En 2010, la Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en el otorgamiento de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con un daño estimado de 570 millones de pesos. Aunque el organismo responsabilizó tanto al Fondo como a las entidades financieras y a los trabajadores que recibieron esos créditos, sólo estos últimos están asumiendo el costo de ese supuesto fraude. Se trata de 1 mil 180 empleados del gobierno a los que el Fovissste solicita el pago total y de contado de los créditos concedidos en demasía. Aunque los procesos penales siguen abiertos, la institución fijó como límite el 30 de enero de 2012 para que los trabajadores liquiden los montos, a cambio de “otorgarles el perdón”. Mientras, algunas intermediarias financieras, también implicadas en el supuesto fraude, fueron palomeadas este año para seguir tramitando créditos del Fondo.
El 5 de julio pasado, Graciela recibió un citatorio para que se presentara a comparecer en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR).
Una vez ahí, la empleada en el gobierno federal se enteró de que estaba acusada de fraude y falsificación de documentos.
La razón de la imputación la dejó pasmada: supuestamente había falsificado la información sobre sus ingresos para obtener un crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), por un monto mayor al que le correspondía.
En consecuencia, había podido acceder a una vivienda más costosa a pesar de no contar con ingresos suficientes para pagarla.
Luego se enteraría de que el suyo no era un caso aislado: cuando menos una decena de sus vecinos, todos empleados de dependencias públicas, estaban en la misma situación.
“Cuídate, porque tú que ya tienes el problema, te van a agarrar”, recuerda que fue la advertencia que comenzó a propagarse entre los vecinos cuando se enteraron de las primeras detenciones.
Los primeros en ser citados fueron trabajadores de la PGR. Se cuentan también entre ellos la mayoría de los detenidos, a decir de la Unión de Trabajadores Afectados y Defraudados por el Fovissste.
Los citatorios no han dejado de llegar desde agosto de 2010, cuando la Secretaría de la Función Pública denunció una “red de corrupción” en el otorgamiento de créditos del Fovissste.
Ésta involucraría tanto a los trabajadores que se beneficiaron de una garantía hipotecaria, a los empleados del Fovissste y a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) que fungieron como intermediarias en la tramitación de los créditos.
De acuerdo con la Función Pública, entre enero y octubre de 2008, se entregaron 1 mil 180 créditos hipotecarios de forma irregular, pues su gestión se hizo a partir de documentos falsos y de constancias de ingresos y recibos de nómina alterados. Supuestamente, fueron los trabajadores quienes falsificaron la información.
Emilio niega tal acusación. Él también es uno de los servidores públicos denunciados ante la PGR.
Cuando resultó ganador en el sorteo anual del Fovissste, en 2007, recibía un sueldo base de 4 mil pesos, lo que le permitía acceder a un crédito máximo de 400 mil pesos, “insuficientes para costear una propiedad en el Distrito Federal”, expone.
La empresa constructora le habría asegurado que podía conseguir un crédito mayor a través de una sofol. Emilio acudió a la institución financiera ING Hipotecaria, que fue la intermediaria encargada de realizar el trámite ante el Fovissste.
En realidad, Emilio no podía hacerlo de otra forma, pues las Reglas para el Otorgamiento de Créditos para Vivienda a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establecen que ése es el procedimiento para gestionar un crédito hipotecario ante la institución.
“No teníamos más conocimiento hasta que nos llamaban para la firma de escrituras”, asegura. Entonces se enteraría que le habían concedido un crédito por 524 mil pesos.
Una vez firmadas las escrituras, Emilio tuvo que notificar al Fovissste para que empezaran a hacerle los descuentos correspondientes. La institución no detectó entonces irregularidad alguna.
Fue hasta 2009, cuando comenzaron a descontarle la mitad de su sueldo (en lugar del 30 por ciento que establece la ley), que supo que algo andaba mal.
En el Fovissste le explicaron que ese incremento en el descuento se debía a que en el sistema aparecía registrado con un sueldo de 12 mil pesos. Sin embargo, pudo aclarar el error y le aseguraron que no tendría más problemas después. Y Emilio así lo creyó, hasta que se desató el escándalo del supuesto fraude.
