La policía en los terrenos ejidales donde la minera estadunidense Penmont extrae grandes cantidades de oro. Foto: Especial
“El pasado 12 de abril acudieron a las tierras propiedad del ejido el Bajío 24 patrullas de la Policía Estatal de Sonora y al menos tres de la Policía Municipal de Caborca, además de diversos civiles, para despojar de sus tierras a los campesinos que son los legítimos dueños de las mismas”, informó en entrevista telefónica con Apro el abogado Jesús Thomas.
Señaló que el 28 de marzo el tío de la gobernadora presentó una denuncia contra los ejidatarios, y dos semanas después el Ministerio Público integró la averiguación sólo con su palabra.
Con esa denuncia, añadió, Carlos Alberto González Palafox, Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altar, con residencia en Caborca, giró inmediatamente las órdenes de aprehensión sin verificar si Rafael Pavlovich es realmente dueño del predio, y sin llamar a declarar a los inculpados.
Decenas de efectivos policiales se presentaron en el Ejido El Bajío para detener a los “peligrosos” campesinos Erasmo Santiago Santiago, Simón Santiago Morales, Pedro Santiago Morales, Bartolo Pacheco Santiago y Salvador Ibarra Morales.
“Lo que cualquiera con dos dedos de frente bien sabe es que integrar una averiguación previa les lleva años y rara vez se consigna. Estos señores la armaron en dos semanas. Se ve que hay línea del procurador estatal Rodolfo Montes de Oca para fabricar los delitos”, aseguró Thomas, representante legal de los ejidatarios.
Todo fue fabricado desde el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28 con sede en Hermosillo, dijo, ya que el pasado 11 de marzo el magistrado Benjamín Arellano Navarro inventó un acuerdo para incluir como ejidatario al tío de la gobernadora Claudia Pavlovich.
“El único fin es favorecer a la minera Penmont, que dicho sea de paso estuvo presente en el operativo, y una vez arrestados los campesinos ingresó a sus tierras y ahí ha permanecido desde entonces con más de 30 unidades y decenas de trabajadores”, gracias a la autorización ilegal del magistrado Benjamín Arellano.
El predio que reclama Pavlovich Durazo fue invadido ilegalmente años atrás por la minera Penmont, socia de la mexicana Minera Herradura, propiedad de Alberto Bailleres.
Ante el usufructo ilegal de sus terrenos, los campesinos mantuvieron un largo litigio que derivó en 67 sentencias a favor del Ejído El Bajío, donde se ordenaba a la minera restituir los terrenos, pagar los daños y perjuicios en favor de los ejidatarios, y devolver el oro extraído ilegalmente.
En el expediente 536/2013 del Tribunal Agrario, de noviembre de 2014, se obliga a Minera Penmont a pagar, sólo por la devolución del oro, más de 334 millones de dólares.
“Ese mandato del Tribunal hizo que el terreno ahora sea codiciado por terceros ajenos al mismo, incluidos empresarios, funcionarios de gobierno y familiares de Claudia Pavlovich, que han puesto a funcionar la maquinaria del Estado para su beneficio, intentando con ello despojar a los campesinos, que son la clase más abandonada y vulnerable”, concluyó Jesús Thomas.
Fuente: Proceso| JUAN ALBERTO CEDILLO
