-Los tres tropiezos del arranque de Peña: cerco sobre San Lázaro, pacto político y reforma administrativa
En vísperas de que Enrique Peña Nieto tome el poder como presidente de la República, el próximo 1 de diciembre, tres tropiezos marcan las horas previas: el descontento de los capitalinos por el cerco militar y policíaco en las principales arterias viales que conducen al recinto de San Lázaro; la fallida operación política para que en el Senado se aprobara la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que propuso el PRI hace diez días, y la suspensión del llamado Pacto por México, negociado por las dirigencias del PRI, PAN y PRD.
Ante el desconocimiento de otras corrientes internas de lo negociado por Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, con sus homólogos del PAN, Gustavo Madero, y del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, el rimbombante Pacto Por México quedó sin firmarse antes de que iniciara el próximo sexenio.
En breve conferencia de prensa, los tres dirigentes nacionales acordaron “seguir trabajando” en la redacción de un documento final que se negoció en sigilo durante dos meses y que fue desconocido por la Comisión Política del PRD.
En el evento también estuvieron los dos coordinadores generales del equipo de transición de Peña Nieto, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, a quienes todos los comentaristas perfilan como los futuros “supersecretarios” de Hacienda y de Gobernación, respectivamente.
Sin embargo, las nuevas funciones planeadas por Peña Nieto para ambas secretarías tendrán que concretarse después del 1 de diciembre, ya que la alianza entre el PAN, PRD y PT en el Senado de la República frenó la ratificación de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados.
El argumento central es que se requieren “controles” y contrapesos por parte del Senado para que tanto el futuro secretario de Gobernación (que absorberá a la Secretaría de Seguridad Pública) y el secretario de Hacienda (quien también incorporará las funciones de la Secretaría de la Función Pública), sean ratificados por la mayoría simple de los integrantes del Senado.
Tras 48 horas de intensas negociaciones, los senadores del PRI, PAN y PRD tuvieron que admitir que no existían condiciones para que Peña Nieto empiece su gobierno con la reforma administrativa planteada.
En otras palabras, Peña Nieto tendrá que nombrar a un titular de la SSP y a otro de la SFP, aunque sea en forma provisional, o como “encargados de despacho” de unas secretarías que aún no desaparecerán.
La oposición en la Cámara alta también ha propuesto que tanto los nombramientos del futuro comisionado general de la Policía Federal y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sean ratificados por el Senado, de la misma forma que se ratifican a los embajadores, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación y al titular de la PGR.
-CFE pretende dejar sin agua potable a más de 7 mil habitantes de la comunidad de Hidalgo
PACHUCA DE SOTO.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende hacer un cobro millonario a los habitantes de la comunidad de Teltipán, en el municipio de Tlaxcoapan, por un supuesto consumo ilícito de la energía eléctrica en el pozo que abastece de agua a la comunidad. Sin embargo, los vecinos de la zona aseguran que cuentan con la documentación que acredita el contrato del servicio y los pagos realizados para éste.
Andrés Pérez Vázquez, vocero estatal y líder antorchista en la región “Huichapan”, aseguró que el argumento de la paraestatal es un reajuste de dos años por consumo ilícito, cargos que ascienden a un millón cien mil pesos, “el abuso de la CFE pretende dejar sin agua potable a más de 7 mil habitantes de la comunidad, si no se efectúa el pago”, indicó.
“Para consumar el delito del que habla la CFE se tuvo que haber estado colgado a la red, sin embargo, se cuenta con el contrato y medidor, se realizan los pagos requeridos, tanto que ha quedado demostrado con el historial de pagos emitido por la propia Comisión”.
Pérez Vázquez informó que los representantes de la paraestatal en la región de Tepeji del Rio, área a la que pertenece el municipio de Tlaxcoapan, se han negado a revisar las cifras anómalas, de las que son víctimas cerca de 7 mil habitantes de la comunidad.
“Hay que recordar que desde que la CFE se hizo cargo de la distribución de la energía en el centro del país, han sido contantes las manifestaciones de la población por el abuso que comete a cada instante la paraestatal, realizando cobros excesivos”.
Condenó la actitud de la CFE que por un lado pretende que la población liquide una cuenta millonaria, y por otro tiene en abandono el mantenimiento de la red eléctrica en esa misma comunidad, la cual se construyó hace más de 30 años, dijo que la Comisión tienen conocimiento de la caída de voltaje, de los transformadores obsoletos que no garantizan un buen servicio, y que no hacen nada.
“De no encontrar voluntad y de continuar con la presión y amenazas del personal de la de la CFE, en los próximos días los vecinos de la comunidad acudirán en manifestación a las oficinas centrales, para denunciar el abuso. Además solicitarán la intervención del gobierno del estado para que se resuelva el problema, ya que la CFE pretende dejar sin agua a la población”, concluyó Pérez Vázquez.
-Proyecto eólico enfrenta a comunidad oaxaqueña; 10 lesionados y dos retenidos
OAXACA, Oax.- Al menos 10 personas resultaron lesionadas durante un enfrentamiento entre pobladores de San Dionisio del Mar, luego de que seguidores del alcalde Miguel López desalojaron del palacio municipal a un grupo de opositores a la instalación de aerogeneradores.
Según informes oficiales, el desalojo –encabezado por Jorge Castellanos Pino, representante del Frente Cívico de San Dionisio– se registró alrededor de las 3:00 de la madrugada de este jueves.
