El juez de control Napoleón Raya Valdez dictó un año de prisión preventiva a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, presunto integrante del grupo armado Los Salazar, a quien consideró probable coautor del homicidio de la periodista Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo.
Asimismo, otorgó al Ministerio Público tres meses para que investigue y aporte pruebas que vinculen al detenido con el crimen, pues el abogado defensor hizo notar que entre las pruebas presentadas sólo se establece que estuvo junto al sicario y al conductor del auto utilizado para el crimen, pero (aunque se menciona que se dedica al narcotráfico) nadie lo señala como el asesino de la corresponsal de La Jornada.
El abogado sonorense Jesús Valencia pidió que se explicara si la Fiscalía estatal hizo un trato u otorga algún tipo de protección especial a las cinco personas que considera tuvieron un grado de participación en el crimen, pero que en el expediente aparecen como los testigo protegidos: Casio, Boby, Cholugo, 1981 y Javier (dos de ellos funcionarios panistas que habrían pedido a Breach revelar sus fuentes de una nota de narcopolíticos, los otros tres ayudaron a trasladar a los perpetradores).
También cuestionó la razón por la que no investigaron al narcotraficante El 80, Carlos Arturo Quintana, del Cártel de Juárez, a quien se señala también como afectado por las notas de la reportera, y a quien se menciona que advirtió a Breach (a través del presidente municipal panista de Chínipas, Hugo Ahmed Schultz) que no volviera a la sierra.
En su argumentación final, el juez dijo que es razonable pensar que él participó en la orquestación del crimen, pues viajó a la ciudad de Chihuahua, consiguió hospedaje y autos para moverse los días del crimen, y estuvo escondido con el sicario que hoy está muerto.
Sobre la pregunta del defensor de por qué se hizo testigos protegidos a probables responsables, el juez justificó la medida diciendo que pudieran peligrar por sus declaraciones.
Antes de que acabara la audiencia, la Fiscalía estatal aclaró, a través de un medio de comunicación, que ninguno de los funcionarios panistas mencionados en investigación son testigos protegidos, desmintiendo al MP que así lo dijo en las audiencias.
En el segundo día de audiencia se vinculó a proceso al detenido, a quien se adjudica trabajar para el grupo Los Salazar, brazo armado del Cártel de Sinaloa en los municipios limítrofes entre Sonora y Chihuahua.
Luego de que en la audiencia por el asesinato de Miroslava Breach surgieron los nombres del vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera, y del expresidente municipal panista y exfuncionario de Javier Corral, Hugo Ahmed Shultz, como las personas que presionaron a la reportera para que revelara las fuentes que le informaron sobre la narcopolítica, ya que Los Salazar estaban presionando al edil panista, el comité del PAN de Chihuahua respaldó a los aludidos y los consideró inocentes.
A su vez, las organizaciones Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras hicieron un extrañamiento a la Fiscalía de Chihuahua por lo que consideraron “falta de legalidad” en el caso, debido a que la familia no tiene acceso a carpeta de investigación ni representación en el proceso contra el presunto orquestador del crimen.
Durante la audiencia de vinculación a proceso a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, a quien se señala como el operador del asesinato de Miroslava Breach, el Ministerio Público leyó declaraciones de testigos protegidos que señalan que las notas que ella publicó sobre el precandidato narcotraficante del PRI a presidente municipal de Chínipas, y el control del cártel sobre la policía, pudieron haber detonado su asesinato.
En esta trama están involucrados el exedil panista de ese municipio, Hugo Ahmed Schultz, a quien señalan que le hizo llegar a la periodista una amenaza del capo El 80 para que no volviera a la sierra, y quien pasó al hoy detenido la grabación de una conversación que ella tuvo con el vocero estatal del PAN, Alfredo Piñera, en la que le preguntó por sus fuentes de información.
Los funcionarios panistas que, como la mayoría de interrogados, son considerados testigos protegidos, justificaron su rol mencionando en sus declaraciones con la presión que ejerce el crimen organizado.
Fuente: Proceso
