David Kaye y Edison Lanza critican que no pase nada tras los asesinatos de Breach y Valdez
Genera autocensura el terror al que están sometidos comunicadores de cuatro estados, señalan
Militarizar la estrategia de seguridad interior en México representa riesgos reales para todos, incluidos los periodistas, afirmaron los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza. Señalaron que es una
dinámica que no ha funcionado y el gobierno no ha rendido cuentas suficientemente para justificar por qué seguir con una estrategia militar.
En entrevista con este diario señalaron que lo que más daño le hace al periodismo en México no es que asesinen a un reportero, sino que además no pase nada.
El mensaje de impunidad es aún más contundente si en casos emblemáticos como el de Miroslava Breach y el de Javier Valdez, corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, las investigaciones aún no arrojen resultados.
Así es como los relatores especiales sintetizan la realidad que enfrentan los periodistas en el país.
El más peligroso de América Latina para ejercer la profesión.
Los expertos internacionales realizaron una visita de trabajo a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre, que incluyó entrevistas con representantes gubernamentales, con más de 250 periodistas y miembros de la sociedad civil procedentes de 21 entidades y con directivos de medios. Además de la Ciudad de México, viajaron a Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas, donde la situación de violencia es más crítica que en la capital, señalan. En unos meses presentarán su informe de fondo sobre su labor en el país.
Detallan los riesgos para la libertad de expresión en el país para los reporteros y los consorcios informativos. En la violencia en su contra, concluyen, participan tanto integrantes del crimen organizado como agentes y funcionarios gubernamentales, con la idea de callarlos o usar su labor en su beneficio.
Sin instituciones
En 2010, sus antecesores Catalina Botero y Frank La Rue hallaron
una situación de alto riesgo para la prensa nacional y una carencia de instituciones para hacer frente a la problemática.
Siete años después, los actuales relatores señalan que si bien se han creado instancias como el Mecanismo de Protección para Periodistas o la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle),
la violencia en su contra es tan alta o hasta peor como ocurría hace siete años.
–¿Qué percepción tienen de la situación que enfrentan los periodistas?
Lanza: Aunque hay riesgos, vemos una mejor situación en la Ciudad de México que en los estados. La violencia se da sobre todo en esos niveles. También conocimos casos de muchos reporteros de los estados desplazados a la capital, quienes viven en condiciones angustiantes porque no pueden hacer periodismo, que es su profesión, y están con el impacto sicológico y emocional de la violencia que los ha traido hasta aquí. En los cuatro estados que visitamos percibimos que están aterrorizados porque han visto morir o desaparecer a sus compañeros o porque han sido amenazados, esto genera un efecto de autocensura muy fuerte.
Otra cosa ilustrativa es que pudimos conocer algunas prácticas del crimen organizado contra la prensa. En ocasiones utiliza la violencia contra los periodistas para imponer sus propósitos. Otras, porque estuvieron coludidos con dirigentes políticos o para silenciarlos. Los periodistas locales además desconfían de las autoridades y de los órganos de procuración de justicia, se sienten desprotegidos y vulnerables.
Feadle sin colmillos
–¿Luego de la creación del mecanismo y la fiscalía, qué sigue?
Kaye: El Mecanismo ha generado cierta confianza, pero necesita más recursos y más personal para ser efectivo, llegar a todo el país y tener más coordinación con las autoridades locales. En el caso de la Feadle se requiere un fiscal independiente del gobierno federal. Celebramos que el actual, Ricardo Sánchez, está cambiando el enfoque. Se tienen que crear unidades como la de protección de testigos, la de atención especial a mujeres periodistas, la que analice que el posible móvil del crimen puede estar relacionado con el ejercicio periodístico. Sí, tienen que ser sancionados quienes jalan el gatillo, pero también quienes ordenaron la ejecución. Si esto no se consigue, los agresores, funcionarios o cárteles, seguirán percibiendo que la Feadle no tiene colmillos.
¿Qué representa en estos casos la impunidad?
Lanza: La sensación entre los colegas de los periosistas asesinados y de sus familiares es de impotencia y desconexión. Al país se le hace daño al matar a un comunicador y dejar el tena en la impunidad, pero si se dan casos como en de Javier Valdez o Miroslava Breach y no pasa nada, es enviar el mensaje de que los agresores pueden atentar contra cualquiera.
“Queremos destacar el valor por la profesión de los periodistas, por el querer hacer un trabajo independiente [como lo hacían los corresponsales de La Jornada], y también el papel extraordinario de la sociedad civil, que ha empujado muchos de los avances en materia de libertad de expresión que hoy existen en México.”
(Los relatores se dicen sorprendidos de que más de 50 por ciento de las denuncias de crimenes y acosos contra reporteros sean contra de agentes del Estado, sobre todo en el ámbito local. Lamentaron que pese a que se trata de actores
identificables y perseguibles, no se les finquen responsabilidades, y lejos de ello sean los periodistas los que tienen que huir o dejar de publicar.)
–¿Vieron voluntad gubernamental para resolver esta crisis?
Lanza: Es importante destacar la apertura del gobierno mexicano para que esta visita se hiciera en medio de un año de crisis de violencia contra los periodistas [van 11 asesinados en 2017]. Hace unos meses, el presidente [Enrique] Peña Nieto se comprometió públicamente al más alto nivel con este ofrecimiento, y nos consta que hubo mayores recursos. Donde se debe mostrar el verdadero compromiso es que esos recursos se mantengan, tiene que ser una política de Estado y no una decisión coyuntural adoptada como reacción al asesinato de un periodista relevante [Javier Valdez].
–¿La estrategia de seguridad es un riesgo para los periodistas?
Kaye: No hemos terminado de procesar este análisis. Ahora el Congreso analiza la ley de seguridad interior que militarizaría la estrategia y representa riesgos reales para todos, incluidos los periodistas. Es una dinámica que no ha funcionado y el gobierno no ha rendido cuentas suficientemente para justificar por qué seguir con una estrategia militar.
Sin apoyo de dueños
–¿Los medios de comunicación están preparados para esta crisis?
Kaye: No lo creo. Al escuchar a todos los periodistas con los que hablamos pudimos observar que los dueños de los medios no los apoyan ni en la práctica diaria. Y cuando están bajo amenaza menos. No cuentan con condiciones laborales que les permitirían ser reubicados y seguir trabajando en ese medio. Muy seguido los reporteros bajo amenaza pierden sus trabajos y otras empresas mediáticas tampoco los contratan. Nos reunimos con directivos de medios y reconocieron que necesitan ser más solidarios. Eso es bueno. Ojalá se traduzca en cambios.
Lanza: Nos impactó ver que los corresponsales de medios nacionales no se sienten parte de la familia del medio de comunicación, sino que lo ven como un trabajo más. Estas empresas de carácter nacional podrían otorgarles seguros de vida, mejores salarios y prestaciones; sobre todo respaldarlos al hacer una investigación completa y profunda.
Fuente: La Jornada
