Armando Hinojosa Cantú, Alfonso de Angoitia, Ramiro García Cantú, Omar Yunes Márquez, Rafael Caro Quintero, Edith González y Ricardo Salinas Pliego. Fotos: Procesofoto
De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.
Abogados y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros les han ayudado a crear compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños. Hasta ahora.
Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.
La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.
Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año. Se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro.
En septiembre pasado, Proceso participó en la reunión internacional en la que se definieron pautas de trabajo. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Süddeutsche Zeitung, en Münich.
Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son los más activos en la firma panameña. En especial uno, el favorecido contratista del presidente Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú. La estrecha relación del contratista con Peña Nieto fue revelada en noviembre pasado por Aristegui Noticias, el otro medio mexicano convocado por el ICIJ a la investigación.
El dueño del Grupo Higa aparece hasta ahora como uno de los clientes más importantes de México para la firma, de acuerdo con los archivos.
El proveedor de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, en las Lomas de Chapultepec, y de la residencia en Malinalco, Estado de México del secretario de Hacienda, Luis Videgaray –el responsable de la recaudación fiscal en el país–, ha tenido prisa por mandar dinero fuera de México.
En plena tormenta por la revelación de su estrecha relación con Peña Nieto, Hinojosa Cantú buscó en julio del año pasado movilizar más de cien millones de dólares en una compleja red financiera que pasó por varios países.
Esa cifra, que Hinojosa Cantú manifestó como “parte de sus ahorros”, era una muestra de la riqueza que ofreció gestionar a través del despacho panameño que en casi 40 años de existencia está considerado entre los cinco más grandes vendedores en el mundo del secreto de los paraísos fiscales.
Proceso buscó al departamento de Comunicación del Grupo Higa para esta investigación para saber sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. La presidencia de la República también se negó a comentar sobre el tema. Aseguró que se trataba de “un asunto un poco añejo” y remitió a la investigación de la Secretaría de la Función Pública que negó la existencia de conflicto de interés, en agosto pasado, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover su dinero.
El dueño del Grupo Higa destaca junto con otro empresario que la propia firma panameña describe como “una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas”: Ramiro García Cantú, quien ha hecho su fortuna como contratista por más de 30 años al amparo de Pemex.
El empresario Ramiro García Cantú. Foto: El Diario de Victoria
Tamaulipeco como Hinojosa, Garza Cantú tiene una relación más antigua con Mossack Fonseca, que le ha ayudado a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda, Nueva Zelanda y la República de Seychelles, ubicada en las islas del Oceánico Índico, al noreste de Madagascar. La oficina de Garza Cantú tampoco se reportó a la llamada de Proceso.
Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra, un pequeño país al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA Managment, implicada en evasión de impuestos en el futbol europeo.
Garza Cantú on Linkurious.
Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de dinero son los socios de Oceanografía, empresa que fue favorecida en el gobierno de Felipe Calderón con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Yañez aseguró a Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creación aparece su firma.
Las tres empresas fueron dadas de alta con dirección en Miami, donde vive Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil. Mossack Fonseca, además, abrió otra compañía en el mismo paraíso fiscal para la empresa encargada de pagar los impuestos de Oceanografía a nombre de Fabián Narváez Tovar, quien le brindaba servicios de outsourcing a la contratista.
La suerte de los socios de Oceanografía cambió con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos. Amado Yáñez ahora está en prisión acusado de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza, según la información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung y del ICIJ. En México, ese mismo año se libró una orden de aprehensión al sobrino de Gil Díaz por uso de recursos de procedencia ilícita según los registros judiciales verificados por Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR).
Su verdugo, Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del gobierno de Peña Nieto, buscó también establecer relación con Mossack Fonseca. Antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración del Grupo español OHL, en México, otra firma de infraestructura cercana al presidente de la República. En marzo de 2011, Lozoya Austin pretendió crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai.
La información disponible no refiere si se concretó la operación, pero una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara como consejero de Infoglobal, una compañía de sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el yerno de Juan Miguel Villarmir, dueño de OHL (Proceso 2056).
