James Cavallaro, presidente de la CIDH. Foto: conectas.org
En el marco de la 157 sesión de audiencias de la CIDH, los comisionados, encabezados por el presidente del órgano jurídico de la OEA, James Cavallaro, se unieron a la denuncia de la crisis que se vive en México en materia de derechos humanos, de libertad de expresión, de impunidad y falta de transparencia.
En la primera de cuatro audiencias sobre casos en México, en la dedicada a la “Situación general de los derechos humanos”, solicitada por el Estado mexicano, se establecieron ejemplos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, tortura, corrupción, abuso de autoridad, desplazamiento de personas por la violencia, acoso, intimidación y asesinato de periodistas, así como diversos casos sobre las miles de desapariciones forzadas de personas adultas y menores de edad en casi todo el territorio nacional.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien encabezó la delegación del Estado mexicano, de manera casi automática rechazó toda acusación y señalamiento en materia de violación a los derechos humanos en México.
Por ejemplo, al cuestionamiento del uso indiscriminado de la fuerza letal de las fuerzas armadas bajo el cobijo de la lucha militarizada contra el narcotráfico, Ruiz Cabañas aseguró que “en México el uso de la fuerza militar se lleva a cabo bajo los estándares internacionales”.
Aunque reconoció que existen las violaciones a derechos humanos en el país, rechazó de manera rotunda que “exista una crisis” como lo estableció la CIDH en su informe sobre México dado a conocer el pasado mes febrero.
“Las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos, presuntamente cometidas por las fuerzas del Estado, se investigan, todas, en el fuero civil y, si hay sanciones, éstas se aplican”, justificó el subsecretario de la Cancillería en defensa de lo que se dijo en la audiencia sobre los abusos cometidos por los militares y los marinos de México.
Nancy López, quien habló a nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, respondió que en el país “existe y se vive una situación generalizada de violación a los derechos humanos, con desapariciones forzadas sistemáticas, impunidad estructural”, y acotó que “estamos hartos de la impunidad dirigida por el gobierno” para este tipo de crímenes.
El comisionado de la CIDH, Enrique Gil Botero, quien pacientemente escuchó los reclamos y acusaciones de la sociedad civil y la respuesta del gobierno mexicano, intervino diciendo que aunque reconocen que ha habido avances desde 2011 en materia de derechos humanos en México, existe algo que es incomprensible:
“Que el Estado mexicano quiera desconocer que hay una grave situación de derechos humanos… que pareciera que es un principio de esquizofrenia”.
Cavallaro también reclamó al gobierno de Enrique Peña Nieto que en México se esté llevando a cabo una campaña de desprestigio en contra de la CIDH, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuva con la PGR en la investigación del caso Ayotzinapa, y en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria, el secretario ejecutivo de la CIDH.
Ruiz Cabañas, en dos de las cuatro audiencias, aseguró que el gobierno de México no está detrás de las campañas de desprestigio y acotó que la PGR ya desechó una demanda que “un particular” interpuso en contra de Álvarez Icaza Longoria.
En tres de las cuatro audiencias ante la CIDH se abordaron temas específicos: Derechos de las personas privadas de la libertad y la privatización del sistema penitenciario, Desapariciones de niños, niñas y adolescentes y Acceso a la información y restricciones indirectas a la libertad de expresión.
En este último aspecto, que fue la audiencia más concurrida en la 157 sesión de la CIDH, cinco agrupaciones de la sociedad civil y Aristegui denunciaron que en México el gobierno utiliza la publicidad gubernamental para controlar editorialmente a los medios, censurar o autocensurar a los periodistas, que es muy limitado el acceso a la información, que no existe un mecanismo de rendición de cuentas sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
También acusaron que se niega el acceso de licencias a medios de comunicación comunitarios que no pueden iniciar sus labores porque las leyes los tienen acotados a que sin publicidad gubernamental simplemente no pueden funcionar ni trasmitir nada.
En la última audiencia, en la que participó Aristegui, la periodista comenzó su intervención de tres minutos de esta manera: “Había una vez una Casa Blanca en un barrio lujoso en posesión del presidente de la República y la historia terminó en censura”.
Haciendo referencia al despido del que fue sujeta en marzo de 2014 por la empresa MVS, donde transmitía su programa radial matutino, Aristegui indicó que no podía en el tiempo que se le concedió hablar estipular los pormenores de su caso, por lo que entregó a los comisionados de la CIDH “La Declaración de Medellín”, donde expone lo de su despido y el de su compañeros que trabajaban con ella en el programa de radio.
Los comisionados y Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, hicieron una serie de cuestionamientos al gobierno mexicano sobre el tema de la libertad de expresión, a que Ruiz Cabañas se comprometió a responder por escrito.
Lanza además pidió al gobierno de Peña Nieto que se le permita a él, junto al relator para la libertad de expresión de la ONU, hacer una visita a México para abordar y observar el tema de la falta de transparencia, acoso a la prensa y asesinato de periodistas.
El relator de la CIDH informó que será la próxima semana cuando entregue por escrito al gobierno mexicano la solicitud formal para la visita. Ruiz Cabañas adelantó a la prensa que la visita de los relatores no será durante el primer semestre de 2016, y que se estudia la posibilidad de que ocurra en el mes de septiembre.
Fuente: Proceso| J. JESÚS ESQUIVEL