No obstante, tres horas después el grupo que se opone a la construcción del proyecto eólico, y que desde febrero pasado se posesionó del palacio municipal, recuperó el inmueble.
Durante la recuperación del edificio fueron retenidas dos personas: el presidente del Concejo de Ancianos de San Dionisio del Mar, Inocencio Castellanos Aldama, y el suplente del Comisariado de Bienes Comunales, Bernardo Altamirano Cantero.
Según el dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Carlos Beas Torres, desde las 09:30 horas los grupos antagónicos de San Dionisio del Mar, ubicado en el municipio de Tehuantepec, rodearon las inmediaciones del palacio municipal, y eso ha elevado la tensión.
“La situación es muy tensa y lo preocupante es la actitud del gobierno, porque no es parte neutral, sino que es parte del conflicto”, puntualizó.
Por separado, los integrantes del Frente Cívico responsabilizaron al gobierno de Gabino Cué de lo que suceda en la población, dado que, dijeron, no ha hecho nada por resolver el conflicto.
Además, pidieron el apoyo de las fuerzas policiacas, y amenazan con liberar por la fuerza a las dos personas que se encuentran retenidas por el grupo que se opone a la instalación de aerogeneradores en el poblado que gobierna Miguel López.
Al lugar se trasladó el representante de la Secretaría General de Gobierno en la Región del Istmo, Rodrigo Vásquez, para dialogar con los pobladores y evitar un nuevo enfrentamiento.
-Festinan empresarios nueva Ley Federal del Trabajo
El sector patronal celebró la promulgación de la reforma laboral, “la cual garantiza una país con una legislación acorde a su nueva realidad económica y social, que establece mejores condiciones de competitividad ante el entorno internacional”.
En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT) ayudará a crear más de un millón de empleos anuales para satisfacer la demanda laboral.
“Si la economía este año produjo cerca de 865 mil empleos en el contexto de una Ley Federal del Trabajo obsoleta, es posible que el siguiente año se generen un millón de empleos, considerando que el diferencial de los 135 mil empleos sea resultado de la reforma laboral”, precisó el organismo dirigido por Juan Pablo Castañon.
También reconoció el “impulso decidido a través de la iniciativa preferente” de Felipe Calderón, quien en unas horas dejará la presidencia; aplaudió a los diputados y senadores “que debatieron, analizaron y votaron para brindar a México un marco legal que propicia la generación de empleos formales”.
La Coparmex llenó de elogios hasta a Enrique Peña Nieto, quien aún no rinde protesta pero “jugó un importante papel” al impulsar “el logro de acuerdos en un marco de respeto a la división de poderes”.
El organismo empresarial recordó que, hace más de 18 años, Carlos Abascal Carranza, entonces presidente de la Coparmex, y Fidel Velázquez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), iniciaron las conversaciones para adecuar el marco laboral vigente a través de una Nueva Cultura Laboral, que colocaba a la persona como el centro de la actividad productiva.
No obstante, para el sector patronal aún quedan reformas por definir, como la hacendaria, energética y la de seguridad social para superar el crecimiento anual de 2% que hemos mantenido durante los últimos años.
Por lo pronto, quedó lista la controversial reforma laboral, que no incluye la democratización y transparencia en los sindicatos, aunque sí avala el outsourcing, el trabajo por horas y amplía la edad de jubilación, entre otros.
-Fallida instalación del Tercer Consejo de la UACM
Las diferencias entre autoridades y paristas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) impidieron el avance de los trabajos de instalación del Tercer Consejo Universitario y tras horas de negociaciones, los consejeros afines a la rectora, Esther Orozco, se levantaron de la mesa.
Para hoy estaba programada la instalación del Tercer Consejo Universitario con la presentación de los 50 consejeros pero uno de ellos no llegó.
La sesión inició con casi hora y media de retraso y tras el pase de lista, el secretario técnico del máximo órgano de gobierno de la Universidad, Carlos Arriaga, pidió oportunidad para leer un documento que generó inconformidad entre los paristas.
En dicho escrito los consejeros universitarios pedían el cumplimiento del acuerdo segundo, alcanzado el 26 de noviembre, en el mesa de diálogo de la Asamblea Legislativa, en el que se exhorta a las personas identificadas como quejosos “o cualquier otra parte en juicio de garantía a abstenerse de acudir a las sesiones del tercer CU hasta que se resuelva definitivamente por el órgano jurisdiccional”.
Así solicitaron a Mercedes Gabriela Vázquez, Mónica Oliva, María Teresa Mckelligan, Rosa María Torres, Esther Martina Vázquez, Carlos Eduardo González, Mónica Sarnadi, Pedro Leonel Arreola, Claudia López y la alumna Leticia Muñoz, que se retirarán de la sesión.
Recordó que hay un juicio de amparo –el 1204/2012—en el séptimo juzgado de distrito en materia administrativa por estos 10 consejeros.
Entre gritos, los consejeros que suscribieron la misiva se negaron a continuar con la sesión hasta que los señalados dejarán la reunión de trabajo y decretaron un receso.
El subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa y los legisladores que estaban presentes se reunieron en privado con las dos partes para tratar de llegar a un consenso, mientras afuera del Museo de la Ciudad de México, estudiantes y académicos se manifestaban para presionar la salida del conflicto.
Hacia las 19:00 horas, paristas de la UACM bloquearon el servicio de la Línea 4 del Metrobús, en el cruce de Pino Suárez y República del Salvador, y se apostaron en las puertas del Museo de la Ciudad para evitar que consejeros afines a la Rectora, Esther Orozco, abandonen la sesión del Tercer Consejo Universitario.