El Süddeustche Zeitung recibió la información interna de Mossack Fonseca de manera anónima y la compartió con el ICIJ, la red internacional de periodistas con sede en Washington que organizó la colaboración global.
El historial del ocultamiento del dinero a través de la firma panameña es largo, como lo indican los 2.6 terabytes de información contenida en correos electrónicos, documentos e imágenes, que abarcan prácticamente toda la historia del despacho panameño, desde su creación en 1977 hasta diciembre de 2015.
En la revisión de los documentos participaron reporteros de 76 países y 109 organizaciones periodísticas. Mossack Fonseca se encuentra entre los rascacielos corporativos de la zona bancaria de la ciudad de Panamá. Pero el despacho apenas ocupa una parte de un edificio de tamaño modesto de vidrios polarizados, que comparte con la clínica odontológica Arango Orillac, en la pequeña calle 54 del barrio Obarrio, a una cuadra y media de la torre de BBVA Bancomer conocida como “el tornillo”, como constató Proceso en una visita al lugar en marzo pasado.
A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50 –una de las vías más importantes de la ciudad–, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, de tal forma que nadie creería, al pasar frente al edificio, que ahí se abrieron 214 mil 488 entidades offshore a través de las cuales circulan millones de dólares cada día.
En respuesta a cuestionamientos durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.
Los estándares de revisión y supervisión comprendidos en lo que se conoce como debida diligencia son prácticamente inexistentes cuando se trata de grandes negocios. Fue el caso de Hinojosa Cantú y de una empresa que gestionó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con el primero, desestimó las evidencias sobre su relación con el presidente Peña Nieto, a pesar de que sus propias reglas lo ubican en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés). Con tal de quedarse con Hinojosa, que entra en la categoría de Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés) por tener activos que rebasan los 30 millones de dólares, los agentes de la firma panameña atribuyeron la información contraria al dueño de Grupo Higa a versiones periodísticas promovidas “por su principal competidor”, el empresario Carlos Slim, por medio del diario The New York Times.
La misma falta de rigor mostró el despacho panameño en el caso del colombiano Juan Pablo Londoño cuando en 2007 le creó la compañía Monedeux International Services Inc. Sólo después de cinco años Mossack Fonseca decidió retirarse como agente registrador cuando ya era pública la información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos en el sentido de que la compañía estaba relacionada con Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
En la creación de Monedeux, Mossack Fonseca se había conformado con una carta de un certificador desde Medellín, Colombia, en la que le dijo, en octubre de 2006, que Londoño movía 500 millones de pesos colombianos al mes.
Entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
El empresario avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa. La operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió, pero el departamento de debida diligencia de Mossack Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como PEP expuesto a familiares hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunez Márquez.
Carlos Sousa, director de Relaciones Públicas de Mossak Fonseca, asegura que sus clientes llegan a través de despachos de abogados e instituciones financieras, incluidas sucursales de grandes bancos.
Consultado por Proceso, Sousa aseguró que Mossack Fonseca trabaja “con muy pocos” PEP debido a que la regulación internacional la considera de “alto riesgo”. Para la firma panameña, no es el caso de Hinojosa Cantú: “Hice la búsqueda referente a la persona que usted refiere y según World Check y World Compliance no está calificado como PEP. Además, los PEPs no deben ser rechazadas simplemente por serlo; sencillamente es una cuestión de un análisis y administración apropiados de riesgo”.
Respecto al caso de las dos personas señaladas por Estados Unidos como integrantes del CJNG, dijo que si después de vender una compañía es listada por la OFAC, “se hacen los respectivos reportes y se comienza el proceso de renuncia, a menos que los reguladores (autoridades) den una instrucción”, respondió por escrito.
Aseguró que las personas utilizan las estructuras financieras de Mossack Fonseca “para temas totalmente válidos y legales, siendo probable que en algún momento alguna haya sido utilizada para asuntos incorrectos, y en caso que ocurra, cooperamos totalmente con las autoridades”.
