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Los miles de millones que pagó la CFE por un servicio que no utilizó
La Auditoría Superior de la Federación detecta que la capacidad de transporte de gas natural que no se usó en 2018 costó 3 mil millones de pesos
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó miles de millones de pesos por un servicio de transporte de gas natural que nunca ocupó, ocasionando un daño en sus finanzas, en lugar de generar rentabilidad al Estado mexicano.
Tan solo en 2018, todavía bajo la administración de Enrique Peña Nieto, la empresa productiva del estado desembolsó 13 mil 500 millones de pesos de cargos fijos para utilizar 17 gasoductos, no obstante 3 mil millones corresponden a capacidad que no se ocupó y 7 mil 500 millones a volumen subutilizado.
De acuerdo con un informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), entregado unos días, el año pasado la CFE contrató a privados una capacidad para transportar poco más de 3 mil 913 millones de pies cúbicos de gas natural, no obstante, nada más se ocuparon 581 millones de pies cúbicos.
Es decir que 83.4% de la capacidad se subutilizó, el resto (16.6%), que sí se utilizó, corresponde a 13 gasoductos: Naranjos-Tamazunchale, Tamazunchale-El Sauz, Manzanillo-Guadalajara, Mayakán, Corredor Chihuahua, Sásabe-Guaymas, Ramal-Empalme, Ramal Villa de Reyes, El Oro-Mazatlán, San Isidro Samalayuca, El Encino-Topolobampo, Ojinaga-El Encino y Ramal Topolobampo.
Los otros cuatro gasoductos fueron un gasto inútil, pues no se transportó ni un solo pie cúbico de gas, se trata de el Ramal Hermosillo, El Encino-La Laguna, Guaymas-El Oro y Morelos, por los cuales pagó más de 3 mil millones de pesos.
LAS QUE MÁS GANARON
De acuerdo con las contraprestaciones realizadas a los transportistas, en el contrato se tenía un cargo fijo, el cual está obligado a pagar no importando la situación. En éste se refleja los pagos que la CFE hará a las empresas por tener capacidad reservada disponible, independientemente del volumen de Gas Natural entregado.
Este año el director de la CFE, Manuel Bartlett, arremetió contra estos contratos que se otorgaron a diversas empresas nacionales y extranjeras, incluso se realizó una renegociación de las tarifas de transporte con IEnova, TransCanada, Carso Energía y Fermaca, esto al considerar que las condiciones de los contratos no eran justas para la empresa productiva del estado.
El gasoducto Guaymas-El Oro que fue al que más se le pagó y no se hizo uso de la capacidad, está a cargo de Ienova que pertenece a la norteamericana Sempra, este proyecto fue construido y es operado por su filial Gasoducto de Aguaprieta. Este culminó su construcción en 2018, pero no transportó gas natural por caso fortuito.
Y es que en todos los contratos se estipulan casos fortuitos o de fuerza mayor dentro del esquema de asignación y mitigación de riesgos, que se refiere a eventos imprevisibles que pueden causar daño o que afectan la construcción y operación del proyecto.
En este caso del Guaymas-El Oro, es que se presentaron daños en la tubería y una suspensión de actividades que otorgó un juez de Sonora.
Mientras que el gasoducto de El Encino-Laguna, que fue el segundo en el que más se desembolsó, es operado por la empresa mexicana Fermaca, esta fue la última con la que la CFE llegó a un acuerdo.
CONSECUENCIAS...
La ASF alerta que las deficiencias pueden ocasionar daños sociales, pues al no cumplir con la demanda de gas natural de las empresas de generación de electricidad de CFE y de clientes, se corre el riesgo de que la generación de electricidad utilice insumos más caros y menos amigables con el ambiente.
Lo anterior puede provocar un aumento en los costos de generación de electricidad, que a su vez puede generar un incremento en las tarifas eléctricas que impacta al bolsillo de 43.4 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria.
AMLO busca justicia para adultos mayores, pide a STyPS revisar denuncias sobre su falta de sueldo como empacadores en Walmart
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) revisar las denuncias sobre el salario de adultos mayores que trabajan como empacadores en empresas como Walmart o Soriana.
Lo anterior luego de que se diera a conocer que los adultos mayores que trabajan en el área no reciben sueldo aparte de las propinas.
“Se debe de presentar una denuncia por no pagar un salario justo y que no se den las prestaciones, eso lo pueden hacer (…) Tiene que intervenir la Secretaría del Trabajo, va a intervenir porque todos los seres humanos tienen derecho a un salario justo, es un derecho consagrado en la Constitución”, apuntó.
En este contexto, se dijo seguro que los directivos de Waltmart sin necesidad de denuncia procederán de forma justa.
Cabe mencionar que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con un programa de vinculación productiva, con el cual las personas de la tercera edad pueden entrar en actividades de este tipo. En este programa está incluido el Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías, en el que participan personas de 60 y más años en diversas empresas.
Los adultos mayores forman parte de los programas sociales promovidos por AMLO, que reciben una pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales y en 2020 aumentará la pensión según la inflación.
70 años después, hasta la llegada de la 4T, SRE da el paso para que México se adhiera a Convenio 98 sobre democracia sindical
Tras 70 años del pacto de la OIT sobre libertad sindical que data desde 1949, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto promulgatorio del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La 4T dio seguimiento a este importante paso relegado durante los sexenos anteriores, además, esto ocurre mientras la Cámara de Representantes de Estados Unidos aún no tiene fecha para votar el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), al menos nuestro país se sumó finalmente a las reglas mundiales de democracia sindical.
La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto promulgatorio del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ese pacto, adoptado desde 1949, trata sobre los derechos a sindicalizarse y a la negociación colectiva. En México entrará en vigor el 23 de noviembre.
De acuerdo con El Economista, la reforma laboral se podría dividir en dos partes: la sindical y la justicia del trabajo. Para lo segundo, ordena la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje.
Al desaparecer éstas últimas se suplirán por centros de conciliación, que únicamente mediarán entre trabajadores y empresas, y tribunales donde un juez emitirá una sentencia si las partes no llegan a un acuerdo.
El convenio fue aprobado por el Senado el 20 de septiembre de 2018. En 1949, los países que integran la OIT, México entre ellos, adoptaron este acuerdo. El siguiente paso era que el Ejecutivo enviara el documento a los senadores para que lo ratificaran, si el gobierno no lo remite, los legisladores no lo pueden aprobar. Esto se hizo hasta el año pasado.
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