Zacatecas, Zac. Los integrantes del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), se solidarizaron con habitantes de la ciudad de México así como de los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, ante el azote de los sismos consecutivos de este mes de septiembre.
Al concluir la reunión de la organización latinoamericana, con la participación de representantes procedentes de 13 países, en la ciudad de San José de Costa Rica, todos los integrantes del M4 emitieron un pronunciamiento de solidaridad.
En su cónclave, los integrantes del M4 dieron a conocer la incorporación de representantes de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona a su organismo, y reiteraron su oposición al modelo extractivo minero, que "se ha impuesto como el mega-proyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la madre tierra".
Activistas, académicos y defensores del patrimonio procedentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos, lamentaron el que el extractivismo esté avanzado "al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces, cuando no corruptos", quienes favorecen la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, "por apetitos personales y silencios cómplices".
Después de tres días de debate en las mesas de trabajo los integrantes del M4 emitieron un pronunciamiento público, donde cuestionan además el que "al operar bajo la lógica de que, tener el poder es tener la razón, inevitablemente eso coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad".
"Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que aplica un modelo de desarrollo que —a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales— favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital", se dijo.
Dicho proceso, se planteó, es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las "medidas de ajuste estructural", obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar "recursos naturales", mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.
Es esa lógica de acumulación por despojo "la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivista".
Recordaron que el 3 de marzo del 2016 en Honduras, fue asesinada Berta Caceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el mexicano Gustavo Castro, "referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio", y principal impulsor M4, fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras.
En este contexto, el M4 sostiene su oposición "a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coerción de la libertad de expresión".
Ante todo, afirman, "aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra".
Los integrantes del M4 además celebraron la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica, a la vez que saludaron la integración a su organismo, de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona.
Estos países a través de sus representantes ante el M4, se informó "coinciden con nosotros en que, bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la 'minería verde', 'sustentable', 'socialmente responsable', 'ecológica' o 'limpia'".
Por todo lo anterior exigieron "la salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios"; "el cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio"; además que se hagan efectivas las conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre del mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire, y cuya familia al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
Fuente: La Jornada
