“Nos querían dar un cuerpo que no era”, acusan familiares de víctima de explosión en Pajaritos
Continúan protestan por las víctimas de explosión en Pajaritos
Persiste desplome de acciones de Mexichem tras explosión en Pajaritos
Mantienen paro indefinido 9 planteles del IPN
Policías golpean y encañonan a rancheros, a sus esposas e hijos en BC (VIDEO)
Brigada localiza en Veracruz 15 puntos donde habría restos humanos
Realiza CNTE-Chiapas concurrida marcha contra la reforma educativa
Reconoce gobierno de Chiapas al magisterio por manifestación pacífica
Construirán parque de diversiones por un valor de 100 mdp en Acapulco
Intenta sobornar a policías con 100 pesos; viajaba en estado de ebriedad (VIDEO)
Amazon se deslinda de filtración de padrón electoral
Moreno Valle se niega a reinstalar a maestros que rechazaron prueba Enlace
Jimmy Morales pide perdón por ofrecer mano de obra barata para el muro fronterizo de Trump (VIDEO)
Este viernes, en las congregaciones de Mundo Nuevo, Villa Allende, en los municipios de Coatzacoalcos y Agua Dulce, comenzaron los funerales de la mitad de los 27 obreros que perdieron la vida en la explosión del área de Clorados III, localizada en el complejo petroquímico Pajaritos, asentado en el puerto de Coatzacoalcos.
El panteón municipal, así como los camposantos ubicados en congregaciones de Coatzacoalcos, se empezaron a llenar de carrozas y flores, pues durante esta tarde fueron inhumados diversos obreros que murieron en el fatal accidente.
Sin embargo, el caos prevalece en el complejo Pajaritos, donde camionetas de redilas entran al corporativo PMV y sacan de dos a tres ataúdes por viaje.
Los reclamos no se han hecho esperar, entre ellos los de la familia de Eric Camaño Ramos, de 23 años, que se quejó con la prensa local de que el Servicio Médico Forense (Semefo) les querían dar un cuerpo que no correspondía al de su familiar.
“Tenemos dos días acá, y ya aburrimos a las autoridades, tanto, que nos querían dar un cuerpo que no era y lo rechazamos, después regresaron con otro, y tampoco era. A fuerza nos querían dar a uno que tenía todos los dientes chuecos, pero nuestro muchacho, Eric, tenía sus dientes derechitos”, relató el familiar de uno de los obreros de la empresa Prometalica.
“Dos fugas antes del estallido”
Obreros que sobrevivieron a la explosión coincidieron en que, durante la mañana del miércoles 20, se registraron dos fugas antes de la catástrofe. De hecho, aseguran que fueron evacuados unos diez minutos y luego se les pidió volver a sus labores.
Cuando estalló la explosión, los más de 200 obreros que estaban trabajando en la zona corrieron despavoridos entre una nube de cloro gasificado que les impedía ver y cuya onda expansiva les arrojó por los aires, explica Luis Felipe Barrera, ayudante de obra.
“Creo que se pudo evitar” la tragedia, pues “en toda la semana hubieron fugas”, asegura este joven de 21 años, según consignó este viernes la agencia Reuters.
“Nadie estaba preparado”, manifestó por su parte el hermano de Jonathan Suárez Sánchez, de 28 años, que falleció cuando se encontraba en lo alto de la torre y el fuego lo abrasó junto con otros compañeros.
Algo parecido le pasó a Sylvestre Morales, un soldador de 23 años, que cayó a unos 80 metros de la estructura de metal que estaba arreglando y su cuerpo estuvo incinerándose toda la noche, cuenta su hermano César en la funeraria.
Sylvestre, como la mayoría de sus compañeros, carecía de capacitación y de seguro médico, y además acababa de ser padre de una niña y para quien César pide ahora una indemnización.
La empresa Ica Fluor, subcontratada por Mexichem para los trabajos de rehabilitación, “hasta ahora se ha hechos cargo de los gastos funerarios”, pero Welding Especial, que a su vez daba servicios a Ica, “ni siquiera se ha comunicado”, denunció César.
En casa de Fernando Hernández iban llegando este día varios obreros con botas industriales y overoles anaranjados para dar el pésame a la familia, que vivía principalmente del salario del joven.
“¿Por qué Pemex permitió que mi hijo muriera, si lo pudieron evitar? Si sabían de las fugas, ¿por qué no los retiraron a sus casas?”, se preguntaba Elide Vázquez, madre de Fernando.
Xalapa, Ver. Este viernes aumentó a 27 el número de personas muertas por la explosión registrada el miércoles 20 de abril, en la planta de Clorados 3, de Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), con sede en Coatzacoalcos, y administrada en copropiedad entre Mexichem y Pemex.
La cifra se pudo conocer de manera preliminar, luego de que por la mañana una cuadrilla de Petróleos Mexicanos (Pemex) ingresara a la zona donde se originó la explosión y hallaran tres cuerpos más. De acuerdo con los reportes proporcionados, del total de víctimas mortales, 12 ya fueron identificadas, y nueve ya fueron entregadas a sus familiares. Mientras, de las personas heridas, 19 permanecen hospitalizados, 13 de ellos se reportan en estado grave.
Ante la lentitud de las autoridades en la entrega de los cuerpos, habitantes de Villa Allende –familiares de personas fallecidas-, realizaron una marcha y posteriormente bloquearon la avenida principal de esa comunidad, exigiendo la entrega de los cuerpos de personas que murieron en la explosión de Clorados 3.
La población se concentró en el parque Juárez y aunque inicialmente no pasaban de una decena, conforme avanzaba la marcha, otras personas se fueron uniendo a la protesta.
En tanto, a las afueras de las instalaciones de Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) Mexichem-Pemex, las familias que tienen personas desaparecidas –no localizadas en hospitales ni en la lista de personas fallecidas- establecieron un reten de vigilancia.
Ante la suspicacia de que Mexichem-Pemex pudieran esconder los cuerpos de personas fallecidas, se dieron a la tarea de revisar todos los vehículos que ingresaban y salían del complejo, para constatar que no llevaran cuerpos escondidos en sus compartimentos.
En la comunidad Mundo Nuevo, uno de los sectores a donde pertenecían la mayoría de los fallecidos, las familias velaron sus restos, que les fueron entregados en las últimas horas.
En una funeraria del centro de Coatzacoalcos, elementos del cuerpo de bomberos rindieron un homenaje a Fredy Sánchez Lara, quien perteneció a esa dependencia y murió en el cumplimiento de su deber, cuando intentaba rescatar a las víctimas de la explosión.
Georgina Burelo Rueda, esposa de Fredy Sánchez, dijo: “el día de ayer en la mañana mi hermana me apoyó porque ella trabaja en Pemex; logramos entrar, los soldados se pusieron groseros pero al final nos dejaron pasar (al complejo). Estuve ahí desde las 9:00 de la mañana hasta casi las 10:00 de la noche que encontré a mi marido”.
Dijo que durante el tiempo que estuvo en el complejo, logró ver que eran decenas de cuerpos calcinados y desfigurados los que sacaban de la planta, siendo el de su marido el último, por lo que las labores se detuvieron.
Georgina Burelo confirmó que revisó 20 cuerpos antes de dar con su marido, por lo que sospecha que la cifra de muertos no es la que dicen las autoridades.
A dos días de la tragedia ocurrida en el complejo petroquímico Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, donde murieron al menos 27 personas, las acciones de Mexichem, empresa involucrada en el siniestro, cayeron en picada.
