Cuatro militares y seis civiles, entre las víctimas en Palmarito Tochapan, Puebla
Abre PGR carpeta de investigación por hechos en Puebla
Por la noche, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que dio inicio a una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en Puebla, donde perdieron la vida cuatro militares y seis civiles.
La indagatoria será por los delitos de posesión, portación de armas de fuego y los que resulten. En un comunicado señaló que la delegación de la PGR trabajará de manera coordinada con las todas autoridades para que los responsables ‘‘sean castigados conforme a la ley’’.
Palmarito: omisiones y decisiones equivocadas
La localidad de Palmarito Tochapan, en el municipio poblano de Palmar de Bravo, ha vivido dos alarmantes y trágicas jornadas consecutivas deviolencia. Según cifras del gobierno de Puebla, entre miércoles y jueves fallecieron allí cuatro militares y seis presuntos delincuentes dedicados a la extracción y venta ilegales de gasolina –conocidos como huachicoleros–, resultaron lesionados cinco soldados y un policía estatal, y hubo 14 detenciones.
Según las versiones oficiales, el miércoles una patrulla militar que efectuaba un reconocimiento fue atacada por un grupo indeterminado de individuos a bordo de camionetas. Ante la presencia de mujeres y niños que habrían sido
utilizados como escudopor los agresores, los uniformados decidieron no disparar, pero ayer ocurrieron otros enfrentamientos en los cuales los soldados respondieron el fuego.
Posteriormente, habitantes de Palmarito bloquearon con barricadas y neumáticos en llamas la autopista México-Veracruz y los accesos al municipio, con la finalidad de exigir la salida del Ejército de la población.
Palmarito Tochapan se ubica en la llamada franja del huachicol, una zona poblana donde la ordeña de ductos de Pemex y la venta de combustible robado se han convertido en prácticas extendidas en las que participa un numeroso grupo de personas. Por lo demás, la extracción ilegal de combustible de las líneas de transporte es un fenómeno de larga data y que en diversos puntos del territorio nacional –particularmente, en el nororiente del país– ha alcanzado niveles de gran escala y casi industriales.
Desde hace muchos años las autoridades se han abstenido de emplearse a fondo en contra de esas actividades delictivas, pese a que el gobierno podría disponer de diversas herramientas para prevenirlas y erradicarlas: desde la inteligencia policial hasta la vigilancia con videocámaras, pasando por la identificación de compradores al mayoreo de combustibles robados. Es claro, pues, que la ordeña de los ductos no podría realizarse sin complicidades corruptas en el interior de las oficinas públicas y sin participación de corporaciones dispuestas a hacer negocios con la adquisición por debajo del precio regular de esos hidrocarburos.
En la referida región de Puebla, el fenómeno del huachicol tiene, como componente adicional, la incorporación de sectores de la población carentes de medios legales de subsistencia y, como telón de fondo, una generalizada inconformidad social por precios prohibitivos de combustibles, inconformidad que en enero pasado se tradujo en intensas protestas populares en contra del llamado gasolinazo de ese mes.
Con esos elementos en mente, resulta ineludible señalar que el combate al robo de combustibles tendría que empezar por el combate frontal a la corrupción en diversos segmentos de la administración pública –Pemex entre ellos–, una política estricta de control del lavado de dinero, un cambio en la política económica para dignificar las condiciones de vida de diversas zonas del país –caso de la referida franja del huachicol– y una reconsideración de las políticas energéticas en curso, las cuales propician el surgimiento del mercado negro para combustibles robados por la simple razón de que éstos han quedado fuera de la capacidad de compra de muchas personas.
Fuente: La Jornada
