El 6 de agosto los habitantes de siete municipios les robaron la tranquilidad, después de que la minera Buenavista del Cobre derramara 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el Río Sonora. El suministro de agua potable está cortado y las pipas no alcanzan. Foto: Jorge Serratos / El Universal
Banamichi.- Desde el pasado 6 de agosto a siete municipios del Río Sonora les robaron la tranquilidad. Ocurrió cuando 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre corrieron libre por ese río y lo convirtieron en un peligro.
Ahora, toda el agua que beben los afectados, desde Ramos Arizpe hasta Ures, proviene de botellas de agua y garrafones.
Algunas raciones las trae Grupo México, dueño de la minera Buenavista del Cobre que provocó “el mayor desastre minero en el país”, pero la mayoría son donaciones.
El suministro de agua potable está cortado y el agua racionada de las pipas no es suficiente.
Patricia Serrano dice que sólo les han dado migajas. Un garrafón por familia para beber, agua racionada de pipas para todo lo demás.
“Es demasiado ver a los viejos que les robaron la paz, que tienen que acarrear agua, a gente formada para una despensa”.
Ella es maestra en Banamichi, su esposo es ganadero. Su papá tenía dos hectáreas de tierra pero se perdieron porque ahora no se pueden regar.
Ella y su esposo cuentan que al principio nadie les dijo que sería tan grave.
“La primera vez que vino el director de Protección Civil, Carlos Arias, contó que no pasaba nada, que podíamos seguir usando el agua normal y así lo hicimos. Ni siquiera hizo una reunión, sólo interrumpió la misa. Si le hubieran dado más importancia no hubiera llegado a tal grado”, dice Alfredo Pérez.
Está preocupado por lo que vaya a pasar. Nadie quiere comprar leche o quesos de los productores del río Sonora, porque temen enfermarse por la contaminación.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha anunciado multas para Grupo
México de 40 millones de pesos, “pero los de la minera son la gente más rica de México ¿que les van a poder hacer?”, se pregunta Alfredo Pérez.
En su escritorio María Elsa tiene el libro “La Oración de la Serenidad”, pero desde que no tiene agua no ha podido estar tranquila.
Ella y su esposo tienen el único centro de rehabilitación para jóvenes en el municipio de Ures, el más cercano a la ciudad de Hermosillo de las siete localidades afectadas.
En este centro cuidan a 50 muchachos y no tienen agua. Antes de que cortarán el suministro a algunos de ellos les comenzaron a salir ronchas en la piel, creyeron que era una intoxicación de comida.
Muchos negocios están quebrando porque la gente ya no confía en comprar comida en los municipios dentro de la franja de restricción. Los ejidatarios no pueden vender su producción porque el agua de riego proviene del río.
Jacinto Salazar tiene tres hectáreas de tierra y va a perder toda su producción porque no se puede vender. Se ha acercado a Grupo México para ver si va a llegar alguna indemnización, pero de eso nada.
Ramón Navarro, de 70 años, tiene una carnicería en Baviácora. Cada mes mataba 20 vacas para venderlas y ahora sólo ha sacrificado siete. Si la restricción no se levanta en los próximos días, cree que todos los comerciantes de ahí van a quebrar.
La comunidad lechera es una de las más afectadas de la zona. Cada día tiran más de 28 mil litros de leche esperando a que se dé luz verde para venderla en el estado, pero de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los niveles de contaminación en el río aún no cumplen con los estándares mínimos de seguridad.
Pero algunos como Jesús Domínguez de 52 años no saben de las advertencias. Sus vacas y su yegua beben agua del río y él se lava las manos ahí.
“Pues yo veo que ya está más limpia, las vacas beben de ahí, ahorita hasta están gordas porque sí ha llovido”, dice montado en su caballo “Cachora”, que se espanta las moscas del lomo.
Según datos de Salud local, a la población se le pide no utilizar las fuentes de abastecimiento y lavarse durante 30 minutos si se tiene contacto con el agua; muchas comunidades desconocen los riesgos.
Grupo México dice que tiene cuadrillas de limpieza trabajando; mientras, 20 inspectores la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continúan en la mina Buenavista del Cobre para revisar las instalaciones, como parte de la investigación.
Fuente: El Universal
