-Explosión de transformador ocasiona apagón en dos colonias
La llamada decía que en las calles Yepáchic y Meza del Huracán de la colonia Che Guevara un poste se estaba quemando.
Los bomberos llegaron para sofocar el fuego, pero cuando empezaron a verter agua el transformador explotó y se vino abajo con todo y poste.
Elementos de la Dirección General de Tránsito llegaron para cerrar las calles en lo que personal de la CFE y bomberos cortaban la electricidad y sofocaban el fuego en el poste.
-Sindicato minero denuncia “fraude” tras perder Sección 64
El sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia acusó que hubo “fraude” en el recuento empresarial para decidir en teoría qué organismo sindical asumirá la representación de los trabajadores de la Sección 64 de Torreón, Coahuila, realizado el lunes pasado.
“Esta fue una acción humillante y denigrante para los verdaderos trabajadores y para México, y una vergüenza inaudita que autoridades federales y estatales se amafien con Peñoles para impedir que los trabajadores se manifiesten libremente”, indicó en un comunicado.
También señaló que la empresa Grupo Peñoles, que dirige Alberto Bailleres González, bajo las siglas de MetMex Peñoles, “hizo uso de todas las ilegales tretas y maniobras, presiones, chantajes y amenazas contra los trabajadores, con el fin de inclinar los votos a favor del comité charro que maneja y obedece a la empresa y no a los agremiados. Así fue como en esta ocasión se burló la voluntad real de los auténticos trabajadores en esa sección sindical”.
Denunció la ilegalidad empresarial desde que se negó a realizar el recuento e impuso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la localidad una serie de requisitos ilegales para coartar la voluntad de los trabajadores.
“Después que logró inclinar a su favor a la Junta de Conciliación, mediante complicidades y cohecho, procedió a permitir que se realizara el recuento, pero sin dar el tiempo suficiente para que los miembros de la Sección 64 pudieran organizarse con vistas a este recuento, violando un precepto más de la legislación laboral vigente”, acusó.
MetMex Peñoles, la empresa de Bailleres en Torreón, promovió el proselitismo del grupo que esa misma compañía maneja, encabezado por Carlos Pavón, para que los trabajadores acudieran a un “recuento amañado”.
“No contento con ello, Bailleres llevó este mismo lunes 19 a un grupo de provocadores, que rodeó la zona de urnas, 15 o 20 de ellos, para también presionar el voto a su favor, lo que también es una presencia arbitrariamente ilegal”, denunció.
-Invertirá Grupo México mil mdd en sector petrolero
La gigante minera y ferroviaria Grupo México apuesta a convertirse en una petrolera que produzca unos 100 mil barriles de crudo por día en la próxima década, para lo que calcula requerirá inversiones por unos mil millones de dólares.
Ricardo Arce, director general de Perforadora México, el brazo petrolero de Grupo México, dijo el martes que para dar el próximo paso en la industria de los hidrocarburos aprovecharán su experiencia en perforación de campos en tierra y aguas someras con la estatal Pemex.
"La meta que nosotros hemos venido hablando internamente de cómo nos vemos en un periodo de cinco, 10 años, es estar produciendo entre 50 y 100 mil barriles diarios", dijo Arce en una entrevista.
Agregó que están interesados en las primeras alianzas, o "farm outs", que Pemex está buscando con empresas privadas, un instrumento del que la estatal puede echar mano para desarrollar sus proyectos derivado de la reciente reforma energética.
La gigante Pemex, agobiada por los bajos precios del crudo y sujeto de ingentes recortes en su presupuesto este año, está buscando socios para campos en tierra y aguas someras.
En una primera etapa Pemex, una de las mayores petroleras del mundo, busca alianzas en los campos de crudo pesado y extra pesado en aguas someras Ayatsil-Tekel-Utsil, así como para los campos de crudo pesado y ligero en tierra Ogarrio, Rodador, Samaria, Cárdenas y Mora.
También para exploración y extracción en aguas someras en Ek, Balam, Sinán y Bolontikú. Todas las áreas y campos tienen ya el aval técnico del regulador del sector petrolero, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y falta que la Secretaría de Energía ponga la fecha para arrancar el proceso de licitación.
"En Bolontikú y Sinán hemos perforado la gran mayoría de los pozos que hoy existen allí", sostuvo Arce.
El directivo dijo que para la tercera licitación de la llamada Ronda Uno de contratos, actualmente en marcha y cuyos ganadores serán anunciados en diciembre, han seleccionado cinco de los 25 campos en subasta para decidir si ofertarán por ellos.
"Tenemos un mix (mezcla). La verdad los más atractivos, eso no es nada nuevo, son los del sur. Entonces de los cinco, la mayoría están en el sur, pero también estamos viendo en la región norte", destacó.
Estimó que los campos de la tercera licitación, ya maduros y que requieren técnicas de recuperación secundaria y reparaciones, requerirían inversiones de entre 20 y 30 millones de dólares cada uno.
"Para una empresa como la nuestra, no es demasiado", estimó.
-Segob y Cisen se enteraron en tiempo real de violencia en Iguala… y no actuaron
El secretario de Gobernación y el director del Cisen, Miguel Ángel Osorio Chong y Eugenio Imaz, respectivamente, se enteraron entre 9 y 10 de la noche del ataque contra los normalistas, el 26 de septiembre de 2014, pero no actuaron porque sus funcionarios reportaron que la policía de Iguala tenía “todo bajo control”, admitió el titular de Segob ante integrantes de la Comisión Especial de Ayotzinapa.
Durante tres horas y en reunión privada realizada en el Palacio de Covián, Osorio Chong –junto con Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía federal (PF)– detalló ante los diputados federales cómo fue que se enteraron de la tragedia y por qué no actuaron frente a los hechos violentos.
Encabezados por la diputada del PAN y presidenta del organismo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, los integrantes de los ocho partidos políticos de la comisión legislativa escucharon la justificación de los funcionarios, quienes además rechazaron la versión del exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, quien sostuvo que pidió apoyo a la PF y al Ejército, negándose éstos a proporcionarlo.
Cerca de las 10 de la noche, reconoció Osorio Chong, recibió un reporte sobre 10 u 11 agresiones; después que ya había muertos y, más tarde, también que ya había detenidos.
Fue hasta el sábado 27 cuando habla con el entonces gobernador Ángel Aguirre y decide enviar más personal de la PF a esa zona guerrerense.
Proceso revela en su número que circula esta semana, el 2033, que el pasado miércoles Iñaki Blanco dijo a los legisladores que a las 11 de la noche de ese 26 de septiembre, al enterarse de lo que estaba pasando, habló con el delegado del Cisen en la entidad, quien le corroboró el primer ataque contra los jóvenes normalistas.
La noche de este martes, Osorio Chong sostuvo que, entre las 9 y 10 de la noche del 26 de septiembre de 2014, justo cuando estaba cenando con el director del Cisen, el delegado en Guerrero le habló por teléfono y lo enteró del ataque contra los estudiantes, pero justificó que “no se tenía claridad” del alcance de los actos violentos ni de quiénes estaban agrediendo a los jóvenes.
Además, el delegado del Cisen, según la versión de Osorio Chong, les notificó que, de acuerdo con la policía local, “todo está bajo control”.
A esas horas, argumentó Osorio Chong, “no había claridad de lo que estaba ocurriendo” y sólo se sabía de un ataque reportado en Iguala.
Osorio y Galindo descartaron también que el Ejército o la PF hubiesen negado dar apoyo al exfiscal guerrerense, según aseguró Iñaki Blanco a los diputados la semana pasada.
En el encuentro previo con la comisión, el exfiscal dijo que tanto el Ejército como el encargado de la Policía Federal –“de apellido Cabral”– les negaron su apoyo para, primero, trasladar al 27 Batallón de Infantería a los más de 134 policías de Iguala detenidos y, segundo, ayudarlos a vigilar a los uniformados.
Una vez que el Ejército rechazó respaldarlos, Iñaki Blanco solicitó a la PF trasladar a su cuartel a los policías locales, apoyo que también le fue negado por la corporación federal.
A estos señalamientos Osorio y Galindo respondieron que “no es cierto, no llamaron”. Además, Enrique Galindo, titular de la PF, dijo que ellos sí actuaron, tanto así que acudieron a auxiliar al grupo de futbol de Los Avispones.
El responsable de la Policía Federal también justificó su inacción al argumentar que contaban con “elementos insuficientes” para atender los hechos de violencia que estaban ocurriendo esa trágica noche en Iguala.
Osorio Chong insistió en que el sábado habló con Iñaki Blanco para decirle que le montara guardia al expresidente municipal José Luis Abarca y al exdirector de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, y evitar así la huida de ambos.
La respuesta del entonces fiscal, según el titular de Gobernación, fue “que no se preocupara, que ello no ocurriría”, e incluso se promovería el proceso de desafuero contra el alcalde.
Además, también le aseguró que “todo está bajo control”.
-Hallan muerta en un río a bebé raptada en Guanajuato
GUANAJUATO, Gto.- Una bebé de ocho meses de nacida que había sido raptada el lunes pasado fue encontrada esta noche sin vida en el río Guanajuato, a un costado de un canal de riego cercano al Centro de Rehabilitación Teletón, a donde presuntamente fue lanzada desde una altura de 25 metros en una bolsa de plástico.
La pequeña Adriana Alexa Ramírez Soto, de ocho meses, aparecía en un reporte de Alerta Ámber que se difundía en las horas recientes.
Sus padres acudieron a denunciar que en la noche del lunes, la bebé viajaba con ellos en su automóvil por la carretera Irapuato-León, cuando fueron interceptados por tres sujetos que los amagaron y los obligaron a bajar del auto.
Uno de los sujetos subió al vehículo del lado del conductor y arrancó, con la niña en el asiento del copiloto. Los otros dos huyeron en una motocicleta.
De acuerdo con la denuncia, uno de los tres hombres vestía playera de color amarillo.
El vehículo fue encontrado abandonado sobre la avenida Siglo XXI, justo frente a las instalaciones del Centro de Rehabilitación Teletón.
Tras varias horas de búsqueda, esta noche la PGJE informó en un comunicado que la bebé fue localizada dentro de una bolsa, en el lecho del río Guanajuato.
-Gabinete de “El Bronco” continúa entre impugnaciones y rechazo ciudadano
MONTERREY, N.L.- Jaime Rodríguez Calderón todavía no cumple ni la mitad de un mes al frente de la administración estatal y su gabinete no encuentra aún aceptación ciudadana.
Por diversos frentes, funcionarios de primer nivel son objeto de impugnación, debido a líos con la ley, compadrazgo y por motivos de derechos humanos.
Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la entidad.
Ahí hizo mención, sin decir su nombre, del general Cuauhtémoc Pérez Antúnez, secretario de Seguridad Pública estatal, a quien en días pasados señaló por delitos que cometió la tropa cuando era comandante de la Séptima Zona Militar y que aún siguen sin castigo.
En el marco de la audiencia, la activista señaló que las ejecuciones extrajudiciales, que prevalecen en todo el país, se ajustan en la entidad con el patrón del desenlace anunciado de impunidad, que beneficia a las fuerzas armadas.
La hermana Consuelo se refirió al caso de Gustavo Acosta Luján, asesinado por elementos de la Marina de un tiro en la frente, en presencia de su familia, el 1 de septiembre de 2011 en la colonia Jardines de San Andrés, del municipio de Apodaca.
En su exposición ante la CIDH, la fundadora de Cadhac recordó que la Secretaría de Marina (Semar) emitió un comunicado en el que calificó a Acosta Luján como “delincuente”. Y a la fecha no hay ningún procesado por esta ejecución.
El otro caso al que hizo referencia es el de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados a balazos por elementos del Ejército el 19 de marzo del 2010, en el interior del campus central, en esta capital.
Describió Morales Elizondo:
“En su caso, los elementos castrenses entraron a las instalaciones de la Universidad y abrieron fuego a menos de un metro de distancia. También en esta ocasión el Ejército emitió un comunicado señalando que Jorge y Javier, dos brillantes estudiantes, eran delincuentes que habían sido abatidos. Ningún militar ha sido consignado ni mucho menos sentenciado por estos hechos”.
Luego refirió que en el contexto de la falta de acceso a la justicia se suma la preocupante militarización de la seguridad en la entidad, que se observa con el reciente nombramiento del contralmirante Augusto Cruz Morales al frente de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Más tarde, el funcionario fue removido del cargo porque incumplía requisitos académicos para asumirlo.