De acuerdo con la documentación interna de la firma, sólo hay un caso mexicano en el que dijo que no: el de Carlos Hank Rhon, accionista mayoritario del Grupo Financiero Interacciones. En febrero de 2015, en otra investigación internacional conocida como Swiss Leaks, el ICIJ dio a conocer que Hank Rhon tenía depositados 150 millones de dólares en Suiza en operaciones que tenían el propósito de evadir impuestos o esconder el dinero.
La negativa de Mossack Fonseca a Hank se debió al tamaño del desprestigio de su familia luego del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos emprendió a mediados de los años noventa la llamada Operación Tigre Blanco.
Sin embargo, Interacciones Casa de Bolsa, propiedad de Hank Rhon, aparece en los archivos de Mossak Fonseca como un “prospecto de cliente” en 1996, cuando estaba en marcha la investigación estadunidense contra la familia de Carlos Hank González, fundador del grupo político Atlacomulco, Estado de México, del que surgió el presidente Peña Nieto.
En la práctica, un “cliente” de Mossack Fonseca es un intermediario entre la firma panameña y el beneficiario final, verdadero dueño de las compañías creadas para esconder el dinero. En esa misma condición de prospectos de clientes de México aparecieron, en 1986, la firma Pricewaterhouse Coopers y, sin fecha, el Dresdner Bank Latinamerika, un banco que tiene su sede en Fráncfort, Alemania.
Los documentos muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano: Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente de la secretaría de Hacienda directamente encargado del pago de impuestos. Trujano trabaja en la Administración General de Grandes Contribuyentes, en la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia.
Con su correo electrónico oficial del SAT y una dirección particular en Iztapalapa, los registros de Mossack Fonseca lo tenían como “prospecto” de intermediario en enero de 2013. En conversación con Proceso, Trujano aseguró desconocer porque su nombre estaba en los registros de la firma panameña, de la que también dijo no saber a qué se dedica.
El ocultamiento del dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas creadas en los offshore. Para el caso de México, los archivos muestran la presencia de Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.
Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panameña. Son quienes la ponen en contacto con los dueños del dinero. Tan sólo en 2010, envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos. De acuerdo con la información, una de las firmas mexicanas que más ha recurrido a sus servicios es Doporto & Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto Alexandre. A través de una empresa de servicios financieros de Holanda, Infintax, Doporto y Asociados ha creado complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en la reorganización del sector farmacéutico en México.
Una muestra de ello: en junio pasado, el despacho tuvo un papel central en la venta de Grupo Marzam por parte de Genomma Lab. El fondo holandés Moench Coöperatief compró el 50 por ciento más una de las acciones del segundo mayor grupo dedicado a la distribución de medicinas en el territorio nacional, por lo cual desembolsó mil 350 millones de pesos.
Detrás del fondo holandés se encontraban el propio Luis Doporto, junto con el financiero venezolano Carlos Rafael Dorado, y los también financieros de origen suizo Karl Frei y Patrick Wyss. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) aprobó la compra, al aseverar que ésta no afectaría las reglas del libre mercado en el sector farmacéutico.
Sin embargo, la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder en el sector de la distribución de medicinas. En declaraciones a Proceso, Doporto reconoció la participación de Matarazzo, pero aseveró que la mujer solamente le prestó a él recursos para la operación de compra y negó que con ello su esposo se haya apoderado de su rival directo.
El abogado Luis Doporto Alexandre, de 41 años, es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, actual pareja del exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab. Aurora Alcántara es hermana de Roberto, el dueño de Grupo Toluca, que congrega a empresas de transporte terrestre, y VivaAerobus México. Al inicio de su gobierno, Peña Nieto le dio un contrato a Roberto Alcántara por cuatro mil millones de pesos para el cobro de peaje en la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe) (Proceso 1974).
Los Alcántara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México, vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones.
En las estructuras de Doporto & Asociados creadas con Infintax, también tiene una participación destacada Guillermo Vogel Hinojosa, excuñado de José Murat, padre del actual candidato al gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat, quien este domingo inicia su campaña a gobernador del mismo estado.