En tan sólo un par de jornadas los títulos de la compañía propiedad del magnate Antonio del Valle y presidida por su hijo Juan Pablo del Valle se desplomaron 9.1%. Apenas al cierre del pasado miércoles, cada papel de Mexichem superaba los 45 pesos, mientras que al finalizar la jornada de este viernes la acción se desplomó a 42 pesos.
De hecho, Mexichem, asociada con Petróleos Mexicanos (Pemex), responsables de la explosión en Veracruz, fue de las empresas con mayor variación a la baja en la sesión de este día de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), junto con la cervecera Anheuser-Busch Inbev, la minera First Majestic SIlver Corp, la tortillera Gruma, así como de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), entre otras.
En este contexto, Antonio Carrillo Rulé, director general de Mexichem, aseguró que la empresa no incurrió en el ocultamiento de información que pudiera evitar el accidente en la planta petroquímica.
En entrevista con Milenio Televisión, el directivo defendió que “no tenemos ninguna noticia de ninguna fuga… nunca tuvimos ninguna información que no se haya tomado en cuenta o que se haya escondido”.
Sin embargo, la empresa con orígenes en 1953 ya está en la mira de algunos diputados federales, quienes ya exigieron desde el jueves el retiro de la concesión a Mexichem.
La compañía es una sociedad controladora pura, la cual se integra de manera preponderante en dos cadenas productivas: Cadena Cloro-Vinilo y Cadena Flúor.
De acuerdo con información de la BMV, ambas cadenas son líderes en sus sectores, con alto potencial de crecimiento, una sólida estructura financiera, diversificación de su cartera de clientes en mercados nacional e internacional e importante generación de utilidades y flujos de efectivo.
Aún más, en la información de la empresa ésta presume que “todas sus plantas productivas operan bajo estándares de eficiencia y productividad de clase mundial y certificación de calidad ISO-9000”, con exportaciones a más de cincuenta países.
Mexichem ostenta ventas anuales por más de 5 mil 600 millones de pesos, y en la planta Pajaritos produjo un total de 177 mil toneladas de cloruro de vinilo, materia prima utilizada para producir PVC.
Hasta la noche del viernes, al menos nueve Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) mantienen el paro indefinido de labores que detonó los manejos confusos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) respecto a los “repentinos” y “arbitrarios” cambios en la adscripción del Instituto dentro de la dependencia.
A lo largo del día, los estudiantes de las también llamadas vocacionales 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 15, así como del Centro de Estudios Tecnológicos (Cet) 1, indignados por actos de violencia e intimidación en su contra por parte de grupos que identifican como “porriles” a partir de sus protestas contra la Dirección General del Instituto y la dependencia a cargo de Aurelio Nuño Mayer, discutieron en asambleas el rumbo de su protesta, sin difundir aún los resolutivos.
La tarde del jueves 21, cientos de estudiantes llevaron el reclamo por la inseguridad dentro de sus planteles a la Dirección General del Instituto, sin conseguir que los recibiera su titular, Enrique Fernández Fassnacht, a quien emplazaron a entablar un diálogo con la comunidad politécnica el lunes 25, luego de que no se presentara en sus oficinas, expandiendo las críticas en su contra.
“A pesar de que para muchos el conflicto había entrado en una especie de tregua en la cual era momento de reflexionar y plantear hacia dónde dirigir las fuerzas que el movimiento alcanzaría, no se contó con la torpeza de las autoridades, las cuales propiciaron un ambiente hostil y de confrontación en diversas asambleas de las escuelas del IPN, principalmente en los CECyT”, difundió un colectivo estudiantil.
El viernes 22, por su parte, las autoridades del Politécnico emitieron un comunicado en el que se dijeron “abiertas” a disipar las dudas de los inconformes.
Tanto la SEP como el IPN han repetido constantemente que el conflicto se desató por una “confusión” en la adscripción del Instituto, que pasó del área de la oficina del secretario Nuño a la Subsecretaría de Educación Superior, decisión que con los días y las protestas de la comunidad fue revertida. Sin embargo, se han negado a explicar qué fue lo que los motivó a hacer los cambios en primera instancia.
Una simple diligencia por un caso de tierras entre un poderoso empresario agrícola y ejidatarios en Punta Colonet, se convirtió en trifulca a causa de los policías.
Ensenada, BC. En una diligencia, alrededor de 50 agentes de la Policía Ministerial de Baja California, encañonaron a mujeres, hombres y niños.
Una persona insistió en cumplir una orden a favor de la empresa Agrícola Colonet, S.A. de C.V. para quitar el cerco que rodean las 192 hectáreas que pertenecen a Olga Alicia Dávalos Cabrillas, en donde tiene tres pozos con agua.
Plex informó sobre el incidente que ocurrió en Punta Colonet el pasado lunes, y presentó un video en el que se ve a los 50 uniformados “armados con escopetas, algunos con pasamontañas, chalecos antibalas y escudos anti motines.”
Con las armas arriba, y ante la negativa de romper el cerco, los policías comenzaron apuntar y golpear los rancheros que defendía la tierra que dicen es de ellos.
Agrícola Colonet desde hace 15 años tuvo un trato con el esposo de Olga, Anastacio Chávez. Ella y su esposo dejaron de rentar los terrenos y entonces comenzaron los problemas.
“Hay un contrato, el contrato termina (en el mes de septiembre 2015 según señalan) […] pero para eso las tierras ya tenían 4 meses sin explotarse y sin sembrarse sin nada. No había una persona adentro de los terrenos, eran 82 hectáreas si no me equivoco, 82, 70 hectáreas, porque los contratos que se elaboraron fueron medio confusos, entonces, fueron hechos al aventón, entonces entre 70 y 82 hectáreas se rentaban”, dijo a Plex la señora.
La compañía la representa legalmente Arnulfo Silva, una persona de San Quintín “que es una persona muy acaudalada y con muchas influencias allá”.
Los agentes, se escucha en el video, explican que nada más quieren romper el cerco para ingresar al resto del predio. “¿A cuál si aquí no tienen ninguna propiedad?”, aseguraron los inconformes; “esto es una restitución provisional”, dijo el representante de la ley y a golpes tumbaron el cerco. Arrestaron a una mujer.
Ante los golpes, una persona tomó un machete, pero entonces la agresión terminó y los policías argumentaron a su favor que solo protegían a sus compañeros.
Ejecutan al alcalde de Jilotzingo; lo vinculan con el crimen organizado
JILOTZINGO, Edomex.- El alcalde panista de este municipio, Juan Antonio Mayén Saucedo, fue asesinado esta mañana por hombres armados cuando circulaba a bordo de una patrulla del municipio sobre la carretera Naucalpan-Ixtlahuaca.
En un breve mensaje que no superó los cuatro minutos de duración y sin sesión de preguntas y respuestas, José Manzur, secretario general de Gobierno, dejó en claro que en las investigaciones no se descartará ninguna línea de investigación, incluso la posible relación del edil con la delincuencia organizada.
“El combate al crimen en cualquiera de sus expresiones es una prioridad para el gobierno de Eruviel Ávila, iremos tras los responsables y seremos transparentes en la información derivada de las investigaciones correspondientes”, aseguró.
El procurador Alejandro Gómez indicó que los autores materiales del crimen presuntamente viajaban a bordo de una camioneta de características no precisadas, y dispararon con armas largas al convoy del munícipe.
Por su parte, el fiscal de Asuntos Especiales de la Procuraduría mexiquense, Martín Marín, aseguró que en el lugar fueron localizados más de 100 elementos balísticos, si bien aún se realizan diligencias periciales.