Agregó Morales: “También se designó a un general como secretario de Seguridad Pública, quien cuando fueron ejecutados Jorge Mercado y Javier Arredondo desempeñaba funciones de mando relevantes en la zona. En suma, Nuevo León no es ajeno al patrón que en esta audiencia describimos, mismo que sólo será revertido si esta Comisión impulsa un cambio en la manera en que el Estado investiga las ejecuciones cometidas por marinos y militares y otras fuerzas”.
La presidenta de Cadhac concluyó su participación al señalar que los familiares de Gustavo, Jorge y Javier siguen buscando justicia: “Así lo esperan, así lo necesitan”.
El “socio de El Bronco”
Guillermo Martínez Berlanga, integrante de la asociación Comité Ecológico Probienestar, presentó este martes una solicitud ante el gobierno estatal para pedir que sea destituido como secretario de Desarrollo Sustentable Roberto Russildi Montellano.
En un escrito dirigido a El Bronco, el activista recordó que el funcionario nombrado el lunes 5 reveló que es socio del gobernador, “lo cual establece sin duda alguna un conflicto de intereses que lo hacen inelegible para encabezar la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León”.
En días pasados, Russildi reconoció que en algún momento del pasado había comprado un terreno que compartió con el ahora gobernador, quien abiertamente ha reconocido que es su amigo.
En la solicitud se señala que, además, por ser ingeniero químico y de sistemas, el funcionario enfrenta incapacidad técnica y profesional “al no tener conocimientos sobre el área de desarrollo sustentable del medio ambiente”.
Al finalizar su petición, Martínez Berlanga señala que “para actuar conforme a la cultura de la legalidad y acabar con la corrupción, solicitamos se destituya como secretario de Desarrollo Sustentable a Roberto Russildi Montellano”.
Acusan por desvío a director del ICV
Otro colaborador de El Bronco impugnado es Fernando Ramón Marty Ordóñez, director del Instituto de Control Vehicular (ICV), debido a que el funcionario enfrenta una denuncia penal por el desvío de más de 3 millones de pesos que, aparentemente, descontó indebidamente a trabajadores de municipio conurbado de Santiago cuando era tesorero, en la administración 2012-2015 del PT, a la que renunció.
La actual directora de Ecología de ese municipio, Lorena Cervantes Navarro, presentó el miércoles 14 una denuncia penal por el desvío que hoy ratificó en la fiscalía estatal contra servidores públicos donde, según dijo en entrevista, fue abierta la averiguación previa 203/2015 en contra de Marty Ordóñez.
La funcionaria mencionó que con esta denuncia espera que el gobernador independiente esté avisado del pasado de Marty Ordóñez quien, según se quejó ante el MP, descontó 10% del sueldo mensual a unos 200 burócratas no sindicalizados.
“Si no sabían, pues que se den por enterados: Van a tener un director de Control Vehicular que tiene un proceso legal y que aparte autorizó y permitió esta arbitrariedad cuando era tesorero municipal. El señor Marty tiene experiencia, no es analfabeta”, denunció.
El propósito de este descuento, tomado sin el consentimiento de los trabajadores santiaguenses, fue para canalizarlo hacia una asociación civil JM-Líder, que encabeza el exsecretario de Desarrollo Social de esa localidad, Jesús Noé Martínez Flores, excandidato perdedor a la alcaldía.
Cervantes Navarro dijo que en el supuesto desvío está involucrado el actual alcalde interino Enrique Tolentino Salazar, quien anteriormente era regidor y, afirma, estaba enterado de los movimientos de Marty Ordóñez.
La directora de Ecología se dijo confiada en que la administración de El Bronco actúe para investigar el fraude perpetrado por Marty Ordóñez, de acuerdo a la anunciada política de “tolerancia cero” a la corrupción.
“Tengo mucha fe con que ahora con el nuevo gobierno del ingeniero Rodríguez Calderón, junto con el procurador Roberto Flores, nos devuelvan la confianza en la justicia. Antes no denunciábamos porque nadie nos escuchaba, era pérdida de tiempo, pero ahora creo que va a ir bien”, dijo.
-Compromete Duarte fondos federales para pagar megadeuda que dejó Fidel Herrera
XALAPA, Ver.- El gobernador priista Javier Duarte anunció un paquete de medidas económicas “radicales” para afrontar el problema de la deuda estatal, que asciende a 44 mil millones de pesos.
De acuerdo con el mandatario, ya envió una iniciativa con proyecto de decreto al Congreso local, para comprometer 25% del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y otro 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), así como la totalidad del impuesto sobre la erogación de personal (3% a la base trabajadora, empresarial y turística), con el objetivo de pagar el 90% de la deuda pública heredada del gobierno de Fidel Herrera.
“Es la medida más importante de mi administración, si el Congreso la aprueba podremos tener flujo de recursos, estabilidad financiera, un fuerte impulso (sic), y agilizar así el pago a proveedores y contratistas”, dijo.
En un mensaje ofrecido en Sala de Banderas, donde no se permitieron preguntas a los representantes de los medios de comunicación, el priista explicó que anualmente podrían pagarse tres mil millones de pesos para reducir la deuda.
“Vamos a liberar las participaciones federales, las que se encuentran comprometidas, son dos fondos federales y un estatal”, insistió.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene tasada la deuda pública de Veracruz en 44 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil 500 millones fueron heredados por el exgobernador Miguel Alemán (accionista de Interjet).
Fidel Herrera (cónsul en Barcelona) subió la deuda a 11 mil millones de pesos, pero en estos 57 meses de gobierno de Duarte los pasivos se dispararon a 44 mil millones.
El actual gobierno ha tenido seis tesoreros y una decena de subsecretarios, todos ellos sacudidos por el escrutinio público y acusados de mapaches electorales o de haber utilizado a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para ocupar cargos públicos.
En su mensaje de siete minutos, acompañado de varios de sus colaboradores, Duarte aseguró que el paquete de medidas financieras permitirá “dinamizar” el calendario de pagos para poder atender los subsidios financieros de la Universidad Veracruzana (UV) y del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
“Vamos a pagar la deuda pública con nuestros activos. Es una responsabilidad con profundo sentido social, hacer frente al entorno económico y demostrar que hoy tenemos un Veracruz que ya cambio”, concluyó.
-Alcalde de Taxco pide indagar presunto desvío de recursos en Guerrero
TAXCO, Gro.- El alcalde priista de este municipio, Omar Flores Majul, dijo que interpuso una denuncia de hechos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue presuntos desvíos de recursos del gobierno de Rogelio Ortega Martínez.
Ello debido a que el gobierno estatal destinó 5 millones de pesos del programa federal Pueblos Mágicos a la empresa particular denominada Desarrollos museográficos para la realización de un video-mapping sobre la iglesia de Santa Prisca, el cual hasta la fecha no ha sido entregado, sostuvo el edil en entrevista esta tarde con Apro.
Flores Majul explicó que, el 21 de octubre de 2014, la administración del exgobernador Ángel Aguirre Rivero suscribió un contrato con una empresa donde se comprometió a pagar los cinco millones pesos en dos partes: el primer anticipo el 31 del mismo mes y el resto en la primera semana de enero de 2015.
Rogelio Ortega rindió protesta como gobernador interino cuatro días después del convenio institucional tras la caída de Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa y avaló el proyecto cultural para la iglesia de Santa Prisca.
Al respecto, el edil priista afirmó que el video-mapping no ha sido entregado y el gobierno de Ortega reportó que ya había pagado los cinco millones a la empresa, situación que podría constituir un acto de corrupción.
El alcalde de Taxco dijo que este hecho afecta a la proyección turística de esta ciudad colonial y exhibe que las autoridades estatales habrían utilizado el programa federal de Pueblos Mágicos para realizar negocios al amparo del poder.
También lamentó que el gobierno de Ortega no haya tomado en cuenta al ayuntamiento para la conformación del patronato del proyecto cultural denominado “Museo de la Plata”, y dijo que en este caso se desconoce en donde se invirtieron los 19 millones pesos reportados por la administración estatal.
Al respecto, reveló que se pretende beneficiar a un grupo de panistas para que encabecen el patronato de este museo que, hasta la fecha, tampoco existe y tiene previstos al menos 90 millones de pesos, recursos públicos del programa Pueblos Mágicos.
-A una semana del “Ya chole”, Peña pide traducir en bienestar las reformas
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió hoy con su gabinete para revisar los avances en la instrumentación de las reformas estructurales aprobadas en los primeros 20 meses de su gestión, y para pedirles disciplina y responsabilidad en el ejercicio del gasto.
A una semana de que se desató la polémica por la emisión de dos spots publicitarios que exaltaban las reformas y descalificaban a los críticos del gobierno –uno de ellos conocido en redes sociales con la etiqueta #YaChole–, la reunión se realizó en la residencia oficial de Los Pinos y abordó precisamente los temas de la campaña de publicidad identificada como “Mover a México. 3 años”.
La reunión fue a puerta cerrada y no se permitió el acceso a los medios de comunicación, por lo que el comunicado emitido por la coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República es la única información oficial al respecto.
El texto informa que el mandatario habría llamado a sus colaboradores a que la instrumentación de las reformas se refleje en bienestar para la población, además de que supuestamente revisaron diferentes programas de gobierno y políticas públicas.
La encerrona ocurre un día después de que la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal, incluyendo severos recortes de recursos en diferentes rubros de la administración.
Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo habría recordado a sus colaboradores que ante la volatilidad e incertidumbre económica en el escenario internacional, se requiere continuar con la disciplina y responsabilidad presupuestaria, para “mantener la estabilidad macroeconómica del país”.
-Ebrard no tiene ningún proceso abierto en su contra: abogado Aguilar Zinser
El exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, no tiene ningún proceso jurídico abierto en su contra, aseguró su asesor jurídico, Gonzalo Aguilar Zinser.
Luego de que este martes se difundió que el exmandatario local obtuvo una suspensión provisional de amparo contra cualquier orden de aprehensión, el abogado informó que “no existe ni se ha iniciado ningún proceso en contra de Marcelo Ebrard”.
Ello se constata, agregó en un comunicado, “en las respuestas que enviaron los diversos jueces al juez de amparo”.
Antes de estas declaraciones, se dio a conocer que Ebrard Casaubón obtuvo una suspensión provisional de amparo en el juicio 963/2015 por parte del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo Penal. La solicitud se hizo frente a una supuesta orden de aprehensión girada por el Juzgado Primero Penal en la capital del país.
Con ese recurso, el exfuncionario pudo saber si existían órdenes de captura por parte de autoridades locales o federales en su contra, como se confirmó este martes.
La solicitud fue hecha el pasado 14 de octubre contra actos privativos de libertad, orden de detención, localización, comparecencia y/o presentación y su ejecución.
De acuerdo con lo fijado por el juez de Distrito, el próximo 25 de noviembre a las 09:00 horas sería la audiencia constitucional. El impartidor de justicia le fijó una fianza de 53 mil 400 pesos.
Aguilar Zinser explicó que la defensa utilizó el procedimiento de amparo definido en la ley para conocer si había procesos iniciados por diversas autoridades contra el exmandatario.
En un primer comunicado argumentó que el procedimiento se hizo pues aunque “diversas autoridades federales y locales” han negado que exista algún proceso abierto contra el exfuncionario, persiste una “continua manifestación de expresiones dolosas” que buscan relacionarlo “en cuestiones jurídicas y posible responsabilidad en diversos hechos”.
Por ello, agregó, “decidimos realizar un sondeo ante las diferentes autoridades judiciales que nos permita corroborar que no existe responsabilidad alguna del exjefe de gobierno en hecho alguno”.
Los antecedentes
Ebrard Casaubón fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el Colegio de Profesionales en Derecho y representantes de la Fundación Manos de Seda, con la exigencia de hacer una investigación por la probable comisión de delitos en agravio de la sociedad y al erario público.
La denuncia se presentó luego del cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Metro, considerada la obra más importante de su administración. El 12 de marzo de 2014, el entonces director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, anunció el cierre con el argumento de que miles de usuarios estaban en riesgo.
En mayo pasado, diversos medios de comunicación denunciaron supuestas irregularidades en la compra de una casa en la colonia Condesa, donde vivía Ebrard Casaubón.
Para las elecciones del 7 de junio, el exsecretario de Seguridad Pública capitalina intentó ser candidato a diputado federal por el Movimiento Ciudadano. Al no conseguirlo, viajó a París con su esposa Rosalinda Bueso y sus dos hijos.
La semana pasada, en su reciente visita a la capital francesa, Andrés Manuel López Obrador, excandidato presidencial y antecesor de Marcelo Ebrard, dijo que éste era un “perseguido político” del gobierno de Enrique Peña Nieto por el asunto de la filtración de información que dio origen al reportaje de la llamada “Casa Blanca”.