Además de intermediario, Luis Doporto Alexandre es uno de los beneficiarios finales de fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en los que Aurora Alcántara aparece como protectora sustituta.
El espectáculo vinculado a la política mexicana tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca. La actriz Edith González Fuentes aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. González está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados. Este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdes. Alemán Velasco ha sido socio de Televisa, gobernador de Veracruz y es dueño, entre otras empresas, de la aerolínea Interjet. Lazo Margain no respondió a las llamadas de Proceso. González fue además pareja del exsecretario de Gobernación del PAN, Santiago Creel Miranda. Durante gran parte de su carrera ha sido actriz de Televisa, aunque desde 2010 trabaja para TV Azteca.
Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de dinero son los socios de Oceanografía, empresa que fue favorecida en el gobierno de Felipe Calderón con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Yañez aseguró a Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creación aparece su firma.
Un buque de Oceanografía hallado en Veracruz. Foto: Yahir Ceballos
Las tres empresas fueron dadas de alta con dirección en Miami, donde vive Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil. Mossack Fonseca, además, abrió otra compañía en el mismo paraíso fiscal para la empresa encargada de pagar los impuestos de Oceanografía a nombre de Fabián Narváez Tovar, quien le brindaba servicios de outsourcing a la contratista.
La suerte de los socios de Oceanografía cambió con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos. Amado Yáñez ahora está en prisión acusado de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza, según la información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung y del ICIJ. En México, ese mismo año se libró una orden de aprehensión al sobrino de Gil Díaz por uso de recursos de procedencia ilícita según los registros judiciales verificados por Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR).
Su verdugo, Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del gobierno de Peña Nieto, buscó también establecer relación con Mossack Fonseca. Antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración del Grupo español OHL, en México, otra firma de infraestructura cercana al presidente de la República. En marzo de 2011, Lozoya Austin pretendió crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai.
El pasaporte de Emilio Lozoya. Foto: Especial
El Süddeustche Zeitung recibió la información interna de Mossack Fonseca de manera anónima y la compartió con el ICIJ, la red internacional de periodistas con sede en Washington que organizó la colaboración global.
El historial del ocultamiento del dinero a través de la firma panameña es largo, como lo indican los 2.6 terabytes de información contenida en correos electrónicos, documentos e imágenes, que abarcan prácticamente toda la historia del despacho panameño, desde su creación en 1977 hasta diciembre de 2015.
En la revisión de los documentos participaron reporteros de 76 países y 109 organizaciones periodísticas. Mossack Fonseca se encuentra entre los rascacielos corporativos de la zona bancaria de la ciudad de Panamá. Pero el despacho apenas ocupa una parte de un edificio de tamaño modesto de vidrios polarizados, que comparte con la clínica odontológica Arango Orillac, en la pequeña calle 54 del barrio Obarrio, a una cuadra y media de la torre de BBVA Bancomer conocida como “el tornillo”, como constató Proceso en una visita al lugar en marzo pasado.
La sede del despacho Mossack Fonseca en Panamá. Foto: Mathieu Tourliere / Procesofoto
En respuesta a cuestionamientos durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.
Los estándares de revisión y supervisión comprendidos en lo que se conoce como debida diligencia son prácticamente inexistentes cuando se trata de grandes negocios. Fue el caso de Hinojosa Cantú y de una empresa que gestionó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con el primero, desestimó las evidencias sobre su relación con el presidente Peña Nieto, a pesar de que sus propias reglas lo ubican en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés). Con tal de quedarse con Hinojosa, que entra en la categoría de Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés) por tener activos que rebasan los 30 millones de dólares, los agentes de la firma panameña atribuyeron la información contraria al dueño de Grupo Higa a versiones periodísticas promovidas “por su principal competidor”, el empresario Carlos Slim, por medio del diario The New York Times.
