Líder sindical agrede a médico de la tercera edad del IMSS en Oaxaca (VIDEO)
En un video que circula a través de redes sociales se observa cómo Sarmiento Jiménez, sujetó al doctor identificado como Sergio Carrillo Pérez, lo arrastró y lo empujó contra un grupo de reporteros que se encontraban en el lugar.
Hugo Sarmiento Jiménez, Secretario General de la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) agredió a un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante una protesta a la que convocó el día de ayer en las oficinas delegaciones de la dependencia en Oaxaca.
En un video que circula a través de redes sociales se observa cómo Sarmiento Jiménez sujetó al hombre de la tercera edad, identificado como Sergio Carrillo Pérez, por el cuello de la camisa, para posteriormente empujarlo contra un grupo de reporteros que se encontraban en el lugar.
La razón del altercado fue que el doctor se negó a salir del recinto cuando Sarmiento llegó a tomar la delegación junto con su comitiva. Algunas versiones señalan que el señor Carrillo tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un pre infarto a consecuencia de dicha agresión.
El incidente se dio en el marco de un paro de labores que realizaron más de 6 mil trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en exigencia de la destitución del delegado estatal ante la falta de personal en 300 unidades médicas.
De acuerdo con medios locales, Sarmiento Jiménez convocó a los trabajadores del Seguro Social a protestar luego de que le fueran retirados contratos millonarios de hemodiálisis. Su argumento para iniciar el paro de labores fue el desabasto de medicamentos y materiales necesarios para la atención médica.
Sin embargo, su convocatoria no tuvo una respuesta contundente, pues durante la protesta en las oficinas delegaciones del IMSS sólo participaron 160 trabajadores.
Dos presuntos extorsionadores de comerciantes son detenidos por Xóchitl Gálvez (VIDEO)
La Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, grabó en una transmisión por Periscope, la declaración de uno de los comerciantes, el cual aseguró que una persona acudía cada semana desde hace tres años a cobrarle cien pesos para dejarlo vender en la vía pública.
El día de hoy, dos sujetos fueron remitidos a la agencia novena del Ministerio Público, luego de que algunos comerciantes ambulantes ubicados en la colonia lomas de Sotelo, denunciaran en un operativo que se les cobraban cuotas semanales.
La Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz, grabó en una transmisión por Periscope, la declaración de uno de los comerciantes, el cual aseguró que una persona acudía cada semana desde hace tres años a cobrarle cien pesos para dejarlo vender en la vía pública.
El señor, del cual no se reveló su identidad, afirmó que tanto él como su esposa, que lo acompaña en su negocio, siempre creyeron que los sujetos eran funcionarios de la demarcación.
“Nosotros sabíamos que si no dábamos ese dinero no íbamos a poder trabajar, y nosotros lo que queremos es trabajar decentemente”, le comentó la mujer a Gálvez durante la grabación.
La Delegada, que les aseguro a los vendedores que la corrupción no venía directamente de la delegación, también les solicitó acudir como testigos para poder llevar a la justicia a dichos personajes.
“Tienen el apoyo de la Delegada. Estas cosas no deben pasar en la delegación”, expresó Xóchitl, quien refirió que en este caso no aplicaría la remisión ante el Juez Cívico, sino que ameritaría una detención, ya que la extorsión es un delito penado por la ley.
Durante la misma transmisión, Gálvez y elementos de la policía capitalina, detuvieron al hombre que presuntamente acude a hacer el cobro. En la grabación de Periscope se puede escuchar a Xóchitl hablando con el detenido, quien aseguró pertenecer a la Alianza de Comerciantes, cuyo el líder es Ricardo Robles.
El personaje en cuestión dijo en un principio que sólo pasa por la zona a veces y que de vez en cuando les pide que si pueden “le inviten un refresquito”.
Ante sus afirmaciones, Gálvez Ruiz explicó que el personal de vía pública delegacional es el único autorizado para revisar la labor del comercio ambulante, y debe portar chalecos con el logotipo de la demarcación así como contar con identificación oficial.
Finalmente, las autoridades detuvieron tanto al hombre que pasaba a cobrar, como al que guardaba el dinero. Ambos fueros presentados ante el Ministerio Público a donde también acudieron los denunciantes a presentar su declaración.
