Destrucción de flora y fauna, uso intensivo de agua, producción de toneladas de residuos peligrosos y daños a comunidades por la contaminación de aire y suelo, así como acústica, son consecuencias de la minería a cielo abierto y la megaminería subterránea que se extiende en territorio nacional.
En gran parte del país, pero sobre todo en Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Colima y Jalisco, “la actividad minera ha generado por décadas gran cantidad de desechos” y contaminación, señala el Instituto Nacional de Ecología en el estudio Tecnología de remediación para sitios contaminados.
Apunta que, en general, todas las etapas de un proceso minero, con excepción de la prospección (estudios preliminares), causan problemas ambientales de alto impacto.
En las fases de exploración, explotación, beneficio, fundición y refinación se generan aguas residuales, desechos peligrosos y emisiones a la atmósfera. Aun con esos efectos, esa actividad se expande y ya amenaza alrededor de una cuarta parte del suelo nacional.
Tan sólo la compañía número uno en producción de oro en México, Goldcorp, tiene una clausura preventiva impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre Peñasquito, una de sus minas, donde debe “regular sus procesos para evitar afectación ambiental”, informó el organismo.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene ubicados al menos dos sitios donde es urgente atender los pasivos ambientales (contaminación que representa un riesgo ambiental y para la salud de la población). Se trata de jales (residuos) de la mina Pilares, en Nacozari de García, Sonora, y las minas Nuevo Mercurio, en Mazapil, Zacatecas, que operaron durante el siglo pasado.
La actual devastación de territorios es consecuencia de que el oro ya no está en vetas, sino disperso, y en bajas concentraciones. Ha proliferado la técnica de tajo a cielo abierto, con la cual se extrae medio gramo de metal de una tonelada de tierra. “El problema es que para obtenerlo se destruye el territorio”, puntualiza Juan Carlos Ruiz Guadalajara, investigador de El Colegio de San Luis.
El alto precio actual del oro “hace rentable a una empresa remover una tonelada de tierra y obtener de ella medio gramo de ese metal precioso, sin importar la devastación del paisaje, la pérdida de biodiversidad y la contaminación al aire que provoca”, explica.
La explotación a cielo abierto y la megaminería subterránea se basan en la remoción de toneladas de tierra, que después se trituran y se filtran con millones de litros de agua mezcladas con cianuro para obtener unos gramos de oro.
Un ejemplo es la mina a cielo abierto que explota Minera San Xavier, filial de la canadiense New Gold. Durante el año pasado utilizó diariamente 32 millones de litros de agua, mezclados con 16 toneladas de cianuro.
Lo anterior significa que en 2010 esa planta consumió 10 mil millones de litros de agua del acuífero, mezclados con al menos 4 millones de toneladas de cianuro, y removió unos 20 millones de toneladas de subsuelo, agrega el investigador en entrevista. Con esa explotación, ya desapareció el símbolo del escudo de San Luis Potosí, el Cerro de San Pedro, añade.
Ese es sólo un ejemplo de lo que pasa en el país, ya que hay comunidades donde van en aumento las protestas por la actividad minera y las consecuencias ambientales que provoca.
Basta mencionar Chicomuselo, Chiapas, donde en 2009 fue asesinado el líder opositor a la mina de barita Mariano Abarca, y donde una extensa área de vegetación fue removida para exponer las vetas.
En estos días se preparan varios movimientos de resistencia. En comunidades huicholas de Real de Catorce lo hacen contra la llegada de nuevos proyectos mineros. También realizarán movilizaciones la policía comunitaria, en Guerrero, y en los municipios Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Actopan, Veracruz, entre otros.
Hay minas en funcionamiento consideradas focos rojos por la Profepa. Además de Minera San Xavier –sobre la cual un juzgado determinó que podía operar con la manifestación de impacto ambiental de 2006 (que en 2010 fue cancelada por la Semarnat)– está la de oro La Guitarra, en Temascaltepec, estado de México, multada por irregularidades con unos 500 mil pesos, informa en entrevista el subprocurador de inspección industrial de la Profepa, Sergio Herrera.
Esa mina era propiedad de Genco Resources, la cual suscribió un acuerdo en noviembre de 2010 con la canadiense Silvermex Resources, por lo que ahora es propiedad de New Silvermex.
También se mantiene de manera preventiva una clausura parcial temporal a Peñasquito, ubicada en Zacatecas, propiedad de Goldcorp. La medida fue adoptada para que la empresa regulara sus procesos y evitar daño ambiental. “Cuando cumpla o acredite que no habrá riesgo al medio ambiente se podría levantar la clausura o confirmarla con una sanción”, señala Herrera.
La producción de la mina durante 2010, cuando comenzó su operación comercial, fue de 168 mil 200 onzas de oro. Para este año prevé llegar a ciento por ciento de su capacidad y obtener 350 mil onzas para convertirse en la mina más grande de ese metal en el país, indica información de la Cámara Minera de México en un informe de 2010.
Herrera detalla que la Profepa ha realizado de 2007 a la fecha 252 visitas de inspección a plantas mineras, sobre todo en Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Con 10 inspectores en esta área, aplicó multas por 4.8 millones de pesos porque no se contaba con la autorización de impacto ambiental o por medidas de seguridad.
En cuanto al uso de cianuro en presas de jales, dijo que aún “no son muchas las minas que usan este proceso; una es Minera San Xavier, que explota a cielo abierto y hace este proceso. No se han detectado mayores afectaciones”.
Ruiz Guadalajara detalla que el agua mezclada con cianuro puede contaminar el acuífero y “no sólo se trata de la destrucción del sitio donde se obtiene el mineral, sino que se producen millones de toneladas de rocas liberadas del subsuelo, que generan sulfuros, lodos y se producen jales mineros. En el territorio quedan daños permanentes irreversibles”. Entre las minas que operan a tajo abierto en el país están Peñasquito, Mulatos, la de barita en Chicomuselo y Minera San Xavier.
La investigadora uruguaya Sylvia Ubal señala que con la explotación a tajo abierto se crean inmensos cráteres que pueden ocupar más de cien hectáreas y entre 200 y 800 metros de profundidad. Se genera demasiado ruido con la molienda y trituración de rocas. Hay contaminación del aire con polvo, combustibles tóxicos, vapores o gases de cianuros, mercurio o dióxido de azufre. Además se reduce la presencia de agua subterránea, hay eliminación del suelo en el área de explotación y con la supresión de vegetación desaparece la biodiversidad de la zona.
Fuente: La Jornada