La misma falta de rigor mostró el despacho panameño en el caso del colombiano Juan Pablo Londoño cuando en 2007 le creó la compañía Monedeux International Services Inc. Sólo después de cinco años Mossack Fonseca decidió retirarse como agente registrador cuando ya era pública la información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos en el sentido de que la compañía estaba relacionada con Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
Cronología de las designaciones de la OFAC contra el Cártel de Sinaloa. (Clic para agrandar)
Entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
El empresario avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa. La operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió, pero el departamento de debida diligencia de Mossack Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como PEP expuesto a familiares hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunez Márquez.
Omar Yunes Márquez y su esposa Ángela Ruíz. Foto: Heraldo de Veracruz
Consultado por Proceso, Sousa aseguró que Mossack Fonseca trabaja “con muy pocos” PEP debido a que la regulación internacional la considera de “alto riesgo”. Para la firma panameña, no es el caso de Hinojosa Cantú: “Hice la búsqueda referente a la persona que usted refiere y según World Check y World Compliance no está calificado como PEP. Además, los PEPs no deben ser rechazadas simplemente por serlo; sencillamente es una cuestión de un análisis y administración apropiados de riesgo”.
Respecto al caso de las dos personas señaladas por Estados Unidos como integrantes del CJNG, dijo que si después de vender una compañía es listada por la OFAC, “se hacen los respectivos reportes y se comienza el proceso de renuncia, a menos que los reguladores (autoridades) den una instrucción”, respondió por escrito.
Aseguró que las personas utilizan las estructuras financieras de Mossack Fonseca “para temas totalmente válidos y legales, siendo probable que en algún momento alguna haya sido utilizada para asuntos incorrectos, y en caso que ocurra, cooperamos totalmente con las autoridades”.
De acuerdo con la documentación interna de la firma, sólo hay un caso mexicano en el que dijo que no: el de Carlos Hank Rhon, accionista mayoritario del Grupo Financiero Interacciones. En febrero de 2015, en otra investigación internacional conocida como Swiss Leaks, el ICIJ dio a conocer que Hank Rhon tenía depositados 150 millones de dólares en Suiza en operaciones que tenían el propósito de evadir impuestos o esconder el dinero.
La negativa de Mossack Fonseca a Hank se debió al tamaño del desprestigio de su familia luego del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos emprendió a mediados de los años noventa la llamada Operación Tigre Blanco.
El empresario Carlos Hank Rhon. Foto: Miguel Dimayuga
En la práctica, un “cliente” de Mossack Fonseca es un intermediario entre la firma panameña y el beneficiario final, verdadero dueño de las compañías creadas para esconder el dinero. En esa misma condición de prospectos de clientes de México aparecieron, en 1986, la firma Pricewaterhouse Coopers y, sin fecha, el Dresdner Bank Latinamerika, un banco que tiene su sede en Fráncfort, Alemania.
Los documentos muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano: Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente de la secretaría de Hacienda directamente encargado del pago de impuestos. Trujano trabaja en la Administración General de Grandes Contribuyentes, en la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia.
Con su correo electrónico oficial del SAT y una dirección particular en Iztapalapa, los registros de Mossack Fonseca lo tenían como “prospecto” de intermediario en enero de 2013. En conversación con Proceso, Trujano aseguró desconocer porque su nombre estaba en los registros de la firma panameña, de la que también dijo no saber a qué se dedica.
El ocultamiento del dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas creadas en los offshore. Para el caso de México, los archivos muestran la presencia de Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.
Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panameña. Son quienes la ponen en contacto con los dueños del dinero. Tan sólo en 2010, envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos. De acuerdo con la información, una de las firmas mexicanas que más ha recurrido a sus servicios es Doporto & Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto Alexandre. A través de una empresa de servicios financieros de Holanda, Infintax, Doporto y Asociados ha creado complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en la reorganización del sector farmacéutico en México.
Una muestra de ello: en junio pasado, el despacho tuvo un papel central en la venta de Grupo Marzam por parte de Genomma Lab. El fondo holandés Moench Coöperatief compró el 50 por ciento más una de las acciones del segundo mayor grupo dedicado a la distribución de medicinas en el territorio nacional, por lo cual desembolsó mil 350 millones de pesos.
