Conferencia del GIEI este domingo. Foto: Octavio Gómez
Ante James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -instancia que creó el GIEI-, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox, Claudio Beristáin y Alejandro Valencia confirmaron su conclusión de que los estudiantes no fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula.
Además, revelaron que el responsable de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, encabezó una diligencia de recolección de restos óseos que no fue integrada en el expediente.
Cavallaro lamentó la ausencia de funcionarios del gobierno federal para conocer el informe, y exhortó “a todas las autoridades incluido al presidente Enrique Peña Nieto a continuar con la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos”.
El presidente de la CIDH, quien es también relator especial para México, destacó que en días próximos se definirá el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que haga el GIEI para continuar con la indagatoria, y que tomará en cuenta la petición de los padres de familia de los jóvenes de que sean los integrantes del GIEI los responsables de monitorear los avances.
En un evento que se prolongó por más de tres horas, los expertos hablaron del incumplimiento de las recomendaciones para abundar en nuevas líneas de investigación que formularon el 6 de septiembre en su primer informe; de los obstáculos para realizar su trabajo; de nula calidad científica del tercer peritaje al basurero de Cocula, así como de la visita que Zerón de Lucio hizo al río San Juan, en compañía de personal de periciales de la PGR y de uno de los presuntos inculpados, el 28 de octubre de 2014, diligencia que no está integrada en el expediente, y en la que se habrían localizado pruebas de las que se desconoce su destino; de la participación de las diferentes corporaciones de seguridad pública y del Ejército, y de las evidencias del uso de la tortura para sostener la “verdad histórica”.
Claudia Paz y Paz, exfiscal de Guatemala, narró que el segundo periodo de su mandato estuvo marcado por los obstáculos para el GIEI, a pesar de que entre noviembre y diciembre se creó una unidad especializada en el caso Ayotzinapa dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
La abogada destacó que a partir de enero de este año “la actitud de colaboración cambió, de manera que las diligencias sugeridas eran dilatadas o francamente rechazadas” por la PGR.
Al 15 de marzo, 50% de las solicitudes formuladas por el GIEI no habían sido atendidas, en tanto que el resto estaban cumplidas parcialmente o en proceso de cumplimiento.
Apuntó que a pesar de que desde su primer mandado solicitaron algunos testimonios, una semana antes de que ellos presentaran el informe final, la PGR “tomó en cinco días 65 declaraciones ministeriales”, sin la presencia de los expertos, que no pudieron integrarlas en el documento final.
Entre los temas que no se han atendido y que resultan relevantes, dijo, está el tema de la telefonía celular, que confirmaría la coordinación de cinco elementos policiacos de Iguala con un personaje al parecer de la delincuencia organizada, que sólo ha sido identificado como Caminante, sin contar con que la dependencia federal tampoco ha hecho una investigación pormenorizada de los teléfonos celulares de unos seis estudiantes cuyos aparatos siguieron funcionando horas y días después de los hechos fechados en la versión oficial.
Francisco Cox, abogado chileno, refirió que el último peritaje por un panel de expertos en fuego, auspiciado por el gobierno de Peña Nieto como condicionante para que el GIEI continuase con el segundo mandato, “no alcanza los estándares internacionales mínimos ni cuenta con elementos científicos para ser considerado por un tribunal de la república”.
Cox describió el informe parcial dado como definitivo por la PGR el 31 de marzo, que consta de nueve páginas, y que “no respondió a las preguntas planteadas ni a su expertiz”.
Tras un año de trabajo, apuntó, el GIEI “no ha visto una sola evidencia” para cambiar su conclusión de que en el basurero de Cocula no fueron incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
El abogado chileno destacó que la maquinación de una nueva hipótesis a cargo de Tomás Zerón de Lucio, en la que supuestamente no habrían sido 43 sino 17 los normalistas calcinados en el basurero, surgió 11 días después de que el GIEI dio a conocer su primer informe, y meses antes de que el presunto autor intelectual de la masacre, Gilberto López Astudillo, presuntamente diera a conocer esa versión.
