El gobierno abre la puerta a extranjeros para que se lleven nuestro patrimonio
La embestida de las mineras canadienses en México ha llegado a niveles insospechados. La más reciente víctima se llama Leticia Arias Castro, quien fue privada de su libertad desde hace 10 meses en un centro de detención para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, sólo por ser la dueña de una mina en Durango, de la cual fue despojada por la empresa canadiense Electrum Capital Inc, y su subsidiaria mexicana, Minera Electrum.
Con 74 años de edad, Leticia está sufriendo una detención absolutamente irregular en El Paso, Texas.
Mi hijo y yo veníamos cruzando el puente y luego tomaron nuestros pasaportes, salió un foco rojo, llegaron los de la aduana y nos esposaron. Duramos todo un día y toda la noche sentados en la aduana y luego nos engañaron porque nos dijeron que pidiéramos asilo e íbamos a estar en una casa de El Paso durante tres días y después nos iban a liberar, algo que fue mentira.
La historia de terror que actualmente vive Leticia se remonta al 18 de agosto de 2009, cuando su marido Francisco Silveyra Ibarra celebró un contrato de
explotación y promesa de asociaciónentre las empresas Minera Electrum y Minera Scorpio y Comercializadora y Arrendadora Parral, ambas empresas de las cuales son socios ella y sus tres hijos, Ernesto, Francisco y Aléxica.
La obligación de la minera mexicana de origen canadiense era invertir la cantidad de 4 millones 700 mil dólares con un proyecto de producción de mil toneladas de mineral por día y poniendo a disposición de los Silveyra el valor de la infraestructura instalada de su propiedad.
Sin embargo, la minera, después de haber hecho algunas exploraciones, incumplió sus obligaciones, por tanto los Silveyra cancelaron el contrato por la vía legal el 17 de diciembre de 2014:
No justificaron reservas para cinco años y las mil toneladas por día, no entregaron comprobación auditada sobre la inversión, no pagaron la infraestructura pactada, no pagaron los derechos mineros ni presentaron trabajos de comprobación, no cumplieron con los permisos de la Secretaría del Medio Ambiente y no cumplieron con la restitución de la superficie afectada, dice el expediente judicial al que ha tenido acceso La Jornada.
La sorpresa
Los Silveyra pensaron que allí quedaba el asunto, pero para su sorpresa el 24 de marzo de 2015 recibieron un citatorio del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para comparecer en una diligencia de carácter penal dentro de la averiguación previa: FAZ/URI-AZ-3/T1/511/14-08.
Pero el 30 de junio de 2015 la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador General de Justicia del Distrito Federal autorizó aprobar la propuesta de reserva, por inexistencia del delito, y la demanda fue archivada en octubre de 2015.
Los Silveyra se enteraron entonces que la empresa canadiense había creado desde el 19 de mayo de 2014 a sus espaldas una nueva sociedad llamada Minera Indé de Durango ante el notario público número 19 de la Ciudad de México, con el gestor fantasma Arturo Rosas Barrientos, que ni siquiera conocen, por lo que tipificaron los delitos de fraude y falsificación.
Fue así que a través de esta empresa fraudulenta donde se supone que los Silveyra tienen 50 por ciento, se presentó una denuncia penal por los delitos de fraude, falsificación y lo que resulte en contra de Leticia, su esposo y sus hijos, bajo el expediente: AP/PGR/DDF/SPE-I/3955PP/2016.
Peor aún, el pasado 7 de marzo, sin ser notificados por ninguna autoridad judicial o administrativa, la empresa canadiense despojó a los Silveyra de sus minas en Indé, Durango, incluyendo la toma de polvorines y poniendo vigilancia armada para evitar el acceso a los verdaderos propietarios.
El despojo
Desde entonces, la vida de los Silveyra, dedicados desde hace cuatro generaciones a la minería, ha dado un vuelco, con Leticia y Ernesto detenidos a consecuencia de una
alerta rojaen Estados Unidos, debido a la orden de aprehensión y a un proceso judicial plagado de irregularidades, según señala en entrevista Francisco Silveyra Arias.
Cuenta que su padre aceptó firmar el contrato porque estaba un mexicano, Antonio Martínez. Por parte de la empresa canadiense está Robert John Harrington en calidad de presidente del consejo de administración, y Víctor Hugo Mendoza Díaz como representante legal de la empresa invasora, junto a sus cómplices de abogados, notarios, jueces y policías.
