Ciudad de México. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) lanzará un informe extraordinario sobre México, el miércoles 3 de mayo en el puerto de Veracruz.
Carlos Lauría, coordinador y vocero del CPJ para las Américas, moderará el mismo miércoles un panel de debate para analizar junto con periodistas veracruzanos los contenidos del informe relacionados con esa entidad, donde –indica el nuevo documento— “la violencia es particularmente grave” y donde los ataques contra la prensa permanecieron impunes durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte.
El reporte analiza en particular tres casos de periodistas asesinados, que son los siguientes:
Moisés Sánchez
Dirigía, editaba y reporteaba para un pequeño periódico, La Unión, que cubría detenidamente los problemas del municipio, Medellín, por lo que el alcalde panista Omar Cruz Reyes había manifestado repetidamente su enojo contra el periodista. En su última nota, Moisés demandó que era necesario que la Secretaría de la Marina desplegara sus fuerzas en Medellín en el marco del programa estatal “Veracruz Seguro”.
Su cuerpo, decapitado, fue hallado días después de ser secuestrado en su domicilio por varios hombres. Uno de los sospechosos, ex agente de la policía municipal, fue detenido, los demás huyeron. Clemente Noé Rodríguez confesó que actuaban por órdenes de Martín López Meneses, escolta y chofer del alcalde. Un mes después de esta confesión el congreso estatal desaforó a Cruz Reyes pero para entonces éste y los demás involucrados ya habían huido. Durante las investigaciones se supo que el ahora ex gobernador preso en Guatemala y en proceso de extradición se había burlado del alcalde “por no poder callar” al periodista. El mismo Duarte, en su momento, expresó su desprecio por Moisés, al decir que era “un taxista y activista de barrio”, no un periodista.
Durante la administración de Duarte los investigadores del CPJ no obtuvieron colaboración del gobierno estatal, no se les permitió acceso al expediente y nunca fueron recibidos por el ex procurador Luis Ángel Bravo. Para la elaboración del presente informe tampoco fueron recibidos por el procurador actual, Jorge Winkler.
Marcos Hernández Bautista
Con ánimo crítico e independiente cubría la información de Jamiltepec, en la conflictiva zona de la costa oaxaqueña, para el periódico Noticias de Oaxaca y para la radio alternativa K Buena. La última racha de amenazas que recibió terminó por convencerlo de que esta vez “sí me van a matar” y los comentó con su editora de Oaxaca, quien lo instó a que viajara a la capital del estado, por protección. Dos días después fue acribillado frente a un bar de su propiedad en la localidad de San Andrés Huaxpaltepec.
Se había incorporado hacía poco tiempo a la campaña de la candidata de MORENA a la presidencia municipal.
La prensa regional, amordazada por el miedo, apenas dejó registro del hecho. La Fiscalía General investigó el casos mayormente por teléfono. Ni siquiera la Defensoría de Derechos Humanos envió personal a Jamiltepec. Meses después fue detenido un ex comandante de la policía municipal, señalado como responsable. Fue sentenciado a 30 años, por lo que el CPJ califica el expediente como “con cierto avance” pero, como en los demás casos, no se investiga de dónde salió la orden.
Gregorio Jiménez
Único periodista activo en la localidad Villa de Allende, cerca de Coatzacoalcos, escribía sobre lo que sucedía en la región: actividad de delincuencia organizada, trata de personas, secuestro y extorsión. El cinco de febrero de 2014 su cuerpo fue encontrado. Lo decapitaron y le cortaron la lengua.
En este caso las autoridades veracruzanas (en ese tiempo el fiscal era Amadeo Flores) también negaron que el móvil del crimen fuera una represalia por las denuncias periodísticas del reportero. Se trató, dijeron inicialmente, de “un pleito con vecinos”. Es uno de los pocos casos en los que ya hay detenidos, aunque aún no hay sentencias. Son cinco sicarios y la supuesta autora
intelectual del crimen —algo inusual en los casos de asesinato de periodistas en México— Teresa Hernández, dueña de un bar local que era punto de encuentro de personas vinculadas al tráfico de drogas y personas. La negativa de los sucesivos fiscales a recibir a las misiones de derechos humanos y defensoras de periodistas como la CPJ ha sido la constante. El informe “No excusas” concluye que la investigación “ha distado mucho de ser perfecta y no se han logrado condenas”.