Esto después de que el CU decretó un segundo receso luego de que se expresaran posiciones encontradas entre las partes, mientras que consejeros estudiantes que están en contra del paro abandonaron el lugar en protesta por la falta de garantías.
El diputado perredista Eduardo Santillán llamó a las partes a retomar los trabajaos, pero al realizarse un segundo pase de lista no se registró el quorum necesario para continuar, por lo que hasta el cierre de esta edición no quedó claro si se hizo la instalación legan o no del Máximo Órgano del Gobierno de la UACM.
Afuera del museo, el tiempo que se mantuvo el bloqueo de los paristas sobre el carril del Metrobús, provocó que al menos siete unidades quedaran estacionadas con todo y pasajeros a bordo.
Funcionarios del gobierno local acudieron al lugar para negociad la liberación de la vialidad pero los integrantes del Comité Estudiantil de Lucha (CEL) se negaron a hacerlo hasta que se cumplieran sus exigencias.
Afuera del Museo de la Ciudad de México, realizaron un “festejo” sobre la avenida Pino Suárez, donde colocaron una figura de una cucaracha a la que bautizaron como “cucaorozco”.
Con la figura en hombros, los paristas realizaron un recorrido “fúnebre” sobre la avenida y después la quemaron. A través de un altavoz, uno de los paristas anunció que a partir de hoy, cada 29 de noviembre se realizará la quema de la “cucaorozco” a manera de recordar su lucha.
Del otro lado de la acera, seguidores de Esther Orozco lanzaban consignas en contra de los paristas.
-Con Calderón, EU extendió su presencia en México: Los Ángeles Times
Durante el mandato del presidente Felipe Calderón, que concluye el próximo sábado 1 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos extendió su presencia en territorio mexicano principalmente en el rubro de seguridad.
De acuerdo con una nota publicada por el diario Los Ángeles Times en su sitio electrónico, desde que Calderón declaró la guerra al crimen organizado, el gobierno de EU se convirtió en un jugador principal “con el envío de aviones no tripulados, perros sabuesos, instructores de policía y agentes de inteligencia…”.
Calderón, cita el diario, reescribió las reglas mexicanas bajo las cuales las fuerzas extranjeras podrían actuar aquí en asuntos de seguridad nacional.
El rotativo dice, asimismo, que aunque las fuerzas estadunidenses han sido protagonistas de algunos de los golpes más importantes de Calderón contra el narco, “Estados Unidos también ha sido a veces arrastrado hacia las relaciones con las agencias de seguridad que han sido acusados de graves abusos contra los derechos humanos”.
Y recuerda que el entrante presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que quiere mantener la cooperación con Estados Unidos en un nivel alto, aunque él está sugiriendo algunos cambios de política.
-Barzonistas acusan a la Segob de mentir a la PGR pozos ilegales
CHIHUAHUA, Chih.- La Secretaría de Gobernación mintió a la Procuraduría General de la República (PGR), al informar que las autoridades federales ya habían clausurado 165 pozos ilegales en la zona de conflicto por el agua, denunció Gabino Gómez Escárcega, líder de El Barzón.
Hay pozos clausurados, pero desde hace años y no en la zona del conflicto. El gobierno federal estaba comprometido a clausurar los 165 pozos, pero lo pospusieron el acuerdo con los barzonitas y nunca los clausuraron, aclaró Gabino Gómez.
Una comisión de barzonistas se reunió con Fausto Razo, director de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien ordenó brindar medidas cautelares para ocho integrantes de la organización, entre ellos los hijos de Ismael Solorio Urrutia y Martha Manuela Solís Contreras.
Las medidas son dirigidas a gobierno estatal, para salvaguardar la vida de los ocho ante el riesgo en el que viven; a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para garantizar el abasto legal de agua en la región de Buenaventura y a la Secretaría de Economía para que las compañías mineras MagSilver y Cascabel, dejen de explotar la mina ubicada en Ejido Benito Juárez.
La minera comenzó a sacar material y equipo desde el lunes pasado, luego de que solicitó al gobierno del Estado su intervención para que los ejidatarios ampliaran el plazo para retirarse de esas tierras, explicó Gabino Gómez.
En cuanto a la investigación del asesinato de Ismael Solorio y su esposa, así como de la situación del agua y mina en Buenaventura, la CNDH informó a la comisión de barzonistas que se venció el plazo para que respondieran las instancias federales pero solo respondió, y con mentiras, la Segob.
Las otras dependencias federales que no han respondido son: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Conagua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa).
Asimismo, indicaron que los ayuntamientos de Riva Palacio, Buenaventura y Namiquipa, tienen hasta el 15 de noviembre para dar su informe sobre la situación del agua, a la CNDH.
La abogada y presidenta del Centro de Derechos Humanos de la Muer, Luz Estela Castro, informó que como parte de la comisión asistieron además Gabino y Siria Solís.
Además de la reunión con la CNDH, estuvieron en la explanada de la Ciudad de México durante el movimiento de despedida de Calderón, para acompañar a las familias de personas víctimas de desaparición forzada: familia Muñoz de ciudad Anáhuac, Chihuahua; familia Alvarado de ejido Benito Juárez y familia Hernández de Cuauhtémoc.