Lo mismo le ocurrió a un empleado de la Comisión Nacional del Agua, a quien también en enero de 2009 comenzaron a descontarle el 50 por ciento de su sueldo. Él adquirió un departamento de la inmobiliaria Hir Casa.
Al igual que en el caso de Emilio, su crédito era insuficiente para la propiedad que le interesaba. Mas los asesores de venta le dijeron que podían solicitar una ampliación crediticia ante el Fovissste. Se trata de un trámite muy común, añadieron.
El empleado público comentó entonces que no podía pagar más del 30 por ciento de su sueldo, a lo que los vendedores respondieron que sólo ampliarían el plazo de pago a 30 años.
Casos como éstos han llevado a la Unión de Trabajadores Afectados y Defraudados por el Fovissste a sostener que el supuesto fraude lo efectuaron los empleados de la institución en colusión con las sofoles, las inmobiliarias e incluso hasta con los sindicatos.
La Unión, que agrupa a decenas de empleados del gobierno acusados del supuesto fraude al Fondo, esgrime lo anterior con base en los testimonios de los trabajadores que coinciden en señalar a dichos actores como los que les propusieron la ampliación de los créditos.
Además, al ser los intermediarios quienes realizaron los trámites ante el Fovissste, fueron quienes tuvieron en su poder los documentos de los beneficiarios y, en consecuencia, quienes los habrían alterado.
Alejandra habría constatado lo anterior tras solicitar su expediente al Fondo. Luego de tres meses de espera, recientemente la institución le entregó su documentación y encontró que su comprobante de pago había sido alterado. El talón de pago que utilizó para tramitar su crédito, correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2006, reporta un sueldo de 9 mil 937.14 pesos.
Sin embargo, en la copia fotostática que figura en el expediente aparece una cifra mayor: 13 mil 602.99 pesos. La hoja ostenta los sellos de “cotejado” y de la Subdirección de Finanzas del Fovissste.
También está acusada de supuesto fraude. Pero ahora, el proceso penal que se sigue en su contra no es el único problema para ella y cientos de burócratas más: el Fovissste ha fijado el 30 de enero de 2012 como fecha límite para que liquiden los montos de crédito que recibieron de más.
De acuerdo con los casos documentados por la Unión de Trabajadores Afectados y Defraudados por el Fovissste –y, que fueron consultados por Contralínea–, los montos extraordinarios van de los 95 mil a los 350 mil pesos (se trata de empleados cuya base salarial es de entre 4 mil y 7 mil 500 pesos).
Aunque las indagatorias de la PGR siguen abiertas –y por lo tanto, no se ha demostrado la culpabilidad o inocencia de los trabajadores involucrados– el Fovissste ha propuesto el pago como la única alternativa para desistirse de las acusaciones penales.
Los burócratas consideran que se trata de una forma de presión para que sean ellos quienes asuman toda la responsabilidad de un problema derivado de una administración deficiente del Fondo.
“¿Por qué voy a pagar algo que yo no hice? Ellos me lo ofrecieron así, ellos lo autorizaron. Yo firmé una escritura que dice ?30 años, 30 por ciento’, ¿por qué ahora me salen con esto?”, pregunta Graciela, indignada.
El 3 de agosto de 2010, cuando la Secretaría de la Función Pública dio a conocer el supuesto fraude en la originación de créditos del Fovissste, la dependencia estimó un daño patrimonial al Fondo por 190 millones de pesos. La cifra corresponde sólo a los 1 mil 180 casos que el organismo había detectado hasta ese momento, aunque calculaba que los créditos otorgados de forma irregular podrían ser más de 4 mil 500. Ello elevaría el monto del fraude a más de 570 millones de pesos, de acuerdo con la estimación de la Función Pública.
