Buenos Aires.Organizaciones sociales, movimientos de pueblos originarios y estudiantes de secundaria marcharon este martes con sus respectivas demandas en un clima cada vez más enrarecido, cuando el gobierno avanza en su proyecto de liberarizar al máximo la economía, y según cifras oficiales siete de cada diez trabajadores reciben salarios por debajo de la canasta básica, extendiendo la pobreza y el conflicto.
Los organismos y movimientos de pueblos originarios fueron recibidos en el Congreso, donde pidieron que se prorrogue la ley 26160, porque se trata de poder continuar con el relevamiento de tierras indígenas y se impiden los desalojos de tierras en litigios. Los legisladores escucharon testimonios y argumentos de los dirigentes de estos movimientos que este miércoles realizarán una gran movilización.
El reclamo central fue la aparición con vida de Santiago Maldonado, quien acompañaba a una de las comunidades mapuches de la zona de Esquel, en Chubut, y desapareció el 1 de agosto pasado en el marco de una brutal represión de la Gendarmería Nacional. Los dirigentes consideraron que este grave hecho se produjo en uno de los escenarios de conflictos por la tierra.
Leonardo Grosso, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso destacó que la situación de Maldonado precipitó esta discusión por que fue desaparecido en un operativo de la Gendarmería Nacional donde la comunidad mapuche disputa la propiedad de tierras ancestrales con el Grupo Benetton, de Italia.
La diputada de Santa Fe, Lucila De Ponti, sostuvo que en “Argentina existen cientos de conflictos de comunidades indígenas y campesinas que defienden su tierra, que es su fuente de trabajo y vida frente al avance del agro negocio, de poderes económicos mayoritariamente extranjeros que solo logran ganancias para unos pocos”.
En este marco, el ministro de Energía y ex gerente de la mutinacional Shell, Juan José Aranguren decidió liberar y dejar en manos de las empresas del sector fijar el precio de los combustibles a partir de octubre finalizando con el Acuerdo para la Transición a Precios Internacionales de la Industria Hidrocarburífera Argentina, que contemplaba la revisión trimestral, lo que sin duda tendrá un fuerte impacto en los precios de consumo masivo. También se denuncia un nuevo y duro ajuste que prepara el gobierno después de las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo.
El oficial Instituto de Estadística y Censo (Indec) advirtió que en el país creció la desigualdad y que el diez por ciento de ricos gana 20 veces más que el 10 por ciento más pobre, cuando hace un año esa relación era de 19 veces. Siete de cada 10 asalariados no logra reunir un ingreso mínimo que le asegure a una familia tipo no caer en la pobreza.
De acuerdo con el Indec, la mitad de los hogares tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Si se toma el ingreso total de un hogar, la mitad de ellos queda en situación de pobreza al tener ingresos por debajo de los 15 mil pesos.
Todo esto a pesar de que el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios destacan todos los días que la economía nacional crece y va en franca recuperación.
Por su parte, los estudiantes que tomaban desde hace días 30 escuelas secundarias, en rechazo al plan de reforma educativa que plantea el gobierno de Macri, decidieron levantar momentáneamente la medida y lo anunciaron en una manifestación, para mostrar la voluntad de diálogo. Pero advirtieron que ni los estudiantes ni los profesores pueden aceptar una reforma que contiene puntos inaceptables y violan normas legales además de constituirse en un retroceso inadmisible.
Cambio de juez
La justicia de Comodoro Rivadavia, en Chubut, aceptó la recusación del juez Guido Otranto, que llevaba la causa del desaparecido Santiago Maldonado, como pidió la familia de joven desaparecido y también el Centro de Estudios Legales y Sociales, ante las graves irregularidades cometidas por el magistrado decidido a encubrir, junto con funcionarios del Ministerio de Seguridad, la desaparición forzada a manos de la Gendarmería Nacional.
Las llamadas telefónicas de los gendarmes que actuaron en la represión contra los mapuches el 31 y el primero de agosto pasado, dan cuenta de que se dieron órdenes de encubrir, que sí dispararon los uniformados con escopetas y bajaron hasta el río, lo que habían negado. En otro llamado se conoció que el chofer de una camioneta de la Gendarmería reconocía haber llevado a Maldonado. Los datos que van surgiendo permiten armar el encubrimiento de este hecho, por parte del gobierno. Un nuevo video y audios de la propia Gendarmería fueron pasado esta noche en un canal de televisión (C5N), donde queda en claro la actuación de los agentes en el hecho y la implicación del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, cuya renuncia siguen exigiendo tanto la familia como organismos de derechos humanos. El nuevo juez federal, Guillermo Gustavo Lleral, quien remplaza a Otranto llamó de inmediato a la familia Maldonado y pidió investigar desde Esquel, creando esperanzas , en base a que las investigaciones periodísticas han puesto en evidencia la responsabilidad del gobierno por el encubrimiento “escandaloso” de la acción de Gendarmería.
Esta fuerza de seguridad está ahora en la mira por haber presentado un nuevo informe sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman (enero 2015), que señala que este fue víctima de un homicidio, conclusiones sin ninguna base científica, negando lo definido por peritos de la Corte Suprema y la querella que determinaron el suicidio. El informe de la Gendarmería es burdo, pero además está destinado a favorecer a estados Unidos e Israel, que quieren acusar a Irán por la muerte de Nisman sin ninguna prueba. Es gravísimo este hecho.
Fuente: La Jornada
