La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tortura física y psicológica infringida por parte de elementos del Ejército y la Policía Federal a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
“Aun cuando el propósito de la recomendación ha quedado satisfecho, toda vez que esta dependencia ha implementado las acciones necesarias para prevenir hechos como los que originaron la presente recomendación y evitar su repetición, se ha determinado aceptarla”, indicó la dependencia.
En un comunicado, la Secretaría, además, dio a conocer que solicitó a la CNDH que dé por cumplida dicha recomendación en virtud de que todos y cada uno de los puntos recomendatorios se atendieron aun antes del conocimiento público de los hechos, sostuvo.
El 9 de marzo, la CNDH emitió la Recomendación 4/2017, mediante la cual acreditó que el 4 de febrero de 2015 soldados ingresaron a un domicilio particular sin contar con mandato judicial y extrajeron de forma arbitraria a una mujer y dos hombres.
En lugar de ser trasladados directamente ante el Ministerio Público, las tres víctimas fueron llevadas a instalaciones militares, donde sufrieron tortura; los hechos fueron exhibidos el año pasado a través de un video en redes sociales.
La Comisión acreditó la detención arbitraria, retención ilegal y cateo ilegal, así como tortura física y psicológica provocados por asfixia, desnudez forzada, encapuchamiento, ejecución simulada, choques eléctricos y amenazas de daños.
En la recomendación, el organismo pide la reparación integral del daño para todas las víctimas y sugiere que los elementos de ambas instancias empleen en todos sus operativos cámaras fotográficas, de videograbación y de grabación de audio.
La Sedena destacó que, desde que tuvo conocimiento del caso, el 10 de diciembre de 2015, inició una averiguación previa a través de la entonces Procuraduría General de Justicia Militar para determinar la posible infracción a la disciplina castrense.
Asimismo, envió desglose a la Procuraduría General de la República para la investigación respecto a la posible afectación a personas civiles, indagatorias que dieron como resultado la consignación de un Jefe, un Oficial y dos de Tropa, a quienes se les dictó formal prisión.
El Órgano Interno de Control inició un procedimiento administrativo de investigación, y el 16 de abril de 2016 el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, dirigió un mensaje a la sociedad en el que ofreció una disculpa por las “lamentables acciones de malos integrantes”.
“En este caso, como en otros más, la Secretaría ha colaborado con las autoridades penales y administrativas competentes en las investigaciones que realizan, no sólo como un deber legal, sino como un principio ético de actuación”, añadió la Sedena.
“Esta Secretaría seguirá actuando sin tolerancia en contra de aquellos militares que se aparten de la ley, inculcando en ellos, a través de la promoción, protección y garantía de los Derechos Fundamentales, una cultura de respeto a los derechos humanos”.
Fuente: Reforma
