Los pobladores de la Huasteca, en San Luis Potosí, conformaron guardias comunitarias para impedir que se realice el fracking en la región y anunciaron que bloquearán el paso a las empresas que quieran ejercer esta práctica.
Di No al fracking en México
“Ya hay guardias comunitarias en Tamasopo y Rayón vigilando la zona para evitarlo”, dijo el dirigente de la agrupación “Nuevo País”, Miguel Ángel Guzmán Michel.
“Pero si vemos que las autoridades no hacen nada por evitar e impedir el fracking, estamos dispuestos a hacer presencia física y bloquear de manera determinante y definitiva el paso de las empresas a los predios”, mencionó.
Dijo que los campesinos no se oponen al progreso, si hay mantos de petróleo éstos se puedan explotar, pero habría que buscar otra técnica que lo permita, con un bajo costo ambiental para que esta riqueza se pueda extraer sin comprometer al medio ambiente y a la vida de todos los seres vivos de una zona específica.
LOS CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) firmó con Pemex Exploración y Producción (PEP) y las empresas D&S Petroleum, SA de CV y DS Servicios Petroleros SA de CV, un contrato para buscar y explotar aceite y gas en una zona de 400 kilómetros de territorio potosino, que incluye el municipio de Ébano. La celebración de este contrato se da en días en que varios municipios de la Huasteca sur viven en tensión ante la posibilidad de que en la región se comience con la explotación de hidrocarburos por medio del fracking.
Las empresas involucradas están asociadas con la compañía petrolera china Sinopec.
El contrato será bajo la modalidad de producción compartida en la Asignación AE-0391-M-Ébano, que también incluye áreas de Tamaulipas y Veracruz. Y tiene una duración de 30 años con posibilidad de dos prórrogas de cinco años cada una.
La superficie prevista en el contrato mide un millón 569 mil kilómetros cuadrados, de los cuales 401.8 corresponden a territorio potosino, el 25.6 por ciento del territorio de la asignación.
El área explotada es considerada de “campos maduros”, es decir, yacimientos ya explotados y para los cuales se busca extraer los remanentes dejados por décadas de extracción de gas y aceite.
Por ellas, el contratista entregó a la CNH las garantías corporativas correspondientes que suman un monto de 500 millones de dólares, así como la garantía de cumplimiento por un monto de 30 millones 780 mil 6 dólares.
El fallo se dio a conocer en momentos en que en al menos cinco municipios de la Huasteca sur formaron un movimiento de oposición a la explotación de gas por la vía del fracking, consistente en la inyección de grandes cantidades de agua a presión a los pozos.
Ante la polémica que ha generado esta práctica en pozos petroleros de la Huasteca, el Ayuntamiento de Valles a través de su secretario, Luis Fernando González Castañeda, refrendó la postura de Cabildo en contra de esta medida, señalando que no apoyarán acciones que perjudiquen el ecosistema.
Señaló que hasta el momento no han recibido ninguna notificación sobre el posible paso de explosivos custodiados por la Secretaría de la Defensa Nacional, como ocurrió en otros municipios como San Antonio, pues de manera oficial desde el mes de marzo a propuesta de una agrupación ecológica, y mediante acta de Cabildo por unanimidad, los regidores se opusieron a la aplicación de esta fractura hidráulica, siendo conocedores de la gran afectación que podría generar a las comunidades y medio ambiente.
“El rechazo al fracking no viene de ahora, desde el mes de marzo se planteó en Cabildo y se hizo oficial, no lo permitiremos, ni solaparemos ninguna acción por parte de Pemex, y queremos ser claros pues tampoco hemos recibido ninguna notificación sobre el posible traslado de explosivos, Valles está de paso y que yo recuerde no hemos recibido aviso oficial hasta el momento”, reiteró.
HUASTECOS CONTRA EL FRACKING
En una multitudinaria asamblea realizada este fin se semana en la que participaron más de mil campesinos y autoridades de las 53 comunidades de San Antonio, funcionarios del Instituto de Desarrollo Humano y Social de Los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi), así como líderes de Xilitla, Tanquián, Tamuín, Tanlajás y San Vicente, además de autoridades municipales actuales y electas, se llevó a cabo la firma de carta oficial contra la fracturación hidráulica para buscar hidrocarburos conocida como fracking.