Estados dejarán de percibir 21 mil 700 mdp por desplome petrolero: Moody’s
La agencia Moody’s Investors Service advirtió que los lineamientos estipulados en los Pre-Criterios de Política Económica 2017, elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), representan un factor crediticio negativo para los estados y municipios.
De acuerdo con la calificadora con sede en Nueva York, se proyecta un faltante de 21 mil 700 millones de pesos en las participaciones federales a las entidades federativas, equivalente a 3.2% de lo programado.
Moody’s explicó que, “para 2017, los precriterios prevén un aumento en las participaciones de 4.1% respecto del presupuesto de 2016. No obstante, consideramos que el crecimiento estimado sea la banda superior debido a reducciones adicionales en la producción petrolera”.
Al respecto, previó que la producción caiga a 2 mil 28 millones de barriles por día en 2017 desde los 2 mil 123 millones actuales, así como un crecimiento inercial en los ingresos tributarios, los cuales no terminan de despegar pese a las reformas implementadas hace dos años.
Lo anterior afecta directamente a la entrega de participaciones: además de actualizar los supuestos de ingresos presupuestarios, los precriterios proyectan un faltante de 21 mil 700 millones de pesos en las participaciones federales a los estados y los municipios, calculó la agencia calificadora.
Y agregó: “Este faltante es equivalente a 3.2% de las participaciones programadas para este año. Las participaciones representan, en promedio, 35% de los ingresos totales de los estados, y son la fuente de pago de alrededor dl 90% de la deuda de los gobiernos estatales y municipales”.
En enero pasado, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) lo adelantó:
Una caída en los precios del petróleo puede tener un efecto inmediato en el monto destinado a cada fondo, principalmente para aquellos fondos que sus recursos dependen de la recaudación federal participable. A pesar de que cada año los ingresos petroleros son menos representativos en la recaudación federal participable, éstos aún tienen un peso importante y afectan a todas las entidades federativas.
Aún más, el CIEP alertó que será en los próximos años cuando se observe una caída considerable en las participaciones de los estados que realizan extracción de hidrocarburos, y por ello recomendó que estas entidades federativas deben ir incrementando impuestos locales, como predial y agua, para compensar la disminución de recursos disponibles.
En este contexto, Moody’s precisó que en 2016 el faltante en participaciones se compensará con recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que es un fondo de contingencia diseñado para compensar caídas en el flujo de participaciones.
Los activos totales del FEIEF reportados al 31 de diciembre de 2015 fueron de 36 mil 200 millones de pesos, y estimó el nivel actual en 39 mil millones de pesos.
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Caminan indígenas a la Ciudad de México; gobierno de Veracruz no atendió exigencias
"El gobierno del estado nos llama revoltosos y piensa que por ser indígenas, somos ignorantes, pero conocemos cada uno de nuestros derechos, así como nuestras necesidades y la gente en el pueblo se está muriendo de hambre y enfermedades ¿Hasta dónde llega su maña? ¿Por qué nos han abandonado?".
Comparte Armando González Antonio del patronato del pueblo, mientras organiza con dialecto náhuatl un contingente de ocho mil personas con raíces indígenas, dispuestos a soportar los seis grados centígrados que se viven en el plantón de la caseta Esperanza, Puebla; durmiendo sobre el asfalto gélido, defecando a campo libre.
De acuerdo con el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (Coneval), Soledad Atzompa es el cuarto municipio en el estado con mayor porcentaje de pobreza extrema, el 64.9 % de su población vive en la miseria. Una persona percibe 20 pesos diarios aproximadamente.
Los manifestantes, advierten que no cederán terreno, a menos que sean escuchados y atendidos por el gobierno federal, pues el pueblo de 30 mil habitantes, ha esperado más de una década la construcción de un Centro de Salud, así como el asfaltado en tramos carreteros que sus condiciones actuales, han originado 60 accidentes automovilísticos en un año.
Promesas que iniciaron en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, quien el 29 de diciembre de 2009, aseguró: "seguiremos avanzando en el cuidado de la salud de los veracruzanos. Vamos firme para ser el mejor sistema de salud de la República", refiriéndose aquella vez, a la edificación del hospital en Soledad Atzompa.
