La Operación Limpieza del gobierno de Felipe Calderón en la Procuraduría General de la República (PGR) quedó en un mero escándalo: Una juez federal ordenó la liberación de los dos últimos exfuncionarios que permanecían en prisión.
El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, dictó sentencia absolutoria por falta de pruebas en contra de Miguel Colorado González, excoordinador general técnico de la desaparecida SIEDO, y Antonio Mejía Robles, agente de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Ambos fueron acusados en 2008 de pertenecer al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. El cargo fue hecho por el entonces procurador general Eduardo Medina Mora, hoy embajador de México en Estados Unidos. Sus acusadores fueron testigos colaboradores.
Con el mismo argumento por el que han quedado libres varios de los acusados por el gobierno de Calderón, incluidos militares, la juez federal Gloria Avecia Solano determinó que las acusaciones contra Colorado González y Mejía Robles carecen de valor probatorio, “en razón de que fueron desvirtuadas durante el proceso penal”.
En su fallo, la juez fue contundente al decir que con las declaraciones desvirtuadas se evidenció que los testigos colaboradores o protegidos no se condujeron con verdad y declararon sobre hechos que no les contaban de manera directa, según informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En la causa penal 250/2008-III del Juzgado Segundo de Distrito en Jalisco y su acumulada, la 22/2011, del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito federal, a ambos se les seguía proceso por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud.
Miguel Colorado González también obtuvo sentencia absolutoria del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de adquirir bienes, depositar y transferir recursos dentro del territorio nacional, a sabiendas de que son producto de una actividad ilegal.
Las pruebas presentadas por la PGR en este cargo no sólo fueron insuficientes, sino que se demostró que los ingresos de Colorado González procedían de su sueldo, de la compraventa de inmuebles heredados y otras actividades comerciales.
La juez argumentó también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia en el sentido de que una prueba obtenida de manera irregular no puede ser considerada válida porque de lo contrario no pueden hacer válida su defensa.
El gobierno de Calderón anunció la Operación Limpieza como una demostración de su combate al narcotráfico dentro de la propia estructura gubernamental. Según las declaraciones de nueve testigos colaboradores de la PGR, los dos exfuncionarios ahora exonerados daban información a los Beltrán Leyva sobre las salidas del personal de la PGR, los lugares a los que se dirigían y las acciones policiacas que tendrían lugar.
Fuente: Proceso|La Redacción