En entrevista con Contralínea, el subdirector de Asuntos Jurídicos del Fovissste, Ernesto Ampudia Mello, afirma que el principal interés de la institución es la recuperación de los créditos otorgados de más y no tanto los procesos administrativos y penales que se den para sancionar a los responsables.
Y dado que fueron los trabajadores de distintas dependencias públicas los beneficiarios de esos montos extraordinarios, para el Fondo es indiscutible que son ellos quienes deben pagarlos.
El funcionario aduce que “el acreditado tiene una obligación de pago; éste recibió un crédito y lo utilizó para comprar una vivienda y respecto de ese crédito tiene que responder para el Fovissste”.
Las condiciones de ese pago fueron determinadas por la institución el 26 de julio pasado, cuando se dio a conocer el Programa de Recuperación de Créditos Otorgados en Demasía: debe hacerse de contado y antes del 30 de enero de 2012.
La fecha es improrrogable y no exime a los burócratas de continuar con la liquidación de sus mensualidades por el resto del crédito concedido.
La propuesta podría antojarse atractiva, pues a cambio el Fondo ofrece desistirse de las acciones penales. Para Óscar, integrante de la Unión de Trabajadores Afectados y Defraudados por el Fovissste, el mensaje es claro: la institución “está chantajeando a través de la denuncia penal” para forzarlos a que acepten pagar.
Así, los trabajadores implicados en el supuesto fraude enfrentan la disyuntiva de pagar o continuar con el proceso penal. En caso de que se les encontrara responsables, podrían recibir una pena de hasta 12 años de prisión.
Los servidores públicos perjudicados han propuesto al Fovissste que se desista de las acciones penales y las investigaciones se lleven a cabo por la vía civil. Al respecto, Ampudia Mello afirma que la institución no se retractará a menos que recupere los créditos.
La diputada Janet Graciela González Tostado, secretaria de la Comisión de Seguridad Social, opina que más allá de la responsabilidad que pudieran tener los trabajadores, el Fovissste no debe apresurar el cobro de los créditos como lo está haciendo.
Hasta ahora, sólo 60 trabajadores han aceptado la alternativa del Fovissste, de acuerdo con su subdirector jurídico. Integrantes de la Unión sostienen, sin embargo, que ni siquiera a ellos se les ha entregado documento alguno que sustente el desistimiento del Fondo.
Ampudia Mello asegura que se están buscando otras soluciones. Todas, por supuesto, tendientes a recuperar los créditos extraordinarios.
Pero a menos de un meses de que se venza el plazo estipulado por el Fovissste para “otorgar el perdón” a los acreditados afectados, la institución no ha planteado ninguna otra opción. Tampoco el vocal ejecutivo del Fondo, Manuel Pérez Cárdenas, ha presentado a la Cámara de Diputados un informe sobre los esquemas para el otorgamiento de los créditos, como resolvió la Comisión Permanente, el 24 de agosto pasado, a petición de la legisladora Laura Itzel Castillo Juárez, integrante de la Comisión de Vivienda.
El presidente de dicha Comisión, Martín Rico Jiménez, justifica la omisión al indicar que la Junta de Coordinación Política de la Cámara no ha atendido el tema como para llevarlo al pleno y citar al funcionario. El panista asegura, sin embargo, que hay planes para reunirse próximamente con las autoridades del Fovissste para encontrar alternativas.
Hasta ahora los procesos penales siguen en curso, como lo comunicó la PGR a los diputados el 10 de noviembre pasado, en respuesta a una solicitud hecha por Castillo Juárez.
Los integrantes de la Unión de Trabajadores Afectados y Defraudados por el Fovissste indican que no sólo los citatorios continúan llegando a nuevos acreditados, sino también órdenes de aprehensión. Y que tienen conocimiento de cinco personas que ya han sido encarceladas.
La agrupación –de la que forman parte trabajadores de las secretarías de Salud, Desarrollo Social, Economía, Educación Pública y Energía, entre otras dependencias–, considera que se les está “criminalizando” en un asunto cuyo telón de fondo es la “deficiente administración del Fovissste”.
