No garantiza transparencia, argumenta el Instituto
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) solicitó formalmente al presidente Enrique Peña Nieto que realice observaciones al artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada por el Congreso, porque en los términos en que se redactó no garantiza el principio de máxima publicidad y transparencia que establece la Constitución.
Para el Inai, en toda norma y actuación del Estado debe privilegiarse siempre la transparencia y garantizarse el derecho de acceso a la información, "lo cual no se consigue con el texto final aprobado del artículo 9 de la ley", por lo que el instituto ratifica su preocupación acerca de los alcances de dicha legislación en lo que concierne a la transparencia y máxima publicidad de la información asociada a su instrumentación.
“A la letra, el artículo 9 dice: ‘la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables’. Con tal redacción, advirtió el Inai, no se garantiza el derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6 de la Constitución, "pues lejos de propugnar por la apertura de la información se privilegia la reserva".
En el documento remitido a la Presidencia, el Inai asume que si bien en su momento fue "sensible" a las observaciones que hicieron (los legisladores) previo a su aprobación, a pesar de ello, en los términos en que se redactó el artículo 9 "es contrario a dicho principio, ya que por regla general toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño".
Aunque en su momento, al participar ante comisiones del Senado, el presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, avaló las argumentaciones en favor de los términos del artículo 9 y los senadores fueron "sensibles", ante la redacción final el Inai ratificó sus preocupaciones que patentizó expresamente a Peña Nieto, "para que, conforme a sus competencias, observe la nueva ley, de manera concreta el artículo 9, en favor de la prevalencia del principio constitucional de máxima publicidad".
La aprobación de madrugada en el Senado de la República de la Ley de Seguridad Nacional, el 15 de diciembre, y la ratificación de los cambios cosméticos realizados a nueve artículos en la Cámara de Diputados, no frenó el descontento nacional e internacional que se ha generado por este nuevo ordenamiento que implica un aplastamiento a las demandas de respeto a los derechos humanos en México.
A pesar de la temporada decembrina, jóvenes activistas protagonizaron el pasado fin de semana una movilización inesperada a las puertas de Los Pinos para reclamarle a Enrique Peña Nieto que cumpliera con sus facultades presidenciales y vetara la ley. En el mismo sentido se pronunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la coalición de organizaciones #SeguridadSinGuerra.
Con consignas como “Veto a la ley golpista” o “Alto a la guerra, no a la Ley de Seguridad Interior”, los cientos de jóvenes que marcharon de la Estela de Luz de la avenida Reforma hasta las rejas de la residencia oficial de Los Pinos para protestar por la polémica ley, dejaron claro que no habrá amnistía cívica frente a esta imposición de la coalición oficialista del PRI, Verde y sus aliados del PAN y otros partidos.
Los contingentes marcharon con banderas de la comunidad lésbico-gay, de los distintos colectivos urbanos de jóvenes anarquistas o de activistas de derechos humanos que durante la última semana se han expresado en contra de la Ley de Seguridad Interior.
La entrada a Los Pinos estuvo herméticamente protegida por elementos del Estado Mayor, decenas de granaderos, camiones y toletes listos para usarse ante algún brote de violencia, como si se cumpliera uno de los supuestos de la Ley de Seguridad Interior.
Uno de los incidentes reportados por los medios fue cuando un joven encapuchado amenazó con lanzar objetos a los granaderos. Lo despojaron de un aerosol y de un encendedor. Surgió el reclamo: “esa ley no da seguridad, lo único que quiere es permiso para matar”.
El reclamo de los manifestantes fue claro: “Así nos recibe Peña Nieto, como si fuéramos los peores delincuentes”. “¿Este es el diálogo que ofreció?”, preguntaron, en clara referencia a la promesa del 8 de diciembre de hacer un “diálogo incluyente” a través del Senado antes de aprobar la ley.
La movilización internacional contra la ley también inició. El lunes 18 de diciembre, un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación de un Observatorio sobre México para “observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos” en nuestro país.
La coalición está formada por organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación por el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Brigadas Internacionales de Paz y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Nunca antes se había formado una coalición de este tipo para colocar a México en el banquillo de la observación, elevando la imagen internacional de nuestro país a la situación similar en Venezuela, Siria o Corea del Norte. Golpe frontal a la “cancillería activa” de Luis Videgaray.