-En manos de operadores del Verde más de 2 mil mdp del Pronapred
Pese a que ha integrado su equipo con numerosos operadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del cual fue dirigente nacional, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar, aseguró que él “jamás permitiría” usar los recursos públicos para fines políticos y la compra de votos.
El funcionario, quien reiteró que no renunciará pese al repudio que ha generado su nombramiento, aseguró que los recursos del Programa Nacional de Prevención al Delito (Pronapred) no se usarán con fines electorales, pese a que el coordinador regional en Durango, Jaime Fernández Saracho, hizo proselitismo a favor de un aspirante a la candidatura priista a gobernador.
En un video que circuló inicialmente en redes sociales, Hernández Saracho, quien en septiembre dejó la Secretaría de Gobierno estatal, dice a los promotores del Pronapred que se sumen al proyecto de Esteban Villegas, exalcalde de Durango y aspirante a la gubernatura:
“Quiero reiterarles lo que les he dicho a los promotores en privado… tenemos que ganar y posicionar la percepción de quién es, lo que hace y cómo es Esteban Villegas, y yo quiero pedirles pues a todos y todas el apoyo ¿estamos puestos o no?… ¡Estamos puestos, doctor!”.
Escobar evadió el caso y reiteró que los recursos del Pronapred no serán usados con propósitos político-electorales, como lo advirtieron organizaciones civiles y la activista Clara Jusidman.
–¿Qué garantías hay de que no utilizará el puesto para comprar el voto a favor del Verde si está integrando su equipo con miembros de ese partido?
–Las garantías son absolutas. ¿Cómo te lo garantizo? Te lo garantizo de forma absoluta, te lo garantizo porque cada centavo que es parte del presupuesto estará absolutamente documentado, no sólo en la parte de anexos, sino cómo se gastó, qué resultados dio, cómo estuvo el proveedor en cuanto a precios comerciales, por qué se ganó esa licitación. Habrá transparencia absoluta e inédita.
Añadió: “La gran ventaja que tiene este programa es que trabajamos en los tres niveles de gobierno, entonces trabajas desde el gobierno federal y trabajas con todos los gobiernos estatales y con todos los municipios que tienen polígonos integrados”, respondió el funcionario a pregunta expresa.
En entrevista, luego de firmar un convenio en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, Escobar añadió que no puede haber manipulación electoral:
“Entonces en la parte partidista, que para mí hoy ya no tiene relevancia, hay presidentes municipales de todos los partidos políticos, entonces la verdad es que en este programa no hay cabida para eso”.
Y añadió: “Quisiera invitar a todos ustedes y a aquellos que crean que hay lugar para utilizar este recurso de forma político-electoral que conozcan los lineamientos. Es imposible hacerlo, jamás lo permitiría yo y es imposible hacerlo por la forma en que está hecho el lineamiento”.
Escobar se ufanó de que los recursos del programa son completamente verificables: “Va haber transparencia absoluta, te diría yo, inédita. Esta subsecretaría en donde sí no tiene opacidad es en el manejo de recursos, están absolutamente transparentes, están diagnosticados, no lo digo yo, lo han dicho organizaciones externas”.
Sin embargo, a las diversas áreas de la subsecretaría de Escobar han llegado operadores del PVEM, que él presidió y fue como tal el principal estratega en la campaña federal de la violación sistemática de la Constitución y la ley, y ahora esos personajes tendrán a su disposición más de 2 mil millones de pesos del Pronapred el próximo año, cuando habrá 13 procesos electorales estatales, como el de Durango.
“El mensaje es que los 2 mil millones de pesos que van a destinarse al programa de prevención, en 2016, se van a ir a la construcción de clientelas y a comprar votos, porque esto es lo que saben hacer estos dos personajes”, advirtió Jusidman, en entrevista con Proceso.
Y es que, además de Escobar, se incorporó a la subsecretaría como su mano derecha Ruth Zavaleta, experredista y militante del PVEM, quien ha instalado en las direcciones clave a personajes de esa misma militancia que trabajaron con ella en la delegación Venustiano Carranza.
Un caso es el del nuevo titular de la Dirección General Adjunta de Participación Ciudadana para la Prevención Social, el tercero en la jerarquía de la subsecretaría, Jorge Reséndiz Dorantes.
Otros son Estela Patricia Rodríguez, exfuncionaria de la misma delegación, quien ocupa la Dirección de Vinculación con el Sector Privado y Académico; Félix Calderón Radilla, director de Vinculación con el Sector Social y Cultural, quien ha ocupado varios cargos en Venustiano Carranza, y Laura Cerna Lara, exdirectora del Instituto de las Mujeres en Naucalpan, quien ahora es directora general adjunta de Vinculación Social y Participación Ciudadana.
Sin embargo, y en contra de esta información, Escobar aseguró que él apenas está revisando los perfiles de quienes serán parte de su equipo.
“Puedo decir que en ninguna de las direcciones generales, incluida la que está acéfala (la de Planeación), habrá militantes del Partido Verde. Yo me vine con mi secretaria, una jefa de oficina y mi secretario particular. Es todo lo que he integrado hasta ahorita.
“Pueden estar tranquilos, voy a buscar a los mejores perfiles posibles porque este es un programa fundamental para el país (…) Tengo un reto enorme, lo entiendo, y además tengo que construir confianza con algunos actores que por algunas razones, muchas o pocas, desconfían en el trabajo que voy a hacer”.
–¿Va a renunciar a su cargo o al Verde?
–No, estoy aquí asumiendo mi responsabilidad, entiendo que es un enorme reto y puedo dar resultados.
-Alistan indemnización a víctimas de casos Tlatlaya y Atenco
TOLUCA, Edomex. (apro).- La Procuraduría mexiquense trabaja en la individualización de los montos resarcitorios que serán entregados a tres mujeres afectadas por el caso Tlatlaya y 11 de Atenco.
No obstante, el procurador Alejandro Gómez adelantó que, por razones de seguridad, no se harán públicos los montos de indemnización.
El abogado de la entidad aseguró que las tres mujeres del caso Tlatlaya serán las primeras víctimas beneficiadas con este fondo, tras la recomendación de la CNDH que así lo obliga.
En breve, adelantó, se realizará la notificación correspondiente a cada una de ellas para brindarles asesoría jurídica y que estén en condiciones de determinar lo que a su interés convenga.
En la parte de la compensación, indicó que uno de los rubros que tomarán en cuenta es el apartado de “víctimas indirectas”; es decir, hijos en edad escolar, esposo, madre o padre, pues también ellos implican una compensación monetaria para estimar la individualización total.
El monto económico definitivo, enfatizó, se guardará en secrecía para la seguridad de los beneficiarios.
“El monto es algo que no les voy a poder proporcionar porque las ponemos en riesgo; ellas, eventualmente, estarán en condiciones de aceptar o no en primer momento, y en segundo de darlo a conocer, pero el monto sería imprudente darlo a conocer”, justificó.
En el caso de Tlatlaya, aseguró, ya quedó instalado el comité técnico que se encargará de estimar la individualización de la compensación a las víctimas.
En él participan las secretarías General de Gobierno, de Finanzas, la Consejería Jurídica, PGJEM y organizaciones no gubernamentales.
Esta instancia deberá sesionar las próximas semanas para determinar el monto definitivo de la indemnización.
En el caso Atenco, refirió, se contabilizan 11 víctimas, todas mujeres, por lo sucedido en el enfrentamiento entre floricultores y la Policía Estatal, el 4 y 5 de mayo de 2006.
Este tema, admitió, fue reactivado en la parte procesal en contra de los tres comandantes que trasladaron a las víctimas, y ellos fueron sujetos a proceso por el delito de tortura.
En esa carpeta, precisó, suman 20 personas procesadas también por tortura, derivado de la violencia en San Salvador Atenco.
“Tenemos proceso penal contra otra cantidad de policías que estuvieron en los camiones en el traslado, e igualmente tenemos proceso penal en contra de los peritos médicos de la Procuraduría del estado y peritos de Prevención y Readaptación Social por el delito de encubrimiento”, reveló.
-Clamor de justicia une a padres de los 43 y víctimas de guardería ABC
HERMOSILLO, Son.- Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, que se encuentran de visita en la entidad alertaron sobre las amenazas recibidas de parte del gobierno federal y enviaron una respuesta de regreso: “Si quieren callarnos tendrán que masacrarnos”.
Durante el primer día de actividades en la entidad, los familiares de los normalistas se reunieron con los padres de los 49 niños que murieron durante en la guardería ABC y sumaron esfuerzos con los jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California, que experimentan condiciones laborales deplorables.
El vocero de los padres y normalistas, Felipe de la Cruz, dijo que la violencia contra los jóvenes y sociedad en general no es privativa de Guerrero, sino que está replicando en todo el país.
“La pesadilla que estamos viviendo seguirá ocurriendo si seguimos siendo cómplices y omisos de lo que ocurre en nuestro país, porque nosotros en particular no vamos a descansar hasta saber la verdad de lo acontecido esa noche lluviosa del 26 de septiembre de 2014”, expresó.
Después, Joaquina García, madre del normalista Martín Getsemany Sánchez, describió la búsqueda emprendida por amigos y familiares de los 43 desde septiembre del año pasado.
“Queremos que se haga oído ante la desaparición de nuestros hijos; nos han dicho que nuestros hijos están muertos, que los quemaron, pero nosotros tenemos la esperanza de encontrarlos vivos y no nos los quieren entregar”.
En su turno Bertha Nava, mamá del estudiante desaparecido Julio César Ramírez, denunció que el Ejecutivo federal los ha amedrentado por casi trece meses.
“Nos han pedido que le bajemos a nuestras denuncias, que nos quedemos callados, pero si quieren callarnos tendrán que masacrarnos”, enfatizó.
Luego precisó: “No tenemos miedo, no tengo miedo porque se me quitó el día que me arrebataron a mi muchachito; es tiempo que los busquen vivos y no en basureros”.
Y sentenció: “Los desaparecieron porque estos jovencitos estaban llamando a la conciencia y no estaban dormidos, como quiere el gobierno, con su Televisa y TV Azteca”.
Ante el apoyo recibido, Patricia Duarte Franco, madre del niño Andrés Alonso, fallecido en el incendio de la guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009, consideró que este encuentro representa un paso entre dos fuertes movilizaciones sociales.
“Ellos luchan por sus 43, nosotros también buscamos justicia por nuestros 49, y nos tenemos que unir debido a las tantas injusticias sociales que pasan en el país porque el agresor es el mismo: el gobierno”, acusó.
Este martes se realizó una marcha de la plaza Emiliana de Zubeldía, junto a la Universidad de Sonora, al palacio de gobierno. Y para este miércoles visitarán Cajeme, donde se reunirán con jornaleros del Valle del Yaqui.
-PRI hará alianzas para comicios del 2016: Beltrones
El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, anunció que harán alianzas con otras fuerzas políticas para las elecciones a gobernador en 12 estados el año próximo.
Beltrones explicó que los candidatos saldrán de una consulta a los simpatizantes mediante una serie de encuentros, a los que llamó “Los diálogos por el estado que queremos”.
El dirigente priista no especificó con que partidos concretará las alianzas, aunque en procesos anteriores las ha hecho con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza.
“Seguro que habremos de buscar alianzas electorales, al igual que otros, para garantizar nuestros triunfos en cada uno de esos estados. Pero nunca una alianza electoral, como ha sucedido con otros partidos políticos, estará por encima de las ideas, de la ideología, de los propósitos que una plataforma electoral priista debe imponer”, precisó Beltrones.
Al encabezar el evento de apertura de estos diálogos, el dirigente priista aseguró que pelearan el triunfo en cada una de las entidades donde habrá elección de gobernador: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Además de Baja California, donde se renovarán las presidencias municipales y el Congreso local.
También explicó que en el PRI primero habrá debate entre las bases y, a partir de ahí, saldrán los candidatos. De esa manera, precisó, se asegurará el triunfo en cada uno de los estados.
“Más allá de lo que indican las viejas tradiciones que cumplen los partidos políticos de simplemente llevar a cabo una grilla política entre ellos mismos, desatar las pasiones por el poder, es más bien decir: Qué podemos hacer por cada estado, por cada entidad por la que vamos a competir, para ganar el poder y hacer lo que queremos para ese estado”, indicó el sonorense.
Luego advirtió que ya se ha observado cómo partidos de izquierdas y derechas, “confundidas simplemente en el propósito del poder”, terminan por liquidar sus ideas originales que les dieron vida. Eso, aclaró, no pasará en el PRI.
-“Da pena” que EU reprenda a EPN por violar derechos: AMLO
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “da pena” que el gobierno de Estados Unidos haya recortado 15% de los recursos otorgados a las fuerzas armadas y policía mexicana como parte de la Iniciativa Mérida y la lucha contra las drogas, debido a que México “falló en alcanzar metas de derechos humanos”, como publicó el diario The Washington Post el domingo pasado.