El compromiso lo heredó a su compañero de partido político y actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien también el 3 de marzo de 2016 aseguró: "vamos a inaugurar el hospital de Soledad Atzompa antes de que termine mi mandato".
Hasta la fecha, la inversión de 79 millones de pesos, únicamente se ve reflejada en enormes elefantes grises; obras abandonadas que ofende diariamente, al cuarto municipio con mayor índice de pobreza extrema en Veracruz, según las cifras del Coneval.
Por su parte, Bonifacio Aguilar Landa, alcalde perredista de Soledad Atzompa, asegura que al movimiento no lo encabeza ni apadrina nadie. "Es una protesta del pueblo entero, líderes de diferentes partidos políticos unidos en una misma causa; para el respeto a nuestras garantías sociales".
Un batallón compuesto por 42 agentes y subagentes municipales. Así como hombres, mujeres y niños que han salido a marchar por sus ancianos y convalecientes que aguardan en sus tierras. "No regresaremos con las manos vacías, todavía hay mucha gente esperando una señal para cubrir nuevos frentes si es necesario", asegura la autoridad municipal.
"Diez años esperando un hospital en el pueblo"
Fue en julio de 2009 cuando Fidel Herrera Beltrán colocó la primera piedra en lo que sería el Centro de Salud de Servicios Ampliados, (Cessa), en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. Sin embargo, hasta la fecha los lugareños siguen esperando gozar dignamente del derecho a la salud, aseguran.
Al inicio de la obra, dos muros de contención que se levantaron en la zona se vieron afectados por un derrumbe montañoso, así el gobierno estatal condicionó a los habitantes a ubicar un predio apartado de los desastres naturales. Los pobladores, inmediatamente, adquirieron un terreno mediante colectas, recabando 900 mil pesos.
No obstante, la administración fidelista comenzó a adeudar salarios y contratos a las constructoras encargadas, hasta que la obra fue suspendida. Hasta el día de hoy, lo único que se observa en el predio es tierra aplanada, que no equivale siquiera a un 5 % del proyecto, aseguran las autoridades municipales.
Rolando Pérez Juliana, miembro de la mesa directiva del municipio, comparte que la obra beneficiaría a 30 mil soledenses, así como a habitantes de los municipios y localidades de Atlahuilco, Tlaquilpan, Xoxocotla, Tequila, Acultzingo, Necoxtla La Cuesta y Ciudad Mendoza.
El mismo Fernando Benítez Obeso,titular de la Secretaría de Salud (SS) en el estado, el tres de agosto de 2015 se comprometió a reiniciar la obra del Centro de Salud de Servicios Ampliados, asegurando que el final del proyecto estaría para el 3 de julio de 2016 y que el mismo gobernador lo inauguraría antes del término de su mandato. Lo que sería un logro más en su cuenta de Twitter.
"Además, el día tres de noviembre de 2015, nos reunimos con el Secretario de Gobernación, Flavino Ríos Alvarado y nos aseguró que ya se contaba con una licitación de un monto total de 79 millones de pesos para la culminación del hospital. Pero solamente nos engañó, no han dado un solo peso de la cantidad que prometió".
Cabe mencionar que el hospital más cercano para los habitantes soledenses, se encuentra en Río Blanco, Veracruz, a unos 77 kilómetros de distancia, es decir, dos horas y media en vehículo, considerando las características geográficas donde se encuentra asentado el municipio.
De acuerdo con el miembro de la mesa directiva, en Soledad Atzompa cuatro centros médicos son distribuidos entre 42 comunidades, donde sus habitantes apenas reciben primeros auxilios, aunado a la escasez de medicinas y ambulancias. Condiciones marginales que elevan los índices de defunciones, a causa de padecimientos sin contrarrestar como: diabetes, cáncer, sida y embarazos mal asistidos.
"Nosotros hemos mudado nuestras costumbres y ahora nos queda claro lo ideal para nuestras mujeres es que sean atendidas por especialistas, pero llevamos 10 años soñando con un hospital y la gente se nos sigue muriendo", aclara Rolando Pérez Juliana.
"Tomás Ruíz Nada más hizo de nuestra carretera un cochinero"
"Según vino a remover pedazos de carpeta asfáltica que había en los caminos del pueblo porque ya tenía presupuesto para reanudar la obra, pero ya van cinco meses desde que hizo un cochinero y ni siquiera le han metido mano a nuestra carretera", asegura Armando González Antonio, comisionado de obras en Soledad Atzompa.
