El titular del Ejecutivo federal mexicano, Enrique Peña Nieto, debe vetar la ley de seguridad interior, aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión, aseveró el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.
Exigen que Peña Nieto vete Ley de Seguridad Interior
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A nombre de la organización, que representa un movimiento de más de siete millones de personas en todo el mundo, Shetty precisó: “Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías”.
Subrayó que AI está muy preocupada ante la implementación de esta ley, que "sin duda alguna, no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.
"Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México".
El secretario general de AI recordó que hace cuatro años, cuando Peña Nieto cumplía su primer año de gobierno, ambos se conocieron en la Ciudad de México y personalmente el activista le advirtió al mandatario sobre los riesgos de la estrategia militarizada de seguridad.
En la misiva, Shetty detalló que el número de militares desplegados en tareas de seguridad pública ha aumentado de manera significativa durante el actual periodo presidencial, y esto "no ha contribuido a una disminución del delito en el país". El año 2017 terminará como el año más violento del sexenio, y vislumbra registrar la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década.
Por su parte, Erika Guevara, directora de AI para las Américas , subrayó: “Esto es un momento de agonía para los y las ciudadanos mexicanos, quienes han sido ignorados por un Congreso que, de manera intencional, ha hecho caso omiso del clamor público alrededor de esta ley. Si el presidente Peña Nieto decide firmar esta legislación, estaría poniendo en riesgo los derechos humanos de millones de personas".
La organización internacional exhortó a los aspirantes a la presidencia para el proceso electoral de 2018 que demanden a Peña Nieto el veto a dicha ley.
Peña aún puede ampliar diálogo sobre ley de seguridad: ONU-DH
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aseveró que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, pueden ejercer su capacidad de veto y con ello tendría “la posibilidad de materializar su propio llamado (para ampliar el diálogo en torno a la ley de seguridad interior) y evitar la entrada en vigor de esa norma, aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión.
“El presidente puede atender el respetuoso exhorto formulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otros actores y realizar observaciones al proyecto de ley”, sentenció el organismo internacional en un comunicado.
Si Peña Nieto no atiende esos llamados, y la ley se promulga, la ONU-DH alentó a los actores legitimados a interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “a efecto de que la ley (de seguridad interior) sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano”.
La ONU-DH reiteró su desaprobación a la entrada en vigor de esta nueva norma, la cual, subrayó, se aprobó en el Congreso sin un debate real sobre su necesidad y contenido.
“Como ya lo había expresado la ONU-DH con anterioridad, y lo reitera a la luz de las modificaciones realizadas, el proyecto de ley presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos; no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación; genera confusión entre la nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país”.
La Oficina de la ONU en México lamentó que pese al inédito consenso nacional e internacional en contra de la ley, manifestado por quienes promueven y defienden los derechos humanos, al cúmulo de voces críticas de especialistas en el tema de seguridad, y al llamado de Peña Nieto para ampliar el diálogo y “realmente enriquecer” la minuta aprobada originalmente por la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión “consumó la adopción de la Ley sin una deliberación efectiva”.
Señaló que si bien se realizaron algunos cambios al proyecto, “éstos atemperan, pero no eliminan los diversos motivos de preocupación expuestos. Además, el proceso de emisión de esta Ley contrasta significativamente de la forma ejemplar en la que el propio Congreso ha abordado otros temas”.
La ONU-DH también lamentó que el proyecto de ley se haya aprobado de forma aislada sin hacerse cargo integralmente de los serios desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia. Recordó que el pasado 5 de diciembre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, aseveró que la “aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada”.
Por ello, la Oficina en México reiteró la necesidad de que el Estado mexicano ponga en práctica medidas que atiendan realmente la crisis de violencia que vive el país, combatan las graves violaciones de derechos humanos y erradiquen la impunidad que reproduce la criminalidad.
“Sólo con la adopción de un enfoque de seguridad ciudadana, el fortalecimiento e independencia de la procuración de justicia, la profesionalización y dignificación de las corporaciones policiales y el establecimiento de una política efectiva de rendición de cuentas, entre otras acciones, es que México superará la situación crítica en que se encuentra”.
CNDH prevé ir a la Corte si Peña no veta ley de seguridad
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exhortó al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a vetar la ley de seguridad interior, al considerar que puede respresentar un riesgo para la vigencia de las garantías fundamentales.
En caso de que el presidente desoiga éste y otros exhortos que se han expresado en distintos sectores nacionales e internacionales, la CNDH, señaló el ombudsman, hará uso de su atribución constitucional e interpondría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la norma aprobada la semana pasada por el Congreso de la Unión.
En entrevista tras la presentación del informe "Los desafíos de la migración y los albergues como oasis. Encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México", González Pérez dijo que el organismo a su cargo, sí escuchará las voces de todos los sectores -no como evitó hacerlo el Congreso- para ofrecer argumentos para la inconstitucionalidad.
"La CNDH ha iniciado el análisis constitucional y convencional (porque también debe cumplir los estándares internacionales) para que en su momento pongamos en su caso esa acción y sea la Corte la que determine en última instancia los artículos o la propia ley que pudiera ser motivo de la misma. Vamos a tomar en cuenta lo que muchos actores han señalado, nada menos que la Universidad Nacional Autónoma de México y su Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad Iberoamericana y la de Guadalajara, así como varias organizaciones de la sociedad civil".
Planteó que el objetivo es buscar una mayor certeza de la norma aprobada por el Congreso.
Dijo que no se agota en una ley como ésta el tema de la seguridad. “Que nos respondan a la sociedad mexicana si esto resuelve el tema de la seguridad. Que yo recuerde entre los pendientes, el modelo de procuración de justicia, las fiscalías que hoy son autónomas, preguntémonos si se han modificado, si el modelo policial está determinado, si se ha buscado fortalecer la capacitación de los operadores en el nuevo sistema de justicia penal, es decir, hay una integralidad. Lo que buscamos los actores es tener un espacio más amplio para construir, cómo se construyó la ley de personas desaparecidas, de la mano de la sociedad”.
Fuente: La Jornada
