El máximo tribunal ha determinado guardar información sobre la labor de sus 11 ministros, como sus viáticos o costo de vehículos, viajes y alimentación.
México.- Información sobre contratos, facturas por alimentos o viáticos, modelos de vehículos adquiridos, sus costos y cantidad. También estudios y procedimientos internos, o asuntos judiciales como proyectos, informes, dictámenes o demandas: todo ha sido considerado como reservado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con datos obtenidos por Excélsior, 162 respuestas a solicitudes de información, entre 2015 y 2018, se mantendrán bajo llave por decisión de los integrantes del Comité de Transparencia del máximo tribunal del país.
Por ejemplo, un solicitante pidió facturas de alimentación, hospedaje, viáticos y transportación de los 11 ministros de la SCJN, pero dichos datos fueron clasificados como reservados por cinco años con el argumento de que “al permitir establecer indicadores de costumbres se pone en riesgo la integridad y seguridad de los ministros, quienes son titulares del Poder Judicial de la Federación, y con ello la seguridad nacional”.
El lapso de clasificación para esta solicitud concluirá el 21 de junio de 2021 “en la inteligencia de que dicho plazo podrá concluir previamente, en el caso de los ministros cuyo periodo constitucional concluya antes de esa periodicidad”.
Suprema Corte tira casa por la ventana y reservan datos
Con el pretexto de proteger la seguridad de los ministros, la Suprema Corte ha determinado guardar información relacionada con la labor de los jueces.
Información sobre contratos, facturas por alimentos o viáticos, modelos de vehículos adquiridos, sus costos y cantidad, estudios y procedimientos internos, así como asuntos judiciales como proyectos, informes, dictámenes o demandas han sido consideradas como reservadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con datos obtenidos por Excélsior, un total de 162 respuestas a solicitudes de información, entre 2015 y 2018, se mantendrán como reservadas por decisión de los integrantes del Comité de Transparencia del máximo tribunal del país.
El proceso es el siguiente: tras analizar las preguntas realizadas por la ciudadanía sobre diversos aspectos que marcan la vida de la Corte, Alejandro Manuel González, secretario Jurídico de la Presidencia; Constancio Carrasco Daza, magistrado y titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales y el contralor, Juan Claudio Delgado Ortiz Mena, definen cuál información reservar y cuál no.
Por ejemplo, un solicitante pidió la información sobre las facturas de alimentación, hospedaje, viáticos y transportación de los 11 ministros que integran la SCJN.
Dichos datos fueron clasificados como reservados por cinco años.
Para mantener la información bajo llave se argumentó que “al permitir establecer indicadores de costumbres, se pone en riesgo la integridad y seguridad de los ministros, quienes son titulares del Poder Judicial de la Federación, y con ello la seguridad nacional”.
El plazo de clasificación concluirá el 21 de junio de 2021 “en la inteligencia de que dicho plazo podrá concluir previamente, en el caso de los ministros cuyo periodo constitucional concluya antes de esa periodicidad”.
En 2016 hubo una serie de contratos por parte de la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte que fueron clasificados por cinco años a partir del 11 de enero de 2017, pues la documentación “tiene relación directa con la infraestructura y servicios de la Firma Electrónica de SCJN, poniendo en riesgo los datos personales de las personas a las que se les asignó dicha firma”.
Sobre la cantidad de vehículos blindados y costo de blindaje de los mismos, entre los años 2012 a 2016, el Comité de Transparencia determinó la reserva completa de la información hasta el 11 de septiembre de 2021.
“La divulgación de la referida información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo, tanto a la seguridad nacional como al interés público, en tanto que a partir de su conocimiento público es posible afectar las estrategias para garantizar la seguridad de los titulares de la SCJN y, por ende, la estabilidad de la institución a la que corresponden las funciones de órgano de cierre del Sistema de Administración de Justicia del Estado Mexicano”, se argumentó.
Información
Durante los últimos años, Excélsior ha documentado información sobre el ejercicio de la transparencia al interior del máximo tribunal del país como el que, en la última década, la Corte ha gastado un millón 648 mil 706 pesos en champaña, brandy, cerveza, coñac, tequila, whisky y otras bebidas alcohólicas.
También los argumentos para la inhabilitación por un año de Alberto Villa Dávalos, exdirectivo del Canal Judicial, por introducir y consumir cocaína, así como bebidas alcohólicas, en su lugar de trabajo.
Otro caso fue que, en los últimos dos años, y en tiempos de austeridad en el Poder Judicial, la SCJN erogó 13 millones 728 mil 432 pesos para la realización de los dos primeros encuentros internacionales Juzgando con Perspectiva de Género.
O que una medalla de plata, cuyo costo fue de 170 mil 409 pesos, fue entregada por la Corte, el Día de la Mujer, a la ministra en retiro, Victoria Adato Green.
De igual forma cuando, para celebrar los 75 años de la inauguración de su sede, la SCJN tiró la casa por la ventana e hizo un gasto de, al menos, cuatro millones y medio de pesos para los principales festejos.