Los barzonitas denunciaron la situación de los defensores de derechos humanos y justicia para los asesinatos del matrimonio Solorio, como consecuencia de la defensa de sus tierras afectadas por la mina, y dado que durante el sexenio de Calderón se otorgó un gran número de concesiones a mineras.
-Exigen campesinos de Chiapas cancelar minas que operan a cielo abierto
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Unos dos mil campesinos e indígenas de la Sierra Madre de Chiapas marcharon en Frontera Comalapa para exigir los gobiernos estatal y federal poner fin a las autorizaciones y cancelar las concesiones de empresas mineras que extraen a cielo abierto en la entidad.
Convocados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) al “Encuentro Chiapaneco en Unidad contra el Modelo Extractivo Minero 2012”, terminaron su evento con una marcha que empezó en las afueras del pueblo hasta llegar a la plaza central, donde realizaron un mitin para exigir el esclarecimiento del crimen de Mariano Abarca Roblero, asesinado en Chicomuselo el 27 de noviembre de 2009 por oponerse a las actividades de la empresa canadiense Blackfire.
Exigieron al gobierno de Chiapas y el gobierno Federal cancelar más de 120 concesiones a empresas mineras otorgados desde el año 2000 a la fecha.
En el mitin, los manifestantes explicaron que por esa vía se han entregado más de un millón y medio de hectáreas de bosques, montañas, ejidos y comunidades a las empresas mineras que extraen barita, oro, plata, titanio, mercurio, plomo, uranio y grava, entre otros minerales.
Luego de tres días de jornadas informativas, de formación e intercambio de experiencias, los distintos grupos interesados en la defensa de sus tierras y sus recursos naturales, se dieron a la tarea de buscar estrategias para organizarse, crear lazos de unidad. Al final de estas actividades cerraron con una marcha de más de dos mil personas en la cabecera municipal de Frontera Comalapa.
Con consignas “¡No a la minería, sí a la vida!”, “¡Queremos frijoles, queremos maíz, fuera mineras de nuestro país!”, “¡Chiapanecos en unidad, la minería no permitirán!” y “Mariano Vive!”, los más de dos mil campesinos tomaron la plaza y recordaron ahí el tercer aniversario luctuoso de Mariano Abarca.
Al encuentro y a la marcha acudieron cientos de delegados de organizaciones sociales y campesinas, iglesias, redes y movimientos, representantes de 20 municipios en la entidad, así también activistas de movimientos de resistencia contra la minería de Veracruz y Guerrero; de igual forma activistas extranjeros como de Guatemala, Colombia y observadores de Canadá, Suecia y Alemania.
Ahí dijeron que las empresas mineras han llegado a sus territorios y sembrado la división, la mentira, la corrupción entre alcaldes, autoridades ejidales y funcionarios de todos los niveles.
“Han deforestado, contaminado las aguas y suelos; afectado caminos y la salud de la población. Hace tres años Mariano Abarca fue asesinado por su lucha contra la empresa canadiense Blackfire que devastaba la región y violaba los derechos humanos de la población en Chicomuselo. Desde entonces, la resistencia sigue y se fortalece con su presencia que mantiene vivo el espíritu de lucha por la defensa de la tierra y el territorio por todo Chiapas”, dijo Gustavo Castro, de la Rema y Otros Mundos.
En el mitin hicieron un llamado para fortalecer la unidad entre los movimientos y organizaciones contra el modelo extractivo minero:
“La minería es un problema que nos afecta a todos los pueblos, sobre consideraciones partidistas, ideológicas, de organización o religiosas.
“Convocamos también a generar procesos de prevención por medio de encuentros, consultas, talleres, procesos de formación, movilización, educación, acuerdos comunitarios para impedir el paso de las empresas mineras.
“Tenemos que fortalecer nuestros vínculos y luchas contra el modelo extractivo minero en este capitalismo depredador. Por lo que debemos exigir la cancelación definitiva de la mina La Revancha, y del ejido Santa María en Chicomuselo, así como las concesiones de toda la región Sierra y Soconusco”, dijo otro orador.
También exigieron justicia por los asesinatos de Mariano Abarca, Bety Cariño, Bernardo Vásquez, Bernardo Méndez, Ismael Solorio, Manuela Solís y Eustacio Vásquez, luchadores y luchadoras contra las mineras canadienses Fortuna Silver, Blackfire y MagSilver.
Alertaron de la situación de violencia en el estado donde hay presencia de concesiones y grandes intereses mineros, como en los municipios de Venustiano Carranza.
-Activista, responsable de su muerte; se salió del perímetro de resguardo: gobierno de Guerrero
CHILPANCINGO. Gro-. El secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez informó que el asesinato de la dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPC), Juventina Villa Mojica, así como de su hijo, se debió a que la activista “se salió del perímetro de resguardo”.
De esta forma, Salgado Gómez deslindó al gobierno estatal del ataque mortal a Villa Mojica, quien semanas antes había acusado al gobernador Ángel Aguirre Rivero de actuar de manera indolente y omisa ante las denuncias, realizadas por la víctima, sobre las amenazas provenientes de un grupo de narcotraficantes que opera en la Sierra Madre del Sur presuntamente bajo el amparo del Ejército.
Por su parte, un reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reveló que la activista fue ejecutada por tres sujetos que portaban armas largas cuando ella, con dos de sus hijos, arribó a la loma de un cerro ubicado en las inmediaciones del poblado de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán para realizar una llamada con su teléfono móvil.