“No podemos descartar ninguna línea de investigación, incluso el probable vínculo con actividades ilícitas dadas las características del hecho y la existencia de antecedentes en carpetas de investigación que permiten relacionar al presidente municipal con un grupo delictivo que operaba en la zona, dirigido por un individuo que presuntamente fue asesinado hace un par de meses en la región”, indicó.
La emboscada ocurrió a la altura del kilómetro 61, en el paraje Los Laureles de la comunidad de Santa María Mazatla, cuando el edil se trasladaba hacia la alcaldía a bordo del vehículo Chevrolet Aveo placas MXJ 5433, con número económico 0018.
En los hechos, ocurridos alrededor de las 09:40 horas de este viernes también perdieron la vida Omar Calzada, subdirector de Seguridad Pública; y el escolta Carlos Magallán López.
Además resultaron lesionados los policías Gregorio Mayén Rojas y Gabriel N., quienes conforme a lo expuesto por el procurador Alejandro Gómez fueron trasladados con la “debida custodia a diversos hospitales mexiquenses”; uno de ellos se reporta estable.
Manzur Quiroga afirmó que la instrucción es atender de manera inmediata los hechos, por lo que Eduardo Valiente, comisionado de Seguridad Ciudadana, se trasladó a la zona.
“He estado en contacto con las dirigencias estatal y nacional del PAN, y puesto a su disposición toda la información disponible en el momento que la requieran. A los deudos, nuestras más sinceras condolencias, y asegurarles que no quedará impune este crimen”, ofreció.
Desde hace varios años, en el municipio de Jilotzingo y su vecino Isidro Fabela se han asentado algunas células del crimen organizado; en enero de 2015, fue asesinado el director de Seguridad Pública de la segunda demarcación, Arturo Contreras Santos.
La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas localizó 15 puntos en los que podría haber restos humanos en Veracruz, al tiempo que documentó 40 casos de desaparición, la mayoría forzada, informaron integrantes de ese grupo en rueda de prensa.
Conformada por colectivos de familiares de desaparecidos de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Morelos, aglutinadas en la Red de Enlaces Nacionales, la Brigada exploró durante 15 días, sin el apoyo ni la protección gubernamental, zonas utilizadas para desintegrar cuerpos.
Juan Carlos Trujillo Herrera, coordinador de la Red, aseguró después de esta primera experiencia que la Brigada recibió solicitudes de colectivos de familiares en otros estados para realizar búsquedas similares, y puntualizó que las exploraciones realizadas en Veracruz son “producto de las negligencias y omisiones del gobierno”.
Localizados los puntos, Trujillo emplazó al gobierno federal a intervenir en la identificación de los restos, ante la desconfianza ciudadana por la actuación del gobierno del priista Javier Duarte.
Tras negar que hayan sufrido amenazas directas por su trabajo de búsqueda, Trujillo destacó que recibieron unos 100 testimonios de casos de desaparición pero sólo 40 denunciantes se atrevieron a formalizar sus quejas y someterse a pruebas de ADN.
“Detectamos mucho temor de los familiares de víctimas en Veracruz y también es relevante que la mayor cantidad de casos son desaparecidos por el gobierno, donde la Policía Estatal es la corporación señalada,, las familias están en el desamparo y la desconfianza, como en muchas partes del país, donde ya nos solicitaron nuestra participación y, en no más de un mes, anunciaremos una nueva misión de búsqueda”, anticipó el coordinador de la Red de Enlaces Nacionales.
Mario Vergara, dirigente de Los Otros Desaparecidos de Iguala, consideró que la actuación de la Brigada Nacional de Búsqueda “evidenció que al gobierno mexicano no le interesan las víctimas, pues cuando hicimos el primer hallazgo no aceptaron que eran restos humanos, ofendieron a las víctimas y al país al decir que eran madera y restos de telas”.
El hallazgo al que se refirió Vergara ocurrió el viernes 15 en una localidad del municipio de Córdoba, donde la Brigada ciudadana encontró un sitio donde “cocinaban” a personas ejecutadas para desaparecerlas.
El dirigente de Los Otros Desaparecidos de Iguala insistió en que los familiares de víctimas demostraron la falta de voluntad política para atender el problema de desaparición de personas.
“Sin tecnología, sin capacitaciones, sin estudio y sin dinero estamos demostrando al gobierno que le hace falta voluntad, ellos dicen que buscan y no encuentran, nosotros en 15 días encontramos varias zonas con restos humanos”, apuntó.
Vergara se quejó de que pese a haber solicitado con anticipación la protección de la Policía Federal, durante varios días la Brigada salió sin seguridad, y que cuando ocurrió el primer hallazgo se sumaron dos agentes de la PF para cuidar a “más de 50 personas que conformaban la Brigada”.
El gobierno, denunció, “ni busca ni ayuda a buscar a los desaparecidos, ni la Procuraduría General de la República se ha acercado a pesar de que les hablamos porque no queremos que el gobierno de Veracruz se haga cargo de los hallazgos”.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Decenas de miles de maestros de la CNTE realizaron este viernes una de sus marchas más multitudinarias de las que han realizado en sus 37 años de existencia, esto para protestar en contra de la reforma educativa.
Acompañado por miembros de organizaciones sociales, activistas y ciudadanos, padres de familia y alumnos, los líderes del movimiento magisterial estimaron unas 100 mil personas que participaron en su largo recorrido de varios kilómetros desde la salida poniente de la capital del estado rumbo a la plaza central. La columna humana se extendía a lo largo de cinco kilómetros.
Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 7; Alberto Mirón, Pedro Gómez Bámaca y Manuel Mendoza, entre otros líderes de esa misma sección sindical, así como los liderados por José Armando Falconi Borrás, de la sección 40, encabezaron la movilización que, advirtieron, sería pacífica en todo su trayecto.
Además, dieron la orden de que nadie realizara actos vandálicos y quien fuera sorprendido sería amarrado. También que nadie se encapuchara o cubriera el rostro. Y si se detectaba a algún infiltrado, la orden era detenerlo y llevarlo a la plaza central.
En ambos lados de la columna humana, los maestros extendieron un lazo o cordón para tener un mayor control de quienes iban en la manifestación y nadie se infiltrara si no era conocido dentro de las filas magisteriales.
A lo largo del recorrido ciudadanos, padres de familia y alumnos extendieron pancartas en las que manifestaron su apoyo al movimiento magisterial: “Maestro, tú me enseñaste a leer, ahora me enseñas a luchar”, se destacaba en algunas cartulinas.
Los manifestantes llegaron a la plaza central, donde realizaron un mitin, ahí se quemaron uniformes escolares verdes otorgados por el gobierno de Manuel Velasco Coello y entre los presentes fue detectado un supuesto infiltrado que al parecer se identificó como un policía vestido de civil.
Tanto Adelfo Alejandro Gómez como Manuel Mendoza, líderes del movimiento magisterial, exigieron al gobierno estatal y federal una mesa de diálogo y negociación, pues hasta ahora son las autoridades las que se han cerrado a abrir las puertas a esa vía.
Los maestros dijeron que seguirán en la protesta, que si bien había realizado este día una marcha multitudinaria, llevarían a cabo marchas el domingo 1 de mayo y la del 15 del mismo mes, cuando efectuarán un paro nacional de labores.
En esta ocasión, los cuerpos policiacos estatales o federales estuvieron ausentes a lo largo del recorrido de la movilización. La mayoría de ellos estaban concentrados en el estadio “Víctor Manuel Reyna”. Arriba de sus camiones, los uniformados se quejaban del calor y de hambre, así como de la falta de baños suficientes para todos.
La única amenaza que pesa sobre los maestros es el descuento salarial que anunció la secretaria de Educación estatal, Sonia Rincón Chanona, una amiga y vieja discípula de Elba Esther Gordillo Morales.