Con base en información citada por autoridades municipales, Tomás Ruíz González, titular de laSecretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP) fijó un calendario de trabajo para la pavimentación asfáltica de 16 kilómetros de camino, con mezcla en caliente. El proyecto comenzaría el seis de noviembre de 2015, y culminaría el 10 de febrero de 2016, hace 56 días.
El tramo carretero a reparar, corresponde a 16 kilómetros, que conecta al barrio conocido como La Desviación, con la localidad más alejada de Atzompa: Tepaxapa. El comisionado, aclara que se trata de la única salida del pueblo.
"Por ahí trasladamos en camionetas a nuestros enfermos, pero en tiempos de lluvia el terreno se atasca con barro y ya ha habido por lo menos 60 accidentes automovilísticos desde el año 2015 para acá y de todo esto Tomás Ruiz González es testigo".
"Sin carreteras firmes nuestros enfermos se mueren en el camino"
El primero de noviembre del 2015, la esposa de Armando González Antonio, patronato municipal, estaba por dar a luz a su tercer hijo… Era una tarde lluviosa, las contracciones en el vientre se anticiparon, así que recurrieron a una partera, quien inmediatamente valoró el estado de su clienta como grave y advirtió que debían ir hasta Río Blanco, Veracruz.
Don Armando inmediatamente consiguió una camioneta con las amistades, pues recorrer los 32 kilómetros hasta la salida a la carretera Orizaba-Tehuacán, montado a caballo, como la gente suele hacerlo, pudo tratarse de dos muertes y no una.
El hombre adaptó la batea de la camioneta tipo Pick Up lo más parecido a una ambulancia; tendió unos sarapes para contrarrestar el líquido amniótico y la sangre que ya brotaba de su esposa. No hubo paramédicos que la auxiliaran, ni si quiera un techo que la cubriera del frío y la lluvia.
El líder soledense, como parte sórdida en la entrevista, comparte que no olvida los baches y derrapes que los caminos fangosos le ocasionaron. Pero la necesidad le dictó hundir el acelerador hasta llegar a su destino, que sería el estacionamiento del Hospital Regional de Río Blanco, allí el parto se atendió de manera emergente.
Hubo dolor expulsado mediante gritos, así como un veredicto médico que reportó la muerte de su hija a causa de asfixia. Es lo único que comparte don Armando de su historia, únicamente abunda: "no quiero buscar culpables, pero otra cosa hubiera sido con nuestro hospital en Atzompa o ya jodido, con unas mejores carreteras".
"Como mexicanos tenemos el derecho a la salud, por eso le pedimos al gobierno federal que intervenga pronto para que ya no siga falleciendo nuestra gente, como mi caso hay muchos. Quizá no saben el dolor que uno siente al ver morirse a un familiar. No somos revoltosos, si salimos a marchar es porque buscamos lo necesario para sobrevivir", advierte el hombre y se dispone a cargar energías para el próximo día de protesta.
Por lo pronto, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha faltado a su primer acuerdo según comparten las autoridades soledenses, pues el pacto fue dialogar el día de ayer, 5 de abril en punto de las 18:00 horas, en la caseta de Esperanza, Puebla. Hasta el momento, la plática sigue pendiente.
"La gente que nos hemos desplazado con rumbo a la Ciudad de México, hemos decido esperar hasta el día de hoy, de no ser atendidos, cerraremos la carretera federal en el tramo Acultzingo-Tecamalucan, a ver si así ponen los ojos en nosotros" finaliza el hombre y se dirige al pavimento carretero a recargar energías para su segundo día de protesta.
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Critican a Morena “pero no a los amigos de Peña” como Hinojosa Cantú: AMLO
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a sus seguidores a cuidarse, porque sus opositores “andan en un plan de mucha provocación, aunque no ven todo lo que se roban el PRI y el PAN, lo que hacen otros partidos”.
De gira por Soledad Etla, Oaxaca, el tabasqueño fustigó que sus críticos se sigan fijando en sus acciones, en lugar de reprochar a los políticos priistas y panistas por beneficiase del erario, o de depositar dinero de procedencia ilícita en “paraísos fiscales”, como hizo el contratista predilecto de Enrique Peña Nieto, el empresario de Grupo Higa, Armando Hinojosa Cantú, quien guardó ahí 100 millones de dólares, como reveló la investigación conocida como los Papeles de Panamá.
