La Ley de Seguridad Interior fue aprobada la madrugada de este viernes en el Senado de la República, con 71 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados de Acción Nacional (PAN) y de Verde Ecologista (PVEM), y con 34 en contra de la oposición, además de tres abstenciones. La votación se dio luego de más de 12 horas de discusión.
A casi finalizar el periodo ordinario de sesiones, los senadores avalaron en lo general y en lo particular la Ley de Seguridad Interior, pese a que fueron reservados todos los artículos. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, en donde el PRI planea aprobarlo este mismo día
La discusión arrancó la tarde del jueves con el respaldo del Revolucionario Institucional, que alcanzó la mayoría necesaria a favor de la Ley de la mano de sus aliados.
La Senadora tricolor Cristina Díaz Salazar terminó una aireada presentación del dictamen con las palabras: “Queda claro: no se militarizan las calles, al contrario se pone orden”. Pero la Ley da facultades de policía al Ejército mexicano.
La ley está enmarcada en la guerra contra al narcotráfico que ha sacudido al país durante los últimos 10 años y cobrado al menos 2010 mil vidas, de acuerdo con el número homicidios entre el 2007 y el 2016.
“Como sabemos, durante la última década nuestro país ha atravesado por una crisis de seguridad que rebasa el umbral de la seguridad pública y que está poniendo en riesgo la Seguridad Interior”, dijo Díaz.
“Por ello, debemos contar con una ley que legitime. Es importante señalar que con la presente no se pretende que las Fuerzas Armadas, estén al frente de las acciones de seguridad, eso es falso. Ni mucho menos es la intención del Gobierno de la República militarizar”, agregó la Senadora en defensa del Presidente Enrique Peña Nieto quien ha respaldado esta ley.
Sin embargo, la ley faculta al Presidente de la República para convocar un estado de Seguridad Interior en un lugar determinado del país por un plazo de hasta un año, en el que la oposición ve una subordinación del poder civil al militar.
“Esta ley instaura la militarización, porque otorga a los grupos castrenses la posibilidad de dirigir a los grupos interinstitucionales integrados por las autoridades civiles”, dijo la Senadora independiente Dolores Padierna Luna.
La Ley desobedece lo recomendado por los organismos internacionales como las Naciones Unidas en cuanto a prorrogar esta discusión hasta salvaguardar cualquier riesgo a no cometer violaciones a los derechos humanos.
El dictamen aprobado por las comisiones de Gobernación, Defensa, Estudios Legislativos y Marina planteó nueve cambios a la Ley de Seguridad Interior integrada por 34 artículos.
“Esta minuta hoy convertida en dictamen, prácticamente sin cambiarle nada, llegó el cinco de diciembre y hoy está acá, en 10 días. Si eso no se llama legislar sobre las rodillas, entonces no sé lo que significa”, dijo el Senador Benjamín Robles de la bancada Partido del Trabajo-Movimiento Regeneración Nacional (PT-Morena).
La división del PAN respecto a la Ley dejó en claro ques serían los senadores del partido oficial y aliados , quienes harían pesar la balanza a su favor y aprobar la Ley.
El coordinador de la bancada del PAN Fernando Herrera Ávila hizo alusión a la abstención de su bancada frente a la propuesta. Una postura que también mostró el 30 de noviembre en la Cámara de Diputados por considerar que el proyecto es perfectible.
“En nuestro grupo se preocupan legítimamente por la situación de inseguridad en sus estados, por el otro lado sin desdeñar la urgencia proponen una ley mejor, que incluya a los organismos internacionales y se abran foros. Nadie está totalmente equivocado, ni tiene totalmente la verdad”, dijo Herrera.
Con los votos de los integrantes del PAN, la Ley de Seguridad Interior alcanzó el número suficiente para ser aprobada.
“La minuta de la Cámara de Diputados contenía un texto cuestionable y dudoso. Advertimos dos aspectos, uno relacionado con la salvaguarda de los Derechos Humanos, y otro con los límites a la manifestación de los ideas”, dijo el Senador panista Héctor Flores Ávalos, las cuales habrían quedado resueltas durante su dictaminación, aseguró.
LEY INCONSTITUCIONAL
La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y Senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña recordó que es el artículo 21 el que establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil.
Los militares no pueden ser los primeros respondientes en materia de seguridad pública, sostuvo.
“La declaratoria de protección a la seguridad interior que esta Ley establece no tiene sustento Constitucional. La única declaratoria que puede emitir el Ejecutivo es en seguridad Nacional”, recordó.
La presencia de las Fuerzas Armadas en al menos 28 entidades de la república les ha dado un carácter de ayuda a las policías que ya no es excepcional dada su permanencia, opinó Angélica de la Peña.
Sin embargo, la presencia permanente de los soldados fue cuestionada por los senadores que avalaron el dictamen en comisiones unidas.
El presidente de la Comisión de Defensa Fernando Torres Graciano abogó que el dictamen establece el plazo de un año de las Fuerzas Armadas en un territorio definido.
Además, indicó Graciano: “Se establece que en la posibilidad de los 180 días siguientes las entidades federativas que soliciten una declaratoria de protección deban presentar un programa de plazos, acciones y presupuesto”, expuso sobre la corresponsabilidad que deberán tener los Gobernadores al solicitar un estado de Seguridad Interior que deberá decretar el Ejecutivo.
Por su parte, Rabindranath Salazar enlistó que la ley es inconstitucional por invadir las competencias que hasta ahora tienen los ministerios públicos y no esclarece la proporcionalidad del uso de la fuerza, vacíos que darán paso a amparos de inconstitucionalidad.
Asimismo, el propio Congreso podría haber tomado la libertad de legislar sobre un asunto que no le confiere la Constitución, dijo.
“El artículo 73 constitucional no le faculta a ninguna de las dos cámaras la emisión de una ley de seguridad interior, por lo que legislar sobre esta materia será un auto nulo”, explicó Salazar.
En cuanto al contexto regional, el Senador Manuel Díaz Bartlett explicó que la guerra contra las drogas en la que se utilizan a las Fuerzas Armadas está impuesta por los Estados Unidos, y hecha concreta dentro del Plan Mérida firmado entre México y Estados Unidos desde el 2008.
“Calderón inició la guerra contra las drogas exigido por Estados Unidos, ellos quieren que los muertos estén en México desde entonces. Pero la militarización en Estados Unidos no existe”, dijo Bartlett.
DISCUSIÓN SIN QUÓRUM
La sesión estuvo marcada por que a las cinco de la tarde la Senadora Layda Sansores San Román hizo una serie de peticiones para verificar el quórum dentro del recinto.
“No está ni la presidenta [de la Comisión de Gobernación Cristina Díaz]. No hay 40 senadoras. Cuente a simple vista. No hay y por lo tanto debe suspenderse la sesión. No hay ni necesidad de rectificar el quórum. Lo único que les importa es debatir la ley más sentida en estos momentos”, acusó Sansores, de la bancada PT-Morena.
Dado que las verificaciones de la cantidad de senadores no proceden de forma inmediata, la sesión dio continuidad por parte del presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo de la bancada del PAN en tanto se realizó un proceso de verificación de quórum.
“Entiendo perfectamente, que este tiempo no es el mismo de verificación de asistencia. Pero el reglamento no establece un tiempo mínimo y máximo, y a mi interpretación [90 minutos] es el tiempo adecuado”, dijo Cordero.
Asimismo, una moción de suspensión de la sesión fue desechada en el inició del orden del día. Con 39 votos a favor y 69 en contra.
Fuente: Sin Embargo y La Jornada