En la marcha no se vio a algunos de los 18 docentes detenidos el viernes 15, pero se confirmó que ayer jueves por la mañana llegó procedente de la Ciudad México la maestra de preescolar Yuri del Carmen Pérez, de 30 años, miembro de la sección 40 del SNTE y detenida por la Policía Federal ese fin de semana.
La maestra salió en libertad bajo caución al pagar 28 mil pesos de fianza. Su familia, amigos y compañeras, pero sobre todo su pequeña hija las recibieron alegres por estar de regreso a casa.
Y hoy llegaron a la entidad el resto de los 17 detenidos que habían sido llevados al penal federal de Tepic, Nayarit.
Manuel Mendoza, líder del sector magisterial en la región Altos de Chiapas, calificó esta marcha como “histórica”, como una de las más importantes desde la fundación de la CNTE en 1979.
Pedro Gómez Bámaca, otro de los líderes de la CNTE, dijo que sumando a los manifestantes de las organizaciones sociales serían unas 100 mil personas las que se movilizaron este viernes, aunque para el gobierno estatal la cifra no superó los 12 mil maestros. Lo cierto es que la columna humana sí se extendía a lo largo de unos cinco kilómetros.
Tan sólo la sección 7 está conformada por unos 45 mil maestros, en tanto que la sección 40 aglutina a cerca de 22 mil 800 docentes.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH) dijo esta tarde que constató que los manifestantes realizaron este viernes sus protestas de forma ordenada y pacífica por las principales calles de la capital chiapaneca.
El organismo defensor de los derechos humanos en la entidad también atestiguó que las fuerzas de seguridad se mantuvieron al margen pero atentas ante posibles brotes de violencia.
El ombudsman estatal Juan Óscar Trinidad Palacios instruyó a los visitadores generales especializados de la mujer, migrantes e indígenas, así como al coordinador de visitadores regionales adjuntos para que personal del organismo acompañara durante su travesía y estancia a los marchistas, quienes dieron fe de que todo transcurrió sin violencia ni altercados con la sociedad civil.
El gobierno del estado mantiene sus puertas abiertas, privilegiando el diálogo como la única vía para encontrar soluciones a las necesidades de los chiapanecos.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó esta tarde sobre el desarrollo de la movilización magisterial que se realiza en la capital del estado de Chiapas, dando a conocer que los contingentes participantes se condujeron de manera pacífica y con orden, situación que fue reconocida por el gobierno del estado.
El funcionario señaló que el gobierno del estado reconoce a los docentes que trabajaron en las aulas y con sus alumnos, privilegiando el derecho a la educación, y por otra parte, que los manifestantes atendieron el llamado de la sociedad tuxtleca, de conducirse con respeto al marco legal.
Gómez Aranda explicó que previo a la movilización el gobierno del estado preparó un dispositivo en el que participaron elementos de la Policía Federal y estatal para garantizar en todo momento el derecho a la libre manifestación y al mismo tiempo, salvaguardar el orden público y la seguridad de las familias.
Además, indicó que el gobierno del estado mantiene sus puertas abiertas, privilegiando el diálogo como la única vía para encontrar soluciones a las necesidades de los chiapanecos.
Finalmente, Gómez Aranda destacó que el gobierno del estado coincide plenamente en que el derecho a la educación es un valor que unifica a la sociedad, por lo que reiteró el compromiso de seguir impulsando una sólida alianza con el magisterio chiapaneco para lograr que nuestras niñas, niños y jóvenes cuenten con la educación de calidad que merecen.
El directivo de Mundo Imperial, (parte de Grupo Autofin), Seyed Rezvani señaló que invertirá 100 millones de pesos (mdp) en un nuevo parque de diversiones en Acapulco, entre finales de 2016 y principios de 2017.
De hecho la firma desarrolladora, cuenta con más de un millón de metros cuadrados en terrenos en este lugar, agregó el directivo.
“Somos el mayor inversionista de los últimos 15 años en el destino de Acapulco. Lo que nos genera un gran compromiso”, resalta Rezvani con ocasión de la inversión mayor a 390 mdd para la construcción de su resort Mundo Imperial, que abrió sus puertas en septiembre de 2014.
“Como grupo puedo decirte que creemos en Acapulco y la mejor muestra es la enorme inversión que hemos puesto en este destino, consolidándonos hoy como la inversión más grande del siglo en el Puerto”, expone Rezvani, pese a que Acapulco está considerada la cuarta ciudad más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de 104 por cada 300,000 habitantes, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
No obstante, Rezvani, considera que una fortaleza para Acapulco es la cercanía con la Ciudad de México. “La conectividad del puerto se favorece debido a la ubicación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a la Autopista del Sol, que nos pone a 3.5 horas del 50% de la población”, añade.
Lorena Daniela Aguirre, una adolescente de 18 años, fue detenida por policías municipales de Irapuato tras impactarse contra otros vehículos, mientras conducía en estado de ebriedad.
Los hechos se registraron en la zona de Tepetapa, Guanajuato, este jueves cuando Lorena conducía una camioneta Nissan blanca modelo Rogue junto a dos muchachos, uno de los cuales fue identificado como el hijo de un político local, tras esquivar a un adulto mayor que cargaba a un bebé y estaba cruzando la calle.
La chica se ganó el mote de "Lady 100 pesos" o 'Lady Tepetapa' tras intentar sobornar de manera fallida a los agentes de tránsito que le marcaron el alto con ¡100 pesos!, luego de pretender darse a la fuga en dos ocasiones.
Aguirre aseguraba "encontrarse bien", sin embargo, agentes femeninos de la policía municipal trasladaron a la responsable al Ministerio Público.
El joven que la acompañaba y no se dio a la fuga fue identificado como Aarón Avarandilla.
Aguirre aseguraba "encontrarse bien", sin embargo, agentes femeninos de la policía municipal trasladaron a la responsable al Ministerio Público.
El joven que la acompañaba y no se dio a la fuga fue identificado como Aarón Avarandilla.
La empresa tecnológica Amazon, fundada por Jeff Bezos, se deslindó de la filtración de la Lista Nominal Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) que contiene datos de más de 81 millones de ciudadanos mexicanos correspondiente a 2015.
“Lo que si te aseguro es que Amazon Web Services no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en este lamentable hecho”, dijo un directivo de la empresa consultado por El Financiero.
Sin abundar en detalles, el colaborador de la compañía con sede en Seattle indicó que el Departamento de Comunicación elabora el posicionamiento oficial ante lo dado a conocer hoy.
La información se puso a disposición de los usuarios a través del servicio en la nube de Amazon, con sede en Estados Unidos.
Chris Vickery descubrió la lista
“En mis manos está algo peligroso”, pensó Chris Vickery el estadounidense e investigador de seguridad de la empresa MacKeeper que halló la Lista Nominal de Electores en la nube de Amazon, el pasado 14 de abril.
Se sorprendió al descubrir que los datos de mexicanos estaban en un archivo público, sin ningún tipo de contraseña para acceder, por lo que al día siguiente se puso en contacto por teléfono con la embajada mexicana en Washington donde le pidieron que enviara una prueba de la base de datos al correo.
En entrevista con El Universal, comentó:
“Les mandé los detalles con dos pantallazos de la base de datos al correo electrónico que me dieron ese mismo día. La embajada nunca me respondió”, afirmó Vickery.
El 19, de abril, abundó, se puso en contacto con el INE que “fue de mucha ayuda y responsable. Yo considero que actuaron apropiadamente al ‘bajar’ esa base de datos”, consideró.
