Sesión en el Congreso de Sonora. Foto: Especial
Así lo demuestra el reporte con folio 110/UE/LXI expedido por la dirección general de Administración del Congreso local el cual revela que el salario de los diputados se elevó de 65 mil 775 pesos en 2006 a 108 mil 713 pesos en 2016, un incremento de 65% en la última década.
No es todo. Además de sus salarios en 2006 os 33 legisladores locales recibían mensualmente 60 mil pesos de la partida 3907, etiquetada como “ayuda social”; 71 mil 212 por concepto de “gestión legislativa”, de la partida 3919, y 333 mil 333 pesos de “fondo legislativo”. En total, 530 mil 320 pesos mensuales.
Esta última cifra representaba en aquel año unos 10 mil 896 salarios mínimos debido a que en 2006 el día laborado se pagaba a 48 pesos con 67 centavos. Los representantes populares se agenciaban 17 mil 667 pesos diarios.
En una sencilla comparación se advierte que el salario laboral se incrementó 24 pesos con 37 centavos -de 48.67 a 73.04- y en una década y el de los congresistas sonorenses se elevó 42 mil 938 pesos. A un ritmo anual de 2.40 pesos el de los trabajadores y a cuatro mil 293 pesos el de los diputados.
Las prebendas legislativas documentadas por Apro a través de solicitudes de acceso a la información fueron, son y serán discrecionales. Por presión social en 2007, los legisladores locales cancelaron la partida 3907 de “ayuda social” que ascendía a 23.6 millones de pesos.
Supuestamente, en 2014 la partida de “fondo legislativo” que constaba de 132 millones, fue eliminada, sin embargo los reportes financieros de la Cámara sonorense se mantienen en constante aumento anual.
Respecto de la partida 3919 denominada “gestión legislativa”, que suma 45.7 millones anuales, aún no se discute o analiza su anulación.
El pasado 17 de marzo, Epifanio Pavlovich, coordinador de la bancada priista y primo de la gobernadora Claudia Pavlovich, aseguró que no estaría dispuesto a renunciar a este fondo millonario.
“Tendríamos que consultarlo a todos, pero la verdad que es un recurso que se justifica porque todos los congresos y parlamentos lo tienen. Es para poder trabajar y hacer bien nuestro trabajo. Es para capacitar al personal, para foros ciudadanos, tiene una razón de ser y yo en lo particular no estaría de acuerdo a renunciar a esta partida”, afirmó en aquella ocasión.
Peor aún. La actual presidenta del Congreso, Célida López, reprochó que si la partida 3919 de 99 mil pesos fuera de 300 mil pesos mensuales, “no alcanzaría”.
“Son una infinidad de peticiones que no alcanza; además el diputado no es una oficina de peticiones por lo que los diputados tienen que aprender a hacer gestiones; aunque con el dinero que nos dan se puede hacer la diferencia”, justificó la panista representante del segundo distrito local de Puerto Peñasco.
Javier Villarreal, diputado plurinominal priista y actual secretario general de CTM Sonora, declinó a su oportunidad de opinar -en calidad de congresista- sobre el desigual crecimiento del salario mínimo en comparación con el jugoso aumento que se auto adjudican los legisladores.
Sin embargo, como líder sindical deploró el ínfimo aumento salarial de los trabajadores y consideró que como mínimo ingreso diario los obreros deberían percibir 200 pesos. El líder cetemista, quien tiene la responsabilidad de luchar por un salario digno para sus agremiados gana como legislador siete mil 200 pesos diarios.
Según el portal oficial Tres de Tres que promueve Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, Villarreal en sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés, dice tener una fortuna de seis millones de pesos.
Y el año pasado únicamente por concepto de cuotas gremiales ingresó 1.7 millones. Además cuenta con dos casas valuadas en 4.3 millones.
La voracidad financiera legislativa es inversa a la efectividad de los diputados porque según registros de la Unidad de Enlace del Congreso sonorense, en la 60 Legislatura (2012-2015) se dejaron 63 asuntos pendientes por dictaminar -entre juicios políticos, iniciativas, exhortos o puntos de acuerdos-; en la 59 Legislatura, de 2009 a 2012, un total de 13 expedientes fueron archivados y en la 58 Legislatura fueron 6 los casos que no resolvieron los representantes populares.
Fuente: Proceso| MILTON MARTÍNEZ
