El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Foto: Margarito Pérez
La crisis financiera de los municipios, aunado al abuso de las administraciones salientes que no resuelven la situación laboral de sus trabajadores y a la tradición de las administraciones entrantes que al llegar despiden indiscriminadamente para ocupar plazas con su gente y para el pago de cuotas y apoyos de campaña electoral.
Esto ha traído como consecuencia, que en lo que va de las nuevas administraciones municipales, que iniciaron el pasado 1 de enero, han acumulado al menos 600 demandas laborales, mismas que se sumarían a la deuda millonaria que supera más de 500 millones de pesos de las administraciones anteriores. Todo esto se agrega a las deudas por otros conceptos como pago de proveedores y contratación de empréstitos anteriores.
El problema es más grave porque por el descuido jurídico de los funcionarios municipales al menos cinco ayuntamientos, entre ellos Cuernavaca, están en riesgo de ser destituidos, comenzando con los presidentes municipales, dado que no se ha cumplido el ordenamiento de tribunales laborales para el pago de los laudos, pero tampoco se ha tenido la atención de acudir, en muchos casos, a las audiencias.
De acuerdo con la titular de la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal, Gabriela Gómez Orihuela, al menos hay 52 funcionarios, entre presidentes municipales e integrantes de los cabildos y gabinetes, que al no atender las demandas en el plazo requerido por la autoridad jurisdiccional, están en riesgo de ser destituidos.
Según dice la funcionaria estatal, la desatención del área jurídica del ayuntamiento de Cuernavaca a las ordenanzas y procedimientos en torno a diversos laudos laborales vencidos, el primero en enfrentar esta situación será el alcalde de la capital, Cuauhtémoc Blanco Bravo. De hecho, en lo que va del mes de abril, el edil capitalino ha enfrentado al menos tres resoluciones de diversos Juzgados Federales de Distrito que le ordenan la destitución del edil por incumplir con los resolutivos emanados de estas instancias.
De hecho, este viernes, el alcalde habría recibido una notificación de un proceso de destitución que fue iniciado en un juzgado federal. Gómez Orihuela aseguró que los funcionarios de la Consejería Jurídica del ayuntamiento de Cuernavaca, incluso han dejado plantados en varias ocasiones a los actores de la demanda, así como a los propios tribunales. “Si no le ponen atención a los asuntos laborales, pueden llevar a término (un procedimiento de destitución) muy complicado para el alcalde de Cuernavaca”, sostuvo.
En el mismo riesgo están los alcaldes de Temoac, Cuautla, Amacuzac, Zacatepec y Tlaquiltenango. Son un total de 52 funcionarios en Morelos entre presidentes municipales, incluído Cuauhtémoc Blanco Bravo, síndicos municipales y regidores, quienes están en riesgo de destitución por el incumplimiento en el pago de un pasivo laboral contingente que alcanza los 525 millones de pesos.
Arrestos administrativos
Por su parte, el magistrado presidente de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, Martín Jasso Díaz, informó que derivado justamente del desinterés que han mostrado las autoridades municipales en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, durante las próximas semanas, funcionarios de al menos 12 ayuntamientos deberán cumplir con arrestos administrativos.
En este supuesto se encuentran los alcaldes, integrantes de cabildo e incluso secretarios y directores de áreas de los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Ayala, Temixco, Zacatepec, Puente de Ixtla, entre otros. Estos funcionarios dependen de la sentencia, pero podrían ser sometidos a una sanción de hasta 36 horas de arresto, informó el magistrado de Justicia Administrativa.
Explicó que con el inicio de las nuevas administraciones municipales han reiniciado los procesos para cumplimentar las sentencias y por ello han dado los plazos para que los ayuntamientos cumplan con las mismas, desde un día hasta la imposición de multas, sin embargo, ante la renuencia para cumplir ahora seguirán las órdenes de arresto.
“Vamos a empezar con los apercibimientos de arresto que van hasta 36 horas dependiendo de la autoridad sentenciada y de su trascendencia en el juicio, en riesgo encontramos cerca de 10, 12 municipios, ya seguirían los arrestos por desacato, su argumento es que no tienen el presupuesto para pagar, que no tienen los fondos, que tienen demasiadas sentencias”, sostuvo.
Desafortunadamente, el magistrado sostuvo que los ayuntamientos tampoco han mostrado un interés por querer llegar a un arreglo a través del TJA o directamente con las personas agraviadas, por ello espera que una vez que se ejecuten estos arrestos finalmente las autoridades cumplan con las sentencias al precisar que si existe renuencia, lo que sigue es la destitución.
“Es complicado que tampoco ellos entablen una forma de comunicación con los actores en juicio, se puede llegar a un acuerdo y cumplir con la sentencia en parcialidades o llegar a un acuerdo y acabarlo”, agregó Jasso Díaz. En esto coincide con lo dicho por la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, el problema no sólo es la falta de recursos y la crisis de los municipios, sino también la desidia de los funcionarios, incluidos los alcaldes, como el de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, que podría ser destituido o sometido a arresto administrativo por el incumplimiento de pagos.
Fuente: Proceso| POR JAIME LUIS BRITO
