No se ha realizado la consulta libre e informada, aseguran
La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, solicitó un amparo en los juzgados de distrito de Salina Cruz ante la posibilidad de que las autoridades de los tres niveles de gobierno otorguen concesiones para la instalación de nuevos proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec.
Los peticionarios argumentan que no se ha realizado consulta alguna para instalar cualquier proyecto de las empresas eólicas EDF y/o Eléctrica del Valle de México, Gamesa y Eólica Unión.
Juan Antonio López Cruz, coordinador del área de justicia trasnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), organización que acompaña a la comunidad indígena en su litigio, señaló la urgencia de garantizar que se respete el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa e informada, ya que
de no hacerlo se corre el riesgo de repetir atropellos, como los que han cometido otras empresas eólicas en la región.
A su vez, Romel Matus, del Comité Indígena pro Defensa de la Tierra y el Territorio de Unión Hidalgo, denunció que la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, así como las secretarías de Energía y Medio Ambiente de Oaxaca, se han negado a dar información de las plantas eólicas que se construirán en su comunidad.
Habitantes de Unión Hidalgo decidieron interponer el recurso legal con base en hechos ocurridos en la localidad, así como por recientes declaraciones de autoridades estatales y municipales respecto de la instalación de nuevos proyectos eólicos.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, operan 24 parques eólicos en el sur del estado, que comprende los municipios de Juchitán, Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Santo Domingo Ingenio y Unión Hidalgo, con una inversión de casi 5 mil millones de dólares.
El dirigente indígena y el abogado de ProDESC advirtieron que el incremento de los parques eólicos en la región ha representado también el aumento de las violaciones de garantías como el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pobladores de la zona. También se han cometido, acusaron, hostigamientos y amenazas contra comunidades, además de que las autoridades no han garantizado la protección de la comunidad.
Fuente: La Jornada
