)La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) adquirió desde noviembre pasado un sistema de “monitoreo de teléfonos celulares” mediante el cual podrá no sólo interceptar y escuchar las llamadas de voz de los aparatos, sino prácticamente hacerse de su control.
El hardware y el software para estas labores fueron adquiridos a una empresa de la Ciudad de México a un costo de 22 millones 197 mil pesos. De acuerdo al contrato de adquisición consignado bajo el expediente DGA-CAASPE-IR-07-13, la operación se concretó el 27 de mayo de 2013. La empresa vendedora es Ingeniería Kantier SA de CV, asentada en el DF. El contrato fue hecho público por la organización Ciudadanos Observando.
El documento ampara la compra de un “sistema de monitoreo de teléfonos celulares”, pero es más que eso. De acuerdo a las especificaciones de los bienes adquiridos, el gobierno estatal, a través de la PGJE, tiene desde entonces la capacidad para “interceptar en tiempo real comunicaciones GSM, 3G y mensajes SMS” para “acceder a voz, obtener el código IMEI de los equipos, manipular el teléfono objetivo, abrir el micrófono, manipular mensajes SMS, clonar el número para usarlo al enviar SMS a otro objetivo o realizar llamadas.
Detectar objetivos pre establecidos en el área, grabar todo tráfico de llamadas y SMS de equipos objetivo, interrumpir llamadas en curso, bloquear de manera selectiva llamadas, determinar números telefónicos salientes o entrantes al equipo objetivo, simular redes de comunicación y clonar las reales y negar el acceso a la red a los equipos objetivo”.
El contrato fue otorgado bajo la figura de invitación restringida pues, según los argumentos de la PFJE, se trataba del mecanismo adecuado debido a que “no es conveniente que se haga de dominio público las características y especificaciones técnicas de los bienes a adquirir, ya que esto podría generar circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la institución y a las operaciones que ésta realiza en la procuración e la justicia; ya que de llegar a manos de la delincuencia, podrían empelar los medios para evadir los bienes a adquirir”.
Fuente: Por Jaime Hernández, especial para SinEmbargo