Hubo un rompimiento en la asociación que tenían de ese contrato firmado por mi padre, mi madre y mi hermano, que son partícipes de los lotes mineros. Mi papá canceló el contrato, luego ellos demandaron a mis padres, pero ganamos la demanda.
Se archivó la demanda, pero con el tiempo volvieron a demandar otra vez, pero en otro juzgado, el 59, por la vía penal, siendo que esto proviene de un contrato y no tiene nada que ver con lo penal.
Añadió que a sus padres nunca les notificaron de la orden de aprehensión: “Desde hace 10 meses mi madre y mi hermano están detenidos en Estados Unidos sin haber cometido ningún delito. Tienen miedo de ir a una prisión en México, porque nuestros demandantes están extorsionando a medio mundo: crearon una empresa donde los meten como socios sin serlos, con un gestor falso. Nos despojaron de las minas con apoyo de la fuerza publica, pero sin una orden de desalojo; sólo iban resguardados por ciertos agentes de la policía.
“A mi madre y a mi hermano los iban a deportar por contar cion una ficha roja, pero al aceptar pedir asilo político, los tienen en un centro de detención.
“Realmente no tienen oportunidad de que les den un asilo político, pero están pidiendo protección del gobierno estadunidense.
O les dan el asilo y los dejan libres, o los deportan. Queremos justicia, que los liberen y que el gobierno estadunidense les dé un arraigo domiciliario o les pueda aplicar una fianza.
Para Silveyra Arias lo que están viviendo es un despojo en despoblado:
Estas empresas canadienses han venido a robar al país a manos libres. El gobierno mexicano abre las puertas a los extranjeros para que se lleven el patrimonio, que no paguen impuestos, y a los locales nos acosan con más regulaciones.
Agregó:
Estamos envueltos en un juicio oscuro. Los canadienses han corrompido con base en dinero o amenazas a todas las autoridades. Tienen un despacho legal que tiene la facilidad de corromper para que las autoridades hagan lo que ellos quieren. Pero estamos luchando y exigiendo una indemnización por el tiempo que han explotado las minas sin tener ningún derecho, bajo el amparo de una empresa apócrifa.
Aislamiento y depresión
Desolada por su encarcelamiento, Leticia Arias Castro pasa sus días colaborando en la cocina del centro de detención y leyendo. Espera la resolución de un juez estadunidense, que decidirá si la deporta o la deja seguir viviendo en Estados Unidos, donde pasaba parte de su vida.
Desconcertada, comenta que no hay razones para seguir detenida:
Esa orden de aprehensión no sé por qué existe, pues ni mi hijo ni yo firmamos ningún contrato con los canadienses. El contrato lo firmó mi marido, pero luego deshicieron el convenio.
Dice que desde hace años pasa su vida entre México y Estados Unidos:
Tengo mi pasaporte empresarial, mi visa y mi estancia legal. Tenemos negocios aquí, donde tengo mi segunda casa. Sólo iba a México una semana del mes para ver a mis hijos y que mi marido viera el negocio de compraventa de maquinaria. Toda mi vida he tenido pasaporte y nunca he tenido ni siquiera una multa de tránsito.
A pesar de todo, comenta que la tratan bien, pero le preocupa su estado de salud:
Desde que entré aquí se me empezó a subir la presión y por primera vez en mi vida tengo anemia, así que necesito que me inyecten hierro.
Tiene cinco nietos, a quienes extraña profundamente. Lo más difícil, dice, es el aislamiento:
Jamás me imaginé que iba a estar en la cárcel. Es muy difícil estar lejos de mi marido, de mi familia. No tengo libertad. Aquí no se hace nada. Bendito Dios que me mandan libros mis hijos, dice al comentar que esta leyendo Dime quién eres, de Norah Carter.
Con voz entrecortada, Leticia reivindica su inocencia y la de su hijo Ernesto: “Somos víctimas de una trampa, de un fraude. Y no quiero que me manden a ninguna cárcel de México, porque tengo miedo.
Tengo miedo de que si me deportan, me maten. No quiero hablar mal de mi país, pero se sabe que en la cárcel le pueden pagar a cualquier preso para que me den una golpiza para firmar lo que quieren los canadienses que firmemos.
Con tristeza concluye:
Quiero mi libertad, quiero vivir como antes, ir y venir a México. No quiero perder mi vida allá, mi familia, mi casa, mis animales, mis amigos, mi iglesia...
Fuente: La Jornada