De acuerdo con Ampudia Mello, el Fovissste ha presentado 39 denuncias ante la PGR. Éstas involucran a 1 mil 180 acreditados y 120 empleados de la institución y de distintas sofoles.
Además, se han abierto procesos administrativos contra nueve empleados del Fondo y se suspendieron los convenios con las entidades financieras supuestamente responsables, a decir del funcionario.
Pero no todos los acuerdos fueron cancelados, reconoce el subdirector jurídico, sino sólo los que se tenían con aquellas entidades que originaron el 80 por ciento de los créditos irregulares.
Justifica que “con el resto debimos seguir originando créditos porque es a través de quienes colocamos los créditos”.
Lo anterior se constata al revisar el listado de entidades financieras que han firmado el convenio con el Fovissste para 2011, publicado por la institución.
En éste aparecen las sofoles Patrimonio, SA de CV; Fincasa Hipotecaria, SA de CV (de IXE Grupo Financiero, ahora fusionado con Banorte); Crédito Inmobiliario, SA de CV; Hipotecaria Vértice, SA de CV; Hipotecaria Casa Mexicana, SA de CV; ING Hipotecaria, SA de CV; y Scotiabank Inverlat.
Todas éstas están sujetas a procesos penales, como Contralínea constató a partir de un acuerdo de diligencias de la averiguación previa 020/FECCI/10.
Ampudia Mello asegura, sin embargo, que independientemente del convenio que existe con esas entidades, están demandadas en la vía civil, al igual que aquéllas con las que sí se cancelaron los convenios.
Aunque el funcionario omitió dar los nombres de las sofoles suspendidas, al argumentar que “es un asunto que se encuentra en la tramitación oficial”, en el documento consultado por Contralínea figuran además Corporación Hipotecaria, SA de CV; Sofol BBVA Bancomer, Metrofinanciera, SA de CV; Hipotecaria Bajío, SA de CV; y Condesa Financiera, SA de CV.
En el caso de esta última, cuyo apoderado legal es Hipotecaria Su Casita, un documento del poder Judicial de la Federación referente a la causa penal 33/2011-III, da cuenta de que ni siquiera se encuentra en el domicilio fiscal que reportó.
De acuerdo con el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ésta se encuentra en la colonia Jardines del Moral, en León, Guanajuato. Mas el documento judicial revela que la sofol no sólo no se ubica a ahí, sino que no lo ha estado desde hace 15 años, aproximadamente. A pesar de ello, el Fovissste la palomeó entre las entidades autorizadas para hacer los trámites de otorgamiento de créditos hipotecarios, al menos en 2008.
Cuando la Secretaría de la Función Pública dio a conocer el supuesto fraude, informó que daría vista de los primeros casos detectados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encargada de supervisar la conducta de las sofoles.
Para conocer qué acciones ha tomado dicho órgano desde entonces, tanto de control como de sanción a las sofoles, Contralínea solicitó entrevista con su titular, Guillermo Babatz Torres. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta del encargado de Comunicación Social, Carlos López Moctezuma.
La diputada Castillo Juárez, integrante del Partido del Trabajo, acusa que detrás del otorgamiento irregular de los créditos del Fovissste hay un “contubernio” y una “simulación” entre las autoridades y las empresas.
A decir de la legisladora, desde el sexenio de Vicente Fox este “contubernio entre instituciones” se ha vuelto la base de la política habitacional en el país.
Ello ha favorecido que los créditos hipotecarios se establezcan en función de las reglas del mercado y no de los salarios de los trabajadores y de su capacidad de ahorro.
Si bien eso responde al afán de las empresas inmobiliarias para conseguir mayores ventas, el Estado ha contribuido al permitir ciertas argucias de las inmobiliarias, como ofrecer la ampliación de créditos o el no pago del enganche.
Y cuando “truena el asunto, se van por lo más delgado del hilo, en contra del trabajador, cuando éste no es el que planteó esa propuesta”, expresa la diputada.
“Un trabajador no puede hacer la trampa por sí mismo, la trampa es del sistema”.
Fuente: Contralínea