En paralelo, el Alto Comisionado de las Naciones Humanas para los Derechos Humanos, más la CNDH y Amnistía Internacional exhortaron en comunicado conjunto al presidente Enrique Peña Nieto a vetar esta ley.
Advirtieron que si Peña Nieto no atiende estos llamados, los actores involucrados en la aprobación y aplicación de esta ley deben interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia “a efecto de que sea sometida a revisión judicial”.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, advirtió que este organismo analiza la posibilidad de interponer la controversia constitucional si el Ejecutivo federal ignora los llamados. El bloque de senadores del PT-Morena, más los legisladores del PRD y del PAN que votaron en contra también contemplan interponer una acción de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la Ley de Seguridad Interior está en el banquillo de los acusados y ni el intenso cabildeo del alto mando de las Fuerzas Armadas y la deliberada intención de silenciar el tema en los medios masivos va frenar esta oleada de impugnación.
Veto nacional e internacional a Ley Golpista
A pesar de la temporada decembrina, jóvenes activistas protagonizaron el pasado fin de semana una movilización inesperada a las puertas de Los Pinos para reclamarle a Enrique Peña Nieto que cumpliera con sus facultades presidenciales y vetara la ley. En el mismo sentido se pronunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la coalición de organizaciones #SeguridadSinGuerra.
Con consignas como “Veto a la ley golpista” o “Alto a la guerra, no a la Ley de Seguridad Interior”, los cientos de jóvenes que marcharon de la Estela de Luz de la avenida Reforma hasta las rejas de la residencia oficial de Los Pinos para protestar por la polémica ley, dejaron claro que no habrá amnistía cívica frente a esta imposición de la coalición oficialista del PRI, Verde y sus aliados del PAN y otros partidos.
Los contingentes marcharon con banderas de la comunidad lésbico-gay, de los distintos colectivos urbanos de jóvenes anarquistas o de activistas de derechos humanos que durante la última semana se han expresado en contra de la Ley de Seguridad Interior.
La entrada a Los Pinos estuvo herméticamente protegida por elementos del Estado Mayor, decenas de granaderos, camiones y toletes listos para usarse ante algún brote de violencia, como si se cumpliera uno de los supuestos de la Ley de Seguridad Interior.
Uno de los incidentes reportados por los medios fue cuando un joven encapuchado amenazó con lanzar objetos a los granaderos. Lo despojaron de un aerosol y de un encendedor. Surgió el reclamo: “esa ley no da seguridad, lo único que quiere es permiso para matar”.
El reclamo de los manifestantes fue claro: “Así nos recibe Peña Nieto, como si fuéramos los peores delincuentes”. “¿Este es el diálogo que ofreció?”, preguntaron, en clara referencia a la promesa del 8 de diciembre de hacer un “diálogo incluyente” a través del Senado antes de aprobar la ley.
La movilización internacional contra la ley también inició. El lunes 18 de diciembre, un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación de un Observatorio sobre México para “observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos” en nuestro país.
La coalición está formada por organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación por el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Brigadas Internacionales de Paz y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Nunca antes se había formado una coalición de este tipo para colocar a México en el banquillo de la observación, elevando la imagen internacional de nuestro país a la situación similar en Venezuela, Siria o Corea del Norte. Golpe frontal a la “cancillería activa” de Luis Videgaray.
En paralelo, el Alto Comisionado de las Naciones Humanas para los Derechos Humanos, más la CNDH y Amnistía Internacional exhortaron en comunicado conjunto al presidente Enrique Peña Nieto a vetar esta ley.
Advirtieron que si Peña Nieto no atiende estos llamados, los actores involucrados en la aprobación y aplicación de esta ley deben interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia “a efecto de que sea sometida a revisión judicial”.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, advirtió que este organismo analiza la posibilidad de interponer la controversia constitucional si el Ejecutivo federal ignora los llamados. El bloque de senadores del PT-Morena, más los legisladores del PRD y del PAN que votaron en contra también contemplan interponer una acción de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la Ley de Seguridad Interior está en el banquillo de los acusados y ni el intenso cabildeo del alto mando de las Fuerzas Armadas y la deliberada intención de silenciar el tema en los medios masivos va frenar esta oleada de impugnación.
Fuente: La Jornada y Proceso
