Ciudad de México. Defensores de derechos humanos y periodistas demandaron al gobierno federal una explicación por los presuntos actos de espionaje en su contra, según reporta una investigación realizada por la organización canadiense Citizen Lab, y que hoy se publica en el diario estadunidense The New York Times.
En conferencia, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la organización Mexicanos contra la Corrupción, del Instituto Mexicano por la Competitividad, e integrantes del equipo de reporteros de Aristegui Noticias, indicaron que estos hechos "no son aislados, sino que se trata de una vigilancia sistemática de actores de la sociedad civil que resultan incómodos".
De acuerdo con el reporte de la organización canadiense, estas acciones de espionaje del gobierno se han dado desde 2015 y han sido objeto de éstas personajes como Mario Patrón, director del Centro Pro; los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, e inclusive el hijo de Aristegui, Emilio, quien es menor de edad, así como Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad.
En la conferencia estuvo presente John Scott Railton, de Citizen Lab, detalló que este proceso de espionaje se da a través de una empresa llamada NSO Group, la cual colaboraría con instancias del gobierno mexicano para espiar a estas y otras personas.
El malware se inserta en los teléfonos celulares a través de links enviados por mensajes de texto (sms) y una ves infectado el aparato de comunicación es hackeado y se tiene acceso a toda la información e inclusive a los micrófonos y cámaras.
Durante la conferencia se detallo que de acuerdo con la investigación de Citizen Lab, “la mayoría de los nombre del dominio de la infraestructura de NSO se encuentran vinculados a México, lo cual en conjunto con otras evidencias presentadas reafirma que autoridades mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) son clientes de NSO y que personas en México han sido objetivos de esa forma de vigilancia”.
Los denunciantes informaron que hoy se presentó la querella formal sobre estos hechos ante la PGR y se solicitaron medidas cuatelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; además de que se ha informado a distintos organismos internacionales de protección de garantías fundamentales.
“Rechazamos este nuevo ataque contra la sociedad civil, exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso del malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso de poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales. Así mismo, exigimos la reformas legales necesarias para regular las facultades del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas”.
Fuente: La Jornada