En el marco de su gira por 23 municipios de Oaxaca, el político tabasqueño afirmó que “desgraciadamente” el gobierno estadunidense tiene razón, debido a que en México los principales violadores de los derechos humanos son los gobernantes.
“Aun cuando es un castigo, una represalia, no es para alegrarse de que un gobierno extranjero castigue así a nuestro gobierno”, indicó en el municipio de San Pedro Huilotepec.
En este marco, destacó la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, pues no se ha dicho la verdad y se encubre a las instituciones.
“Peña debería hablar a la nación, informar de todo lo que sabe de la desaparición de jóvenes de Ayotzinapa. Eso ayudaría más, el decir la verdad, el castigar a los responsables, a los autores intelectuales y materiales”.
López Obrador aceptó que el proyecto transístmico –el corredor del Istmo de Tehuantepec– anunciado por Peña Nieto para el 2016, es una copia de la propuesta hecha por el tabasqueño en 2012 denominado Viento del Sur, aunque afirmó que no se realizará ninguna obra por parte del gobierno actual.
El dos veces excandidato presidencial aseguró que en el 2018 retomará el proyecto transístmico, pero con la participación de la gente.
“No es que van a venir las empresas extranjeras a medrar, a robar, a saquear y a empobrecer a la gente, esta es otra idea, otro concepto, otro proyecto, es beneficiar a la gente, sobre todo que haya empleo en el Istmo, que eso es lo que hace falta, que haya trabajo y bien pagado, pero manejado con la gente, desde las comunidades”, aclaró.
-Sicilia critica movimiento por Ayotzinapa; “se olvida a otras víctimas de la narcoguerra”
Luego de reconocer el valor del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas para mantener la memoria histórica sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, el poeta Javier Sicilia manifestó su preocupación por la forma en que el movimiento social creado alrededor de los familiares concentre la atención sólo en la aparición de los estudiantes y deje de lado la desaparición de 23 mil, la muerte violenta de 160 mil y el desplazamiento de 500 mil personas, producto de la guerra contra el narcotráfico.
El poeta fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dijo que estaba molesto por la forma en que los familiares de los estudiantes y las organizaciones que los apoyan han centrado todo su esfuerzo y atención únicamente en la desaparición de los 43 normalistas, cuando en el país son miles las víctimas de la violencia generada desde el Estado.
Tras escuchar a varios de los reporteros que participaron en el libro impreso por Ediciones Proceso –el cual concentra la historia de los normalistas desaparecidos y los tres asesinados la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero–, Sicilia externó su molestia porque en el movimiento social que apoya esta causa no se están tomando en cuenta a los otros familiares, quienes también tienen a sus seres queridos desaparecidos.
La presentación de Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, se efectuó en el auditorio Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ante unas cien personas que ocuparon la totalidad de las butacas. Allí, el poeta empezó su participación con un reconocimiento al trabajo periodístico de quienes participaron en la elaboración del libro. Dijo que son esfuerzos invaluables para mantener viva la memoria de las víctimas. Pero, de inmediato cuestionó: “¿Por qué hasta ahora exponen estos retratos?, ¿Por qué los padres de Ayotzinapa han decidido enfocarse sólo en 43, cuando hay miles de desaparecidos y de historias que tienen que ser contadas?”.
Comentó que en su calidad de víctima envió un mensaje a través de las organizaciones que asesoran a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa para decirles que se les estaba olvidando que desde hace años se ha denunciado esta tragedia nacional que alcanza ahora 30 mil desaparecidos, 160 mil asesinados y 500 mil desplazados.
“Les dije que no deberían de perder de vista esto, que desde el 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad marchó por todo el país y en Estados Unidos para visibilizar a las víctimas y que ahora se están olvidando de esto. Sé que se molestaron, pero olvidar esto es terrible”, comentó Sicilia ante el silencio del auditorio.
“Me molestó que los padres redujeran todo sólo a 43 casos. Me molestó la reunión a puerta cerrada con el presidente, cuando el Movimiento por la Paz había logrado hacerlo abierto. Eso fue un retroceso grave”, agregó.
En 2011, recordó, ese movimiento de víctimas forzó al presidente Felipe Calderón a sentarse en una reunión abierta y con presencia de los medios de comunicación. Añadió que lo mismo hicieron en 2012 con todos los candidatos presidenciales, incluido Enrique Peña Nieto.
Javier Sicilia –cuyo hijo fue asesinado en marzo del 2011 en Cuernavaca, Morelos– advirtió que los padres de los estudiantes de Ayotzinapa sin quererlo están cayendo en el juego que el Estado quiere: Concentrar toda la atención del problema en sólo 43 y no tomar en cuenta que son miles las víctimas.
“Cuando hacen de Ayotzinapa el emblema, caen en lo mismo que hizo Calderón, en reconocer sólo como víctimas a los soldados que han muerto en esta guerra y hacerles un memorial en el campo militar. No se puede aceptar que sólo se pida justicia para los 43 estudiantes porque son herederos de Lucio Cabañas porque si lo hacen así, entonces todos los demás no importan y eso es lo que quiere el Estado”, sostuvo.
El escritor dijo que incluso en Guerrero esta diferenciación ya está provocando problemas y división entre los familiares de víctimas de desaparición forzada.
“Hay un movimiento que no es reconocido y se hacen llamar ‘Los otros desaparecidos’, que van buscando a su gente en la sierra, con barretas en las manos que clavan en las zonas donde les han dicho que hay enterrados y las sacan para ver si tienen olor fétido. Ellos no existen para los de Ayotzinapa y el gobierno está contento con esa división porque al final Ayotzinapa les está haciendo el juego”, añadió.
El poeta convocó a romper este paradigma y pedir justicia no sólo para Ayotzinapa sino para todos las miles de víctimas, muertos, desaparecidos y desplazados generados por la guerra contra el narcotráfico.
“Todos son importantes, hay que hacer de Ayotzinapa la punta de lanza de esta lucha para sacar a los miles de muertos y desaparecidos de las fosas y escribir sus historias”, propuso el escritor en medio de aplausos de los estudiantes y profesores que asistieron a la FCPyS.
El editor de Ayotzinapa la travesía de las tortugas, José Luis Tapia, explicó que se trata de un proyecto solidario cuyas utilidades serán para los familiares de los estudiantes desaparecidos. También participaron los reporteros Lorena Villa, Mario Manterota y Vania Pigeonutt, quien pidió no olvidar la historia de cada uno de los 43 desaparecidos y de las miles de víctimas de la violencia.
-Concesionarios de transporte público denuncian falta de atención en Semovi
Concesionarios denunciaron que alrededor de mil autobuses y vagonetas nuevas circulan con placas sobrepuestas y con permisos vencidos, poniendo en riesgo al usuario, pues el seguro no responde en caso de involucrarse en algún accidente.
Los trámites de alta y baja de unidades, sustitución y emisión de placas están “parados” en la Secretaría de Movilidad, “obligándonos a prestar el servicio de manera irregular, aún cuando hemos pagado el costo de los derechos que corresponden”.
La necesidad de cubrir las letras de las vagonetas y autobuses, cuyos costos van de 500 mil a un millón 300 mil pesos, “nos llevan a arriesgarnos, pero si nos agarran la multa a cubrir ascenderá a 53 mil 800 pesos, porque estamos como piratas y sin cumplir con la revista física y vehicular”, señalaron.
Dicha situación se registra en toda la ciudad, explicaron los concesionarios, quienes pidieron mantener su nombre en el anonimato ante el riesgo de operativos, el director general de Transporte, Carlos Meneses, “dice no tener el nombramiento y por lo tanto tampoco la facultad de actuar en esta materia”.
Los permisos expedidos por la dependencia son cuatro: por solicitud, cuando se pide una reposición por robo de unidad, con una vigencia de 45 días; y de color azul entregado por el ex director de transporte en la administración pasada, Martín Mejía, con la misma periodicidad de tiempo.
Así como el de color verde con una vigencia de 6 meses y que se cambiaría por el juego de placas de la unidad, que se mantienen guardadas en El Rosario, porque tienen el logotipo de El Ángel; y otro blanco emitido por la ex directora de transporte Verónica Pinto, que no tiene fecha de caducidad, señalaron.
El interés de mejorar el servicio ofrecido a los concesionarios, destacaron, “nos llevó a adquirir nuevas unidades, con nuestros recursos, porque ya no recibimos bono de chatarrización y el programa de financiamiento del gobierno es un espejismo, no funciona, careciendo de certeza jurídica”.
Hoy, dijeron, resulta incongruente que la meta de la administración capitalina sea sustituir mil unidades en este sexenio y esté circulando dicho número sin garantía para el concesionario y usuario, por “una inmovilidad total en las instalaciones de Popotla, donde realizamos esos trámites”.
-GDF abrirá 10 comedores comunitarios destinados a mujeres
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa reiteró el compromiso de su administración para seguir apoyando a los comedores comunitarios.
“ Es muy triste la realidad de la falta de alimentos en todo el mundo, y la ciudad de México tiene para dar la muestra de lo que se puede hacer para reducir esto”señaló.
Durante la firma de un convenio entre la Secretaría de Desarrrollo Social con las universidades Autónoma Metropolitana e Iberoameriacana para potenciar la calidad de los alimentos en los 203 comedores comunitarios y los 61 públicos, Mancera Espinosa adelantó que se abrirán otros 10, pero éstos destinados a las mujeres.
Por su parte el secretario de Desarrollo Social Capitalino , José Ramón Amieva, señaló que hasta septiembre de este año se han servido 8 millones 394 mil 112 raciones de comida en los comedores comunitarios y un millón 948 mil 614 en los públicos.
Previo al acto oficial el mandatario capitalino probó algunos de los alimentos que se elaboran en estos comedores y que se exhibieron en la explanada del Monumento a la Revolución como parte de la conmemoración del día Mundial de la Alimentación.
Se estima que al evento acudieron más de 4 mil personas de las 16 delegaciones.
-En noviembre, DF capacitará a 2 mil maestros para titulación
El próximo mes de noviembre iniciará la capacitación para la titulación de alrededor de 2 mil maestros de la Ciudad de México, así como de quienes buscan acreditar las pruebas de evaluación que lleva a cabo a nivel nacional la Secretaría de Educación Pública, adelantó la secretaria del ramo en la Ciudad de México, Alejandra Barrales Magdaleno.
En el marco de la forma del acuerdo de intención CDMX-SNTE para la implementación de programas académicos y de beneficio social para elevar la calidad de vida de los maestros del Distrito Federal, realizada en el Centro de Formación Docente y Escuela para Padres de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, Barrales Magdaleno explicó que de un 50 a 60 por ciento de los maestros de esta ciudad son normalistas, por lo que este acuerdo les permitiría estar en posibilidad de capacitarse para titularse a nivel licenciatura.
Agregó que a la fecha más de 2 mil maestros han mostrado su interés por buscar este apoyo, el cual les permitirá acceder en lo futuro a una vivienda. Indicó que el Gobierno del Distrito Federal en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) está trabajando en este proyecto, el cual podría cristalizar con la construcción de una unidad habitacional para los maestros de la Ciudad de México.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa reconoció el apoyo del presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, así como de los líderes de las secciones 9, 10,11 y 60 para la firma de este acuerdo.
“ Hoy estamos dando un mensaje claro de que la Ciudad de México, si bien es cierto que por su estructura jurídica, origen y evolución no tiene como eje central de responsabilidad la educación básica, eso no quiere decir y no limita para que no participemos y apoyemos en una tarea tan importante”, señaló.
Mancera Espinosa remarcó que de esta manera se está construyendo un esquema de apoyo a la profesionalización de los maestros de la Ciudad de México.
Sobre la construcción de viviendas el mandatario capitalino señaló que hablará con los diputados locales y federales para que en el presupuesto del próximo año se otrorgen recursos a este programa.
Por su parte, Díaz de la Torre reconoció que con esto se rompe un paradigma en el Distrito Federal y se reconoce la labor que realizan los maestros.
Recordó que se realizó una encuesta en cuyos resultados se encontró que una parte importante de los maestros “se sienten ofendidos por la falta de reconociemiento a la labor que realizan, ahora el Gobierno del Distrito Federal los voltea a ver para decirles estamos contigo”.
El presidente del Consejo General del SNTE puntualizó que no están demandando privilegios, pero si de un reconocimiento.
-Prevé Conafor salida de 300 trabajadores eventuales
El director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Jorge Rescala, sostuvo que en la iniciativa de presupuesto de egresos se plantea una modificación de gerencias de este organismo, por lo que se cambiará la estructura y se prevé en total la salida de 300 trabajadores eventuales.