En la reunión, se reiteró el compromiso de defender hasta con la vida para que no se realicen la perforación y la extracción por parte de Pemex, ni en la comunidad de San Pedro en San Antonio ni en ningún otro municipio huasteco.
La asamblea se realizó en la galera ejidal de San Pedro, formándose una comisión especial encabezada por Carmelo Rodríguez Rojas, secretario del Ayuntamiento, quien afirmó que por parte de Pemex han sido varios los avisos recibidos en este año respecto a trabajos de perforación y extracción de butano.
El Alcalde Agustín González dijo que ni ahí ni ahora ni mañana “vamos a permitir esta fracturación porque será perder nuestro ecosistema la poca agua que hay en las comunidades. En estos dos meses que quedan nuestra postura seguirá siendo la misma: no al fraking y vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias”, señaló.
El Alcalde electo Edyunary Castillo, reiteró que respaldado por la Ley mantendrán esa postura. “Vamos a promover un amparo federal no sólo contra Pemex si no contra la misma Sedena”, indicó.
El Presidente electo de Tanlajás, Raúl Rivera, señaló que este daño al ecosistema no lo permitirán ni ahora ni nunca, “nosotros por Tanlajás no vamos a permitir que pasen con explosivos para San Antonio, vamos apoyar a nuestros hermanos porque es un problema que nos atañe a todos”.
Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo de México, dijo la semana pasada que pondrá fin a la utilización de la fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo, un método que apenas ha comenzado a emplearse en algunas zonas del norte del país.
En una conferencia de prensa, López Obrador respondió a una pregunta sobre los posibles riesgos del fracking y dijo que México ya no utilizará ese método para extraer petróleo.
López Obrador también criticó los contratos privados de generación de electricidad que desplazaron a la Comisión Federal de Electricidad, la cual es propiedad del Gobierno. Sin embargo, no dijo si buscaría anular los contractos vigentes.
La Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) demandó al próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a los legisladores de la Coalición Juntos Haremos Historia que prohíban legalmente el método de fractura hidráulica, conocido como fracking, para extraer gas y petróleo en México, con lo cual se haría efectiva la declaración que el político tabasqueño hizo el 31 de julio contra dicha práctica.
En un pronunciamiento con cinco demandas que difundió este martes, la AMCF también solicitó que el próximo gobierno aplique “una moratoria” de nuevos contratos en el sector energético, es decir que no se lleve a cabo una licitación más en tanto no realice un plan de transición energética con mesas públicas de debate sobre la política extractiva y energética.
Incluso demandó que se anulen las asignaciones y los contratos del sector eléctrico, entregados por licitación pública a empresas privadas, pero cuyos proyectos operan sobre territorios de pueblos originarios o de comunidades equiparables. Sostuvo que carecen de validez porque violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por haber realizado una consulta previa sobre dichas comunidades, violando sus derechos, autonomía y libre determinación.
Conformada por 40 organizaciones, movimientos sociales y comunidades de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Chiapas y Ciudad de México, la AMCF se congratuló que López Obrador se haya manifestado públicamente contra el fracking y se comprometiera a que serán revisados los contratos del sector petrolero que el el gobierno federal ha entregado a empresas privadas mediante licitaciones públicas así como las concesiones para la producción de energía eléctrica en pueblos originarios.
Desde abril de 2013, los integrantes de la Alianza han denunciado las afectaciones en el medio ambiente, el clima global y las comunidades que provoca el fracking. Advirtió que, de acuerdo con el proyecto 18 de su campaña presidencial, López Obrador pretende elevar la producción petrolera a 2 millones de barriles diarios para el año 2024, pero dado “el panorama generalizado de yacimientos declinantes, cumplir esta meta solo es posible a partir de la expansión de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”.
Así que la AMCF exigió que “no se lleve a cabo una licitación más para la entrega de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, para Pemex o empresas privadas, hasta que el futuro gobierno presente un plan asequible, transparente y con tiempos claros y definidos para alcanzar, paulatinamente, el abandono de todas las actividades económicas ligadas a la explotación de hidrocarburos”. Para ello también planteó que se lleven a cabo mesas públicas de debate sobre la política extractiva y energética.