Lo anterior forma parte de la declaración ministerial de la hija de la activista, una menor de 8 años quien presenció el asesinato de su madre y su hermano de 17.
La menor salió ilesa del ataque armado y describió a los victimarios, indican reportes a los que tuvo acceso Apro.
La menor refiere en su declaración, integrada en el expediente MIN/SC/02/515/2012, que su madre se dirigió caminando hacia el cerro acompañada por cuatro policías estatales –de los 31 que oficialmente la resguardaban desde mayo pasado– para realizar la llamada telefónica, ya que sólo en esa zona se capta señal satelital para poder comunicarse en esa parte serrana.
Enseguida, su hijo Pantaleón Santana Villa y la menor se dirigieron al lugar a bordo de una cuatrimoto y se llevaron a su madre para apresurar la empinada cuesta.
Así fue como dejaron a los cuatro policías estatales que resguardaban a la activista y, al llegar a la loma, la mujer y sus dos hijos fueron interceptados por tres hombres armados, quienes abrieron fuego directo.
Los sicarios dieron por muertas a las tres personas y enseguida se retiraron impunemente del lugar; los policías estatales llegaron al lugar sólo para resguardar la escena, señaló la pequeña sobreviviente de la emboscada, indica el expediente de la PGJE.
Por la noche de este jueves, el secretario de Gobierno atribuyó a la víctima la responsabilidad de que fuera asesinada y afirmó que el gobierno estatal apoyó en todo momento a la activista ejecutada y los miembros de la OCESPC que son considerados como víctimas de la narcoviolencia que se vive en la zona de la sierra.
“(El doble homicidio) obedece a que salió del perímetro de resguardo”, indicó el funcionario estatal durante una atropellada conferencia de prensa realizada a las 20:00 horas en la sede del Poder Ejecutivo, donde estuvo flanqueado por la procuradora Marta Garzón y el secretario de Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez Padilla.
Al respecto, el funcionario estatal dijo que la zona de la Sierra Madre del Sur que comparten los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán se ha caracterizado por distintos conflictos relacionados con “la siembra de enervantes; grupos de gavilleros; ajustes de cuentas por problemas familiares; tala clandestina de bosques y algunas otras actividades relacionadas con la delincuencia organizada y el narcotráfico”, indicó.
Luego, deslindó a la administración estatal de la espiral de violencia que prevalece en esta franja, al señalar que “la actual situación de confrontación en esta zona data de hace al menos 15 años”.
Finalmente, Salgado Gómez condenó el asesinato de la activista y su hijo, y aseguró que van a investigar para tratar de detener a los responsables.
Sin embargo, el funcionario evadió en todo momento preguntas sobre la actuación de los policías estatales que resguardaban a la activista en el momento de la agresión.
Además, eludió esclarecer el sentido de las investigaciones, cuando la propia víctima había responsabilizado directamente a un grupo armado que opera en la zona de la sierra.
-Dos indígenas nahuas presos dos años y 10 meses por no hablar español
Liberados por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de casi tres años de prisión, la historia de los nahuas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, es un fiel reflejo de la vigencia de los cacicazgos priistas y de la discriminación de la que son víctimas los grupos indígenas por del sistema de procuración y administración de justicia de este país.
Originarios de Atla, comunidad de la sierra norte de Puebla, José Ramón y Pascual, de 64 y 48 años, respectivamente, fueron detenidos en enero de 2010, procesados y sentenciados a seis años y 10 meses por un delito que nunca existió y contra el que no pudieron defenderse por no hablar español.
El pasado miércoles 28 la primera Sala de la SCJN resolvió otorgar el amparo liso y llano a favor de los indígenas por cuatro votos a favor y uno en contra, al considerar múltiples inconsistencia en la acusación que pesaba sobre ellos de robo de una camioneta –situación que nunca existió–, así como violaciones al debido proceso, pues no contaron con traductores.
En días anteriores la Procuraduría General de justicia de Puebla se desistió de los cargos contra el comandante Carmelo Castillo, también involucrado en el mismo caso contra don Ramón y Pascual, declarados “presos de conciencia” por Amnistía Internacional.
Defendidos por abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh) José Ramón y Pascual, acompañados de sus esposas, recordaron que desde 2008 que fueron elegidos por usos y costumbres como presidente auxiliar y juez menor de Atla, respectivamente, decidieron encabezar un movimiento porque el uso del agua fuera gratuito para toda la comunidad, lo que atentaba contra los intereses económicos y políticos del cacique ligado al PRI, Guillermo Hernández.
A Hernández y a la corrupción de ministerios públicos y jueces, se debe el encarcelamiento de casi tres años de los defensores del agua, sostiene la abogada del Centro Prodh, Araceli Olivos Portugal.
“El poder del dinero es el que permitió primero que el Ministerio Público integrara una averiguación previa y, después, de el juez emitiera sentencia; se tuvo que llegar a la SCJN que, sabemos, también está expuesta a una gran presión política, pero al final se logró la libertad de don José Ramón y Pascual, en un caso que pone en evidencia la falta de independencia de los ministerios públicos y los jueces de los estados”, dijo la abogada.
Para Daniel Zapico, de Amnistía Internacional, resulta preocupante que en “un ambiente en el que se criminaliza a los defensores de derechos humanos o de derechos básicos, como lo es el agua, lo que ocurre es que las instituciones se suman a la criminalización y es como vemos que proceden demandas insostenibles o que se sentencia a defensores sin (tener) elementos” para ello.
