Indígenas tzotziles y grupos ciudadanos lanzaron la campaña “Justicia para Susana”, para exigir al Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, la reparación integral a las violaciones de derechos humanos ocasionadas a Susana Hernández Gómez, quien tenía 39 semanas de embarazo y murió a consecuencia de una mala atención médica en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas. A través de un comunicado, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), acusa al Gobernador de gastar alrededor de 10 millones de dólares en promover su imagen y no atender las necesidades de infraestructura en materia de salud. Revela que en Chiapas las mujeres embarazadas mueren durante la atención del parto, mientras que las autoridades son omisas ante los problemas del sistema de salud que derivan en muerte materna.
El hospital donde murió Susana no cuenta con la infraestructura necesaria para brindar atención digna a las mujeres provenientes de los 18 municipios que integran la zona de los Altos de Chiapas. De acuerdo con información proporcionada por personal de salud que ahí labora, indica el comunicado, el hospital cuenta con sólo diez camillas para atender a las casi 100 embarazadas que acuden diariamente al área de urgencias. Desde octubre del año pasado se encuentra en remodelación, el área que resguarda el material estéril tiene fugas de agua, los medicamentos se almacenan en el suelo y en medio del cascajo pierden vigencia.
Añade que las mujeres junto con el personal de salud se hacinan en espacios improvisados, sólo hay ocho camillas en el área de recuperación y 17 camas en piso para las casi 30 mujeres que se atienden por guardia. El GIRE acompaña legalmente a la familia de Susana para exigir justicia y vigilar que la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso se cumpla en tiempo y forma.
Piden que las autoridades de Chiapas atiendan a las peticiones de la familia para que la muerte de Susana no quede impune. El pasado 3 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 29/2014 dirigida al gobierno de Chiapas, por el caso de violación a los derechos humanos de una joven mujer y su recién nacida, indígenas tzotziles. El organismo autónomo explicó que una inadecuada atención en el Hospital de la Mujer, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, ocasionó que la madre perdiera la vida. El 4 de octubre de 2013, la mujer de 26 años de edad, que cursaba un embarazo de 38.6 semanas de gestación acudió a ese nosocomio, dependiente a la Secretaria de Salud local, por presentar dolores de labor de parto.
Y dos días después fue intervenida quirúrgicamente para extraer a su recién nacida mediante cesárea, extirparle la vesícula biliar y “ligarla”, pero finalmente falleció. Tras efectuar una amplia investigación, que implicó ejercer la facultad de atracción, prevista en los artículos 60 de la Ley de la CNDH y 14 de su Reglamento Interno, respecto de diversa investigación que realizaba la Comisión los Derechos Humanos de Chiapas, se contó con elementos que permitieron evidenciar violación a los derechos humanos a la protección de la salud. Así como al trato digno de la mujer y su recién nacida, a la vida en agravio de la primera e inobservancia del interés superior del menor, atribuibles a personal adscrito al Hospital de la Mujer, con motivo de una inadecuada atención médica que se les brindó.
Por ello, en su Recomendación 29/2014, la CNDH pidió al gobierno de Chiapas se tomen medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a la menor y a los familiares de la víctima que falleció, con motivo de la responsabilidad profesional e institucional en que incurrió ese personal. También solicitó se emita una circular dirigida al personal médico del hospital en la que se le exhorte a entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los Consejos de Especialidades Médicas, con la finalidad de que se acredite tener la actualización, experiencia y conocimientos suficientes para mantener las habilidades necesarias que permitan brindar un servicio médico adecuado y profesional.
Así como colaborar ampliamente con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y queja administrativa que el organismo nacional formule ante la Procuraduría General de Justicia del estado y la Contraloría Interna de la Secretaria de Salud de la entidad, respectivamente. Y en el seguimiento e inscripción de los familiares de la fallecida en el Registro Nacional de Víctimas, a efecto de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General en la materia.
Fuente: Sin Embaro| La Redacción