Otros dos puntos del pronunciamiento de la Alianza se refieren a la revisión de los contratos del sector energético. Recordó que desde el pasado 28 de mayo, López Obrador anunció que revisará los que fueron entregados a empresas privadas y se anularán los que presenten irregularidades en el proceso de licitación o en la etapa de operación. Si bien manifestó su respaldo también acotó que monitoreará de cerca dicha promesa.
El tabasqueño prometió que durante su administración esta practica de extracción de combustible no se permitiría, pero Lewis Energy ganó uno de los contratos petroleros para extraer gas no convencional en el norte del país y en septiembre podría iniciar operaciones
El fracking o fracturación hidráulica es un método que se utiliza en el suelo para extraer gas o petróleo. Para realizarlo se inyectan grandes cantidades de agua a alta presión, lo cual rompe la roca del subsuelo y permite la extracción del combustible.
El método genera críticas entre ambientalistas por el uso masivo de agua y su mezcla con productos químicos para mejorar la fuerza de perforación, lo que provoca que el vital liquido se contamine y ya no sirva para su consumo humano ni otros usos.
En México, agrupaciones sociales han externado su preocupación al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido que durante su mandato este método no se utilizará en territorio nacional, aunque en Coahuila una empresa está a nada de iniciar operaciones con el fracking como elemento principal.
En las recientes subastas energéticas, en donde el gobierno mexicano abrió zonas de exploración a empresas privadas, la estadounidense Lewis Energy ganó un contrato para explorar y extraer gas shale en yacimientos del norte del país, específicamente en Coahuila.
Las palabras del tabasqueño han hecho eco en las autoridades estatales, quienes buscan convencerlo de respetar el contrato ahora que su equipo revisa los 104 contratos petroleros restantes.
Lewis Energy tiene planeado iniciar labores en septiembre con una inversión inicial superior a los 600 mil dólares, lo que supone una aportación económica importante para el estado y generación de empleos.
La pregunta que surge entre los propietarios de la empresa y el gobierno de Coahuila es ¿qué pasará con el contrato vigente?
Para el presidente del Clúster de Energía en Coahuila, Rogelio Montemayor, las posibilidades de que se eché abajo son muy bajas ya que éste se realizó minuciosamente y el costo de romperlo sería muy alto para el país, además de que Obrador ha reiterado que va a respetar los contratos que no tengan problemas.
El gobernador de la entidad, Miguel Ángel Riquelme, ha declarado que buscará un acercamiento con el equipo del tabasqueño, con el fin de explicarles el significado de estas operaciones en el estado que permitirán la competitividad y el desarrollo económico.
Riquelme dijo que la exploración significa una inversión aproximada de 161 millones de dólares y aseveró que actualmente existen métodos que permiten no dañar el medio ambiente con este tipo de extracción.
“La razón la tenemos, el tema es poder establecer las pláticas necesarias para llegar a acuerdos y poder hacer entrar en razón a quienes vayan a estar al frente de dependencias como la Secretaría de Energía”, declaró a la prensa.
Mientras tanto, la moneda está en el aire y el equipo de Obrador anunció que la revisión de todos los contratos vigentes finalizará en noviembre.
Activistas demandan a AMLO prohibir legalmente el 'fracking'
En un pronunciamiento con cinco demandas que difundió este martes, la AMCF también solicitó que el próximo gobierno aplique “una moratoria” de nuevos contratos en el sector energético, es decir que no se lleve a cabo una licitación más en tanto no realice un plan de transición energética con mesas públicas de debate sobre la política extractiva y energética.
Incluso demandó que se anulen las asignaciones y los contratos del sector eléctrico, entregados por licitación pública a empresas privadas, pero cuyos proyectos operan sobre territorios de pueblos originarios o de comunidades equiparables. Sostuvo que carecen de validez porque violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por haber realizado una consulta previa sobre dichas comunidades, violando sus derechos, autonomía y libre determinación.
Conformada por 40 organizaciones, movimientos sociales y comunidades de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Chiapas y Ciudad de México, la AMCF se congratuló que López Obrador se haya manifestado públicamente contra el fracking y se comprometiera a que serán revisados los contratos del sector petrolero que el el gobierno federal ha entregado a empresas privadas mediante licitaciones públicas así como las concesiones para la producción de energía eléctrica en pueblos originarios.