Sólo con cortar 50% el salario de 22 altos burócratas de INE y SCJN se ahorran 50 mdp al año
El próximo sexenio en México se perfila ya como el del gran cambio en el sistema burocrático y su paraíso en salarios y beneficios laborales, muy lejanos a la de un trabajador promedio. En la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, el gasto ostentoso del Gobierno federal pasará a uno de austeridad, con el objetivo de ahorrar recursos para inversión pública y gasto social, de acuerdo con los 50 puntos que ya ha anunciado sobre el tema.
Solo por el apartado sobre la reducción a la mitad del salario y prestaciones a funcionarios públicos de alto rango, como son los casos del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el actual Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), las finanzas públicas ahorrarán 4 millones 506 mil pesos anuales, con base en un cálculo hecho por SinEmbargo.
Si se considera que los once ministros y los once consejeros ingresan lo mismo, el ahorro por recortar el 50 por ciento asciende a 49 millones 572 mil pesos cada año, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2018. No obstante, el artículo 94 constitucional reza que “la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, tiene actualmente una percepción anual bruta de 6 millones 938 mil pesos, que se vuelven 4 millones 659 mil pesos netos con la reducción de impuestos que anexa prestaciones. Es decir, gana en total 388 mil 250 pesos mensuales, de acuerdo con lo que muestra el Presupuesto de Egresos 2018.
Ya con el recorte a la mitad por la política de austeridad del Gobierno lopezobradorista, el Ministro ingresaría 2 millones 329 mil pesos anuales (194 mil 125 pesos mensuales). O incluso menos si se considera que ningún funcionario público podrá ganar más que el Presidente de la República, quien ingresará 108 mil pesos mensuales. En este caso no se ha especificado si son netos (con impuestos) o brutos.
El Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, al igual que los otros diez Consejeros del INE, gana al año 4 millones 354 mil 208 pesos, incluyendo prestaciones. Esto es, 362 mil 850 pesos mensuales, con base en el PEF 2018.
Pero con la medida de la nueva administración ganará 2 millones 177 mil pesos anuales (o 181 mil 425 pesos mensuales).
Ayer, el Consejero Ciro Murayama señaló que ni él ni los otros consejeros del órgano electoral se oponen a las reducción del salario y de las prestaciones, pero dijo que no debe afectar a funcionarios del personal de carrera, como los del Servicio Profesional Electoral Nacional .
“No tienen privilegios, tienen derechos, y no pueden ser vulnerados ni restringidos”, aseguró el también integrante de la Comisión Temporal de Presupuesto y detalló que este miércoles se instalará la Comisión de Presupuesto de 2019, y luego buscarán contacto con el equipo López Obrador para conocer los criterios bajo los que se les asignarás recursos.
En el caso de los secretarios de Estado, cada uno tiene un ingreso distinto dependiendo sus compensaciones.
De acuerdo con el Portal de Transparencia, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), gana un sueldo bruto de 32 mil 813 pesos mensuales, más 172 mil 308 pesos de compensaciones. Es decir: 205 mil 122 pesos al mes brutos, o 139 mil 741 pesos netos. Esto es alrededor de 2 millones 461 mil pesos anuales brutos, y con la reducción por el pago de impuestos son 1 millón 676 mil pesos anuales netos.
Con base en el punto de reducir a la mitad los sueldos, el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú ganará al año 838 mil pesos (69 mil 833 pesos mensuales netos).
Durante 2017, el Gobierno federal realizó una inversión pública por 569 mil 551 millones de pesos, una reducción de 26.3 por ciento respecto a 2016. Entre los recortes destaca la inversión física en educación por 49.6 por ciento o de salud por 55 por ciento anual. En comparación, gastó en servicios personales [sueldos] mil 147 millones 25 mil pesos el año pasado, sólo 2.5 por ciento menos que en 2016, y egresó 301 mil 987 millones de pesos en materiales y suministros del gobierno [como nuevas computadoras o papelería], 18 por ciento más que en 2016, revelan datos de la Secretaría de Hacienda.
Además de la reducción salarial, exponen los puntos de austeridad, “no habrá bonos ni otras canonjías, el salario será integral, según la Constitución que a la letra dice: ‘Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales'”. Por ello López Obrador dejará de recibir seguro médico privado, separación individualizada, dinero para auto, ayuda para despensa o prima quinquenal.
SUELDO MÁS COMPENSACIONES
Los puntos de austeridad también exponen que no habrá vehículos nuevos para funcionarios, equipo de cómputo ni adquisición de mercancía de la que haya existencia suficiente en los almacenes públicos. Tampoco se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo. No habrá bonos ni seguro de separación individualizada (dinero acumulado cuando se sale del carago); se suprimirá toda partida para gastos médicos privados; los viáticos para viajes de trabajo serán solo lo indispensable; adiós guardaespaldas y choferes para todos; tampoco existirán partidas para vestuario en eventos ni regalos mayores a 5 mil pesos; y con la eliminación de áreas duplicadas se reducirá un 70 por ciento todo el personal de confianza.