Cox apuntó que esa nueva versión surgió incluso contra las diligencias que hizo la PGR dirigidas en todo momento a demostrar la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, como aglutinar a 43 policías en una camioneta de tres toneladas, como la que supuestamente se usó para trasladar a los muchachos al basurero.
Carlos Beristáin señaló que la línea de investigación que llevó a crear la “verdad histórica” surgió de una llamada anónima el 26 de octubre, tal como lo revela Proceso en su edición que empezó a circular este domingo.
El médico español mostró un video y fotografías tomadas por los periodistas independientes José Manuel Giménez y Daniel Rodríguez Villa, el 28 de octubre en los que se observa a Zerón de Lucio encabezando un operativo en el que se llevó a Agustín García Reyes a las inmediaciones del río San Juan.
En las tomas se observa a personal de la PGR analizando una bolsa negra de basura con lo que parece tierra y junto a ella una bolsa blanca, así como a personal de periciales de la dependencia recolectando restos óseos quemados, diligencia que no fue consignada en el expediente.
Asimismo, en otra toma se observa a personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) discutiendo con personal de la PGR porque no les dieron acceso a la zona donde se recolectó evidencia.
En el expediente se asienta una inspección realizada el 29 de octubre, en la que “buzos de la Marina” habrían descubierto la bolsa negra con restos óseos, y que al parecer es la misma que se encontró en la víspera por el equipo que encabezó Zerón.
Al señalar que es importante realizar investigaciones sobre qué ocurrió con esas pruebas, Beristáin agregó que el GIEI tomó una muestra de 17 detenidos para realizar un análisis de las lesiones que presentaban y que podrían dar indicios de la utilización de la tortura y los malos tratos en la indagatoria.
La muestra incluye a los cinco presuntos integrantes de Guerreros Unidos, señalados como autores materiales del asesinato e incineración de los cuerpos; al presunto líder criminal Gilberto López Astudillo; a siete policías de Cocula y cuatro de Iguala.
A través de la revisión de las distintas constancias médicas que fueron sometidas a análisis del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CIRVT), los expertos determinaron que “en todos los casos hay indicios significativos de que fueron víctimas de malos tratos y tortura”, y que las lesiones fueron aumentando de la detención a la retención por instancias policiacas.
Ángela Buitrago abordó la operación al parecer coordinada entre integrantes de cuerpos de seguridad y la delincuencia organizada para evitar que los estudiantes salieran de Iguala.
La exfiscal colombiana narró que de testimonios obtenidos de víctimas de otras acciones violentas ese día así como de documentos oficiales que se integran en el expediente, es evidente que el radio de acción de la noche violenta abarcó 80 kilómetros, entre Iguala y Chilpancingo.
A lo largo de esos kilómetros, dijo, se instalaron varios retenes policiacos, algunos de ellos atribuidos a la Policía Federal, que impidieron que los familiares y jugadores del equipo de futbol Avispones avanzaran hacia Chilpancingo en busca de ayuda tras la balacera de la que fueron víctimas, en tanto que obstaculizaron el paso para que llegaran a Iguala.
Buitrago resaltó que mientras en Iguala y en las inmediaciones había balaceras y terror, el responsable de la PF del cuartel de Iguala, Luis Antonio Dorantes, reportó a sus superiores que había “saldo blanco”, en tanto que agentes de la Policía Federal Ministerial se limitaron a acudir buscar al entonces responsable de la Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, quien está prófugo, y reportaron que este funcionario les afirmó que “todo estaba bajo control”.
La abogada da cuenta de la presencia de diferentes actores, entre ellos policías municipales de Huitzuco, que participaron en la desaparición, en tanto que policías estatales no actuaron para defender a los estudiantes, sino que ordenaron acuartelarse.
En el evento se hizo referencia a que los militares negaron el apoyo a los familiares de los Avispones, una vez que éstos llegaron al 27 Batallón para denunciar el ataque del que habían sido víctimas, así como del cambio radical de su declaración.
Como lo reportó Proceso en el número 2959, los miembros del GIEI dieron cuenta de que en ampliación de declaraciones, al menos dos elementos castrenses señalaron que acudieron a la barandilla, donde habría al menos una docena de estudiantes detenidos, no para verificar la seguridad de éstos sino para recuperar una motocicleta por órdenes del excomandante del 27 Batallón, José Rodríguez Pérez.
