Tameme no regresó los recursos bajo la justificación de que el Código de Comercio permitía retener mercancías transportadas, mientras no le pagaran.
La PGR falló en su intento por conseguir órdenes de aprehensión contra 8 representantes de la empresa de valores Tameme, acusados de no devolver más de 330 millones de pesos de la nómina de Luz y Fuerza del Centro (LFC), recibidos días antes de la extinción de la empresa, en octubre de 2009.
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales devolvió a la PGR el expediente contra los acusados, por estimar que el Ministerio Público federal no reunió ni siquiera los requisitos formales para presentar la imputación.
Se trata de la averiguación previa UEIDFF/FISM15/539/2010, donde la Procuraduría acusó a los implicados por peculado, en una modalidad que castiga a los particulares que "distraigan" de su objeto, para usos propios o ajenos, los recursos públicos federales que les dieron en custodia.
Esta modalidad del ilícito está prevista en el artículo 223, fracción IV, del Código Penal Federal, que establece un castigo de 2 a 14 años de prisión y multa de 300 a 500 veces el salario mínimo, a quien se le acredite plenamente su responsabilidad.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR pidió capturar a Francisco Yee Rubio, Federico Barrera Yee, Fernando Barrera Yee, Agustín Aguilar Barona, Orlando Corona Lara, Jacobo Nazar Bolívar, José Luis Dounce Manjarrez y Fernando de Jesús Ruiz Mandujano.
La conducta que les imputan no es considerada de gravedad y por ello, si la acusación llegara a ser procedente, todos tendrían la posibilidad de la libertad provisional bajo caución. Pero por ahora la consignación no resultó exitosa para la Procuraduría.
Este caso se remonta a una denuncia presentada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Secretaría de Hacienda.
Del 6 al 8 de octubre de 2009, Tameme recibió 316.5 millones de pesos para la nómina de trabajadores activos y jubilados de LFC, y al día siguiente otros 13.9 millones de reembolsos, remanentes de nómina y pago a empleados de diversas entidades federativas.
El Presidente Felipe Calderón extinguió la empresa paraestatal el 11 octubre de ese año y a partir de entonces el SAE, como liquidador de LFC, reclamó la devolución del dinero, con base en una de las cláusulas del contrato.
Sin embargo, Tameme no regresó los recursos bajo la justificación de que el Código de Comercio le permitía retener mercancías transportadas, mientras al porteador no se le pague el porte, como reclamaba en este caso la empresa de valores.
El SAE, por el contrario, sostiene en este pleito que el servicio que contrató consistía en entregar los dineros custodiados, sin establecer como condición la paga del porte para entregar el dinero.
Además, agrega, estableció en el convenio que Tameme únicamente podía resguardar los valores si se le daba la instrucción expresa por escrito, y que si no entregaba el dinero que transportaba y custodiaba, debía devolverlo.
Pese a haber fallado en la consignación, es muy probable que la PGR vuelva a presentar cargos penales contra los representantes y apoderados legales de Tameme.
Fuente: Terra