Explicó que "algunas gerencias se fusionan, no desaparecen funciones, y lo que se hace es homologar las que tenían duplicidad".
Respecto a la posible cancelación de la gerencia de proyectos y mercados forestales de carbono, la cual se encarga del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (Redd) explicó que si esa área desapareciera, otra se haría cargo del mecanismo internacional.
El funcionario fue entrevistado al termino de la presentación de resultados del Proyecto Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur.
Explicó que luego de cinco años de trabajo con un financiamiento de Noruega de alrededor de 150 millones de pesos, está listo el monitoreo y salvaguardas de bosques y selvas, mientras que el centro virtual comenzará a operar en febrero de 2016.
-Por remoción ilegal de flora clausuran 9 proyectos turísticos en Tulum
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró nueve proyectos turísticos ubicados en el parque nacional Tulum, en Quintana Roo, debido a que hubo remoción ilegal de vegetación de selva baja, matorral, duna costera, y además se afectó flora y fauna silvestre.
En un comunicado informó que inspectores de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, durante la semana pasada realizaron nueve inspecciones a los proyectos y desarrollos turísticos, de los cuales cinco fueron clausurados por irregularidades en materia de impacto ambiental y cuatro en materia forestal.
Se trata de los proyectos Kitchen Table Grill/Bar; Aline Claire More Blanc; Las Palmas; Ecovillas Alux; Camping Revolución & Restaurante Pancho Villa; Bar Adelita; y otros tres sin nombre, Ninguno de ellos cuenta con las autorizaciones correspondientes para su edificación y están asentados dentro del área natural protegida.
La afectación es en una superficie de 37 mil 615 metros cuadrados, en la cual se removió vegetación de tres ecosistemas importantes para la regulación climática: selvas bajas, matorral costero y duna costera.
La Profepa dictará medidas de urgente aplicación para restaurar y compensar los daños ocasionados a los ecosistemas; además impondrá multas que pueden rebasar los 20 mil días de salario mínimo y elaborará denuncias penales que se sancionan hasta con 10 años de cárcel.
-Piden a Sedatu destituir a delegada de la Procuraduría Agraria en Colima
Organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales pidieron a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, ordene se investigue la actuación de la delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, y destituya de su cargo por generar un clima de violencia y hostigamiento en la comunidad indígena de Zacualpan, para imponer actividades mineras.
Denunciaron que Díaz Rivera violentó las leyes agrarias y pasó por encima de la gobernanza de la comunidad al desconocer como representante del Consejo Indígena de la comunidad a Taurino Rincón.
En una carta, las 19 agrupaciones firmantes expusieron que el pasado día 11 del mes en curso, la delegada de la PA al no poder acceder a la comunidad por vía terrestre para asistir a la asamblea a la que había convocado para revocar de su cargo a Taurino, ya que cerca de un centenar de habitantes bloquearon la carretera, “abordó un helicóptero de la policía estatal para sobrevolar el bloqueo y llegar a la asamblea”.
La funcionaria constató que “no hubo quórum para que se llevara a cabo la asamblea”, sin embargo avaló que se llevara a cabo con el voto de personas ajenas a la comunidad y nombró a un nuevo comisario; un video del evento lo colocó en su página de Facebook.
La Red de Afectados por la Minería, Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la Red Global Sí a la Vida, No a la Minería, entre otras agrupaciones que firmaron la misiva, destacaron que la delegada de la PA “ha difamado a las defensores de los derechos humanos, contribuyendo a su estigmatización y criminalización”, entre ellos a los integrantes de la agrupación ambientalista Bios Iguana, quienes por las amenazas de muerte, hostigamiento por elementos de la policía estatal y agresiones han abandonado el estado.
Asentaron que por la actitud intimidatoria de la delegada de la PA, en la comunidad hay un clima de tensión y división.
Desde junio de 2013, la mayoría de los comuneros sostienen su rechazo al proyecto de la empresa Gabfer, del empresario Rigoberto Verduzco Roríguez, que pretende abrir una explotación minera a cielo abierto.
En enero del año pasado, un grupo de 160 comuneros solicitó a la PA convocar a elecciones para remover de su cargo al entonces comisariado de bienes comunales Carlos Guzmán, que pretendió imponer el proyecto minero. La delegada negó emitir la convocatoria, como lo establece la ley agraria. En febrero, los comuneros destituyeron a Guzmán, cuyo grupo “tomó” de manera violenta las instalaciones del balneario comunal Ojo de Agua.
En marzo de 2015, una Misión Internacional y Nacional de Observación para el caso Zacualpan documentó el ambiente de violencia “promovido” por la delegada de la PA y “apoyado por las autoridades federales y estatales, usando en diversas ocasiones, la fuerza pública contra la comunidad indígena.
También firmaron la carta: Acción Colectiva Socioambiental; Alianza Cívica Coahuila; Asamblea de pueblos indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio; Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio; Coalición de Solidaridad Zapatista, de Sacramento, California; Comité pour les droits humains en Amérique Latine, de Quebec, Diálogo 2000 Jubileo Sur Argentina y FIAN México.
-Mexicanos, satisfechos con la vida: Inegi
México es un país de población adulta predominantemente optimista, según los resultados de la nueva Encuesta de Bienestar Subjetivo 2014 aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 44 mil 518 viviendas de las 32 entidades federativas, donde más de cuatro quintas partes de su población de 18 años y más se considera “muy satisfecha” y “satisfecha” con su vida. Es decir, por lo menos 4 de cada 5 adultos se consideran en cualquiera de estas dos situaciones.
De acuerdo con los resultados de este proyecto estadístico experimental, que “capta las percepciones y opiniones de las personas sobre su propia vida de manera ordenada y sistematizada”, de los 80.7 millones de adultos que hay en el país, 34.8 millones se consideran “muy satisfechos” con la vida y otros 32.5 millones están solo “satisfechos”.
Mientras que en el lado opuesto, 9.8 millones de los habitantes de 18 años y más en el país, quienes representan 12.1 por ciento del total de la población adulta, están “insatisfechos” y 3.6 millones de plano se consideran “muy insatisfechos” con su vida.
Este ejercicio estadístico, realizado por recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), denominado Biare Ampliado reportó un nivel nacional de satisfacción con la vida en México de 7.95 puntos en una escala de 0 a 10, donde la entidad que tuvo el más elevado nivel de satisfacción con la vida es el Distrito Federal, con una calificación de 8.45 unidades. En tanto que el estado con más baja evaluación es Oaxaca, con 7.46 puntos.
En conferencia de prensa, el presidente del Inegi, Eduardo Sojo, apuntó que efectivamente existe una relación directa entre las condiciones materiales con el bienestar, pero no es suficiente con la satisfacción con la vida.
En una escala que va de menos 10 puntos a más 10 unidades, el promedio nacional del balance anímico de la población adulta fue de 5.56 puntos.
Pero de forma más específica 49.8 millones de adultos, que representan 61.8 por ciento del total en el país, presentan un estado anímico “predominantemente positivo”; otros 25.2 millones, 31.2 por ciento, son “ligeramente positivos”; mientras 5.7 millones de habitantes de 18 años y más presentan un balance afectivo “predominantemente negativo”.
El país es un mosaico, dijo Sojo, al presentar los resultados de bienestar subjetivo en cuatro grupos de 8 entidades cada una. Los promedios más altos de satisfacción se ubican en Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Distrito Federal. Mientras que los más insatisfechos son Veracruz, Morelos, Puebla, Campeche, Guerrero, Aguascalientes, Michoacán, y Oaxaca.
La población adulta de los estados de Sonora, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo se ubica en un nivel de satisfacción arriba de la media nacional pero debajo del cuartil de los más satisfechos. En tanto que Sinaloa, Nayarit, Colima, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Tabasco se sitúan abajo del promedio nacional pero en un nivel de insatisfacción menos agudo que las entidades habitadas por la población adulta más insatisfecha con la vida.
-Reclaman pago promotores de Cruzada contra el Hambre en Guerrero
Chilpancingo, Gro. Alrededor de cien promotores y coordinadores de la Cruzada contra el Hambre en Guerrero marcharon en esta capital para demandar el pago de 4 meses de su salarios, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Los representantes de los casi 450 trabajadores a los que se les adeuda su sueldo, acusaron al delegado Juan Manuel Armenta Tello de “jinetear los recursos de los meses de abril a julio”. Explicaron que a cada trabajador se le adeuda un monto superior a los 24 mil pesos “a otros un poco más, dependiendo de las actividades que desarrollaban”.
Los inconformes acudieron a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para presentar una queja en contra de la Sedesol “por cualquier cosa que nos pudiera pasar, debido a que un grupo de choque, dirigido por Armenta Tello, nos fue a quitar una manta que teníamos en las oficinas”.
Informaron que al parecer no les pagan el adeudo, porque en las Oficinas Centrales de la Sedesol, no les liberan el recurso, y no lo ha entregado a la UAG, para que ésta institución les pague “ayer había el compromiso de una mesa de diálogo pero no llegaron los representantes de la Sedesol”.
Mencionaron que la mayoría de los afectados provienen de municipios como Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Cuajinicuilapa, en la Costa Chica, y de Atoyac, y Zihuatanejo, en la Costa Grande; además de la región norte como Teloloapan, y aquí en Chilpancingo. Afirmaron que actualmente sobreviven por las jornadas de boteo que llevan a cabo.
Por otra parte, decenas de adultos mayores bloquearon, por segundo día consecutivo, las calles del Chilpancingo, en demanda de que se les pague la Pensión Guerrero, que representan dos bimestres. Los manifestantes, miembros de la Asociación de Adultos Mayores Por una Justicia Social Mejor, encabezada por Jeremías Nájera Pineda, insistieron en que les adeudan 800 pesos a cerca de 200 filiados.
-Tenencia quedará derogada en Nuevo León en 2018: Congreso
Monterrey, NL. La promesa de campaña del gobernador Jaime Rodríguez Calderón de desaparecer en Nuevo León el pago del impuesto de la tenencia vehicular se llevará a cabo, pero gradualmente.
Los automovilistas deberán realizar el pago al menos por dos años más, aunque con descuento de 40 por ciento en 2016, 30 por ciento en 2017 y en 2018 quedaría derogado.
Así quedó establecido la tarde de este martes, luego de una reunión entre representantes de la Comisión de Hacienda del Congreso y funcionarios del gobierno estatal.
En un principio, PRI y PAN buscaban eliminar el impuesto a partir del próximo año, pero el gobernador demandó que fuera de manera gradual porque los alrededor de 3 mil millones de pesos que genera el gravamen son necesarios para fortalecer las finanzas estatales.
Finalmente se llegó a un acuerdo y en rueda de prensa los coordinadores de las bancadas del Congreso local anunciaron la manera en la que continuará aplicándose el impuesto.
"El primer año (2016) el automovilista pagaría un 40 por ciento menos por la tenencia, el segundo año un 30 por ciento menos y ya para el 2018 desaparecería totalmente", dijo el representante de la bancada del PAN, Arturo Salinas Garza.
Se explicó que el beneficio será únicamente para los automovilistas que no tengan adeudo del impuesto en los últimos años.
En Nuevo León existe un parque vehicular de unos 2 millones de automóviles. Se espera que en esta misma semana el acuerdo sea enviado al pleno para su votación.
-Habitantes de Oxchuc exigen la destitución de la alcaldesa
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Cientos de habitantes del municipio de Oxchuc, agrupados en el denominado Movimiento Pacifista, marcharon para exigir la destitución de la alcaldesa María Gloria Sánchez, a quien acusan de haber ganado “con trampas porque su esposo Norberto Sántiz era su antecesor”.
También demandaron la liberación de cinco indígenas detenidos “injustamente” el pasado 16 de este mes, acusados de participar en los hechos violentos en los cuales fueron lesionadas de bala tres personas.
Representes de los inconformes dijeron que la marcha se realizó esta mañana en la cabecera municipal, con la asistencia de cientos de pobladores que también demandaron el retiro de la policía que se encuentra en Oxchuc, municipio situado a 50 kilómetros de esta ciudad.
“Estamos cansados de la violencia y queremos es que haya justicia y paz, y que sean castigados los responsables de lesionar de bala a un menor de edad que está grave y a dos personas más”, dijeron.
Aseguraron que su movimiento, creado la semana pasada, “no tiene nada que ver con los partidos políticos porque estamos defendiendo las causas del pueblo de Oxchuc”.
Sánchez Gómez ganó la alcaldía postulada por el Partido Verde Ecologista de México, mientras que su esposo Sántiz López milita en el Revolucionario Institucional (PRI), por el cual ella fue presidenta municipal a principios de la década pasada.