Buitrago también se refirió a las omisiones de la PGR para investigar el quinto camión, y la dilación para solicitar apoyo al FBI en Estados Unidos para seguir la línea de investigación sobre el trasiego de heroína de Iguala a Chicago.
Alejandro Valencia, también colombiano, exhortó a “continuar trabajando en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos”, al tiempo que dio cuenta de una veintena de recomendaciones a la PGR para el esclarecimiento del caso, lo que podría funcionar “para transformar el sistema penal mexicano”.
Destacó que durante el segundo periodo del mandato del GIEI se realizaron 25 exploraciones y nueve búsquedas, apoyadas por el EAAF y la PGR, en la que localizaron restos de dos personas, que no corresponden a los normalistas.
Puntualizó que mientras el destino de los 43 desaparecidos “no se ubique y conozca la verdad, las búsquedas deben continuar”.
Tras recibir de manos de los expertos una copia del informe final, el presidente de la CIDH James Cavallaro lamentó que el gobierno de Peña Nieto decidiera “no apoyar la prórroga del mandato del GIEI, que pone fin al acuerdo a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente los que se refieren a la ubicación de los estudiantes desaparecidos”.
En nombre de la CIDH Cavallaro pidió a las autoridades que “analicen y también implementen las recomendaciones” formuladas por el grupo de expertos.
Reporte del GIEI, nueva mancha atroz para el gobierno de Peña: AI
El “demoledor” informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue calificado por la organización Amnistía Internacional como una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del gobierno mexicano.
En un comunicado, destaca que el informe del GIEI, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contradice la versión oficial de los hechos y critica la investigación del gobierno mexicano hasta la fecha.
El reporte acusa al gobierno de no haber seguido líneas de investigación claves, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechados de participación en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”. El gobierno negó un pedido de los expertos y familiares de extender su mandato y continuar con su investigación.
“La determinación absoluta del gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Al negarse a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencia, no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes, negar el pedido de extender el mandato del GIEI y no haber estado en la presentación hoy, las autoridades Mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto.
“La respuesta oficial a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de tres personas es la trágica ilustración de la actitud que tiene Enrique Peña Nieto frente a los derechos humanos: Esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen. Esto no es solo ilegal pero inmoral y es una cachetada en la cara de los familiares que, tras casi dos años, continúan esperando respuestas.
Exhibe el GIEI ineficacia e ineptitud de las instituciones: PRD
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa exhibe la ineficacia y la ineptitud de las instituciones de procuración e impartición de justicia de nuestro país, afirmó Ángel Ávila Romero, presidente del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Indicó que el informe evidencia que el sistema de justicia es incapaz de realizar una investigación diligente, objetiva, ya que provoca la percepción de que hemos sido engañados ya que las autoridades mintieron, manipularon y ocultaron información sobre Ayotzinapa.
Ávila Romero lamentó que la PGR y la Secretaría de Gobernación no estuvieran presentes en este último informe dado que se dieron a conocer nuevos elementos los cuales deben ser explicados por las autoridades.
Por esta razón el presidente de este instituto político consideró se debe reabrir investigaciones sobre el caso, tomando en cuenta informe y recomendaciones del GIEI.
Finalmente, dijo que resulta fundamental que para cumplir con los fines y objetivos del caso Ayotzinapa, es necesario que el Gobierno Federal amplíe los términos del mismo, toda vez que las investigaciones y los procedimientos penales con relación a la desaparición forzada de los 43 normalistas no han concluido por parte de las autoridades competentes.
“El Informe del GIEI sobre Ayotzinapa es una invaluable contribución a la lucha contra la injusticia, el olvido y la impunidad”, enfatizó.
Gobierno encubre y no quiere resolver desaparición de los 43: expertos del GIEI
En una entrevista con el diario estadunidense The New York Times, cuatro de los cinco investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusaron al gobierno mexicano de emprender una campaña sistemática de desprestigio e intimidación en su contra, razón por la cual no han podido emitir una conclusión sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
Los expertos argumentan que han sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, el rechazo por parte del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales, e incluso uno de los funcionarios que estuvo involucrado en la formación del grupo fue objeto de una investigación criminal.