También reportó el hecho al Departamento de Estado de Estados Unidos y a Amazon su descubrimiento, cuya autenticidad confirmó porque le preguntó a un estudiante mexicano de la Universidad de Harvard sus datos y aparecieron en el archivo.
“Su reacción fue muy seria. Él inmediatamente entendió el potencial dañino que esta base de datos podría causar si terminaba en las manos equivocadas”, dijo Vickery desde Texas al diario mexicano.
PUEBLA, Pue.- El Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) denunció que la Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEPP) se niega a reinstalar y pagar salarios caídos a maestros que lograron ganar juicios laborales, luego de que fueron cesados desde 2012 por negarse a aplicar la prueba Enlace.
Luego de realizar una protesta afuera de la SEEP, el maestro Gilberto Maldonado, líder del CDMP, mencionó que tras años en lucha, hace un mes se dictó laudo a favor del director en un plantel de la escuela en la Mixteca, Joaquín Aguilar Aguilar, y hace año y medio también obtuvo un fallo a su favor la maestra indígena de prescolar Miriam Bautista, de Huauchinango.
Sin embargo, hasta la fecha, con el argumento de que no hay presupuesto, la dependencia se niega a reinstalar a ambos docentes y dar una solución a sus casos.
De hecho, refirió que estos dos juicios da en automático un fallo similar para otros maestros que están dentro del mismo litigio, entre ellos Rigoberto Ortiz Martínez, Ramiro Arciga Martínez, María Armenia Alejandra Izquierdo, Moisés Tigre Aquino, Teódulo Rangel Guzmán, Rodolfo Vázquez Hernández, Eulogio Solano Leal, Cecilio Aguilar Rodríguez, y el maestro de grupo Miguel Guerra Castillo.
En total fueron 40 los directores de escuela y un maestro de grupo los que fueron cesados en junio de 2012 por el gobierno de Rafael Moreno Valle, luego de que se negaron a aplicar la prueba Enlace en sus planteles como una forma de protestar por considerarla “discriminatoria y parte de un programa educativo que atenta contra el artículo tercero constitucional”.
Según el abogado Darío García, el despido quedó sin sustento luego de que la propia prueba Enlace fue desechada por la misma Secretaría de Educación Pública (SEP) y por el Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación (INEE).
De los 40 que fueron cesados en ese entonces, a la fecha se mantienen en tribunales 15 casos de maestros que se sostienen en la lucha. En febrero de este año, Alma Delia Manzano Ortega, directora de Asuntos Jurídicos de la SEP, inició pláticas con representantes del movimiento para revisar los litigios laborales, pero hasta la fecha no han dado una resolución.
Maldonado dijo que aunque el gobierno de Puebla tendrá que acatar el fallo, aunque lo que busca es alargar el tiempo para dejar a la administración estatal entrante el pago de los salarios caídos que por más de cuatro años se les adeuda a los maestros, los cuales contaban en su mayoría con plaza de directivos de escuelas primarias y secundarias.
El CDMP además informó que han tramitado un amparo para 20 maestros, que fueron cesados por la SEP por no presentarse a la evaluación docente, a fin de que puedan recuperar su plaza.
De la misma forma, burócratas despedidos en la actual administración estatal denunciaron esta semana que el gobierno de Moreno Valle alarga los juicios laborales que se han interpuesto por despido injustificado para que el pago de las indemnizaciones tenga que resolverse en la administración que entrará en 2017.
“Compañeras y compañeros despedidos y pensionados del gobierno. Nuevamente nos manifestamos para exigir que agilicen nuestros juicios laborales y que la sociedad poblana se entere de la clase de dictador que tenemos como gobernante y ahora quiere imponernos a su títere, Tony Gali. Poblanos este 5 de junio, ni un voto al PAN, no a la privatización del agua”, señalaron en una manta.
Desde que inició el sexenio, se estima que el gobierno de Moreno Valle ha despedido a más de 14 mil burócratas. Alrededor de mil 500 de ellos fueron dados de baja a principios de 2015, de un día para otro, sin que se les diera pago alguno que les correspondía por ley a pesar de que la mayoría tenía décadas en el servicio público, denunciaron.
Martha Rodríguez, una de las burócratas despedida porque aspiraba a contender por la dirigencia sindical, señaló que en este tiempo siete extrabajadores del gobierno estatal han muerto porque al ser rescindidos sus contratos se les quitó el derecho a recibir servicio médico y no contaban con recursos para pagar atención particular.
“Hay compañeros que por quitarles el trabajo les quitaron el servicio médico y han fallecido, y eso también es un asesinato, no se necesita una bala para matarlos”, deploró.
Gobierno de Aguirre compró equipo de espionaje a empresa ligada a Hacking Team
CHILPANCINGO. Gro.- En 2014, el gobierno estatal compró a la empresa Neolinx de México, S.A de C.V, propiedad del empresario Gilberto Enríquez, un equipo de espionaje que utiliza la Fiscalía General del estado (FGE).
El empresario es el enlace del gobierno de México con la empresa italiana Hacking Team, enfocada en el uso y manejo de software para hackear computadoras y teléfonos inteligentes.
La compra fue realizada por Víctor Hughes Alcocer, exsubsecretario de Administración durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Para la operación, el entonces funcionario destinó de manera “irregular” 17.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (Fasp).
Ese movimiento benefició al consorcio vinculado con una red nacional de intervención de comunicaciones impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República (PGR) Tomás Zerón de Lucio.
A través del sistema de transparencia de la información, apro obtuvo de la FGE el contrato de compraventa suscrito el 4 de junio de 2014. El documento oficial indica que Hughes Alcocer –quien actualmente enfrenta en libertad un proceso penal por desvío de recursos públicos junto a otros seis miembros de su familia–, realizó la transacción con la empresa Neolinx de México, S.A de C.V, que aparece como el proveedor.
A principios de marzo, apro dio a conocer que el gobierno de Guerrero utilizó durante 2014 y 2015 los recursos federales del FASP, para realizar una compra irregular de armamento que involucraba al Ejército, en la adquisición de un sistema de espionaje telefónico y por contratos millonarios a empresas particulares, sin licitación de por medio.
Lo anterior forma parte de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre una revisión de 235 millones 902 mil 100 pesos del FASP transferidos por la federación en 2014 y que fueron ejercidos durante las administraciones de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez. Ese periodo se caracterizó por los constantes señalamientos de presuntos actos de corrupción, nepotismo y de la realización de negocios al amparo del poder.
Sobre el equipo para intervenir sistemas de telecomunicación, la ASF refirió que el gobierno estatal destinó 17.5 millones de pesos del Programa con Prioridad Nacional, denominado Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS).
El propósito fue la adquisición de un software interceptor de comunicación mediante un contrato por adjudicación directa, en el que no se fundó y motivó la excepción a la licitación pública nacional, por lo que “no se acreditó” que la asignación se realizó bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que garantizaran las mejores condiciones para el estado.
La irregularidad detectada por la ASF fue denunciada mediante el oficio DARFT-“A1”/332/2015, fechado el 27 de noviembre pasado, ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, para que investigue y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes.
No obstante, a cinco meses de la revisión del órgano fiscalizador del Congreso de la Unión, el gobierno del actual gobernador no ha sancionado a ningún exfuncionario de la administración de sus antecesores.
Incluso, el mandatario priista ha negado información solicitada por Proceso, misma que por ley debería ser pública de oficio para conocer a los empresarios y autoridades que se beneficiaron con los recursos millonarios destinados por el gobierno federal para Seguridad Pública en esta entidad colapsada por la narcoviolencia.