Puso como ejemplo las declaraciones insistentes del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien el miércoles repitió su petición al tabasqueño para que explique el alcance del acuerdo electoral firmado con maestros de Oaxaca.
En su asamblea informativa, López Obrador dijo que prefiere responderle al expresidente Carlos Salinas de Gortari o a Peña Nieto, pero no a Nuño, pues “da flojera”.
“¿Cómo voy a estar contestándole a Nuño?”, inquirió. Explicó que cada vez que Nuño sabe de su presencia en Oaxaca se lanza contra Morena y pretende una respuesta, la cual, atajó el tabasqueño, no va a obtener.
En un video publicado en su cuenta de Facebook, López Obrador recordó al maestro oaxaqueño José Vasconcelos, fundador de la SEP e impulsor de la educación pública con programas de alfabetización, culturales y edición de los libros de los clásicos, con el fomento a la lectura. “¡Qué tiempos aquellos!”, exclamó.
Acompañado por el hijo del exsecretario de Educación Pública, Héctor Vasconcelos, López Obrador criticó a Peña Nieto por enfrentar los problemas del sector con la llamada reforma educativa, la cual no tiene el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza. “Es una estafa, es una farsa, es una gran mentira”, reviró.
En ese tenor, hizo un llamado al gobernador Gabino Cué para rectificar su gestión y no interferir en la próxima elección para gobernador. “Ya estás por terminar, ibas bien, cometiste el error de traicionar a los maestros de Oaxaca, pero puedes terminar sin problemas”, indicó.
En otro asunto, López Obrador aseguró que no detendrán a Morena ni callarán su voz con quitarles el registro a sus candidatos a gobernador, como decidió la víspera el Instituto Nacional Electoral (INE) con sus aspirantes en Zacatecas, David Monreal, y de Durango, Guillermo Fabela.
Por la tarde, López Obrador visitó Santa Lucía del Camino, y para este viernes acudirá a Santa Gertrudis, Zimatlán de Álvarez, Villa Zaachila, Cuilapam de Guerrero y Santa Cruz Xoxocotlán.
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Altos Hornos de México: transacciones y clientes anónimos con Mossack Fonseca
Por las pérdidas reportadas en 2009, Altos Hornos de México (AHMSA), la mayor acerera mexicana, no repartió utilidades entre sus trabajadores. Pero ese año, tres de sus altos ejecutivos compraron un departamento con vista al mar valuado en más de 2.6 millones de dólares en uno de los más exclusivos condominios de Punta Mita, en Nayarit.
La operación la realizaron a través de Carlyle Technologies Corp., una empresa que crearon en Panamá a través del despacho Mossack Fonseca, especializado en la operación en paraísos fiscales. AHMSA es hasta ahora uno de los consorcios más importantes de México que aparece en #PanamaPapers, la investigación periodística global en la que participó la revista Proceso.
Los detalles de la operación de AHMSA a través de Carlyle Technologies Corp. forman parte de los archivos de Mossack Fonseca que fueron entregados de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), (https://www.icij.org/), de Washington, a más de cien medios de todo el mundo.
Carlyle Technologies Corp. es una compañía con oficinas virtuales, sin personal, una sola cuenta bancaria y sus accionistas son anónimos. Pero para adquirir el apartamento nayarita utilizaron a la compañía de seguros First American Title Insurance Company, con sede en Florida, que aparece como compradora, pero con los fondos de Carlyle.
En 2003 Mossack Fonseca creó Carlyle por mediación de Juan Carlos Quintana Serur, un abogado mexicano que exigía mantener anónimos a sus clientes, “los accionistas”, algo que consiguió a través de la figura de “acciones al portador”, la participación de un grupo de mujeres prestanombres que formaban parte del despacho panameño y, posteriormente, con la creación de fideicomisos en Estados Unidos
Tanta era la preocupación por el anonimato que cuando a Quintana Serur le pidieron que revelara los nombres de los accionistas de Carlyle, consideró que Mossack Fonseca le daba un trato “hostil”. Era febrero de 2012 y llevaba nueve años de relación con la firma panameña que le proporcionaba las oficinas virtuales, y le gestionó la apertura de su única cuenta empresarial en el Credicorp Bank, en Panamá.
