La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Justicia Militar investigarán la presunta participación de militares en una ejecución ocurrida en la comunidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, durante los enfrentamientos que durante varias horas sostuvieron civiles armados y miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el pasado 3 de mayo.
Grabaciones de una cámara de seguridad dadas a conocer por un diario local muestran el momento en que, al parecer, un soldado ejecuta a un civil de-sarmado. Ante esto, la Sedena se comprometió a colaborar en todo con la PGR y señaló que el Ministerio Público Federal deberá determinar la autenticidad de los videos y deslindar las responsabilidades correspondientes.
Según la versión oficial, los militares –quienes iban acompañados por policías locales– sostuvieron enfrentamientos con integrantes de grupos de huachicoleros (ladrones de combustible) fuera de Palmarito Tochapan y las confrontaciones se extendieron hasta el centro de esa comunidad poblana. Los choques armados dejaron seis civiles y cuatro soldados muertos, 12 heridos y 14 personas detenidas.
Ayer, el diario Cambio, de Puebla, difundió imágenes obtenidas de cámaras de vigilancia en las cuales se muestra que, al parecer, un soldado habría disparado a la cabeza de un hombre sometido y desarmado.
De acuerdo con las grabaciones difundidas, captadas por las cámaras colocadas en la esquina de Avenida Hidalgo con 10 Norte, al filo de las 20:30 horas un grupo de militares perseguía una camioneta pickup blanca que circulaba por la zona, en donde presuntamente viajaban ladrones de hidrocarburos extraídos de ductos de Petróleos Mexicanos. En la imagen se aprecia que los militares se dividen en dos grupos: un comando avanza detrás de un transporte de personal castrense hacia una zona donde presuntamente disparaban en su contra.
Se observa que mientras parte de los soldados avanzan por una calle, un civil que inicialmente estaba tirado se levanta y abre fuego en contra de los militares; uno de los uniformados cae al piso, sus compañeros se parapetan en la camioneta y luego atienden a su compañero.
Momentos después, la grabación muestra que entre las 20 y las 20:44 horas, una camioneta que inicialmente se acerca a la intersección de la Avenida Hidalgo con 10 Norte avanza de frente y momentos después es conducida en reversa, mientras los soldados disparan al vehículo.
En la imagen de video se aprecia que el parabrisas delantero había recibido varios impactos, y luego la unidad es bloqueada por un transporte militar del cual bajan varios uniformados y sacan a los ocupantes.
Los tres civiles descienden, dos de ellos son alejados de la unidad, mientras el tercero es llevado a rastras hacia una banqueta cercana a la barda en la que se encuentra una de las cámaras que grabaron los hechos. Son ya las 20:36 horas. Dos minutos más tarde, los soldados colocan boca abajo al hombre, quien presuntamente estaba herido, y a las 20:44 hay tres militares en el lugar; uno de ellos aparentemente dispara a la cabeza del civil.
Una vez conocidas las imágenes, la Sedena informó que ‘‘tuvo conocimiento de la difusión en redes sociales de dicho video, el cual muestra los momentos en que el personal militar es agredido con disparos de arma de fuego desde diversos vehículos, logrando la aprehensión de algunos de los agresores’’.
Indica que las imágenes captan ‘‘el momento en el que, al parecer, un elemento militar efectúa un disparo sobre un civil ya sometido’’.
Lo anterior, indica la dependencia, ‘‘debe ser esclarecido fehacientemente por el Ministerio Público de la Federación (instancia) que lleva la investigación de los hechos, para determinar con precisión si corresponde al lugar y evento de referencia, así como si es auténtico o editado, y en su caso deslindar las responsabilidades que correspondan’’.
La Sedena se comprometió a colaborar ‘‘en todo lo necesario con la Procuraduría General de la República, con la convicción de que bajo ninguna circunstancia pueden justificarse conductas contrarias a la ley y a los derechos humanos, por lo que en caso de acreditarse deben ser sancionadas con todo rigor’’.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia Militar realizará las investigaciones por lo que hace a los delitos del orden castrense, en tanto que la PGR informó que ‘‘la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo abrió el 4 de mayo una investigación por los hechos ocurridos’’, y realiza las indagatorias correspondientes sobre los hechos que fueron videograbados.
