Promueve Salinas recurso ante Juez para que no sean transferidos al SAE
Raúl Salinas de Gortari pretende recuperar los 41 inmuebles que le fueron asegurados desde 1996, cuando fue acusado por la PGR de enriquecimiento ilícito, e incluso que sean devueltos a sus "verdaderos dueños" aquellos bienes que, asegura, no son suyos porque no están a su nombre.
El 15 de agosto, Carlos López Cruz, Juez Décimo Tercero de Distrito en el Reclusorio Sur, ordenó de oficio transferir al Servicio de Enajenación y Administración de Bienes (SAE) de Hacienda, 24 de las 41 propiedades que fueron aseguradas en el juicio contra Raúl.
En respuesta, Raúl promovió un recurso en el que no sólo pide al juez suspender la transferencia de bienes al SAE, sino levantar el aseguramiento de los 41 inmuebles y que sean devueltos a él y a otros propietarios.
Esta es la primera vez en 15 años de juicio, el más largo de la historia reciente, en que Raúl pretende recuperar los bienes intervenidos, 25 ubicados en el DF, 5 en Guerrero, 5 en Morelos y el resto en Baja California Sur, Oaxaca, Jalisco, Edomex, Puebla y Querétaro.
Entre ellos se incluyen la hacienda de Las Mendocinas en Puebla y la finca de El Encanto, en la Delegación Cuajimalpa del DF, célebre por la búsqueda que hizo el ex fiscal Pablo Chapa Bezanilla de la osamenta de Manuel Muñoz Rocha, guiado por una vidente.
Según el desglose de las propiedades, los 24 bienes transferidos por el juez, localizados en Puebla, Guerrero y DF, no debieron ser remitidos al SAE porque podrían causar abandono a favor del Gobierno federal, sin darle oportunidad de defensa a quien tenga derecho sobre ellos.
Raúl argumenta que en esta lista están ocho casas y departamentos a su nombre que tampoco deben permanecer asegurados porque fueron adquiridos entre 1977 y 1981, cuando no era servidor público. Los tribunales, afirma, han establecido que su juicio sólo deben abarcar hechos en su periodo de funcionario.
Sobre los otros 17 inmuebles, el procesado establece que efectivamente sí tienen relación con su juicio porque fueron adquiridos entre 1985 y 1992, cuando desempeñó distintos cargos en el Gobierno Federal.
Afirma que de ellos, sólo nueve bienes, ubicados en Guerrero, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Baja California Sur y Jalisco, los administra la autoridad federal a través de un depositario y en estos casos, tras 15 años de juicio, ha prescrito el aseguramiento, por tratarse de una medida administrativa.
En los ocho restantes reclama que la acción penal sobre los inmuebles prescribió antes de que la PGR solicitara la orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, hoy el único proceso penal pendiente del hermano del ex Mandatario.
En su recurso, Raúl Salinas pide el levantamiento del aseguramiento de los inmuebles "ajenos a los hechos que dieran origen a la causa penal en que se actúa, así como a los pertenecientes a diversos propietarios", y devolverlos.
En la década de los 90, varios de los bienes los atribuyó la PGR a supuestos prestanombres de Raúl.
Sin embargo, Salinas pidió al juez que citara a declarar a Ana María Pasalagua Branch, Jesús de la Garza, Mariana Margarita Salinas Pasalagua, Juan José Salinas Pasalagua, Rafael Alejandro Valdez González, Claudia Andrea Corte Franco, Rosana Paola Corte Franco y Gladys Isolde Franco Arndt, copropietarios de diversos bienes.
El juez López Cruz admitió el recurso, pero rechazó llevar a cabo estas diligencias, así como pedir documentos a la Función Pública y los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio. Raúl apeló la inadmisión de pruebas.
El juzgador aún no ha resuelto si devuelve los bienes.
REFORMA buscó a la defensa legal de Salinas, pero no pudo ser localizada.
Fuente: Reforma
