Organizaciones civiles emplazaron a Raúl Plascencia, titular de la CNDH, a interponer una acción de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias de la reforma energética por considerarlas violatorias de por lo menos una decena de derechos humanos previstos en la Carta Magna y en tratados internacionales suscritos por México.
En rueda de prensa, representantes de más de 40 agrupaciones advirtieron que el próximo 10 de septiembre vence el plazo para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interponga el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el fin de que los ministros puedan corroborar los efectos nocivos de la reforma en los derechos fundamentales.
Araceli Olivos Portugal, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), consideró que “una vez más Raúl Plascencia Villanueva tiene en sus manos la oportunidad histórica de proteger los derechos de los pueblos y comunidades agrarias” que se verán afectados por la extracción de hidrocarburos.
Luego de delinear los diversos agravios contenidos en las normas secundarias de la reforma energética, Olivos Portugal puntualizó que “la acción de inconstitucionalidad es el mecanismo de control para garantizar y proteger los derechos humanos de los pueblos y comunidades agrarias e indígenas, y por eso es tan importante y trascendente que el ombudsman sí haga su trabajo, porque se podrán promover otras acciones jurídicas, pero el alcance es siempre limitado”.
Según las ONG, las leyes secundarias energéticas ponen “en riesgo el desarrollo sustentable del país”. Y entre los derechos fundamentales violentados, resaltaron “el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales; a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado”.
Además, “a la autodeterminación y desarrollo de los pueblos originarios; a la no discriminación, al derecho de propiedad; de trabajo; de libertad de expresión, información, participación y acceso a la justicia; al medio ambiente sano, y el acceso, saneamiento y disposición del agua, así como a los principios de no regresividad en materia de derechos humanos y al principio por persona”.
También señalaron que entre las violaciones más claras destacan aquellas que “no dejan opciones a los legítimos propietarios de la tierra, quienes se verán forzados a cederla para actividades de explotación de hidrocarburos, si así lo determina un asignatario o contratista. La Ley de Hidrocarburos no permite a los dueños de la tierra inconformarse por la imposición de un proyecto de esta naturaleza”.
Manuel Llano, de Conservación Humana AC (CHAC), destacó que de un revisión de las rondas Cero (R0) y Uno (R1), es decir, las zonas de influencia que tendrá Pemex y las trasnacionales, se pudo detectar que las entidades con mayores afectaciones de tipo social y ambiental serán Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Campeche, Chiapas y Tabasco.
Asimismo, alertó que se afectarán tres áreas naturales protegidas federales: dos la R0, los Pantanos de Centla, en Tabasco, y la Laguna de Términos, en Campeche, y por la R1, el Parque Nacional Los Novillos en Coahuila, y la misma Laguna de Términos.
En cuanto a zonas protegidas de orden estatal se afectarán 14: 12 por la R0, en Chiapas (1), Tabasco (8), Tamaulipas (1) y Veracruz (2), y dos en Veracruz por la R1.
Llano agregó que los núcleos agrarios que podrían ser afectados sumarían unos 3 mil 496 por la R0 y mil 335 por la R1; en tanto que por la R0 se afectará 13 zonas indígenas y por la R1, cinco.
Francisco Cravioto, del Centro de Información y Análisis Fundar, describió los riesgos ecológicos y las violaciones a derechos de territorio y agua de las comunidades, toda vez que prácticas como la fractura hidráulica (fracking) para la extracción de gas shale requiere de millones de litros de agua potable que ineludiblemente terminará contaminada.
El experto resaltó además que la ausencia de sanciones para las empresas extractoras podría derivar en graves daños ambientales, como los siete derrames de productos tóxicos en los últimos cuatro años, seis de ellos de octubre del año pasado a la fecha, por parte de empresas mineras y Pemex.
Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), advirtió que las leyes secundarias son “regresivas, pues mientras en el mundo se están promoviendo la energía renovable, en México se está alentando un modelo que se ha comprobado es altamente nocivo, además de que no hay consecuencias para las empresas, pues derrames como los que hemos visto en los últimos días formarán parte de los costos de operación, sin que haya un resarcimiento de daños para las comunidades afectadas”.
También recordó que en los últimos años México ha recibido unos 5 mil millones de dólares de organismos internacionales para combatir el cambio climático, pero “lo contenido en las leyes secundarias, aunque se dice que son energías limpias, es sólo una fachada, debido a que van a provocar mayores emisiones de gases nocivos”.
En cuanto a las campañas impulsadas por los partidos políticos, PRD y Morena, en busca de una consulta ciudadana sobre el tema, Fernando Ríos, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), apuntó que las organizaciones civiles se suman a la reciente propuesta lanzada por 200 personalidades para que ambas fuerzas políticas unan sus esfuerzos en una sola causa.
Sin embargo, apuntó que de mayor relevancia sería la acción de inconstitucionalidad que, de darse, facilitaría “una lucha mayor con la SCJN, porque tiene que haber un número mayor de 50% de votos de los ministros, y ese será otro nivel de incidencia en el que tendremos que participar”.
Fuente: Proceso| GLORIA LETICIA DÍAZ
