A unos meses de concluir este sexenio, “el gobierno federal impulsó un acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el narcotraficante Benjamín Arellano Félix, jefe del cártel de Tijuana, para que éste se declarara culpable a cambio de obtener una sentencia de 25 años. Lo mismo sucedió en febrero de 2010 hizo con Osiel Cárdenas Guillén.
Benjamín Arellano Félix, uno de los hermanos que en la década de 1980 formaron el cártel de los Arellano Félix, fue detenido en una casa de Puebla, en marzo de 2002, apenas unas semanas después del asesinato de su hermano Ramón, en Sinaloa. Fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, cuando el gobierno estadunidense reclamó su extradición. El gobierno federal mexicano la concedió desde 2007, promoviéndola como uno de sus primeros logros de la lucha contra el narcotráfico, aunque no pudo concretarse sino hasta 2011, ante las apelaciones que promovió Arellano.
El 4 de enero de 2012, la Corte de California inició el juicio en su contra, integrado en el caso número 97CR2520-LAB, con la fiscal Laura E Duffy.
En un legajo de 26 fojas, Estados Unidos acusa al narcotraficante de introducir cantidades industriales de cocaína y mariguana, conspiración para lavar dinero y asociación delictuosa. “Desde 1986 y hasta el 9 de marzo de 2002, Benjamín Arellano Félix, alias el Señor, el Min, el 76, el 7-7, el MK, el Licenciado Sánchez, o Licenciado Alegría, dirigió la organización Arellano Félix…”, cita la acusación.
Destaca también sus supuestos negocios con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que le proveía las drogas que el cártel introducía por las franjas fronterizas de Tijuana y Mexicali en aviones privados y comerciales, helicópteros, barcos, yates, botes, vehículos particulares y trailers.
En menos de dos meses el gobierno estadunidense llegó a un “acuerdo” con el narcotraficante: la negociación estableció que Arellano Félix admitiría su culpabilidad de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa a cambio de no ser enjuiciado por todas las muertes que se le imputaban (que seguramente lo condenarían a cadena perpetua o la pena de muerte).
Obtuvo 25 años de prisión con la posibilidad de ver reducida su sentencia “por buen comportamiento”, restándole además los días que lleva ya en la prisión de Estados Unidos, es decir, desde el 29 de abril de 2011. Luego el gobierno de ese país lo devolverá a México, donde purgará de 17 a 20 de condena.
Así se le dio celeridad a un litigio que, en condiciones normales, habría implicado varios años, por lo menos tres, como duró el juicio contra Osiel Cárdenas Guillén (Contralínea 193, 1 de agosto de 2010).
Aun con los años de privación de su libertad, se trata de una sentencia que incluso en Estados Unidos se consideró como “benévola”, dada la gravedad de los crímenes imputados en su contra.
A Benjamín Arellano se le atribuye la dirección del cártel de Tijuana de 1986 hasta su detención, el 9 de marzo de 2002, es decir, el periodo en el cual su familia se encumbró como una de las organizaciones criminales más poderosas de la región, “la más poderosa de América Latina”, según palabras del periodista Jesús Blancornelas, quien en varios libros y numerosos artículos del semanario Zeta (desde Tijuana) retrató puntualmente el emporio de los Corleone mexicanos, los primeros en negociar con los poderosos colombianos el suministro de cocaína, cuyo flujo hacia Estados Unidos controlaron durante casi dos décadas.
“Benjamín Arellano –señala la acusación fechada el 4 de enero– daba las instrucciones a los otros miembros, incluyendo a sus hermanos Ramón, Eduardo y Francisco Javier Arellano Félix, así como a sus principales lugartenientes y socios de tráfico de drogas”. Entre los jefes y lugartenientes se cita a Manuel Aguirre Galindo, Jesús Labra Avilés, Ismael y Gilberto Higuera Guerrero, Efraín Pérez, Jorge Aureliano Félix, Rigoberto Yáñez, Armando Martínez Duarte y David Barrón Corona.
Se le atribuyen también el secuestro y asesinato de varias personas; sobornos a policías y militares; así como el asesinato de informantes y testigos potenciales con el fin de obstruir o impedir la investigación oficial de sus actividades.