-PGR reiniciará la búsqueda de los 43 normalistas, anuncia el GIEI en Washington
WASHINGTON.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunció que el pasado lunes 19 llegó a un acuerdo con el gobierno de México para que la Procuraduría General de la República (PGR) reabra la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En el marco de la audiencia de “oficio” que celebró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa, el GIEI apuntó que la nueva pesquisa de la PGR es el reconocimiento de que el asunto continúa abierto.
“Se acordó sacar la investigación de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada)”, destacó Ángela Buitrago, a nombre del GIEI, durante la audiencia realizada en la sede de la CIDH.
“Se ha decidido relanzar la búsqueda de los 43 estudiantes”, acotó, luego de destacar algunos de los puntos del compromiso alcanzado ayer.
La nueva investigación estará “exclusivamente” a cargo del subprocurador de Justicia Eber Betanzos, con el GIEI como coadyuvante de la pesquisa, y se acordó el uso de nueva tecnología que ayude a la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, así como la estrategia de mapas de fosas.
En la audiencia de oficio de la CIDH, el Estado mexicano estuvo representado por Betanzos; Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores para Organismos Multilaterales.
También estuvieron presentes todos los comisionados de la CIDH, los organismos defensores de derechos humanos que representan a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y los integrantes del GIEI, quienes además anunciaron que su informe sobre el caso Aytozinapa formará parte de la nueva investigación.
-El derecho a la justicia en México es una ficción: académicos y defensores de derechos humanos
Académicos y defensores de derechos humanos lamentaron la “nula existencia del Estado de derecho que tanto pregonan las autoridades mexicanas”, ya que han decidido no someter a las fuerzas armadas a investigaciones relacionadas con desaparición forzada, aunque exista una orden judicial de por medio.
Gilberto López y Rivas, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Concha Malo, Luis Daniel Vázquez Valencia, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Saravia y Pablo Romo Cedano, integrantes de la Comisión Civil de Seguimiento y Verificación de la Búsqueda, Localización y Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gilberto Cruz Sánchez –dos milicianos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos en Oaxaca el 27 de mayo de 2007–, criticaron la resolución de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes se negaron a ejercitar su facultad de atracción para revisar una sentencia de un tribunal colegiado que había sido solicitada por el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales.
En un comunicado, los integrantes de la Comisión Civil, junto con los abogados Augusto César Sandino Rivero Espinosa y Leonel Rivero Rodríguez, así como Margarita Cruz Sánchez y Nadin Reyes Maldonado, familiares de los desaparecidos, resaltaron que el pasado miércoles 7, en una audiencia privada, el pleno de la Primera Sala determinó no atender el recurso de queja 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sobre el incumplimiento de una orden judicial al Ministerio Público Federal para interrogar a mandos militares y policiales, así como revisar instalaciones militares de Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal.
Lo anterior, apuntaron, “cierra la posibilidad de que el máximo Tribunal pueda establecer criterios que permitan determinar las acciones que un juez de Distrito puede realizar cuando conoce de un juicio de amparo indirecto como medio de defensa para reclamar la desaparición forzada de personas”.
Para los firmantes, la decisión de no revisar la queja “exhibe la incapacidad y falta de voluntad de los órganos jurisdiccionales para hacer cumplir sus resoluciones, convirtiendo en una ficción el derecho de acceso a la justicia”.
Lo que en el fondo se resolvió el miércoles 7, señalaron, es que la investigación sobre la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez “no aborde con la debida profundidad la línea de investigación relativa a la participación de las fuerzas armadas en la desaparición de ambas personas”.
Recordaron que la decisión de los ministros contraviene “la decisión del Tribunal Colegiado, que en su sentencia determinó que el Ministerio Público Federal debía citar a declarar a los mandos castrenses, mandos policiacos federales y funcionarios de inteligencia, y ordenar la realización de labores de búsqueda dentro de las instalaciones militares de Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal”.
Al no atraer el recurso de queja, “es evidente que la decisión de la Primera Sala es concordante con la postura establecida por el Estado mexicano de no someter a las fuerzas armadas a investigaciones relacionadas con hechos de desaparición forzada, sin importar que medie una resolución judicial que obligue a los integrantes de la milicia a comparecer ante la autoridad ministerial, evidenciando en los hechos la nula existencia del Estado de derecho que tanto pregonan las autoridades”.
La Comisión Civil reiteró su compromiso “indeclinable de continuar en la exigencia del cumplimiento cabal de esta resolución hasta dar con el paradero de ambos luchadores sociales, así como lograr el juicio y castigo a los responsables”.
-Justifica gobernador a cuñado que gana 72 mil pesos sin tener licenciatura
GUANAJUATO, Gto.- El gobernador Miguel Márquez Márquez desestimó la denuncia interpuesta ante la Secretaría de la Transparencia en contra de funcionarios que no cumplen el perfil para los cargos directivos que ocupan, entre ellos su cuñado Luis Alberto Carreño Tovar, director de Inclusión en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
“Yo no lo contraté… No me detengo en estos temas, vamos por cuestiones más importantes para el estado”, señaló.
Integrantes de la organización Ciudadanos Hartos entregaron en la Secretaría de la Transparencia una lista de funcionarios que no cumplen con el perfil y requisitos establecidos para los cargos que ocupan, de acuerdo con datos obtenidos a través de la Unidad de acceso a la información pública del Ejecutivo.
Señalaron que Luis Alberto Carreño Tovar, hermano de la esposa del gobernador Márquez, tiene el cargo de director de área en la dependencia referida, pero no cuenta con la licenciatura que se pide, según indica el área de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Carreño aparece en el tabulador del gobierno en el nivel 14 y recibe casi 72 mil pesos mensuales como salario.
Otro funcionario señalado es el director del Instituto de la Tenencia de la Tierra en el estado, Adalberto Rodríguez Moctezuma, quien como director general gana 110 mil pesos mensuales, pero según su currículum oficial no tiene la licenciatura solicitada para el puesto, sólo el certificado de secundaria otorgado por el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).
Este martes, el gobernador precisó que su cuñado trabaja en el gobierno del estado desde hace “12 ó 14 años”, por lo que no fue él quien decidió su contratación.
“Lo digo con toda claridad: si estoy fuera de la ley, que se me sancione y punto. Igual va a ser, cualquier otro familiar que tenga, si ya ellos estaban trabajando con años de anticipación, fueron contratados por otras administraciones, no los contraté yo de manera personal. Sería lamentable para ellos que entrando yo los tenga que despedir, cuando la ley laboral los protege”, explicó.
Márquez aseguró que en el caso específico de su cuñado, éste no tiene privilegios sobre otros funcionarios, y defendió el hecho de que ocupe un cargo de director, pese a no contar con el perfil oficialmente establecido.
“Es como cualquier trabajador, tiene ya 12, 13 años trabajando. En este caso, este chavo (su cuñado) es director de área, si cumple, adelante; si no cumple, adelante”, subrayó.
Márquez habló esta mañana ante egresados de la especialidad en Procuración de Justicia Penal, en la Procuraduría General de Justicia del estado, y los felicitó por su empeño en capacitarse para prestar servicios en esa área. Incluso les ofreció que buscaría la manera de que se colocaran con una plaza de trabajo segura.
Ya afuera, en entrevista, el mandatario soslayó el tema del nivel profesional para los puestos públicos.
“Yo les voy a decir una cosa: los resultados son los que hablan ahí, con toda la tranquilidad y la paz de mi conciencia, se los digo. Con todo gusto haré lo que esté dentro de la ley si protesté cumplirla”.
–¿Entonces avala que estén en esos cargos (los funcionarios) aunque no cumplan el perfil requerido? –se le preguntó.
–Está hasta por ley ya la evaluación al desempeño, es por resultados, insisto, ya es por resultados –respondió.
–Pero se pide un perfil, para su cuñado y para los otros funcionarios.
–Estamos hablando de una excepción, si así fuese, pero hablan de familiares que no cubren… Se están refiriendo a esta persona, pero yo no quiero entrar en polémicas ni en detalles.
–Es un ejercicio de transparencia, gobernador.
–Por eso, tan transparente lo digo yo, dentro de la ley. Si no estoy siendo transparente, no estoy dentro de la ley, que se me sancione, de ese tamaño. Yo les he dicho siempre, igual en mi patrimonio, en todo, no tengo bronca. Al contrario, yo no me detengo en estos temas, vamos por cuestiones más importantes para el estado, cómo generar más infraestructura, cómo trabajar más en el tema de seguridad, cómo fomentar más los valores en las escuelas, para mí es fundamental, de veras, hay muchas tareas… Yo voy a trabajar, yo tengo mi conciencia muy tranquila –concluyó.
-Se atenta contra salud de niños al favorecer a refresqueras: ONG
Al votar ayer la disminución de 50% en el impuesto a refrescos y aguas procesadas que contienen cinco gramos o menos de azúcar por 100 mililitros, los diputados de PRI, PAN y Verde atentaron contra la salud de los mexicanos, y particularmente contra los niños, denunciaron hoy las organizaciones reunidas en la Alianza para la Salud Alimentaria.
Los legisladores de PRI y PAN se opusieron a las reservas de la oposición –que planteaba argumentos basados en la salud– y rebajaron el impuesto a las “agüitas”, “néctares” y otras bebidas saturadas de azúcar destinadas a los niños, las cuales incentivan la adicción a los dulces y sustituyen el consumo de leche y jugos naturales, aseveraron las organizaciones, al denunciar un “acto contra la niñez”.
Una tercera parte de los niños mexicanos ya sufre de sobrepeso y, de acuerdo con las ONG, uno de cada tres niños nacidos después de 2010 se enfermará de diabetes en su vida –enfermedad que, a la fecha, ya cobra 24 mil vidas al año–. Por primera vez, esta generación de niños vivirá menos tiempo que sus padres, se alarmaron.
“Hasta hace poco no existía presión arterial infantil y diagnosticar una diabetes de tipo 2 en los jóvenes y la población activa era muy raro; ahora ya no”, explicó el doctor Abelardo Ávila, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, al sostener que “está comprobado que estas bebidas tienen efectos sobre todo el ciclo metabólico y generarán daños a largo plazo”.
De acuerdo con las organizaciones, las refresqueras dedican grandes cantidades de dinero en mercadotecnia –ya sea a través de la publicidad o en el diseño de las botellas y etiquetas– y en la ingeniería de productos –con colorantes, azucares y endulzantes– para acostumbrar a los niños a consumir estas bebidas y a volverse adictos a los alimentos dulces y ultraprocesados.
“La adicción a la azúcar inicia desde temprana edad, existen estudios que revelaron que el azúcar es altamente adictiva, incluso más que la cocaína”, recordó Alejandro Calvilla, director de El Poder del Consumidor, organización que denuncia con frecuencia los métodos que utilizan las industrias refresquera y de comida chatarra para engañar a los consumidores sobre el valor nutricional de sus productos.
Según Calvilla, a raíz de la implementación del impuesto las refresqueras aumentaron los precios de sus productos. Ahora que los diputados les condonaron la mitad de este gravamen, es poco probable que disminuyan sus precios. Por lo que, en comparación con el año pasado, las refresqueras ingresarán 50 centavos más por litro de refresco.
“La industria de la comida chatarra vulneró la alimentación tradicional, como el consumo de productos naturales, y destruyó los sistemas productivos como la agricultura familiar y la producción local”
Indignados, los representantes de la Alianza para la Salud Alimentaria no tuvieron palabras suficientes para condenar esta decisión “totalmente regresiva” e “ilógica”, pues la bancada del PRI derrumbó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que contemplaba un impuesto de un peso por litro de bebidas azucaradas.
Este IEPS formaba parte de la reforma fiscal que presentó Enrique Peña Nieto el 8 de septiembre de 2013. Las organizaciones lo consideraban insuficiente, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó un impuesto de al menos 20% para reducir de manera efectiva el consumo de refrescos, lo que representaba un sobrecosto de alrededor de 2 pesos por litro.
En aquel entonces, Peña Nieto explicó que el impuesto serviría para “desincentivar el consumo (de bebidas azucaradas) y, con ello, reducir índices de obesidad, especialmente en nuestros niños”.
Las organizaciones señalaron a las refresqueras y embotelladoras –Coca Cola y sus socias; Pepsico, Nestlé o Danone, entre otras– de haber cabildeado en las altas esferas del poder para tumbar parte del IEPS, que Jorge Terrazas, el director de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac), intentó frenar.
La industria se encuentra muy satisfecha de sus operaciones en el primer país consumidor de Coca Cola por habitante –los mexicanos consumen en promedio 728 productos de la refresquera al año, equivalente a dos cada día–, donde reporta ganancias multimillonarias.