Piden senadores la posición de Sedena
Senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Acción Nacional (PAN) manifestaron que de comprobarse la veracidad del video difundido en redes sociales, donde un militar ejecuta a un civil en la comunidad de Palmarito Tochapa, en Puebla, las fuerzas armadas enfrentarán una nueva acusación por violación grave de derechos humanos y ello dará la razón a quienes demandan que el Ejército regrese a sus cuarteles.
En tanto, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Burgos manifestó que ‘‘no descartaría que sea una mala jugada para desacreditar a los militares, pero vale la pena que se haga una investigación a fondo. No lo afirmo, pero no descarto que haya sido posiblemente un manejo tecnológico, porque hoy día existen muchas capacidades para integrar un video de esa naturaleza’’.
A su vez, Manuel Bartlett, coordinador de los senadores del PT, destacó: ‘‘El Ejército no está capacitado para realizar tareas policiales; los métodos de la disciplina y educación militar generan este tipo de letalidad que existe y que hemos denunciado. El trabajo de la policía es detener y procesar ante la justicia, no matar, y el Ejército mata aquí y en todos lados’’.
En ese video, resaltó Bartlett, ‘‘hay evidencia de una probable ejecución extrajudicial. Un militar mata a un civil desarmado. En el país no se puede ejecutar a nadie. Eso es muestra de por qué no debe aprobarse la ley de seguridad interior’’.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, llamó que la Secretaría de la Defensa Nacional manifieste una postura ante el contenido del video, que se inicie una investigación por esto y por la desaparición de personas tras el operativo en esa comunidad.
Refirió que tras los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y presuntos huachicoleros –que causó 10 muertes–, el anuncio de que se utilizarían helicópteros y artillería en los operativos contra el robo de combustible, ‘‘generó preocupación por el uso de la fuerza pública de manera excesiva y ahora este video pareciera que nos da la razón’’.
El senador del PT Miguel Barbosa pidió no apresurarse a hacer comentarios sobre el video, pero de ser cierto lo que ahí se ve ‘‘es un hecho muy grave no sólo por la probable ejecución que hace un militar, lo digo con claridad, sobre un delincuente que podría haber sido de los que ya habían participado en el ataque del cual habían resultado muerto cuatro militares.
‘‘Lo preocupante para mí sería que este tipo de acciones acrediten que el desempeño de militares en asuntos de seguridad pública resulta riesgoso y más lo es que sea un hecho del cual se desprenda un comportamiento generalizado en el Ejército.’’
Pilar Ortega, panista y presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, señaló: ‘‘Hay que ponderar la situación, establecer la autenticidad del video y después, de ser cierto, aplicar las responsabilidades que correspondan. Estamos en un estado de derecho y creo que eso sería lo menos que podemos esperar: que haya una aclaración por parte de las autoridades’’.
El Ejército seguirá apoyando al gobierno de Puebla en operativos por robo a ductos
Puebla, Pue. El gobierno del estado, encabezado por José Antonio Gali Fayad, aseguró que los operativos que se realizan contra bandas dedicadas al robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) son respetuosos de los derechos humanos y aseguró que en ellos se seguirá contando con la presencia y apoyo del Ejército Mexicano.
Luego de la difusión de videograbaciones donde se aprecia la presunta participación de soldados en una ejecución ocurrida en la comunidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, durante un operativo realizado el pasado 3 de mayo, las autoridades poblanas emitieron un comunicado.
En el documento se señala que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación desde el momento en que se tuvo conocimiento de la agresión contra personal militar, en la que resultaron cuatro miembros del Ejército Mexicano fallecidos y 11 heridos, incluido un elemento de la policía estatal.
En el citado operativo murieron, además, seis de los presuntos agresores.
‘‘Las indagatorias de la fiscalía local continúan y en su oportunidad se dará vista tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como a la Fiscalía General Militar para que procedan en el ámbito de sus respectivas atribuciones’’, indicó el gobierno estatal.
Agregó que el agente del Ministerio Público Militar, en términos de la normatividad que le es aplicable, abrió carpetas de investigación como lo hace cada vez que se suscita una agresión a personal castrense. Dicha indagatoria está en curso.
‘El gobierno de Puebla continuará combatiendo las bandas de delincuencia organizada dedicadas al robo y comercialización de combustible que operan en su territorio, de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno y, en particular, con las fuerzas armadas’’, subrayó el comunicado oficial.
‘‘Este gobierno –concluye– reitera su compromiso de conducirse en todo operativo con apego a la ley y pleno respeto a los derechos humanos.’’
Fuente: La Jornada