Posible, la prohibición del fraking con mayoría legislativa
Sin embargo, manifestó que “para hacer efectiva la intención de abandonar la fractura hidráulica, es necesario plasmar la prohibición de esta práctica en la ley. Las mayorías simples que tiene a coalición Juntos Haremos Historia en el Senado y Cámara de Diputados bastan para reformar la Ley de Hidrocarburos o expedir una Ley General de Prohibición de la fractura hidráulica a partir de las cuales se concrete la prohibición de esta técnica en el territorio nacional”.Desde abril de 2013, los integrantes de la Alianza han denunciado las afectaciones en el medio ambiente, el clima global y las comunidades que provoca el fracking. Advirtió que, de acuerdo con el proyecto 18 de su campaña presidencial, López Obrador pretende elevar la producción petrolera a 2 millones de barriles diarios para el año 2024, pero dado “el panorama generalizado de yacimientos declinantes, cumplir esta meta solo es posible a partir de la expansión de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”.
Así que la AMCF exigió que “no se lleve a cabo una licitación más para la entrega de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, para Pemex o empresas privadas, hasta que el futuro gobierno presente un plan asequible, transparente y con tiempos claros y definidos para alcanzar, paulatinamente, el abandono de todas las actividades económicas ligadas a la explotación de hidrocarburos”. Para ello también planteó que se lleven a cabo mesas públicas de debate sobre la política extractiva y energética.
Otros dos puntos del pronunciamiento de la Alianza se refieren a la revisión de los contratos del sector energético. Recordó que desde el pasado 28 de mayo, López Obrador anunció que revisará los que fueron entregados a empresas privadas y se anularán los que presenten irregularidades en el proceso de licitación o en la etapa de operación. Si bien manifestó su respaldo también acotó que monitoreará de cerca dicha promesa.
AMLO dice no al fracking, mientras en Coahuila empresa ya se prepara para perforar
El fracking o fracturación hidráulica es un método que se utiliza en el suelo para extraer gas o petróleo. Para realizarlo se inyectan grandes cantidades de agua a alta presión, lo cual rompe la roca del subsuelo y permite la extracción del combustible.
El método genera críticas entre ambientalistas por el uso masivo de agua y su mezcla con productos químicos para mejorar la fuerza de perforación, lo que provoca que el vital liquido se contamine y ya no sirva para su consumo humano ni otros usos.
En México, agrupaciones sociales han externado su preocupación al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido que durante su mandato este método no se utilizará en territorio nacional, aunque en Coahuila una empresa está a nada de iniciar operaciones con el fracking como elemento principal.
En las recientes subastas energéticas, en donde el gobierno mexicano abrió zonas de exploración a empresas privadas, la estadounidense Lewis Energy ganó un contrato para explorar y extraer gas shale en yacimientos del norte del país, específicamente en Coahuila.
Las palabras del tabasqueño han hecho eco en las autoridades estatales, quienes buscan convencerlo de respetar el contrato ahora que su equipo revisa los 104 contratos petroleros restantes.
Lewis Energy tiene planeado iniciar labores en septiembre con una inversión inicial superior a los 600 mil dólares, lo que supone una aportación económica importante para el estado y generación de empleos.
La pregunta que surge entre los propietarios de la empresa y el gobierno de Coahuila es ¿qué pasará con el contrato vigente?
Para el presidente del Clúster de Energía en Coahuila, Rogelio Montemayor, las posibilidades de que se eché abajo son muy bajas ya que éste se realizó minuciosamente y el costo de romperlo sería muy alto para el país, además de que Obrador ha reiterado que va a respetar los contratos que no tengan problemas.
El gobernador de la entidad, Miguel Ángel Riquelme, ha declarado que buscará un acercamiento con el equipo del tabasqueño, con el fin de explicarles el significado de estas operaciones en el estado que permitirán la competitividad y el desarrollo económico.
Riquelme dijo que la exploración significa una inversión aproximada de 161 millones de dólares y aseveró que actualmente existen métodos que permiten no dañar el medio ambiente con este tipo de extracción.
“La razón la tenemos, el tema es poder establecer las pláticas necesarias para llegar a acuerdos y poder hacer entrar en razón a quienes vayan a estar al frente de dependencias como la Secretaría de Energía”, declaró a la prensa.
Mientras tanto, la moneda está en el aire y el equipo de Obrador anunció que la revisión de todos los contratos vigentes finalizará en noviembre.
Fuente: Sin Embargo, La Jornada, Reporte Indigo