Señaló que José Ramón y Pascual eran los últimos “presos de conciencia” que defendía AI y por quienes se entregaron más de 30 mil cartas al gobierno mexicano para su liberación.
Zapico agregó que es “inadmisible” que en México la justicia se mida según el dinero de quienes acusan o quienes pretenden ser liberados de algún delito, mientras que siguen cometiéndose fallas al debido proceso como es la falta de intérpretes en los juicios, lo que habla de discriminación. “Creo que ya no es posible que tengamos que esperar a que sea la SCJN la que corrija estas situaciones, si es que acaso los casos llegan a la Corte, porque puede haber muchísimos casos más de personas inocentes en la cárcel”, agregó.
Vecinos de José Ramón y Pascual que acudieron al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez –organización que los defendió— para participar en la primera conferencia que dieron los indígenas tras su liberación del penal de Huachinango, Puebla, cuentan que desde hace más de 30 años Guillermo Hernández detenta el control de los nueve manantiales de agua de la comunidad, basado en sus relaciones políticas con las autoridades municipales de Pahuatlán, Puebla, pero sobre todo en el poder que le da hablar español en una comunidad monolingüe, como lo es Atla.
Máximo Domínguez López, indígena que fue expulsado de Atla por órdenes de Guillermo Hernández en 1983, pero que mantiene contacto con sus paisanos, aseguró que durante años, el cacique ligado al PRI mantenía aterrada a la población que se negaba o no podía pagar las tarifas que imponía por abastecerse de agua y que llegó a imponer en 5 mil pesos.
“Si la gente no pagaba por el agua o cualquier otra obra, Guillermo metía esa persona a la cárcel en Pahuatlán, no importaba que fuera un viejecito o una mujer dejada por su marido, a todos metía a la cárcel”, recordó Domínguez López.
Dijo que en la década de los ochenta, siendo él estudiante de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN), empezó a promover la rebelión en Atla, lo que molestó a Guillermo, quien al final lo expulsó del pueblo.
“La gente empezó a darse cuenta, y empezaron a juntarse con José Ramón y Pascual, y enfrentar a don Guillermo y a quienes lo apoyan, sobre todo unos de apellido Aparicio que, se dice, andan en malos pasos, con el crimen organizado; por eso está enojado Guillermo porque la gente ya empieza a darse cuenta y los apoyaron a Ramón y a Pascual como sus autoridades”, contó.
Andrés Díaz Fernández, abogado del Centro Prodh, resaltó que aunque no se pidieron medidas cautelares, públicamente solicitaron a las autoridades de Puebla garantizar la seguridad de los indígenas defensores del agua, ante posibles represalias del grupo caciquil.
En tanto los defensores del agua, José Ramón y Pascual, aseguraron que después de casi tres años en la cárcel por un delito que no sólo no cometieron, sino que no existió, han perdonado a quienes los “echaron a la cárcel” y los “infamaron”.
“Durante estos años que estuvimos encarcelados, estuvimos desesperados, pensativos, preocupados por nuestras familias porque les causamos preocupación a nuestras familias, pero yo siento en mi corazón que los perdono, no quiero venganza”, aseguró don José Ramón.
Pascual se sumó: “Yo veo que no es bueno hacer una venganza, de por sí somos inocentes y no vamos a hacer eso; yo siento mucho porque sufrieron las familias; pero en mi corazón no quiero venganza y tampoco mi familia”.
-Consuma Calderón proyecto ecocida en Veracruz
El presidente Felipe Calderón consumó la desincorporación de Bahía de Vergara y parte del arrecife Punta Gorda del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), al publicar el decreto que modifica la poligonal de esta área natural protegida del estado de Veracruz.
Pese a la inconformidad de la comunidad científica y de grupos ambientalistas, quienes advirtieron que la eliminación de estos dos elementos producirá daños irreversibles al ecosistema enclavado en el Golfo de México, el gobierno publicó hoy el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Como lo adelantó Apro, el martes 27, en el reportaje Otra herencia de Calderón: avala proyecto que amenaza al sistema arrecifal veracruzano, a un día de concluir su mandato el presidente consumó el proyecto que, de acuerdo con especialistas, fue elaborado con argumentos “dolosos y tendenciosos y que distorsionan las bases científicas que sustentan el área natural protegida en cuestión”.
Este proyecto, advirtieron los académicos, sólo busca ganancia económica al dejar el camino libre para la ampliación del puerto jarocho, impulsado principalmente por la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), así como por el sector empresarial del estado.
De acuerdo con el decreto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas “determinó procedente mantener la porción menos deteriorada del arrecife Punta Gorda dentro del Parque Nacional, incluir el arrecife Punta Brava y, como lo propuso el estudio previo justificativo, integrar las áreas basales de las formaciones coralinas presentes que habían quedado fuera del polígono original, lo que dio como resultado la ampliación de la superficie del Parque Nacional en los lados norte, este y sur, para quedar en 65-516-47-08.05 hectáreas”.
Además, “se determinó adecuado conservar dentro de dicha área natural protegida la porción del arrecife Punta Gorda que favorece esta continuidad y excluir, bajo el mismo criterio, el área que comprende la Bahía de Vergara”, se precisa en el decreto publicado en el DOF.
Es decir, que el PNSAV pasó de un área de 52 mil 238 hectáreas a otra de 65 mil 516 hectáreas, que incluye a otros como Punta Brava, La Palma, Sargazo y Periférico, para totalizar 28 formaciones calcáreas.
