Gabriel León Zaragoza
La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 17
Agrupaciones defensoras de los usuarios del servicio eléctrico apremiaron a legisladores y partidos políticos a atender los numerosos reclamos de eliminar la tarifa doméstica de alto consumo y a detener la “imposición” de medidores digitales.
Apuntaron que es necesaria en todo el país una política tarifaria social con el fin de que “paguen más quienes más consumen”.
Durante la tercera asamblea nacional de la asociación civil En Defensa de Usuarios de la Energía Eléctrica –la cual, según informaron, “ya se convirtió en un movimiento nacional”–, Fernando Amezcua, del Sindicato Mexicano de Electricistas, afirmó que existen más de 100 mil quejas documentadas por tarifas excesivas y problemas de suministro, de las cuales unas 60 mil han sido interpuestas por los afectados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Agregó que se formaron organizaciones en todo el país que informan a la población sobre el problema, “por lo que el número de quejas puede ser mayor”.
El movimiento de afectados denunció la “indiferencia” de los partidos políticos y de los integrantes del Poder Legislativo para emprender acciones que terminen con el “drama” que viven los usuarios domésticos y comerciales por las altas tarifas.
“Hemos sostenido entrevistas con los legisladores, pero lo más que llegan a plantear es el problema de los cobros excesivos.
“No están interesados en entrarle al tema de (aplicar) la tarifa social como un derecho de los ciudadanos ni en mantener el subsidio existente antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
“Tampoco les interesa revertir la tarifa doméstica de alto consumo, y mucho menos están interesados en pronunciarse públicamente en contra de los medidores digitales de prepago de luz, que es el negocio personal del empresario Alejo Peralta”, señaló el comité de la asociación civil.
Denunció “la privatización que está operando de la industria eléctrica, que es un bien de la nación”.
En la asamblea, celebrada en el auditorio del SME, las voces de los inconformes fueron la constante. Decenas de asistentes portaban fotocopias de recibos de luz que integraron a los expedientes –según refirieron algunos inconformes– de las quejas interpuestas ante la Profeco por “los excesivos e injustificados cobros” de la Comisión Federal de Electricidad.
La usuaria Teresa de Jesús Alejos denunció que antes de la extinción de LFC pagaba entre 500 y 600 pesos bimestrales por el servicio para su negocio de abarrotes. Tras la desaparición, agregó, “primero me bajaron la tarifa, luego regresó a 500 pesos, después subió a 2 mil y de la noche a la mañana me llegó un recibo de 34 mil pesos.
“Fui a las oficinas a quejarme, y sólo me dijeron que estaba bien; (ante la respuesta) dejé de pagar y me amparé para evitar que me suspendan el servicio.
“Hace un mes fue un grupo de trabajadores a decirme que me van a quitar los medidores, pero, ¿con qué les pago? Yo no barro el dinero con la escoba y tengo de pagar medicinas y alimentos.” Otros asistentes presentaron denuncias semejantes.
http://www.jornada.unam.mx/2011/01/30/index.php?section=politica&article=017n1pol