En su reporte anual de 2014, la Coca Cola Company –sede mundial de Coca Cola– se felicitó de que México, Brasil, Japón y China sean sus mayores clientes a escala mundial, después de Estados Unidos, ya que estos cuatro países suman 31% de sus ventas globales, que sumaron 12 mil 156 millones de dólares en el segundo trimestre del año.
Las embotelladoras mexicanas Femsa y Arca forman parte de las cinco socias más importante de Coca Cola en el mundo.
De acuerdo con su información corporativa, Femsa Coca vendió más de 36 mil 550 millones de pesos de sus productos en el segundo trimestre de 2015, a través de sus cerca de 3 millones de puntos de venta y sus más de 351 millones de consumidores en varios países de América Latina.
Si bien Coca Cola reportó un incremento de 1% en sus ventas en América Latina, reconoció una disminución de 1% del volumen vendido en México, “debido al impacto de un nuevo impuesto que entró en vigor el 1 de enero de 2014”.
PepsiCo afirmó en su informe financiero del 2014 que México forma parte de sus mejores clientes –aportó 4 mil 414 millones de dólares de ingresos–, y resaltó que “nuestras operaciones fuera de Estados Unidos, en particular en Rusia, México, Canadá, Gran Bretaña y Brasil, contribuyen de manera significativa a nuestras ganancias”, las cuales se elevaron, en total, en 66 mil 683 millones de dólares el año pasado.
Pero PepsiCo también lamentó en su informe un declive de 2% de volumen de ventas –pero un incremento del 1% en ingresos netos– en América Latina, “lo que refleja un 0.5% de disminución en México debido a un impuesto sobre ciertos productos”.
En víspera de arrancar el 2016 con un “presupuesto base cero” y ciertas medidas de austeridad, los legisladores “amputaron” al IEPS de una recaudación que se elevaría en al menos 522 millones de pesos, destinados en un principio a incentivar el consumo de agua natural y a la atención a las personas afectadas por la diabetes.
-En la opacidad y sin control, la “partida secreta” del Ejecutivo: ONG
El recorte de 221 mil millones de pesos en el presupuesto “base cero” para 2016 no elimina la discrecionalidad con la que el Ejecutivo federal maneja el “presupuesto paralelo” de miles de millones de pesos de procedencia desconocida, denunció hoy Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa.
En un acto conjunto llevado a cabo por representantes de organizaciones que integran Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Jaime recordó que en el país los diputados no ejercen su función de contrapeso para controlar el presupuesto, y precisó a Apro que lo anterior se explica por “asimetrías técnicas y porque muchos están comprados”.
“El ejercicio del gasto tiene vicios”, lamentó Jaime, al subrayar que en promedio el Ejecutivo federal suele gastar de manera opaca un presupuesto superior en 8.3% al que aprobaron los diputados a inicios del año, gracias a los “ingresos excedentes” recaudados por aprovechamientos.
De acuerdo con la directora de México Evalúa, se desconoce el origen de 70% de los ingresos por aprovechamientos –que se elevaron a 228 mil millones de pesos en 2013–, así como de poco menos de la mitad de los ingresos de origen no tributario ni petrolero –88 mil 482 millones de pesos el año pasado–, ya que las autoridades hacendarias registran su procedencia como “otros” y los subestiman de manera sistemática.
Gracias a este “presupuesto extra”, el Ejecutivo incrementa ciertos gastos en partidas poco transparentes, como es el caso del Ramo 23, al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala cada año, explicó Jaime.
Por ejemplo, en 2013 México Evalúa documentó que los diputados dotaron con 3 mil millones de pesos al fondo regional del Ramo 23, el cual no contaba con programas definidos ni evaluaciones. A finales de ese año, el fondo había gastado 33 mil millones, once veces la cantidad atribuida meses antes.
“La partida secreta que usaba a su discreción el presidente hace años estaba en el Ramo 23, y ahí sigue, es como una carretera para dar vuelta a mucha regulación, pero abre la puerta a todo”, lamentó para luego considerar que los legisladores deberían exigir un mayor control sobre el “presupuesto paralelo”.
La directora de la organización insistió en que no basta con gastar una mayor cantidad de dinero para reducir la desigualdad, sino también ejercerla de mejor manera, pues recordó que a pesar del incremento de 35% en el gasto social entre 2011 y 2014, el número de pobres se incrementó dos millones en los primeros dos años de la presente administración.
De acuerdo con Mauricio Merino, investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y presidente de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), tres razones explican por qué en su forma actual el gasto público no reduce la pobreza y la desigualdad.
Primero, sostuvo, el presupuesto público no cuenta con mandatos claros, pues es producto de “negociaciones políticas, la inercia burocrática y de ciertos intereses”, en lugar de estar enfocado en problemas concretos que resolver. Por lo anterior, 94% del gasto programable no cuenta con objetivos que cumplir, matrices de indicadores o población definida.
Además, el gobierno no lleva a cabo evaluaciones precisas para redirigir los programas y mejorar sus políticas públicas, planteó. De acuerdo con el académico, 70% del gasto programable no llega a sus objetivos, y pese a ello “año con año lo van votando”.
Y cuando existen evaluaciones y datos confiables, concluyó Merino, se observa que los programas excluyen de manera inexplicable a grandes grupos vulnerables –como a la población indígena–, aun cuando integran los padrones únicos de beneficiarios. “Sin duda la equidad no es la prioridad del Estado”, sentenció.
José Woldenberg, académico y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), recordó que en México el sistema fiscal incumple con su función de redistribuir las riquezas y reducir las desigualdades, ya que recauda la mayor parte de los ingresos entre todos los mexicanos a través de impuestos no progresivos, como el IVA.
En cambio, protege a las grandes fortunas, ya sea mediante una reducida recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o en el nulo impuesto a los detentores de propiedades y capital.
En consecuencia, después de la redistribución del dinero recaudado por el sistema fiscal –a través de los programas, entre otros–, sólo se reduce la desigualdad en 2% contra el 20% en Alemania.
Woldenberg aseveró que “es necesario reducir los espacios de uso político de los programas”, pero advirtió que esto “será difícil”, pues “existen intereses duros y maduros” opuestos a la recaudación de las “grandes fortunas heredadas”.
Por su parte, el economista Enrique Provencio estimó que la decisión de destinar 70% los remanentes de operación del Banco de México al pago de la deuda –que aprobó hoy el Senado, a solicitud del Ejecutivo– es “cuestionable”, pues se podrían aprovechar las tasas de intereses bajas para invertir en proyectos productivos.
Provencio señaló que la inversión pública –alrededor de 3.5% del PIB– se encuentra en su nivel más bajo desde la década de los cuarenta, y exhortó a “no alimentar el círculo vicioso de recorte presupuestario y mal uso del gasto”.
El líder sindical Francisco Hernández Juárez añadió dos factores que merman el combate a la pobreza en México: el bajo costo de la mano de obra –vista como un incentivo para atraer inversiones– y la opacidad en los contratos colectivos, la cual fomenta el surgimiento de una “mafia sindical”.
Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), sostuvo que la implementación de las nuevas reglas de flexibilidad laboral debilitaron a los sindicatos y a los trabajadores más frágiles, lo que hace posible que el salario mínimo en México sea el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Con este salario, la economía formal produce pobres extremos todos los días”, resaltó para luego recordar que 7 millones de mexicanos reciben un salario mínimo a cambio de su trabajo –3 millones de ellos en el sector formal–, por lo que sentenció: “Es un país que no llega a la quincena”.
-Indigna a encuestadoras asesinato de dos empleados en Puebla
Las dos asociaciones que agrupan a empresas encuestadoras en México manifestaron su indignación por el asesinato de dos jóvenes encuestadores en Ajalpan, Puebla, que realizaban un estudio sobre “consumo de tortillas” y exigieron al gobierno federal seguridad para su personal, así como establecer una mesa de trabajo para coordinar esfuerzos.
“Durante los últimos años hemos visto con preocupación que nuestro personal, que recorre todos los días ciudades y pueblos del país para hacer las encuestas, entrevistas, etnografías y sesiones de grupo que alimentan nuestros estudios, se enfrenta a condiciones cada vez más riesgosas como fruto del clima de inseguridad y violencia que impera en nuestro país”, explican.
En el comunicado, firmado por los presidentes de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de mercado (AMAI), Heriberto López Romo y del Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE), Rodrigo Galván de las Heras, refieren:
“La noche de ayer en Ajalpan, Puebla dos encuestadores de la empresa Marketing Research & Services fueron asesinados en un linchamiento público. Los hermanos Rey David Copado Molina y José Abraham Copado Molina realizaban una encuesta en la comunidad sobre el consumo de tortillas cuando fueron acusados de ser secuestradores y ejecutados por un grupo de pobladores de la comunidad”.
En el texto dirigido a los gobiernos federal y de Puebla manifestan su profunda indignación por la muerte de ambos enormes y su enorme preocupación por las consecuencias y significado de este tipo de sucesos en su industria.
Tras advertir que la Constitución plantea claramente su derecho al libre tránsito y al trabajo, exigen a las autoridades del municipio de Ajalpan, a los gobiernos de Puebla y federal dos puntos.
Pide que se haga justicia con el crimen cometido en contra de Rey David y José Abraham, se castigue a los culpables del doble asesinato y se indemnice a sus familias.
"La industria de investigación de mercados agrupada en AMAI y CEDE estará pendiente de que se haga justicia y los culpables sean castigados, exigimos ser informados", refieren.
Y demandan que se garantice la seguridad de su personal en el ámbito nacional. y para ello propusieron al gobierno federal el establecimiento de una mesa de trabajo conjunta para coordinar esfuerzos ante esta grave problemática.
La investigación de mercados, medios y opinión pública es una industria clave para el desarrollo del país y es la fuente de trabajo y sustento de más 13 mil familias a nivel nacional, explican.
Además de la inseguridad se quejan de que algunas autoridades criminalizan su actividad. Por ejemplo, en febrero pasado difundieron un comunicado acerca de la publicación de bandos municipales como el difundido por el municipio de Coacalco de Berriozábal, donde la autoridad prohíbe su actividad de pedir información voluntaria y anónima de las personas vía encuestas, asumiendo que se trata de actividades comerciales o de servicios en la vía pública (ambulantaje).
-Reforma educativa transformará al país: Osorio Chong
El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, dijo que la reforma educativa es de "gran envergadura, de gran aliento" y va a transformar al país.
Con los cambios, dijo, se impulsa una mejor capacitación de los maestros para una educación de mejor calidad.
La Secretaría de Gobernación (SG) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) firmaron dos convenios de colaboración, uno en materia de derechos humanos y otro en protección civil.
Osorio Chong dijo que con ello México da un paso más para proteger a niñas, niños y adolescentes, porque para el gobierno federal la niñez es prioridad y por eso trabaja para su protección integral.
México está abierto a los convenios internacionales. “Hemos tenido toda la apertura y estamos trabajando con todos los organismos internacionales en todos los rubros”, subrayó.
México, agregó, avanza en el tema de los derechos humanos, pero pone especial interés al relacionado con la niñez.
El convenio en materia de protección civil tiene como objetivo establecer las bases para la colaboración en la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia en México y en la ejecución de acciones conjuntas en materia de gestión integral de riesgos para la atención de los derechos de niños, niñas y adolescentes, antes, durante y después de una emergencia.
Osorio dijo que en ese tema México es reconocido a nivel internacional, porque la protección civil es una política de Estado.
En tanto, Geeta Rao Gupta, a nombre de la UNICEF, destacó el trabajo que México lleva a cabo en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, por lo que se ha convertido en un líder a nivel global en la atención a este tema.
Hizo referencia a las reformas estructurales aplicadas recientemente en México. “Me sentí realmente muy animada de escuchar sobre las reformas estructurales que se han hecho en relación con los derechos de niños”, apuntó.
Respecto a protección civil, la Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF aseveró que es necesario invertir en esa materia para estar preparados ante cualquier contingencia, e incluir a las niñas, niños y adolescentes, a fin de que no solo tengan la posibilidad de autoprotegerse, sino también para que sean educadores dentro de sus comunidades.
Durante su intervención, el Secretario Osorio Chong destacó que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene como prioridad a la niñez y a los adolescentes. “Este es nuestro tema, la protección y alentar los derechos de las niñas y de los niños”, señaló.
Ejemplo de ello, puntualizó, es que se presentó al Congreso de la Unión, como iniciativa preferente, la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que ya ha sido aprobada; la reforma educativa, que es una de las más importantes de las llamadas estructurales, y la Ley General para la Prevención Social de la Violencia, que transforma el entorno de niñas y niños con proyectos deportivos y culturales.