Sin embargo, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Veracruzana (UV) sostienen que el área agregada no tiene las mismas cualidades biológicas e inclusive son superficies arenosas, sin vida.
No sólo eso, al eliminar el arrecife Punta Gorda –el cual se encuentra deteriorado por la contaminación de la zona–el parque nacional queda sin una barrera natural que lo proteja ante las corrientes de arenas, mientras el puerto de Veracruz tendrá mayor posibilidad de sufrir daños en épocas de huracanes.
Biólogos y grupos ecologistas manifestaron su inconformidad contra el proyecto, que calificaron de “ecocida”, ya que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no mostró argumentos científicos para cambiar la poligonal del Sistema Arrecifal Veracruzano y sólo buscó atender los intereses de las autoridades portuarias y al propio director del PNSAV, Tomás Camarena Luhrs.
Es por ello que se reforman los artículos que van del primero al decimotercero, y se adicionan los décimo bis, decimocuarto y decimoquinto del decreto publicado en el DOF los días 24 y 25 de agosto de 1992.
De esta forma y a un día de dejar la Presidencia, Calderón dejó libre el camino para la construcción de la segunda parte del puerto de Veracruz, a costa del riesgo del área natural protegida en el Golfo de México.
-Penúltimo día de Calderón: apologías, promesas satelitales y frivolidades
Con una apología a la reforma laboral que promulgó, un anuncio sobre la renovación de la flota satelital que en breve se pondrá en órbita y la inauguración de un parque, donde decidió arrojarse por una tirolesa, el presidente Felipe Calderón Hinojosa cubrió hoy lo que parecía ser el último día de actividades públicas como presidente de México.
En la residencia oficial de Los Pinos, Felipe Calderón dio un mensaje al promulgar la reforma laboral aprobada en semanas recientes por el Congreso, sobre la cual hizo una amplia apología y consideró que fortalece los derechos de los trabajadores.
Con la reforma laboral, iniciada por él en calidad de preferente aunque aprobada de manera extemporánea, ahora los empleadores que contraten menores, destacó Calderón, incurrirán en un delito, pues se tipificó en materia penal.
En la apología a la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT), Calderón insistió en que con ella se podrán generar en el país más empleos.
Además, agradeció a líderes sindicales y empresariales por su voluntad política, ya que con ello hicieron posible que México pudiera reemplazar una legislación obsoleta por otra moderna
Inclusive, aprovechó para presumir que durante su gestión se crearon 2 millones 241 mil empleos formales, más de 900 mil de los cuales se generaron en este 2012.
En la extensión de su frenética agenda de actividades públicas que caracteriza el último mes de su gobierno, Calderón encabezó un acto en el que anunció que se renovará la flota satelital del país.
Como ha ocurrido con obras inconclusas, el mandatario que mañana concluirá su gestión realizó el anuncio sin que se haya puesto en órbita nada más que la promesa de que en diciembre se lanzará un satélite, denominado Bicentenario, y el próximo año, otros dos, el Centenario y Morelos III, aunque todos serán lanzados cuando su relevo, el priista Enrique Peña Nieto, ya sea presidente.
Lo anterior ocurrió durante la inauguración del Centro de Monitoreo y Control Satelital Mexicano, donde Calderón encabezó el acto en el que, además, destacó que la modernización de la flota satelital permitió al país que no se perdiera el control de la llamada Banda L, que se utilizará en tareas de seguridad y tendrá disponibilidad comercial.
En ese evento, Felipe Calderón se dijo entusiasmado por estar ahí, posiblemente su último día de actividades públicas, aunque expresó que “todo podía pasar”.
Las actividades de Calderón siguieron con la inauguración del bioparque San Antonio, ubicado en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, donde destacó las posiciones de su gobierno en materia ambiental y aprovechó para aventarse de una tirolesa.
Bromista, mencionó que él no era delegado ni jefe de gobierno capitalino, pero que con mucho gusto les daba ese parque a los habitantes de la demarcación.
Aunque parecía que era el último día de sus actividades, esta noche la Presidencia de la República dio a conocer que mañana Calderón tendrá al menos dos actividades: inaugurará la Segunda Sección del Parque Bicentenario, al norte de la Ciudad de México y, por la noche, ofrecerá una cena en Palacio Nacional con motivo de la transmisión de poderes.
Hasta el cierre de esta edición no había podido confirmarse quiénes asistirán al convite, sin embargo, se sabe que a la medianoche Calderón celebrará el acto protocolario de transmisión de poderes, con la presencia del próximo presidente, Enrique Peña Nieto.
-Lanza SG aplicación para hacer denuncias desde teléfonos inteligentes
La Secretaría de Gobernación presentó esta tarde un mecanismo tecnológico (vía teléfono celular) para hacer denuncias “verdaderamente anónimas” de delitos.
El titular de la SG, Alejandro Poire, dijo que ahora será posible dar informacion a la autoridad (Secretaría de Seguridad Pública) sin que se detecte de qué aparato fue enviada la denuncia.
“En nuestro país tenemos una extraordinaria cantidad de teléfonos celulares (90 millones) y se reducirá al mínimo al ciudadano los costos de realizar una denuncia”, dijo durante la presentación de esta aplicación, para los llamados teléfonos celulares inteligentes (iPhone, BlackBerry y Android).
El funcionario dijo que este mecanismo complementa los trabajos del centro de información policial. El objetivo, comentó Poire, es hacer la denuncia ciudadana “sin que nos cueste nada”.