Detrás del fondo holandés se encontraban el propio Luis Doporto, junto con el financiero venezolano Carlos Rafael Dorado, y los también financieros de origen suizo Karl Frei y Patrick Wyss. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) aprobó la compra, al aseverar que ésta no afectaría las reglas del libre mercado en el sector farmacéutico.
Sin embargo, la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder en el sector de la distribución de medicinas. En declaraciones a Proceso, Doporto reconoció la participación de Matarazzo, pero aseveró que la mujer solamente le prestó a él recursos para la operación de compra y negó que con ello su esposo se haya apoderado de su rival directo.
El abogado Luis Doporto Alexandre, de 41 años, es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, actual pareja del exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab. Aurora Alcántara es hermana de Roberto, el dueño de Grupo Toluca, que congrega a empresas de transporte terrestre, y VivaAerobus México. Al inicio de su gobierno, Peña Nieto le dio un contrato a Roberto Alcántara por cuatro mil millones de pesos para el cobro de peaje en la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe) (Proceso 1974).
Los Alcántara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México, vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones.
En las estructuras de Doporto & Asociados creadas con Infintax, también tiene una participación destacada Guillermo Vogel Hinojosa, excuñado de José Murat, padre del actual candidato al gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat, quien este domingo inicia su campaña a gobernador del mismo estado.
Además de intermediario, Luis Doporto Alexandre es uno de los beneficiarios finales de fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en los que Aurora Alcántara aparece como protectora sustituta.
El espectáculo vinculado a la política mexicana tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca. La actriz Edith González Fuentes aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. González está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados. Este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdes. Alemán Velasco ha sido socio de Televisa, gobernador de Veracruz y es dueño, entre otras empresas, de la aerolínea Interjet. Lazo Margain no respondió a las llamadas de Proceso. González fue además pareja del exsecretario de Gobernación del PAN, Santiago Creel Miranda. Durante gran parte de su carrera ha sido actriz de Televisa, aunque desde 2010 trabaja para TV Azteca.
La actriz Edith González Fuentes. Foto: Proyecto 40
La relación del despacho panameño con clientes mexicanos en busca de paraísos fiscales data por lo menos de hace 30 años, cuando le abrió la puerta a narcotraficantes para crear empresas offshore, en momentos en que salían del país millones de dólares por la crisis económica en el gobierno de Miguel de la Madrid.
En la primera mitad de los años 80, en pleno auge del cartel de Guadalajara, Mossack Fonseca creó dos empresas para uno de los principales líderes de esa organización, Rafael Caro Quintero.
Uno de los socios del despacho panameño, Ramón Fonseca, fue el agente residente y presidente de la sociedad Compañía Monte Carlo S.A., propiedad del narcotraficante sinaloense. Caro Quintero pasó 28 años en prisión y fue liberado sin cargos en 2013. Tras unos meses de breve libertad, está de nueva cuenta en condición de prófugo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la orden de liberación. En los ochenta Mossack Fonseca también creó la compañía Financiera Monte Carlo S.A. para Caro Quintero.
Rafael Caro Quintero, narcotraficante. Foto: Archivo
Otro poder fáctico de México tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca: las televisoras. En 2005, entró en contacto con el despacho Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, del que fue fundador el actual vicepresidente de Finanzas de Televisa Alfonso de Angoitia. El despacho le ofreció a Mossack Fonseca integrar a su cartera a importantes empresarios de México, como Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa. Uno de los productos de Mossack Fonseca que más le interesó al despacho del ahora ejecutivo de la televisora fue la creación de fundaciones.
Angoitia admitió haber adquirido esta empresa en Bahamas “con el propósito de comprar un departamento y una membresía en un club de buceo náutico ubicado precisamente en Bahamas, deporte que practica desde hace muchos años”. Pero aseguró que se trató de una “adquisición pública y transparente”, por lo que le negó relevancia al tema, según respondió el ejecutivo de Televisa a Aristegui Noticias a través del vocero de la empresa, Alejandro Olmos.
