La Comisión Reguladora de Energía determinó diferir el periodo para que permisionarios cumplan con la certificación de combustibles. Empresarios pidieron disminuir las pruebas por falta de laboratorios.
La calidad de las gasolinas que se consumen en el país no se certifica.
En el acuerdo A/007/2017 del pasado 16 de marzo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) decidió diferir el término del primer periodo para dar cumplimiento a la obligación de muestreo y la determinación de especificaciones de calidad de petrolíferos de la NOM 016, Calidad de Combustibles, de las más de 11 mil 643 gasolineras que operan en el país
La CRE explicó que los empresarios gasolineros pidieron disminuir las pruebas y certificación de lo que venden argumentando que no se tiene la infraestructura suficiente de laboratorios para efectuar las evaluaciones.
El primer reporte de certificación tendría que haber sido entregado el 1 de enero de 2017 por los gasolineros, como lo establece la norma para los permisionarios de expendio al público en los tanques de almacenamiento usados en sus instalaciones, lo cual no se cumplió.
Al 28 de febrero de este año, la CRE había otorgado 11 mil 495 permisos de expendio, de los cuales 3 mil 136 comercian sólo gasolina; 8 mil 347 venden gasolina y diesel, y 12, diesel.
Se concluye, según el acuerdo de la CRE, que en 2017 deben realizar 91 mil 864 pruebas de gasolina y 33 mil 436 de diesel por parte de los permisionarios, sin tomar en cuenta las nuevas estaciones que obtengan permisos en el transcurso del año.
En el país, de acuerdo con la información a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, operan 12 laboratorios de ensayo que resultan insuficientes para que los permisionarios cumplan con la obligación de realizar trimestralmente el muestreo.
El regulador advirtió: “Existe una imposibilidad material, inevitable y ajena a los sujetos obligados para efectuar la totalidad de las pruebas que exige la norma, por lo que partiendo del Principio General de Derecho, nadie está obligado a lo imposible, por lo que resulta jurídicamente procedente diferir el término de la primera obligación de muestreo y determinación de especificaciones de calidad de los petrolíferos”.
El muestreo de elementos como el índice de octano, azufre total, benceno, oxígeno, aromáticos, olefinas, aditivos detergentes, agua y sedimentos, cenizas, destilación de productos de petróleo, punto de inflamación y conductividad eléctrica, entre otros, que debía ser entregado el 1 de enero de 2017, ahora podrá ser el 30 de junio y 31 de diciembre de 2017; el 30 de junio y 31 de diciembre de 2018.
Esto significa que la calidad de los combustibles que consumen los mexicanos se certificará gradualmente a pesar de la liberalización total del mercado de combustibles, prevista para el 1 de enero de 2018.
CRE flexible. La flexibilidad con la que está actuando la CRE en materia de calidad de combustibles y la falta de laboratorios obligó también a eximir a las empresas privadas de los estudios correspondientes a los aditivos que están mezclando en las gasolinas, como es el caso de BP.
Al no disponer de un diagnóstico realizado en México, la CRE decidió confiar en los estudios realizados por laboratorios extranjeros.
En un segundo acuerdo con la misma fecha (16 de marzo de 2017), la CRE señala que si bien la NOM 016 establece que en la importación y producción de gasolina para mezcla final se deberá presentar un informe semestral de pruebas “una vez agregados los aditivos” para asegurarse que estos compuestos no representen un riesgo a los sistemas, vehículos, ni que produzcan efectos nocivos en la salud de la población y el medio ambiente.
Sin embargo, y dado que tampoco se dispone de infraestructura suficiente, los permisionarios sugirieron tomar como válidos los resultados de pruebas realizadas en el extranjero.
Incluso solicitaron permitir que la prueba sólo se realice “una vez en la vida del proceso, y no periódicamente”, como está previsto en la norma.
En este caso se encuentra la inglesa BP, que abrió dos estaciones de servicio en la Ciudad de México y cuyo producto es aditivado para diferenciarlo de las gasolinas que distribuye Pemex. Al final, la CRE aceptó como válidos esos informes.
Demoran combate a gasolina ilegal
Será hasta marzo de 2018 cuando comience a operar el sistema para monitorear las ventas de gasolina y diesel en México y con ello combatir la comercialización ilegal, informó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Aunque el Sistema del Registro Estadístico de Transacciones Comerciales (Siretrac) se había anunciado para arrancar a mediados de 2017, el organismo aplazó su implementación debido a que se adelantó la liberalización de precios, explicó María del Pilar Palacio, titular de la Unidad de Petrolíferos del organismo.
Con ello aumentó la información que requieren para este sistema, el cual también incorporará puntos de recepción, importación de gasolinas y diesel, así como precios acordes con las condiciones de mercado, señaló.
“Se trata de un sistema de órdenes de pedido, es decir, llevar a cabo a través de un sistema la compra de combustible”, detalló en entrevista.
Petróleos Mexicanos ha detectado como focos rojos para la venta de combustible ilegal a los estados de Puebla, Guanajuato y Tamaulipas.
Sólo el año pasado la empresa selló 6 mil 873 tomas clandestinas y en 2015 el reporte fue de 6 mil 260 en todo el País, según un reporte enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las casi 12 mil estaciones de servicio del País deberán realizar todas sus compras de gasolina y diesel a través de este sistema en línea, donde también participarán los comercializadores, distribuidores y transportistas.
Maria del Pilar Palacio resaltó que al quedar registrada cada transacción de compras y ventas de combustible se busca disminuir cualquier incentivo que tengan los permisionarios de recibir producto por fuera, algo que ya fue implementado con éxito en Colombia y Perú.
Incluso se prevé que el Siretrac cuente con visores de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que tengan la información sobre la procedencia del combustible.
La titular resaltó que a partir de este año los permisionarios deben informar a la Comisión Reguladora de Energía sobre sus volúmenes diarios de venta e ingresos que obtienen, además de los cambios que realizan en los precios.
En medio de un aumento de venta de gasolina ilegal en algunas zonas del País la plataforma, que costará aproximadamente 35 millones de pesos, apenas está siendo licitada.
La CRE está realizando una licitación internacional para encontrar a los desarrolladores con las mejores condiciones y mejor precio. Tiene previsto anunciar el fallo el próximo 15 de julio.
Fuente: El Universal y Reforma