El funcionario agradeció a las empresas que donaron el soporte técnico que hace posible la operacion este mecanismo.
También hizo un reconocimiento público al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por la construcción de una dependencia que -aseveró- en su nueva ubicación seguirá siendo “pilar” del combate a la delincuencia.
El comentario anterior se deriva de la pretendida reforma del PRI y Enrique Peña Nieto para devolver las labores de seguridad a Gobernación.
En la ceremonia estuvo Alejandro Martí, de la organización civil SOS.
-Continúa bloqueo de trabajadores agrícolas en inmediaciones de SG
La periferia de la Secretaría de Gobernación (SG) continúa bloqueada, en el segundo día de manifestación de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
Desde semanas anteriores se estableció una mesa de negociación con autoridades federales, misma que no arrojó resultados satisfactorios para los solicitantes de mayores recursos para programas sociales.
Los integrantes de la UNTA han colocado carpas y vehículos en un tramo amplio de la avenida Bucareli, así como de la calle Abraham González.
Ello afecta el tránsito vehicular de varias cuadras a la redonda de Gobernación, así como cientos de comercios de la zona.
A menos de dos días de que concluya el sexenio de Felipe Calderón, no se percibe ningún avance en la negociación de las autoridades federales con los dirigentes de esta organización, que pudiera motivar levantamiento de este megaplantón.
-Presentarán gabinete de Peña Nieto mañana a las 14 horas
Este viernes será presentado el gabinete legal designado por el presidente electo, Enrique Peña Nieto.
La presentación de los secretarios de Estado que entrarán en funciones a partir del sábado estará a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador general de Política y Seguridad del equipo de transición.
La ceremonia se llevará a las 14:00 horas en la ciudad de México.
-Rechazamos 3 recomendaciones de CNDH porque "no tuvimos responsabilidad": García Luna
Al comparecer en el Senado, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseveró que su dependencia no aceptó las recomendaciones 62/2010, 43/2912, 38/2012 que le emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “porque no tuvimos ninguna responsabilidad”.
Al comparecer ante las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Derechos Humanos, García Luna insistió en que en el caso de la recomendación 62/2010, relativa a una riña en el penal de Mazatlán, Sinaloa, no fue de nuestra competencia, hubo una orden judicial en la que se negó a los reos su traslado a otro penal; en el caso de la 38/2012 “tampoco tuvo nada que ver la SSP, y en el caso de los desaparecidos, los responsables fueron elementos militares que ya se encuentran presos y fueron procesados por el Ministerio Público del fuero común y militar”.
García Luna destacó que en el caso de la recomendación 1VG/2012 referente a los estudiantes de Ayotzinapa, el funcionario destacó que “se aceptó y se está dando cumplimiento puntual”. Se han atendido, dijo, desde el principio del gobierno del presidente Calderón, 45 recomendaciones turnadas por la CNDH; 42 de ellas fueron cumplidas y las otras tres no fueron aceptadas “por no tener responsabilidad”.
-Desplazan a Zambrano por una comisión de PRD en interlocución de pacto
La Comisión Política Nacional del PRD resolvió que la interlocución con otros partidos políticos y el equipo de transición para el Pacto por México recaerá en la comisión especial creada ex profeso para el tema y no sólo en el presidente de ese instituto político, Jesús Zambrano.
En conferencia en la que se dieron a conocer los resolutivos de la Comisión Política Nacional, los integrantes de la comisión especial, encabezados por el secretario general del partido, Alejandro Sánchez, precisaron que no se trata de desconocer a Zambrano Grijalva, pues tiene facultades estatutarias de representar al PRD.
Sin embargo, advirtieron que si el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) firma algún compromiso de la naturaleza e importancia como el acuerdo nacional sin antes procesarlo ante las instancias de dirección de esa fuerza política, ello puede considerarse como un acto a título personal.
Sánchez Camacho comentó que si bien es público que el PRD tiene diferencias "ya aprendimos que sobre ellas hay que poner la unidad, podemos discutir fuerte, recio, pero ya ha quedado claro que los acuerdos y los consensos deben ser prioridad".
Calificó como desalentador que Zambrano Grijalva estuviese dialogando con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) el acuerdo en meses pasados cuando se debatía y votaba la reforma laboral sin signos de voluntad de ambos partidos.
Insistió que si bien el líder nacional perredista tiene facultades estatutarias, la decisión sobre signar el Pacto por México será del máximo órgano de dirección del partido que es el Congreso Nacional del PRD, programado del 14 al 16 de diciembre".
"Son exclusivamente facultades propias de un órgano de dirección nacional como en este caso es el Congreso Nacional del PRD. Antes de esta fecha resolver algo de un acuerdo sería firmar sobre las rodillas una situación tan trascendental", afirmó.
Explicó que si bien el partido del sol azteca está abierto al diálogo y a la construcción de un acuerdo nacional, la Comisión Política no cuenta con ningún documento oficial del PRI y del PAN sobre el tema, por lo que no puede comenzar a procesarlo.
Insistió además que dicho acuerdo tendría que incluir los temas de la agenda perredista, entre ellos el cambio de la política económica, las reformas del Estado y una fiscal que evite la evasión, entre otros.
"En fin, presentaremos nuestra propia agenda y lo más importante es que hemos resuelto es que la decisión final en este tema que es trascendental, no para el partido sino para el país, lo tiene que resolver nuestro próximo Congreso Nacional", puntualizó.