También del sector de las telecomunicaciones aparece el empresario y coleccionista de arte José Antonio Pérez Simón, quien creó empresas junto con su hija. Formó parte del Grupo Carso de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.
Aunque miembros prominentes de la actual clase política mexicana no aparecen en el historial reciente de Mossack Fonseca, el contratista Hinojosa Cantú es considerado en la investigación periodística internacional como uno de los latinoamericanos poseedores de offshore con más relevancia política. Su nombre está al lado del presidente argentino, Mauricio Macri, quien está en la lista de doce líderes mundiales que crearon compañías offshore a través de la firma especializada de Panamá.
El pasaporte del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. Foto: Especial
La mayoría de los líderes mundiales que han escondido dinero en los paraísos fiscales son árabes. Entre ellos, el rey de Arabia Saudita, H.R.H Prince Salma; el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, y el exprimer ministro de Iraq, Ayad H. Allawi.
Además del Primer Ministro de Islandia, Sigmund David Gunnlaugsson y el presidente de Ucrania, el empresario Petro Poroshenko, figuran empresarios cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin. La investigación de este caso en particular realizada por el ICIJ, medios europeos y rusos arrojó que los cercanos a Putin ocultaron dos mil millones de dólares por medio de Mossack Fonseca. También está la familia del poderoso presidente de China Xi Jinping.
Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia. Foto: AP / Seth Wenig
En el caso de México, uno de los políticos mencionados como beneficiario de una de las empresas offshore es el exdiputado local de Chiapas y expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tuxtla Gutiérrez, Noé Fernando Castañón Ramírez, hijo del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exsecretario general de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León.
La ausencia de nombres de políticos mexicanos no significa que no sean beneficiarios de sociedades a través de familiares o prestanombres. El extitular de la Procuraduría Fiscal de la Federación Gabriel Reyes Orona asegura que los políticos mexicanos tienen mucha experiencia en esconder su dinero en paraísos fiscales ante la falta de control gubernamental.
Dice que con las triangulaciones y las complejas estructuras financieras lo que se busca es perder la identidad de los dueños del dinero a través de números y en las que las partes involucradas no se conocen unas a otras. Subraya que en esas operaciones en las que la información está en compartimientos, ya no hay movimiento de dinero, sino generación de derechos. Ahora todo se hace en la nube, pero en este caso se trata de una “black cloud”, ironiza.
Tampoco extrañó que Mossack Fonseca no tenga oficinas en México, como en otros países de América Latina. No las necesita. Cuenta con numerosos despachos de abogados que operan como intermediarios entre los beneficiarios finales de las empresas offshore y la firma panameña.
A partir ahí, se empieza a construir un laberinto de compañías, sociedades, directorios, asamblea de accionistas o fundaciones que operan en diferentes jurisdicciones internacionales en las que es difícil dar con el principal beneficiario de la operación de ocultamiento.
De acuerdo con la información obtenida, en el caso de México se contabilizaron inicialmente 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México. A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios.
Pocos son los casos en que una sola persona es beneficiario final, cliente y accionista. En relación con México es el caso de Manlio Arellanos Gutiérrez, un asesor financiero veracruzano radicado en Aguascalientes y que en 1996 fue acusado de incumplimiento de pago de ahorradores que participaban en Unión de Crédito Impulsora del Desarrollo Empresarial SA de CV (UCIDE). Arellanos dijo a Proceso que sus empresas con Mossack Fonseca ya estaban disueltas y se negó a dar más información.
Sobrino de Octavio Arellanos Zenil, quien en 1997 fue representante del PAN ante el entonces IFE, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), en el Consejo Distrital 3 de Tabasco, Arellano Gutiérrez aparece en compañías abiertas por Mossack Fonseca en la República de Seychelles, y las Islas Vírgenes Británicas. Su nombre también aparece en los registros públicos de compañías abiertas en Nueva Zelanda, otro paraíso fiscal, aunque no queda claro si estas últimas se tramitaron también por medio del despacho panameño.
Fuente: Proceso| JORGE CARRASCO ARAIZAGA
