Ante la “tormenta de spots y anuncios” en los medios de comunicación impresos y electrónicos con la cara y voz del presidente Enrique Peña Nieto, el Centro de Investigación Fundar recomendó a la ciudadanía recurrir al Poder Judicial porque toda esa propaganda “viola nuestro derecho a recibir información útil y oportuna”.
En declaraciones a Noticias MVS, dijo que en los últimos años los informes de Gobierno se convertido en el momento de mayor propaganda en el país, a cargo del erario. “Se ha transformado en la cúspide de la propaganda del Estado”, subrayó.
Desde su punto de vista, esa “tormenta de spots” acalla los debates y verdaderos cuestionamientos.
“En todos los niveles se reportan gastos millonarios, sobreejercicios, opacidad”, indicó y lamentó que hasta ahora no se haya transparentado ni regulado la propaganda gubernamental.
Por tal razón, recomendó a la ciudadanía acudir al Poder Judicial, pues se “viola nuestro derecho a recibir información útil y oportuna”.
Justine exhortó a los gobernadores que están por rendir cuentas harán, como el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, a que se comprometan a no hacer propaganda, como la de EPN.
Y dio a conocer que por lo pronto el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, ya se comprometió con Fundar a no hacer uso de su imagen, con el pretexto de su informe de gobierno.
El amparo que suscribió la investigadora y fue admitido por el Poder Judicial, es contra el artículo 242 de la nueva ley electoral, el cual señala que: “El informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe”.
Los firmantes señalan que ese artículo permite prácticas propagandísticas en el marco de la publicidad de los informes de gobierno a pesar de la prohibición constitucional.
Fuente: Proceso| La Redacción