Las autoridades hacendarias de Estados Unidos y la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por su sigla en inglés) le imputaron el lavado de cientos de millones de dólares estadounidenses por las ganancias que obtuvo del tráfico de drogas.
Los Arellano fueron también pioneros en la práctica de eliminar a sus competidores y víctimas disolviéndolas en ácido. A Benjamín Arellano se le imputó la autoría de por lo menos 20 crímenes, de allí que tras anunciarse el fallo, su abogado se mostró satisfecho por el acuerdo logrado por su cliente con el gobierno estadunidense.
Inclusive la propia fiscal Laura Duffy refirió que “aunque la sentencia podría considerarse benévola, para nosotros este dictamen es el equivalente a cadena perpetua”.
Y es que ni a los miembros del mismo clan la justicia estadunidense los ha medido con la misma vara: Mientras que a Benjamín, identificado como el líder absoluto del cártel por lo menos durante 16 años, lo sentenciaron a 25 de prisión, a su hermano Francisco Javier, el Tigrillo, se le condenó a cadena perpetua, aun cuando la acusación contra Benjamín dice que era él quien le daba las órdenes a Francisco Javier. El Trigillo fue detenido por la Guardia Costera de Estados Unidos en agosto de 2006, en aguas de la costa mexicana, cuando viajaba a bordo de su barco Doc Holliday.
A otros miembros del cártel, de escalafones menores y que solamente recibían órdenes de los Arellano, la autoridad estadunidense les impuso también penas más severas, como a Jesús Labra, el Chuy, a quien se le sentenció a 40 años de prisión.
Quizá previendo cualquier objeción o especulación al respecto, las autoridades estadunidenses fueron enfáticas al anunciar el acuerdo con Arellano.
“Para nosotros este dictamen es equivalente a cadena perpetua”, expuso la fiscal Duffy y exaltó también la “colaboración entre Estados Unidos y México para desmantelar organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico”.
Duffy anunció la sentencia como “un logro histórico en Estados Unidos y el esfuerzo conjunto de México para desmantelar cárteles de la droga”, y destacó que “el procurador general Eric Holder, y la procuradora mexicana Marisela Morales están satisfechos con el resultado de hoy y que este acusado, finalmente, ha tenido que rendir cuentas por sus crímenes. La sentencia de hoy, junto con lo que queda de su condena en México, es un largo camino que tendrá que recorrer Arellano Félix para asegurar que pasará sus últimos años en la cárcel”.
El 2 de abril de 2011, las distintas áreas del Departamento de Estado de Estados Unidos emitieron comunicaciones oficiales que destacaban la sentencia contra Arellano como un logro del gobierno de Felipe Calderón.
“El cártel de Tijuana fue una de las redes más brutales del mundo del tráfico de drogas, pero ahora ha cumplido su condena con la sentencia del líder Benjamín Arellano Félix”, dijo Michele M Leonhart, titular de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas: “Es una gran victoria para la DEA y de la administración de Calderón de México. Juntos vamos a continuar con nuestra presión sobre los cárteles mexicanos, cuyos líderes, miembros y facilitadores serán procesados y se enfrentarán a la justicia que temen”.
Además de destacar las consideraciones de la fiscal Duffy, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por su sigla en inglés) citó en su comunicado las palabras del agente especial Eric Birnbaum, quien señaló que “la sentencia marca el fin del reinado del señor Arellano Félix como líder de uno de los cárteles de drogas más peligrosos y de las organizaciones del crimen organizado que nuestras agencias hayan investigado alguna vez. Si bien hay todavía mucho trabajo que hacer, es particularmente digno de mención que esta culminación no habría sido posible sin los esfuerzos acumulativos de la aplicación de la ley en ambos lados de la frontera. Tenemos el placer de estar unidos contra la violencia y de ver a esta persona ante la justicia”.
En las indagatorias que las autoridades estadunidenses llevaron contra Arellano participaron la DEA, el FBI y las autoridades hacendarias del IRS-CI. Para la extradición se sumó la Oficina de la División de lo Penal de Asuntos Internacionales, y un Grupo de Crimen Organizado de las Drogas de Trabajo Observancia (OCDETF).
