- Tres contratos de obras generarían pasivos por $82 mil millones
- En el Congreso estatal, dictamen que permitiría al gobernador panista comprometer recursos públicos por 37 años
- Se encarecerían servicios
Tijuana, BC. El gobernador Francisco Vega de Lamadrid pretende heredar a los bajacalifornianos una deuda de 82 mil millones de pesos vía obligaciones de pago para los próximos 37 años en tres contratos de asociación pública-privada (APP).
Es una carga que ni el hoy prófugo ex gobernador César Duarte se imaginó dejar a Chihuahua, pues se calcula en 49 mil 500 millones de pesos, e impensable para Humberto Moreira, quien dejó a los coahuilenses –en medio de un escándalo que le costó la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional– un compromiso de 35 mil millones de pesos.
Los proyectos de Vega son dos desalinizadoras, una en Rosarito y otra en Ensenada, y una obra de drenaje para Mexicali, que se pagarán con los recursos recaudados por los organismos operadores de agua potable de cada municipio.
El Congreso estatal deberá analizar en los próximos días el dictamen número 95, en el que, además de ampliar hasta el último día de 2018 la autorización al gobernador para contratar las obligaciones de pago y los montos máximos por concepto de la contraprestación derivada de los contratos, se estipulan las garantías de pago de las contraprestaciones a las empresas.
Estas garantías fueron demandadas por los bancos a la empresa Aguas de Rosarito, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para la instalación de la desalinizadora en terrenos adquiridos al ejido Mazatlán.
El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), que calculó el costo de la obra en 463.1 millones de dólares, está dispuesto a prestar hasta 100 millones, según la propuesta de certificación y financiamiento del proyecto que publicó la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza el pasado 16 de diciembre.
Los tres contratos motivo del dictamen representarán un desembolso de 70 mil 607 millones de pesos más impuesto al valor agregado (IVA), lo que suma 81 mil 904.12 millones de pesos, un
crecimiento exponencialde la deuda estatal, según han señalado algunos legisladores, entre ellos Miguel Osuna Millán.
El proyecto más grande es la desaladora de Rosarito. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana se compromete a pagar a la empresa Aguas de Rosarito –con lo que ingrese por suministro a los usuarios– 149 millones 312 mil 18 pesos más IVA mensualmente, por lo que al cabo de 37 años de vigencia del contrato el desembolso total será de 66 mil 158 millones de pesos más IVA. El gobierno del estado ha solicitado al Congreso ser responsable solidario de esta deuda.
Para la desaladora de San Quintín el gobierno del estado pretende ser deudor solidario y dar garantías por 568 millones de pesos. En este caso la fuente de pago será la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), la cual garantizará 11 millones 136 mil 150 pesos más IVA que se erogarán mensualmente durante 30 años, lo que implicará un desembolso total de 4 mil 8 millones, que serán entregados a un fideicomiso, por medio del cual Desaladora Kenton SA de CV (la empresa que la construirá y operará) pagará el crédito al BDAN.
El banco, que publicó la propuesta de certificación y financiamiento del proyecto porque prestará hasta 700 millones de pesos a Desaladora Kenton (DK), reportó que el fideicomiso para el pago ya fue formalizado con el Banco del Bajío con el número 18325 y servirá como mecanismo de pago del crédito del BDAN, de acuerdo con el contrato de asociación pública-privada.
Las obligaciones derivadas del contrato serán garantizadas con una línea de crédito contingente y revolvente (LCCR) que la Cespe obtendrá de un banco comercial o de desarrollo. Los derechos de ejecución de la LCCR, que están garantizados por el gobierno del estado de Baja California mediante una afectación irrevocable de un porcentaje del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal (el
mecanismo de garantía), serán transferidos al fideicomiso de administración y fuente de pago.
Si los fondos de la Cespe fueran insuficientes o no estuvieran disponibles, el fideicomiso pagará el crédito del proyecto automáticamente al ejecutar la LCCR, a fin de asegurar que los pagos se realicen de manera completa y puntual, dice el proyecto, publicado el pasado 15 de mayo.
El BDAN realizó un análisis financiero de la Cespe y del mecanismo de garantía. La proyección de flujos de efectivo indica que la Cespe puede asumir la obligación financiera. Sin embargo,
necesita mejorar sus márgenes operativos incrementando sus ingresos por servicios y manteniendo el crecimiento de sus costos de operación significativamente menor al crecimiento de sus ingresos; de no ser así, la línea de crédito podría ser ejecutada por el fiduciario para cubrir las obligaciones mensuales.
De los tres proyectos, el más pequeño tiene que ver con los drenajes pluviales de Mexicali e involucra a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, que otorgó un contrato a la empresa Operadora de Pluviales de Mexicali SA de CV, lo que implica un pago mensual de 2 millones 453 mil pesos durante 15 años; así, el desembolso total será de 441 millones de pesos. En este caso el gobierno del estado pide autorización para ser deudor solidario y dar garantías específicas por 254 millones de pesos.
Fuente: La Jornada