“No existen las condiciones para desarrollar nuestro trabajo”, dijo Claudia Paz y Paz, integrante de la Comisión. “Y en México, la prueba es que el Estado se opuso a la prórroga de nuestro mandato, ¿no?”.
Señalaron que la presión sobre el GIEI socava las promesas hechas por el gobierno de Enrique Peña Nieto de cooperar plenamente para descubrir qué pasó con los 43 estudiantes.
En la entrevista con el diario estadunidense, los investigadores aseguran que aún les falta mucho para completar su trabajo. Sin embargo, saldrán de México en los próximos días por lo que muchos ya sospechan: ellos también creen que el gobierno trata de encubrir la desaparición de los normalistas.
“Esto es algo que probablemente nos perseguirá por mucho tiempo”, dijo Francisco Cox, un abogado chileno especializado en derechos humanos que conforma el grupo de expertos. “Pero no tiene sentido quedarse aquí porque, de cierta manera, es darle legitimidad a algo que no es correcto”, expresó.
Ese domingo el grupo dará a conocer el reporte final sobre Ayotzinapa, pero consideran que el caso está muy lejos de ser resuelto.
“Estaba claro en la investigación oficial que había una intención de mantener este caso a nivel municipal, en términos de responsabilidad”, dijo Carlos Beristain, otro experto del GIEI. “Sin embargo nosotros revelamos la presencia de agentes estatales y federales en las escenas del crimen, y su participación implica responsabilidad”.
Cuando los investigadores llegaron a México en marzo del año pasado recibieron una cálida bienvenida por parte del gobierno. En un primer momento, dijeron los expertos, existía la voluntad de compartir documentos y responder a las solicitudes de información, y esa colaboración parecía coincidir con la postura pública del gobierno.
Eso cambió abruptamente en septiembre, cuando publicaron un informe que contradice la versión del gobierno de los acontecimientos, mencionada por el exprocurador Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”.
“Después de nuestro informe quedó claro que la relación había cambiado”, dijo Cox. “Ellos pensaban que íbamos a respaldar su versión de lo que había sucedido”.
Las solicitudes de información gubernamental tomaron meses, dijeron los expertos. Se ignoraron sus sugerencias para agilizar la investigación. Comenzó una campaña mediática de difamación, se agredió a los miembros del grupo con acusaciones de malversación de fondos y llegó a decirse que en el pasado habían hecho declaraciones de apoyo de actos terroristas.
Para los investigadores, el mensaje era claro. Beristain dijo que “hay sectores dentro del gobierno que no quieren ser cuestionados y por lo tanto hay una intención de reforzar ‘la verdad histórica’, sin tomar en cuenta los nuevos elementos que hemos descubierto. “Estos sectores reaccionan como si fuéramos una amenaza y endurecieron sus medias contra nosotros, lo que fortalece la impunidad que impide que las cosas cambien”.
Los ataques de los medios de comunicación se centraron en las abogadas Claudia Paz y Paz y Ángela Buitrago, quien ganó un amplio reconocimiento al procesar al gobierno de Colombia por malversación militar. Además de medios poco conocidos, algunos periódicos nacionales como El Financiero y Milenio también participaron.
Quizá el ejemplo más directo de la presión gubernamental se evidenció en el inicio de una investigación penal contra Emilio Álvarez Icaza, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo internacional que nombró a los expertos.
La investigación se abrió después de que José Antonio Ortega, quien dirige una organización que simpatiza con el gobierno, presentara una denuncia contra Icaza en la que reclamaba el supuesto uso fraudulento del dinero hecho por los expertos, aunque esos fondos fueron establecidos en un acuerdo con el gobierno mexicano.
“Es interesante que eligieran investigar esta afirmación manifiestamente infundada cuando hay miles de familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos sin ninguna ayuda del fiscal general”, dijo James L. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Eso es profundamente perturbador”.
Fuente: Proceso| GLORIA LETICIA DÍAZ| La Redacción