Desde Washington se declaró que con la sentencia a Benjamín, el cártel de Tijuana está prácticamente desmantelado, no obstante que en varios documentos oficiales, el propio FBI consigna la posibilidad de que Enedina Arellano (hermana de Benjamín) opere como cerebro de la organización en la actualidad.
Se identifica también a Luis Fernando Sánchez Arellano, alias el Ingeniero, o el Alineador, como heredero de la organización que fundaron sus tíos. El joven de 34 años de edad aparece en las listas del gobierno mexicano como uno de los más buscados.
Además, parte de la estructura financiera que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), del Departamento del Tesoro, ha identificado como compañías fachada utilizadas para lavar dinero de esa organización, aún operan en México.
Aún con sus líderes presos o muertos (como Ramón Arellano), el cártel es aún identificado en informes policíacos y de seguridad tanto de México como de Estados Unidos, como una de las siete mayores organizaciones criminales que actúan en México, asociadas ahora con otros grupos.
Pero “el simple hecho de que Calderón pueda al final de su gobierno anunciar que desmanteló el cártel de Tijuana, le da una justificación al baño de sangre de su sexenio, por lo que no nos sorprenda que en meses siguientes en Estados Unidos se agilicen condenas, aunque sea mediante convenios, a muchos de los narcotraficantes que han sido extraditados”, explica a Contralínea Sam Richardson, académico de la Universidad de California.
La sentencia contra Arellano se dictó convenientemente en momentos en que la prensa estadunidense comenzó a cuestionar la poca efectividad que se tenía sobre los juicios a centenares de extraditados en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
El gobierno de Felipe Calderón ha extraditado a Estados Unidos a 464 personas en su mayoría bajo cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. Aunque las autoridades estadunidenses no ofrecen a todos ventajosos “acuerdos de colaboración”, sí son significativos los de Osiel Cárdenas Guillén, anunciado en febrero de 2010, y ahora el de Benjamín Arellano Félix.
Acuerdo incómodo
Ponderando la información que pueden obtener de sus confesiones, las autoridades de Estados Unidos han ofrecido atractivos tratos a los capos de altos vuelos enviados por el gobierno de Felipe Calderón.
A cambio de información, el gobierno de Obama pactó con Osiel Cárdenas Guillén su sentencia a 25 años de prisión y no la cadena perpetua de la que se habló al momento de su extradición.
Además de los claroscuros de las negociaciones entre las autoridades estadunidenses y los capos Osiel Cárdenas y Benjamín Arellano, otro punto de convergencia es la reacción de los jueces encargados de juzgarlos. En ambos casos, al momento de emitir su sentencia, los jueces se mostraron incluso inconformes con los propios fallos que emitieron y, en los dos casos, aludieron a que la decisión final de la condena no estuvo en sus manos, sino que el Departamento de Justicia los mantuvo al margen de las negociaciones de culpabilidad.
En el caso de Benjamín Arellano, el juez Larry Burns dijo el día en que le leyó su sentencia: “Si estuviera en mi poder yo hubiera impuesto una sentencia más larga”. Le impuso una multa de 100 millones de dólares, el doble del monto impuesto a Cárdenas Guillén.
Luego le preguntó a Benjamín si tenía algo “qué decirle a la sociedad”, y escuchó del mexicano, enfundado en su overol naranja, decir a través de un traductor que “los delitos de los que se me acusa son otras personas que lo hicieron. Ellos quieren que me haga responsable de esas cosas”.
Cabe señalar que en abril de 2011, previo a su extradición, ante la Procuraduría General de la República, en una diligencia, Benjamín Arellano alegó de nuevo su inocencia en el caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrida en mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
En diciembre de 2006, cuando el recién llegado gobierno de Felipe Calderón anunció su guerra contra el narcotráfico, los informes e investigaciones del gabinete de seguridad identificaban al cártel del Golfo, el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa, como las organizaciones más poderosas que operaban en México, los dos primeros, férreos antagónicos a la organización que comanda el sinaloense Joaquín Guzmán Loera. Al final del sexenio, los líderes de los dos cárteles antagónicos al de Sinaloa fueron enjuiciados y presos en Estados Unidos, mientras que Joaquín Guzmán se coronó por cuarto año consecutivo como billonario, según la revista Forbes.
Fuente: Contralínea