Astudillo protege espionaje
La opacidad del gobierno de Astudillo frente a este caso de desvío de recursos públicos en materia de Seguridad, que involucra a personajes de negro historial de la administración pasada, alcanzó al gobierno federal y advierte sobre una red de complicidades para ocultar los hechos denunciados por la ASF.
Ello debido a que el artífice de Aguirre, Víctor Hughes Alcocer, quien trianguló con Neolinx recursos federales para adquirir equipo de espionaje para la FGE, fue detenido a principios de febrero por la PGR junto su hermano Henry Paul y sus sobrinos, Víctor, Paulo, Alejandro, Mauricio y Jorge Hughes Acosta, acusados de desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.
Por el mismo caso también fue detenido el hermano incómodo de Aguirre, el próspero empresario ganadero Mateo Aguirre y su sobrino Luis Ángel Aguirre.
La PGR acusó a los nueve integrantes de la familia Aguirre y Hughes de desviar recursos públicos por un monto de más de 200 millones de pesos de entidades federales y locales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras, Tesorería de la Federación, Comisión Estatal del Agua, Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisiones de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).
Para ello, crearon empresas principalmente del ramo de la construcción para hacer negocios al amparo del poder y se adjudicaron de manera directa contratos de obra pública de enero de 2011 a octubre de 2014.
Mateo Aguirre es un próspero ganadero de la región de la Costa Chica de Guerrero que amasó una fortuna al amparo del poder. Es criador de ganado suizo y propietario de caballos finos de gustos excéntricos. Se la atribuye una red de al menos 40 empresas que se adjudicaba directamente millonarios contratos, principalmente de las secretarías de Educación y Salud, dependencias que perciben la mayor cantidad de recursos públicos en la entidad.
El clan Hughes se caracterizó por formar una red de complicidades con personajes políticos, empresarios y líderes de la iglesia católica, así como exhibir públicamente su bonanza que incluye yates, lujosas propiedades y negocios enfocados el ramo turístico, ubicados en el puerto de Acapulco.
La desarticulación de la estructura financiera del grupo Aguirre fue considerada como un golpe político del gobierno federal contra el exgobernador, quien a pesar de que había dejado el cargo tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, insistía en colocar a su hijo como candidato del PRD a la alcaldía de Acapulco, así como al senador perredista, Sofío Ramírez –su incondicional–, en la puja por la candidatura al gobierno de Guerrero.
A pesar de que ambas candidaturas fueron vetadas, Ángel Aguirre maniobró políticamente en los círculos del PRI y PRD para mantener intacto su coto de poder en la entidad y hasta el momento no ha sido molestado por el caso Ayotzinapa y su presunta responsabilidad en los supuestos actos de corrupción de su hermano.
En octubre pasado, Carlos Mateo Aguirre Rivero, fue liberado por orden de un tribunal federal que determinó que la PGR no acreditó el delito de lavado de dinero y malversación de recursos públicos.
No obstante, dejó firme la resolución de formal prisión contra Luis Ángel Aguirre Pérez –sobrino del exmandatario- – y siete integrantes del clan Hughes, encabezado por los hermanos Víctor Ignacio y Henry Paul Hughes Alcocer.
Sin embargo, en marzo pasado el clan fue liberado por orden de un juez federal que concedió la libertad bajo caución de los implicados en el desvío de más de 200 millones de pesos. Y es que, la defensa de los inculpados promovió un recurso, luego de que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el delito de lavado de dinero a nivel federal ya no es tipificado como grave.
Estrategia
En el caso de la empresa Neolix, que vendió el equipo de espionaje al gobierno estatal, destaca el hecho de que forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno federal para la adquisición de un sistema de intervención de comunicaciones en todo el país.
Proceso dio a conocer –en julio pasado–, que el proyecto para armar una red nacional de espionaje fue comunicado a la empresa italiana Hacking Team por Gilberto Enríquez, presidente de Neolinx, quien provee de equipo y software de comunicaciones a Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
De acuerdo con el texto, el 29 de octubre de 2013, Enríquez se comunicó –vía correo electrónico– con Alex Velasco, entonces principal contacto de la empresa italiana en México. Se trata de un ciudadano estadunidense de origen mexicano que escribió:
“Como te expliqué ayer, México creó una nueva Agencia de Investigación Criminal (AIC), que es una unidad autónoma y desconcentrada bajo la PGR… (Su) director en jefe es Tomás Zerón de Lucio, exdirector de Inteligencia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México”.
De hecho, el primer cliente de Hacking Team en México fue justamente esa entidad, cuando el actual presidente de la República la gobernaba.
Como encargado de coordinar los esfuerzos a escala federal y estatal contra la delincuencia, la AIC mantiene un proyecto piloto con la PGJ del Estado de México. “Si el piloto trabaja bien, la misma configuración se va a hacer para comprar en todos los estados y hacer una grande para la AIC”, dice el empresario en uno de los miles de correos electrónicos intervenidos a la empresa gracias al ataque cibernético dado a conocer el pasado lunes 6.
Enríquez explica que la orden de compra saldrá del Estado de México, pero se pagará con presupuesto federal, según indica el reportaje realizado por los periodistas Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere.
Después de la controversia, Morales explicó este miércoles que ante una pregunta sobre “una propuesta poco seria” de cómo construir un muro “que divida a la humanidad”, la respuesta fue en el mismo sentido: “No consideré una respuesta formal, ya que simplemente es un sinsentido”.
“Les pido disculpas si alguien lo mal interpretó, no fue en ningún momento mi intención. Las personas que me conocen saben lo importante que ha sido desde el inicio de mi campaña el tema de apoyo a los migrantes, lo saben”, publicó el mandatario, que se encuentra de visita en Estados Unidos, en sus redes sociales.
En una entrevista con The New York Times, Morales bromeó ofreciendo “mano barata” para el muro que propone construir en la frontera entre Estados Unidos y México Trump, líder de la carrera para lograr la nominación presidencial del Partido Republicano.
“Al señor que quiere construir el muro, le ofrezco mano de obra barata”, dijo Morales, unas declaraciones que han suscitado una enorme polémica en el país centroamericano.
Después de la controversia, Morales explicó este miércoles que ante una pregunta sobre “una propuesta poco seria” de cómo construir un muro “que divida a la humanidad”, la respuesta fue en el mismo sentido: “No consideré una respuesta formal, ya que simplemente es un sinsentido”.
“Reitero mi preocupación y disculpas por el mal entendido y tengan la certeza de que trabajamos seriamente por formalizar y mejorar la condición y bienestar de todos los guatemaltecos”, zanjó el mandatario.
Piden abrir puertas de Asamblea Constituyente a independientes
Académicos, expertos y legisladores se pronunciaron por abrir las puertas de la Asamblea Constituyente a los candidatos independientes, y acabar con las cuotas de poder en la designación de sus integrantes, por parte de algunos partidos.
Coincidieron en que es lamentable que solo ocho ciudadanos pudieron acreditar requisitos y la cuota de 73 mil 792 firmas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para ser candidatos a formar parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Macarita Elizondo Gasperín, ex consejera del IFE y doctora en derecho de la UNAM, destacó que al momento, se perfila que 92 por ciento de los cien constituyentes provendrán de alguna fuerza partidista o serán ex políticos.
Del total de cien integrantes de la Asamblea Constituyente, 40 son designados directos, seis los decide el gobierno federal, igual número el gobierno capitalino, y 14 los ponen los partidos en el senado y otro número igual en la Cámara de Diputados, explicó.
Por su parte, José María Serna de la Garza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, destacó como “lamentable que no haya más ciudadanos dentro del Constituyente, pero el proceso es irrevocable”, destacó en entrevista.