Comentó que en 10 meses el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Migración, atendió a nueve mil niños no acompañados y se puso en marcha la estrategia de embarazo adolescente que busca reducir 50 por ciento este fenómeno antes de 2030.
-Un reto, mejorar productividad agrícola sin afectar el medio ambiente: EPN
Solidaridad, QRoo. Al inaugurar el Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que ante el desafío mundial de incrementar la producción agrícola, para satisfacer los crecientes requerimientos de la población, es necesario mejorar la productividad agrícola sin afectar el medio ambiente.
"Si logramos democratizar la productividad no sólo potenciaremos el desarrollo regional, también habremos de reducir la pobreza y la desigualdad social", dijo el presidente al subrayar la necesidad de diseñar políticas tanto para los grandes productores, como para los agricultores medios que redunden en un aumento en el cultivo de alimentos.
Ante los ministros de agricultura de América Latina, el mandatario señaló que en las proyecciones de Naciones Unidas se tiene previsto que la población mundial será de 9 mil 700 millones de personas en 2050 y se requerirá aumentar la producción de alimentos entre 70 y 100 por ciento.
Todo ello, en un entorno en donde se espera que solamente se añadirán un 20 por ciento de nuevas tierras de producción, por lo que la única vía para aumentar el suministro de alimentos vendrá por la vía de la productividad en el campo.
-Discutir proceso de designación para Rectoría, al término de actual proceso: Ruiz
La eventual discusión de cambios al proceso de designación de las autoridades universitarias debería darse luego de que se concluya la sucesión en curso, aseguró este martes Rosaura Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias y aspirante a la rectoría de la UNAM.
Durante un encuentro con estudiantes y profesores en la explanada de la Facultad de Derecho de la UNAM, a la ex presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias le preguntaron su opinión sobre la necesidad de transparentar y democratizar el proceso de designación de los directivos universitarios, que son elegidos por los 15 miembros de la Junta de Gobierno. Respondió que la legislación universitaria es la que dice cómo debe elegirse al rector y que sería mejor que los cambios al procedimiento se planteen cuando no haya uno en marcha.
También dijo que antes de solicitar cambios a la Ley Orgánica de la UNAM –los cuales sólo pueden ser hechos por el Congreso de la Unión- los universitarios deben tener acuerdos sobre las formas de escoger a sus autoridades.
La académica asistió a la Facultad de Derecho a convocatoria de los miembros del Club de Oratoria y Debate de esa unidad académica. Ahí expuso sus propuestas para atender los problemas de los estudiantes de la Universidad que, aseguró, son el centro de su plan de trabajo. Planteó que deberían hacerse modificaciones a los programas académicos de las licenciaturas que ofrece la UNAM para que los estudiantes puedan titularse en cuanto acaben sus estudios.
Los alumnos le hicieron preguntas sobre la inseguridad en los campus. Ella comentó que en algunas unidades académicas aún hay grupos porriles y que es necesario investigar sus fuentes de financiamiento para combatirlos.
-Identifican a jóvenes linchados en Puebla; laboraban como encuestadores
Ajalpan, Pue. Los jóvenes linchados en este municipio fueron identificados como los hermanos José Abraham Copado Molina y Rey David Copado Molina, de 25 y 35 años, encuestadores de la empresa Marketing Research & Services, con sede en la colonia Roma del Distrito Federal, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Un grupo de abogados de dicha compañía se trasladó a Ajalpan a verificar la identidad de los muchachos. En entrevista telefónica, representantes de la empresa admitieron que un grupo de empleados se encontraba realizando labor de campo en esa región.
Un día después del doble asesinato, el alcalde Gustavo Lara Torres, dijo que en ningún momento los jóvenes fueron acusados de robar menores. Explicó que fueron trasladados a la comandancia, porque, según denuncia de los pobladores, “hacían muchas preguntas”.
-En 30 días el contenido del ATP estará disponible en Internet
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, informó en la Cámara de Diputados que en 30 días los países que firmaron el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (ATP) difundirán en sus respectivas plataformas en Internet el contenido de ese acuerdo, y que en el caso de México permitirá “que esté al escrutinio de los diputados, de los senadores y de toda la opinión pública”.
En respuesta a críticas de legisladores de la oposición respecto de la falta de transparencia y los riesgos para la economía nacional del ATP, el funcionario explicó que en las negociaciones se cuidó de los sectores estratégicos, entre estos el de lácteos, textil y se rechazó la regla de 30 por ciento de contenido que se quería imponer en el sector automotriz. “Endurecimos la pierna”, describió.
Al comparecer ante la Comisión de Economía, Guajardo Villarreal dijo que en la reunión de este martes con el gabinete y el presidente Enrique Peña Nieto se presentaron los resultados de la negociación y, por instrucción presidencial, se inició la revisión del mapa de ruta para definir el esquema de fortalecimiento de los sectores estratégicos del país.
Expuso que la Secretaría de Economía mantuvo más de mil 100 reuniones con todos los sectores productivos y no se incluyó ninguna propuesta no consensuada antes con cada sector involucrado en el ATP. “Se reportó cada sesión de negociaciones al Senado puntualmente. Lo que no se podía hace era subir a una plataforma la estrategia de negociación, que se cerró hace dos semanas”.
Por otra parte explicó que la propuesta presidencial de las zonas económicas especiales se enfocará al impulso de industrias con capacidad de florecer en cada región. “No se trata de seducir a la industria automotriz del bajío para irse a Chiapas”, dijo.
Reconoció que el 50 por ciento de las zonas económicas en el mundo han fracasado y que en el caso de México no será suficiente que una comunidad sea pobre para que ahí se instale una zona económica especial, sino que se requiere de al menos “un volumen crítico de 500 mil habitantes y que se pueda conectar a una cadena de valor”.
-Pactan gobierno y GIEI sacar caso Iguala de la Seido
En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer el acuerdo suscrito ayer, 19 de octubre, con la PGR, para “sacar la investigación de la Seido de forma inmediata” y poner “toda la información existente” a un nuevo equipo de la subprocuraduría de derechos humanos, quien llevará a partir de ahora “y en forma exclusiva” la segunda parte de investigación.
En la misma diligencia, que se realizó en Washington en presencia de la plana mayor de la CIDH, integrantes del grupo de expertos y los defensores de las familias de los desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa, el subsecretario de la PGR para Derechos Humanos, Eber Betanzos, reconoció que un nuevo equipo de investigadores bajo su mando se hará cargo de la averiguación.
Dijo que en este “relanzamiento” de la investigación se tomarán en cuenta todas las recomendaciones del GIEI –son más de 200–incluyendo la aplicación del Protocolo de Estambul para los presuntos perpetradores presos que acusan lesiones corporales, posibles rastros de tortura durante los interrogatorios para condicionar sus respuestas y configurar una hipótesis del caso predeterminada.
De acuerdo a lo dicho por el brasileño James Cavallaro, visitador de la CIDH y responsable del área México, el 77 por ciento de los detenidos y procesados como presuntos ejecutores de los estudiantes registran este tipo de lesiones corporales propias de lo que llamó “apremios físicos”.
Cavallaro y la presidenta de la CIDH, Rose Marie Antoine, pidieron precisiones a los representantes del Estado mexicano sobre la reiterada petición del GIEI de entrevistarse con los soldados que el 26 de septiembre de 2014 estaban destacados en el 27 Batallón de Infantería y que fueron enviados a patrullar y observar los escenarios donde se dio la agresión contra el convoy de estudiantes de la Normal Rural.
El comisionado preguntó directamente sobre las atribuciones del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos:
–Cito al secretario, cuando dijo: “No puedo permitir que interroguen a mis soldados como si fueran delincuentes”. Pregunto: ¿constitucionalmente el Ejército mexicano depende directamente del presidente de la República y de la autoridad civil o es el secretario de la Defensa quien puede decidir sí o no se le puede permitir interrogar a los soldados a una instancia que ha sido apoyada por el presidente?
El subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos Roberto Campa Cifrián respondió aclarando que el mandatario es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y añadió, subrayando “que esto es muy importante aclararlo”, que el acceso de los expertos de la CIDH para interrogar directamente a la lista de soldados que ha solicitado “no es parte del acuerdo” que se suscribió ayer entre el GIEI y la PGR.
Insistió que en el expediente del caso Ayotzinapa se incluye el interrogatorio a casi 50 integrantes del 27 Batallón. Y si se quieren ampliar estos cuestionamientos “se atenderá el marco legal”.
La presidenta de la CIDH Rose Marie Antoine quiso saber:
–¿Esto es un sí o un no (a la petición del GIEI)?
Y replicó Campa: “Nos habremos de sujetar exclusivamente a los 10 puntos acordados con la PGR”.
Ante esta respuesta intervino otra de las integrantes del GIEI Ángela Buitrago que lamentó: “Hemos presentado cinco peticiones a la PGR para entrevistarnos con los soldados. Nunca nos dijeron que no. No entendemos porqué, en lo que se refiere al Batallón 27 siempre la respuesta ha sido evasiva”.
Enfatizó que esta diligencia con los militares “no es un juicio, sino una necesidad de verificar información que fue suprimida por la PGR. Por eso insistimos”.
Otro punto de fricción durante la audiencia fue sobre la petición del colectivo de víctimas y sus defensores de ampliar el plazo del mandato del GIEI por tiempo indefinido. En su calidad de coadyuvante, el Centro de Derechos “José Agustín Pro” presentó un video en donde varios de los padres de los 43 desaparecidos piden “que el grupo se quede entre nosotros hasta saber la verdad”.
El subsecretario Campa respondió que el Estado mexicano solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una respuesta urgente a su petición de firmar un addendum para la ampliación del plazo por seis meses más y “no se ha recibido notificación”. Añadió: “No hay razón por la cual la CIDH siga retrasando su respuesta”. Este plazo vencería a fin del mes de octubre.
Sobre este particular, Mario Patrón intervino para puntualizar que en el convenio de asistencia técnica en el caso Ayotzinapa que suscribió el Estado mexicano para la creación del GIEI en la cláusula 10 está contenida la posibilidad de ampliar el mandato “sin necesidad de firmar un addendum que signifique una mayor carga procesal”.
-Bastantitas, Durango, primer destino de 'El Chapo'
Bastantitas, municipio de Tamazula, Dgo. Horas después de haberse fugado del penal de máxima seguridad del Altiplano, Joaquín Guzmán Lorea, El Chapo, llegó en avioneta a la ciudad de Culiacán, para después tomar otro vuelo a la comunidad de Bastantitas, enclavada en la sierra que forma parte del llamado “Triángulo Dorado de la droga”, y donde estuvo hasta el 17 de agosto pasado, fecha en la que se movió a la comunidad de El Limón, de donde escapó el 6 de octubre de un comando de Fuerzas Especiales de la Armada de México.
Los pasos de Guzmán Loera los siguió la inteligencia naval desde la ciudad de Culiacán, en donde rastrearon los posibles puntos en los que se podría esconder el fugitivo más buscado del país.
Sabían los marinos que por su propia naturaleza, Guzmán Loera necesitaba un sitio dónde vivir y que tuviera señal de internet, lo cual reducía las posibilidades del lugar en que podría esconderse.
Poco a poco los elementos navales fueron cerrando el círculo, hasta el momento en que pobladores de la sierra les confiaron haber visto hombres armados, precisamente en Bastantitas, y que de acuerdo con lugareños, El Chapo se escondía en una propiedad al fondo de una vereda, la cual en su entrada tenía un portal tubular blanco.
Cuando llegaron los marinos, El Chapo tenía siete días de haber huido del lugar.
El inmueble, el cual es actualmente ocupado por un destacamento de la Armada de México, cuenta con una cabaña para alojar unas 40 personas, con piso de tierra atizonado, con paredes de madera y techo de lámina galvanizada.
Metros más arriba se ubica una cabaña construida de madera en la que Guzmán Loera estuvo durante casi un mes.
Su cabaña cuenta con un baño y lavabo de color verde con agua corriente, regadera y un pequeño clóset portátil en el cual tienden aún ganchos azules de suave tela.
La cabaña es acogedora y se presume que tuvo visitas femeninas, ya que en el lugar se encontró ropa de mujer en buen estado.
Los datos recabados en el lugar le permitieron a la inteligencia naval a ubicar otro inmueble en un lugar conocido como La Cumbre, en donde Guzmán Loera también se alojó por unos días custodiado por cerca de 40 hombres armados.
También permitió seguirle el rastro, hasta que fue detectado en El Limón, en donde un comando de fuerzas especiales de la Armada de México elaboró un plan para detenerlo, el cual resultó fallido.
