Las comisiones unidas de Gobernación; Defensa Nacional; Marina, y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron en lo general por mayoría y con cambios, respecto a la minuta de la Cámara de Diputados, el dictamen que crea la Ley de Seguridad Interior.
Tras un largo debate se avaló el nuevo marco legal que establece las circunstancias, tiempos y protocolos para que Fuerzas Armadas, es decir Ejército, Marina o Policía Federal, puedan desplazarse en estados y municipios en apoyo a labores de seguridad pública cuando sean rebasados o insuficientes ante el crimen organizado.
Alistan en Senado votación de Ley de Seguridad Interior
Aunque el presidente del Senado, Ernesto Cordero abrió anoche la posibilidad de sesionar en una sede alterna, al edificio de Reforma e Insurgentes comenzaron ya a llegar los legisladores.
La sesión está citada a las 11 de la mañana, donde se discutirá un dictamen con los cambios a nueve artículos que el PRI introdujo.
Aunque el coordinador del PRI, Emillio Gamboa, tiene los votos suficientes, parte de los legisladores del PAN van a votar en contra como ya lo anunciaron varios de ellos, como Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Rufo y Héctor Larios entre otros.
ESta mañana eran pocos los manifestantes que habían llegado a la sede senatorial, aunque el recinto está resguardado por elementos policíacos desde anoche.
Ley de Seguridad pone en riesgo derechos humanos: expertos ONU
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que la minuta de ley de seguridad interior, que se someterá al pleno del Senado este jueves, otorga a las fuerzas armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad, lo que "podría debilitar la protección de los derechos humanos". Por ello, se sumaron a las voces que rechazan esa normativa y llamaron al Estado mexicano a no aprobarla.
En un hecho sin precedente, los mandos de diversas áreas relacionadas con las garantías fundamentales de la ONU emitieron un posicionamiento conjunto para criticar esta ley -que regularizaría la presencia del Ejército y la Marina en labores de seguridad interior-, pues recordaron que la experiencia de la última década demuestra que la presencia de las fuerzas armadas en la calle ha dejado una sistemática y generalizada serie de abusos traducida en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.
"El creciente papel de las fuerzas armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se les asignó a las un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad", señaló el grupo.
El documento es firmado por los expertos de los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y sobre la Detención Arbitraria; así como por los relatores especiales sobre el derecho a la privacidad, Joe Cannataci; sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard; sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff; y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.
“Nos preocupa que el proyecto de ley otorgue a las fuerzas armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles", señalaron los expertos.
Agregaron que el documento que anoche se aprobó en Comisiones en el Senado carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos. “No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de seguridad nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”
Consideraron que el proyecto es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta.
“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales", dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.
Señalaron que cualquier nueva norma en materia de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles. "Ninguna autoridad civil debería renunciar a esa responsabilidad". También se deben prever, dijeron, la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
El grupo señaló que los mecanismos de la ONU han recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las fuerzas armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a sus miembros que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.
En particular, el grupo recordó al gobierno mexicano la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las fuerzas armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública.
Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.
Madres centroamericanas rechazan ley de seguridad
Familiares de migrantes que han desaparecido en su tránsito por México rechazaron la ley de seguridad interior, que se discute en el Senado, ya que entre las víctimas que ha dejado la estrategia de mantener a las fuerzas armadas en labores de seguridad están quienes huyen de sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades.
Integrantes de la 13 Caravana de Madres Centroamericanas que inició un recorrido por la ruta migratoria de México el pasado 1 de diciembre, llegó a la Ciudad de México, donde dieron una conferencia de prensa en la que señalaron que hay al menos 100 mil casos de migrantes desaparecidos en nuestro país.
"Las políticas de 'seguridad' que se reflejan claramente en la nueva propuesta de ley de seguridad interior en México, así como las políticas xenofóbicas y antimigrantes de los Estados Unidos, replicadas en la Iniciativa Mérida y el Plan Frontera Sur, han creado una situación de violencia, deshumanización y altísimo riesgo para los migrantes. Más de 100 mil desaparecidos en tránsito a través de México son los daños colaterales de la militarización del país. Hoy, en vías de institucionalizar la violencia con la llamada ley de seguridad interior, se pone en manos de militares asuntos policiales y se pisotea la democracia", enfatizaron.
La caravana está conformada por madres y padres de migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que desaparecieron a su paso por México, quienes criticaron el intento por avalar la ley de seguridad interior.
"A pesar de numerosos reportes e investigaciones a nivel nacional e internacional que concluyen que la militarización del país ha provocado el aumento de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas e impunidad, el gobierno mexicano ha decidido continuar con esa política. Las víctimas principales son los más vulnerables: periodistas, defensores de derechos humanos y, por su dimensión numérica, los migrantes en tránsito por México", señalaron.
Agregaron que la amenaza que representa la norma que está por aprobarse "obliga a reafirmar nuestra fuerte oposición a las políticas de militarización por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos. Exhortamos a estas administraciones a dejar de utilizar sus amplios recursos en perseguir migrantes y atacar las raíces del desplazamiento forzado: contrarrestar la violencia y la falta de oportunidades económicas creadas por el categórico e irrefutable fracaso de las políticas neoliberales en México y Centroamérica".
La caravana ahora se dirige hacia Paseo de la Reforma, donde marchará de la glorieta de La Palma al Ángel de la Independencia, y se manifestará frente a la embajada de Estados Unidos en México.
Fuente: Notimex, La Jornada, Sin Embargo