La futura Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que aplicará la misma política de austeridad en el gasto del gobierno capitalino.
“Nada más no logro entender qué tipo de persona quiere trabajar en el gobierno de AMLO. Les van a cortar el sueldo a la mitad, les van a quitar el seguro médico, y capaz los mandan a vivir a provincia. Serán o muy ricos, que no les importa, o muy…. no entiendo”, tuiteó el martes pasado Jorge Guajardo, ex Embajador de México en China. Le llovieron críticas.
En febrero de 2016, en plena crisis petrolera y con el anuncio de un ajuste de gasto público, Reuters reveló que los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública –entonces dirigida por Virgilio Andrade Martínez– incluían en sus viáticos pagados por la dependencia alimentos de alto costo como caviar, champán, salmón, entre otros.
La virtual Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, expuso el jueves en Foro TV que “hay gente que si uno incluye los bonos, las nuevas prestaciones y le vas sumando, tiene salarios que rebasan los 300 mil pesos mensuales. Esa es la realidad y lo interesante es que ni siquiera sabemos la información a ciencia cierta: se suma por aquí, por allá y cuando quieres la cifra para hacer una proyección, careces de la información completa”.
Dentro de dichas prestaciones o compensaciones, un funcionario público, a diferencia de un trabajador civil, puede gozar de seguros por riesgo de trabajo, de ahorro, de gastos médicos, 20 días de vacaciones, aguinaldo, prima quinquenal, ayuda para despensa o alimentos, pagos por defunción, becas para sus hijos en preparatorias y universidades, asistencia legal, asignación de vehículo o apoyo para comprar uno, seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.
Ante ello, dijo Luisa Alcalde, siempre respetando los derechos laborales constitucionales, se necesita reducir el gasto corriente para que se pueda aumentar el gasto en inversión, “y eso requiere que el gobierno se apriete el cinturón porque ya dijimos no va haber mayor deuda, no se van a incrementar impuestos. De algún lado deben salir los recursos y van a salir de este plan de austeridad y sin duda de eliminar la corrupción en todos los niveles”.
“Los seguros privados cuestan muchísimo dinero. El seguro médico privado se quita desde el Presidente hasta Secretarios de Estado”, aseveró en la misma entrevista televisiva. “Que no se compren autos nuevos, que se utilicen los de la vieja administración”.
Aclaró que no se van a correr a los trabajadores de base, sino a los trabajadores de confianza en ciertas áreas “que hacen muy poco” o las que están duplicadas, las cuales se van a conjuntar. Alcalde documentó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo 27 por ciento más de nuevos cargos de alto nivel, “ahí donde ganan altos salarios y duplican funciones es donde puede haber muchísimo ahorro”.
La Unidad de Datos de SinEmbargo reportó previamente que el Presidente Enrique Peña Nieto y algunos de los integrantes de su Gabinete federal en los últimos cinco años han hecho crecer su dinero en ahorros hasta en un 116 por ciento, a través de diversos instrumentos financieros, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
LOS PRIVILEGIOS DE SER MINISTRO
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, tiene un sueldo bruto de 4 millones 743 mil pesos, revela el Presupuesto de Egresos 2018.
Pero se añaden las prestaciones de ley, pago de riesgo, condiciones de trabajo, seguro y seguro de ahorro, por lo que en total son 6 millones 938 mil pesos. Menos los impuestos, queda en 4 millones 659 mil pesos anuales, esto es, 388 mil 250 pesos al mes.
En la institución ingresan diez Ministros más con esa percepción anual. Es decir, el gobierno gasta 51 millones 249 mil pesos anuales en el sueldo de los 11 ministros.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2018, el Ministro ingresa al año además de su sueldo, 681 mil 792 pesos por prestaciones de ley; 853 mil 223 pesos por riesgo; 49 mil 254 pesos por condiciones laborales, 81 mil 646 pesos por seguro a la persona y 528 mil 728 pesos en seguro de ahorro.
EL GASTO EN CONSEJERO ELECTORAL
En el Instituto Nacional Electoral hay 10 mil 353 personas trabajando cuyos sueldos implican un gasto anual por mil 263 millones 746 mil 692 pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2018.
El Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, al igual que los otros diez Consejeros, gana al año 4 millones 354 mil 208 pesos. Es decir, el gobierno debe destinar anualmente del presupuesto 47 millones 896 mil 288 pesos para pagarles su salario.
Su sueldo es de 3 millones 151 mil pesos. A ese monto se añaden a cada Consejero sus prestaciones por 1 millón 202 mil pesos que se desglosan en 72 mil 412 pesos por seguridad social; 556 mil 262 pesos por medidas de protección de salario; 88 mil 961 pesos por seguros a las personas; y 484 mil 965 pesos por fondos y ahorros para el retiro.
Fuente: Excélsior y Sin Embargo
