Ciudad de México. Relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron de manera enérgica el reciente asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada y cofundador del semanario Ríodoce, de Sinaloa, y llamaron al gobierno de México a una “acción inmediata” para poner fin al ciclo de violencia contra periodistas.
En un pronunciamiento distribuido por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, expresaron su consternación por el asesinato del periodista sinaloense.
“La violencia pretende silenciar el valiente trabajo de periodistas que como Javier Valdez reportan e informan a la sociedad mexicana sobre asuntos de interés público a pesar de las amenazas y el riesgo constante”, explicaron.
Además, informaron haber tomado nota de los compromisos asumidos por el presidente Enrique Peña Nieto, en los que anunció un plan de acción destinado a fortalecer el trabajo de las instituciones que investigan crímenes contra periodistas, así como del mecanismo de protección.
Incluso, ambos relatores especiales recordaron que el pasado mes de abril reiteraron su solicitud al Estado mexicano para realizar una visita conjunta al país, y que están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. mexicanas.
Asimismo, expresaron que el anuncio del presidente Peña Nieto “es un testimonio de la gravedad de la situación y de cómo se requiere una acción coordinada en todos los niveles de gobierno para hacer que los responsables de estos crímenes comparezcan ante la justicia y terminar con esta epidemia de violencia contra periodistas y el derecho de la sociedad a estar informada”.
En el pronunciamiento, los expertos exhorta al gobierno mexicano, especialmente a las autoridades competentes, a investigar el asesinato de Javier Valdez de manera exhaustiva y a identificar, procesar y sancionar a todos los responsables. Y pidió que el Estado brinde medidas de protección integrales y efectivas para los familiares del periodista y sus colegas, si dan su consentimiento para ello.
Fuente: La Jornada
