funcionarios de Conafor, brigadas de estudiantes y de colectivos ambientalistas, principalmente para “sacarse la foto” sembrando el primer árbol y aparentemente dar inicio al programa de reforestación regional, situación que aprovecharon para exigirle al mandatario que la PGJE dé trámite a las denuncias que presentaron contra los grupos inmobiliarios Caletto y Habi, y los empresarios que, junto con Irma Blanco, intentan despojarlos de su patrimonio, además le entregaron un audio que compromete a autoridades municipales de Mexquitic de Carmona con las empresas mencionadas.
“La grabación es muy comprometedora, pues se identifica a abogados de dichas empresas ordenando y manipulando a autoridades del ayuntamiento para un exterminio geográfico y cultural de la comunidad Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz”, reveló el asesor legal de la comunidad. Carlos Covarrubias Rendón.
En el escrito que entregaron al gobernador, los comuneros le señalan que la única razón por la que aceptan su presencia en el lugar, así como la del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, hace unas semanas, es porque con ello acreditan y son testigos de la existencia de Guadalupe Victoria.
Asimismo, los habitantes de la comunidad reiteraron su postura de “no vender la dignidad ni la tierra”, y aunque reiteraron no ser un movimiento de confrontación irreductible, también manifestaron que defenderán hasta las últimas consecuencias el empadronamiento alcanzado a través de la movilización. El trámite mencionado es un compromiso firmado por las autoridades municipales de Mexquitic de Carmona, en la minuta del 15 de marzo de 2017.
En este sentido, también solicitaron al gobernador que se dote de los servicios de agua, drenaje, luz, pavimentación, entre otros, a los que por ley tienen derecho en la fracción denominada El Caolín, con más de 300 lotes de dos mil 500 metros cuadrados cada uno, que son resultado de dicho empadronamiento. De la misma forma, expusieron la inserción de una cláusula para que en cinco años esos terrenos no sean vendidos y cuando esto pase tendrá que ser a un familiar, quien deberá respetar a su vez otra cantidad de años similar.
Fuente: La Jornada de San Luis
