Washington.- La OEA aprobó hoy una resolución que insta al gobierno de Daniel Ortega a “que apoye un calendario electoral”, una fórmula de pedir comicios anticipados en medio de la grave crisis que atraviesa Nicaragua.
La resolución, presentada por siete países liderados por Estados Unidos, fue aprobada en un consejo permanente extraordinario convocado para analizar la situación en el país centroamericano, donde en tres meses de protestas han muerto más de 300 personas.
A favor del texto votaron 21 de los 34 países del consejo permanente. Tres lo hicieron en contra, entre ellos Venezuela y siete se abstuvieron. Tres países estuvieron ausentes, entre ellos Bolivia, que se levantó de la sala por desacuerdos con la presidencia.
Los países que presentaron la resolución son Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. A ellos se les sumaron hoy como copatrocinadores México y Brasil.
También votaron a favor Antigua y Barbuda, Bahamas, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.
En concreto, la resolución exhorta al Gobierno del ex guerrillero sandinista a “que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional”.
En ese diálogo, que está suspendido, la opositora Alianza Cívica pidió elecciones anticipadas y la Iglesia católica, que actúa como mediadora, aceptó la petición.
Propuso entonces al presidente nicaragüense el 31 de marzo de 2019 para anticipar los comicios previstos inicialmente para 2021. El 7 de julio Ortega rechazó las elecciones anticipadas.
Por medio de su canciller, Denis Moncada, Nicaragua rechazó durante la sesión tanto la resolución como los comicios que pide. Lo que está ocurriendo en Nicaragua es “un golpe de Estado” y una “ruptura del orden constitucional”, dijo Moncada.
Acusó además a Estados Unidos de pretender una “injerencia” en el país centroamericano. “Nicaragua ya pasó en la década de los 80 por esto”, manifestó. “Parece que estamos volviendo a la época de golpes blandos”.
El consejo permanente extraordinario se celebró justo el día en el que se cumplieron tres meses de protestas contra Ortega, con un número de muertos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra en 273 y organizaciones de derechos humanos de dentro del país elevan a más de 300.
La reunión tuvo además lugar un día después de la ofensiva de tropas paramilitares y policiales contra la ciudad de Masaya, erigida en símbolo de la resistencia a Ortega, y la cual desencadenó una amplia condena internacional.
El documento oficial aprobado, que consta de ocho resoluciones, reitera su “enérgica” condena y “grave preocupación” por la violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra la los nicaragüenses.
A su vez, condenan los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el Diálogo Nacional, y los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la sede de Caritas, y otros manifestantes.
Asimismo, el bloque de naciones solicita se apoye al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los actos de violencia que han tenido lugar en el país -como lo documentó la Comisiòn Interamericana de Derechos Humanos-, así como al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y la iniciativa para fortalecer las instituciones democráticas ofrecida por la Secretaría General de la OEA.
La resolución aprobada condena “los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el Diálogo Nacional, y los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la sede de Caritas, y otros manifestantes pacíficos”.
En su primer punto, reitera “su enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua, según lo documentado por la CIDH”.
Exige además “el desmantelamiento de los grupos parapoliciales”.
Aunque esta ola de protestas comenzó el 18 de abril por la aprobación por decreto de una reforma de la seguridad social, luego derogada, el malestar en Nicaragua con Ortega no es nuevo, sino que se remonta a mucho antes.
La oposición denunció fraude en los comicios municipales de 2008 y en los presidenciales de 2011. De los de 2016, en los que fue reelegido Ortega con el 72,5 por ciento de los votos, fue excluida la principal alianza opositora.
Fuente:La Jornada