Consideró necesario revisar la trayectoria de los candidatos que presentaron los partidos políticos, pues algunos podrían no ser los adecuados para tal fin.
En ese sentido, Francisco González, académico de Ciencias Políticas, destacó el caso del PRD en la Cámara de Diputados que propuso a Cecilia Soto, quien tiene amplia experiencia y trayectoria, pero también promovió al ex jefe delegacional en Iztapalapa, Jesús Valencia, quien se vió involucrado en asuntos legales durante su gestión, tras haber chocado una camioneta a finales de 2014 y de lo cual hubo diversas versiones contradictorias.
A su vez, la secretaria de la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados, Xochitl Hernández, destacó que la designación directa de los partidos, fue un “acto de dedazo”, aunque argumenten una elección interna, pues muchos de ellos sean de cuestionable ética política.
La legisladora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo a pregunta expresa que estas designaciones dejan mucho que desear de la ética y la forma de designar a los Constituyentes. “Hay un reciclado de personajes que no tuvieron algún puesto o posición, y ahora serán constituyentes”.
Cuestionó que “con qué cara llegan con la ciudadanía a decir: ahora si vamos a ser los buenos y vamos a pelear por los derechos de los ciudadanos, cuando lo que hemos visto no es una coherencia entre lo que se expresa y lo que se hace”.
Tensión entre locatarios y granaderos en Iztacalco
Un ambiente de tensión se vivió ayer por la noche en el mercado de Río Frío, ubicado en la calle de Oriente 110, en la delegación Iztacalco, luego de que, resguardado por un grupo de granaderos, personal de la demarcación quiso sorprender a los comerciantes e intentó entrar al inmueble para demoler los locales que fueron desalojados el pasado martes.
Apoyados por los vecinos, los locatorios impidieron el ingreso de los uniformados, lo que generó un conato de enfrentamiento, que no pasó de empujones entre ambas partes.
La tensión en el lugar comenzó por la mañana cuando elementos policíacos llegaron e hicieron rondines alrededor del mercado de chácharas, seguidos del arribo de camiones de volteo, trascabos y empleados del área de limpia con mazos y picos.
Los comerciantes se organizaron y encararon al personal enviado por la delegación, para exigirles la orden para llevar a cabo la demolición, la cual no presentaron. Después de 15 minutos se retiraron. Sin embargo, al anochecer regresaron, lo que provocó la movilización de los comerciantes y vecinos, quienes se pertrecharon con costales sobre las calles Oriente 112 y Sur 183, en la colonia Gabriel Ramos Millán.
Marchan en Chiapas contra reforma educativa
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Miles de maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acompañados de integrantes de organizaciones sociales, estudiantes, padres de familia y pequeños empresarios iniciaron esta mañana una marcha “multisectorial” para exigir “alto al terrorismo de estado y derogación de la mal llamada reforma educativa”.
Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 7 dijo en conferencia de prensa antes de que iniciara la manifestación, que también están exigiendo la apertura de la mesa de negociaciones con el gobierno federal y la liberación del profesor Gregorio de la Cruz Vázquez, detenido el 15 de este mes durante un desalojo policíaco en San Cristóbal de las Casas y que se encuentra recluido en el penal de El Amate.
Agregó que los 18 trabajadores de la educación liberados el pasado martes, que habían sido traslados a la prisión de Nayarit, regresarían hoy a Chiapas.
La marcha encabezada por los familiares de los 18 ex presos se dirige hacia el Parque Central donde concluirá con un mitin y posteriormente se realizará la asamblea estatal.
“Los trabajadores de la educación estamos claros que en tanto no se abran las puertas para el diálogo no abra acuerdo; la única exigencia es ser escuchados. Queremos decirle que estamos en el camino de continuar la lucha y Chiapas caminará en lo que decida la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), hacia el estallamiento del paro nacional”, previsto para el 15 de mayo.
Guatemala entrega a México a ex líder de Los Zetas
El gobierno de Guatemala entregó en extradición a las autoridades mexicanas a David Solórzano Ortiz, “El Marvín”, identificado como uno de los ex líderes del cártes de Los Zetas, en los estados de Tabasco y Chiapas.
El extraditado será juzgado en territorio mexicano como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en diversas modalidades, acopio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; homicidio calificado y lesiones calificadas.
El inculpado será puesto a disposición de las autoridades judiciales que lo reclaman: juzgado sexto de distrito, en el estado de Chiapas; juzgado segundo de distrito, en el estado de Tabasco; y juzgado primero del ramo penal del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, respectivamente.
El operativo de entrega se realizó el jueves pasado, y personal de la Dirección General de Procedimientos Internacionales y de la Agregaduría Legal para Centroamérica y El Caribe de la Procuraduría General de la República (PGR), con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, recibieron al reclamado para su traslado a territorio mexicano y su posterior puesta a disposición ante las autoridades que lo requieren.
Pemex confirma 28 muertos por explosión en Coatzacoalcos
Este viernes las brigadas de rescate continuaron con la inspección de las instalaciones ingresando a las zonas más dañadas de la planta de Clorados III, de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), operada por Mexichem en sociedad con Pemex.
Como resultado, lamentablemente fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas más, por lo que el total de fallecidos confirmados es de 28, informó esta noche Petróleos Mexicanos (Pemex).
Para realizar esta búsqueda se utilizaron drones y equipo especializado para efectuar un barrido visual completo de las zonas de más difícil acceso, salvaguardando con ello la seguridad de sus integrantes.
Adicionalmente, arribarán a la planta dos binomios (perro-humano) expertos en rescate urbano para reforzar las labores de las cuadrillas actuales así como maquinaria pesada para la remoción del material que impide efectuar las labores.
En los próximos días, los esfuerzos por ingresar a las zonas pendientes continuarán. Sin embargo, aún cuando se trata de un área relativamente pequeña, se prevé que la complejidad para acceder de manera segura se traducirá en un avance más lento de las tareas.
Hasta el momento han sido identificados y entregados a sus familiares los cuerpos de 25 personas fallecidas y están pendientes de identificarse tres más. Para los cuerpos pendientes se realizarán pruebas de ADN que permitan afinar las identificaciones y dar certeza a los familiares.
Por lo que respecta a los heridos, la cifra actual es de 18 personas internadas en diversos hospitales.
El director general de Pemex, José Antonio González Anaya; el presidente del Consejo de Administración de Mexichem, Juan Pablo del Valle, y su director general, Antonio Carrillo, así como el director de PMV, Enrique Ortega, permanecieron en las instalaciones de Clorados III a fin de supervisar las acciones de los equipos de rescate.
Asimismo, coadyuvaron con los grupos de atención a las familias de quienes aún están desparecidos, a quienes les reiteraron que se les continuará brindando todo el apoyo que sea necesario.
En todos los casos, se asegurará el cabal cumplimiento de los derechos de los trabajadores y sus familias para el pago de las indemnizaciones correspondientes.
Rosio Vargas Suárez, quien desde 1989 hasta la fecha es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigacion sobre América del Norte (Cisan), consideró que estos sucesos abonan a la incertidumbre sobre la inversión esperada para 2017 después de que las calificadoras internacionales de valores están bajando la calificación de inversión de México y sobre todo en el caso de Pemex.
“Se está haciendo todo lo posible para empezar a crear el contexto para atraer empresas bajo la modalidad de coinversiones o asociaciones estratégicas. Pemex todavía le sirve al gobierno porque le permite dar la cara para todo, para el desastre porque están culpando a Pemex, para contratar más deuda externa, para los problemas ambientales y no se denuncia un problema de corrupción”.
