Presidencia, Marina, Sedena, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y PGR no aceptan haber pedido a EU dichas acciones
El tema salió a la luz tras el asesinato de un agente de ICE, cuando se supo que con naves estadunidenses se buscaba a los culpables
El gobierno de Estados Unidos ha realizado sobrevuelos con aviones no tripulados para obtener información de grupos criminales. De manera concreta, en febrero pasado lo hizo para localizar a uno de sus testigos protegidos y dar a las autoridades mexicanas la ubicación del presunto autor del asesinato de un elemento de la Agencia de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, ni la Presidencia de la República ni las secretarías de Marina, Defensa Nacional, Gobernación, Seguridad Pública federal y de Relaciones Exteriores, ni la Procuraduría General de la República (PGR) reconocen haber hecho solicitudes a las agencias estadunidenses para tal propósito.
Las respuestas oficiales que se han dado a peticiones de información pública realizadas por La Jornada y ciudadanos dan cuenta de que para todas las instancias gubernamentales que tienen facultades para solicitar o autorizar los sobrevuelos, parecieran no existir esas acciones, las cuales, si no se avisó al gobierno mexicano, habrían sido violatorias de la soberanía nacional.
En todas las respuestas, las instituciones niegan tener registros de los sobrevuelos que naves estadunidenses han realizado desde el año 2000. Sin embargo, tanto el presidente Calderón, la canciller Patricia Espinosa y hasta el actual secretario de Gobernación, Alejandro Poiré –cuando estaba en funciones de vocero del gabinete de seguridad nacional–, afirmaron entre marzo y julio de este año que México ha autorizado tales acciones del gobierno estadunidense.
“Se realizan desde 2009”
Pero el vocero de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Washington, Juan Muñoa, señaló que el sobrevuelo de aviones no tripulados se ha hecho desde julio de 2009, cuando el gobierno mexicano autorizó la operación de una aeronave de las llamadas Predator B drones para ayudar a buscar a los homicidas de Robert Rosas, agente de la Patrulla Fronteriza.
El 15 de febrero de este año, tras el atentado que integrantes de Los Zetas realizaron contra dos agentes de ICE en la carretera 57 México-Nuevo Laredo, en el municipio de Santa María del Río, tramo San Luis-Querétaro, que dejó herido al agente Víctor Ávila y muerto a Jaime Zapata, en círculos oficiales del país se dijo que los funcionarios estadunidenses se toparon con un retén comandado por delincuentes, y al no detener la marcha del vehículo en que viajaban fueron agredidos, pero al paso del tiempo y con la extradición del presunto resposable del ataque, identificado como Julián Zapata Espinoza, El Piolín, trascendió que la emboscada tenía como objetivo asesinar a un testigo protegido de ICE.
El caso puso al descubierto que para localizar a los presuntos autores del atentado, y según información de autoridades que participan en el gabinete de seguridad nacional, también al llamado “testigo con protección internacional”, las agencias antidrogas (DEA, por sus siglás en inglés) e ICE desplegaron aviones no tripulados, conocidos como drones o Global Hawk, que fueron utilizados por Estados Unidos en Afganistán.
El Piolín, identificado como uno de los jefes de plaza de Los Zetas en San Luis Potosí, fue detenido por militares ocho días después del atentado a los agentes de ICE. Supuestamente dijo a los efectivos castrenses que el ataque se debió a “un error”, supuestamente al haber “confundido” una camioneta blindada y con placas diplomáticas, con el vehículo de un grupo rival.
Ese atentado fue el principio del reconocimiento oficial de los sobrevuelos de aviones estadunideses no tripulados sobre territorio nacional. Incluso, el diario The New York Times reveló que los mandatarios Barack Obama y Felipe Calderón habían alcanzado un acuerdo secreto para que, a solicitud del Presidente mexicano, sobrevolaran aviones espías para recabar datos que ayudaran a localizar y golpear las estructuras financieras de las redes del narcotráfico que operan en México.
En ese contexto, el 17 de marzo de este año, durante una comparecencia ante senadores y bajo protesta de decir verdad, la canciller Patricia Espinosa señaló: “es atribución exclusiva del Ejecutivo federal otorgar permisos de sobrevuelo de cualquier naturaleza. (Los vuelos) tuvieron lugar en ejercicio de facultades previstas en la Constitución y en las leyes federales”.
“En ocasiones limitadas y especificas se ha pedido el apoyo de Estados Unidos para contar con aviones no tripulados, como una herramienta para la obtención de información de inteligencia” y combatir a las bandas del crimen organizado, indica el estudio realizado por las comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai) María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Wanda Sigrid Arzt Colunga, para resolver los recursos de revisión 2848/11 y 2888/11 contra la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Pero, respecto de los sobrevuelos, la Subsecretaría para América del Norte de la SRE, mediante oficio SSAN-398 de fecha 26 de abril de 2011, emitió la siguente respuesta: “después de realizar una búsqueda de la información solicitada, y no habiéndose localizado la misma, se declara la inexistencia de documentos en los que conste dicha información”.
En nombre del gobierno federal, Alejandro Poiré Romero afirmó en marzo de este año: “estas acciones siempre se hacen con autorización, vigilancia y supervisión operativa del gobierno mexicano (...) los vuelos de aviones no tripulados en el espacio aéreo nacional han sido solicitados por el gobierno mexicano (...) en todo momento, la colaboración de agentes de otros países, en particular de Estados Unidos, se ha sustentado en los acuerdos bilaterales y la legislación vigente (...) esta cooperación se ha pedido para la obtención de elementos de información específica, definida por el gobierno de México, en particular en la zona fronteriza, para la consecución de objetivos concretos en materia de seguridad”.
No hay sumisión: Calderón
En octubre pasado, el presidente Felipe Calderón afirmó que en el combate al crimen organizado trasnacional no hay sumisión de México ante Estados Unidos, y que el sobrevuelo de aviones no tripulados ha sido a petición de nuestro país.
Según las bases de coordinación para autorizar sobrevuelos en el espacio aéreo mexicano y aterrizaje de aeronaves extranjeras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1997, las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Comunicaciones y Tansportes, así como la PGR son las responsables de esa autorización.
En el caso de los aviones no tripulados, ninguna institución reconoce haber solicitado o autorizado los sobrevuelos. La Sedena, mediante el oficio AI/0002784n del 24 de junio de este año, “sugiere canalizar su petición a la cancillería, a fin de que le proporcionen la respuesta adecuada”.
La Marina respondió en el mismo sentido en el oficio UE-491/11 del 27 de junio de este año, en el que menciona que “la información que se solicita no es competencia de esta unidad de enlace, se sugiere realice su solicitud a la SRE”.
En tanto, la PGR, mediante el oficio SJAI/DGAJ/06131/2011 sostuvo: “no se cuenta con antecedentes de la información solicitada. Se indica que se haga extensiva la petición a la Secretaría de Seguridad Pública federal”, y esta última dijo no tener registro de ninguna petición.
La cancillería, que debería tener conocimiento de los sobrevuelos, las peticiones o autorizaciones, respondió a una solicitud de información pública: con fecha 26 de abril pasado, el Comité de Información de la SRE expidió el oficio CI-362, por el cual se informó que la cancillería emitía una declaratoria de “inexistencia” de los documentos solicitados.
Fuente: La Jornada