El mensaje que están enviando, dijo, es que la culpa es de Pemex pese a que la infraestructura ya no es de Pemex y esto da una justificación a la sociedad de que Pemex es ineficiente y así se le abre la puerta a las transnacionales, advirtió.
Las acciones de Mexichem negociadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron en la última semana una caída de 3.36 por ciento, equivalente a una minusvalía de 1.46 pesos por título al descender de un precio de 43.44 pesos registrado el viernes 15 a 41.98 pesos al cierre de esta semana, con lo que el valor de Mexichem cayó en 4 mil 116 millones de pesos, al descender de 91 mil 224millones a 87 mil 108 millones de pesos.
No se tolerará la tortura en la PF: Renato Sales
La tortura es un acto que no se tolerará en la Policía Federal, afirmó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, tras inaugurar los trabajos de la XIII Conferencia Regional del Sistema Penitenciario Zona Sureste, en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Asimismo, anunció que el próximo lunes se pondrá en marcha la instalación del Grupo especial de Seguimiento para “reforzar la perspectiva de derechos humanos en las políticas, programas y acciones que lleva a cabo el personal de la institución y entre otras acciones sus integrantes podrán identificar prácticas de riesgo en la protección de derechos humanos y dar celeridad a la investigación y resolución de quejas y denuncias”.
El funcionario expuso que la CNS construirá mecanismos de evaluación y seguimiento “para que este tipo hechos no se repitan”, luego de que en días pasados tres elementos de la Policía Federal (dos hombre y una mujer), así como dos militares (un capitán y una soldado), fueron puestos a disposición de un juez federal para ser enjuiciados por actos de tortura cometidos en contra de una mujer que presuntamente formaba parte del cártel Jalisco Nueva Generación y que operaba en la comunidad de Ajuchitlán del progreso, en el estado de Guerrero.
Evalúa México regular amapola para uso medicinal
El gobierno de México ha evaluado regular la producción de amapola para elaborar opiáceos farmacéuticos como la morfina, en un esfuerzo por debilitar a las bandas de tráfico de heroína, de acuerdo con dos fuentes con conocimiento de esos planes.
En medio de una revisión de la política sobre drogas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, preguntó a expertos a finales de 2015 si México podría obtener autorización de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB, por su sigla en inglés), órgano de Naciones Unidas, para cultivar y exportar amapola de opio para analgésicos.
"Es una pregunta legítima", dijo una de las fuentes con conocimiento directo de las conversaciones, que no estaba autorizada a hablar públicamente.
"Los estados se tienen que preguntar a sí mismos, y tienen que poner en discusión sus políticas", agregó.
No está claro cuán seriamente el gobierno considera regular la producción de amapola y aún no se ha acercado a la INCB directamente, pero la discusión ilustra su preocupación sobre la violencia relacionada con la heroína.
La Secretaría de Gobernación no respondió a una solicitud de comentarios.
El jueves, el presidente Enrique Peña Nieto propuso históricos cambios a la política antidrogas del país para permitir el uso medicinal y científico de la marihuana, así como un mayor consumo personal, y liberar presos.
Con este giro, México se une a un creciente grupo de naciones latinoamericanas que cuestionan abiertamente las políticas prohibicionistas en el corazón de la guerra contra las drogas.
"Los términos del debate en torno a las drogas están cambiando, en México y en el mundo", dijo Peña Nieto.
El mandatario no hizo mención a la regulación de la amapola el jueves, pero en un discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas esta semana dijo que debían crearse alternativas productivas en zonas donde se cultivan las drogas.
Una epidemia de heroína ha matado a decenas de miles de personas en Estados Unidos en los últimos años y llevó a un aumento de la demanda de heroína mexicana.
La regulación de la amapola dificultaría, en teoría, que las bandas narcotraficantes de México produjeran heroína. Pero algunos expertos dicen que la combinación única en el país de una violencia extrema de los grupos criminales y de instituciones débiles ponen en duda su resultado.
En la última década más de 100 mil personas han muerto en México en situaciones violentas relacionadas con las drogas.
El mes pasado, la revista local Proceso informó de un estudio del Gobierno que examinaba la legalización del opio para usos medicinales como una manera de reducir la violencia. El gobernador del sudoccidental estado de Guerrero, devastado por la violencia de las drogas, también se ha planteado la idea.
Stefano Berterame, jefe de la INCB, dijo que México no ha hecho contacto por una autorización del cultivo de opio para exportación, un prerrequisito para los grandes compradores farmacéuticos como Johnson & Johnson.
Berterame dijo que probablemente se rechazaría su solicitud porque hay un excedente mundial de opiáceos farmacéuticos, lo que resulta en precios bajos. El organismo es estricto sobre la superabundancia de opiáceos ya que fácilmente pueden ser desviados hacia el mercado ilegal.
México podría seguir adelante sin la aprobación del INCB, como hizo Portugal, para producir analgésicos para el mercado local pero tendría problemas para ofrecer a los productores de amapola precios más altos por sus cosechas que los ofrecidos por los cárteles de la droga.
Peter Reuter, un experto en drogas de la Universidad de Maryland, dijo que la regulación daría a los productores dos mercados, uno legal y otro ilegal, animándolos a cultivar más.
Existe un precedente que podría respaldar la iniciativa.
Bajo la presión de Estados Unidos, Turquía logró destruir su comercio ilegal de amapola en la década de 1970 mediante la regulación de la producción para hacer medicinas a base de opio.
"Turquía es de hecho el modelo para este tipo de política", dijo Reuter. "Fue un gran productor para el mercado ilegal y después se convirtió por completo al mercado legal", explicó el especialista.
Sin embargo, Reuter señaló que las violentas bandas y un débil sistema de justicia hacen a México más comparable con Afganistán, donde los intentos de regulación de la amapola nunca pudieron despegar, que con Turquía.
Senadores cancelan reunión sobre leyes anticorrupción
PRI y PVEM plantaron a panistas, perredistas e integrantes de organizaciones ciudadanas que analizan las leyes anticorrupción, por lo que se dificulta cada vez más la posibilidad de que la legislación se apruebe en este periodo de sesiones que concluye el próximo día 30.
El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, reveló que el propio coordinador priísta Emilio Gamboa se comprometió a que las sesiones temáticas en las que participan los impulsores de la llamada ley 3de 3 se llevaría cabo a partir de las 16:30 en el Senado, pero finalmente no se presentaron.
Tampoco estuvieron el presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, Pablo Escudero, del PVEM ni el panista Fernando Yunes quien preside la Comisión de Justicia.
Sólo participó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativo Segunda, Alejandro Encinas quien dejó claro que no van a aceptar ningún proyecto de dictamen que no salga de las mesas temáticas convenidas con PRI y PAN.
Cerca de las 14 horas el priísta Enrique Burgos acudió a la sala de prensa para dar a conocer un documento firmado por su bancada en el que insisten en que la propuesta en torno a las leyes anticorrupción se presenten por escrito y se haga a un lado el método de parlamento abierto seguido hasta el momento.
Después de esperar más de una hora, se canceló la reunión, aunque tanto Barbosa como Encinas y las senadoras del PAN, Pilar Ortega y Marcela Torres Peimbert recalcaron que esperaran a que los priístas se presenten mañana para continuar con el proyecto de dictamen, según el acuerdo establecido incluso en la Junta de Coordinación Política
No descartaron, sin embargo que el lunes el PRI presente ya su propio proyecto de dictamen sin incluir las propuestas de la llamada ley 3de3 sobre todo las referidas a la obligación de los funcionarios de alto nivel así como de diputados, senadores e integrantes del poder Judicial de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