Los objetivos y transacciones entre Mossack Fonseca, Quintana, AHMSA y Carlyle están contenidos en 597 archivos que forman parte de los 11 millones y medio de documentos del despacho panameño que fueron entregados de forma anónima al diario Süddeutsche Zeitung, que tiene su sede en Münich.
En los archivos relacionados con la principal acerera mexicana se observa que existe un denominador común: todas las operaciones relevantes de Carlyle con AHMSA están relacionadas con dos miembros de su Consejo de Administración, las hijas de uno de ellos, dos ejecutivas y el abogado Quintana Serur.
Luego de que el domingo 3 de abril proceso.com.mx dio a conocer la lista de mexicanos de la clientela de Mossack Fonseca, incluyendo a AHMSA, su director de comunicación Francisco Orduña admitió en entrevista con el diario Vanguardia, de Saltillo, Coahuila:
“No somos políticos y podemos hacer las transacciones como queramos y comprar también porque todo está reportado”. Después de eso, indicó que no haría más comentarios.
Proceso le había solicitado al vocero un posicionamiento sobre las operaciones desde el 29 de marzo. No hubo respuesta.
El acta constitutiva de Carlyle.
La marca acerera
El abogado Juan Carlos Quintana Serur es secretario ejecutivo del Consejo de Administración de AHMSA, presidido por el magnate Alonso Ancira Elizondo, quien en 1991, durante las privatizaciones salinistas, encabezó la sociedad con Xavier Autrey Maza para adquirirla junto con un paquete de subsidiarias poseedoras de minas de hierro y de carbón.
Al mismo tiempo de su cargo empresarial –primero como socio del despacho Borda y Quintana, luego del despacho Ibáñez, Quintana, Saavedra y Hoffman–, Quintana Serur medió entre “los accionistas” de Carlyle y Mossack Fonseca, desde 2003.
En 2012, Quintana expresó su “inquietud” porque su agente ante el despacho de Panamá, Rogelio Fernández, le informó que el banco local Credicorp Bank, en el que Carlyle tenía su única cuenta, solicitaba información de los accionistas y estados financieros auditados, así como declaración de impuestos como parte de nuevas regulaciones fiscales y bancarias en Panamá y Estados Unidos.
Al banco le preocupaba también que entre los accionistas hubiera estadunidenses que lo hicieran vulnerable a la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés) que entraría en vigor en 2013 y obligaría a informar al gobierno de Estados Unidos sobre operaciones bancarias de sus ciudadanos en el extranjero.
“Insistimos, no es que haya nada irregular ni preocupante, pero si los accionistas escogieron constituir Carlyle en Panamá a través de Mossack Fonseca fue precisamente por las ventajas, flexibilidad y escasos requisitos que existen para su manejo legal, corporativo y financiero”, expuso Quintana a su agente panameño el 7 de febrero de 2012, en uno de numerosos mensajes en los que exigía mantener a sus clientes anónimos.
Aunque los accionistas de Carlyle siguieron anónimos hasta 2015 –año hasta el que llegan los archivos filtrados–, todas sus operaciones se relacionaban con AHMSA, no sólo por el abogado Quintana:
Carlyle adquirió una participación accionaria de 10% de la empresa controladora de AHMSA, Grupo Acerero del Norte (GAN), que también preside Alonso Ancira. El 13 de noviembre de 2008, Carlyle designó apoderados a Ancira y a otro miembro del Consejo de Administración de AHMSA, el estadunidense James Stuart Pignatelli.
Amplio era el poder especial otorgado a Ancira, que el 1 de septiembre de 2014 se ratificó, con vigencia indefinida y asentando que no podría ser revocado excepto por su renuncia. Es decir, Ancira representaría el paquete accionario de Carlyle en el GAN, hasta que él mismo decidiera no hacerlo.
Quienes manejaban la única cuenta bancaria de Carlyle en el panameño Credicorp Bank –abierta el 12 de febrero de 2006– y podían disponer de los recursos, eran Aracely Stella García Granados y Liliana Eugenia Rodríguez Villarreal, ambas ejecutivas de AHMSA.
La relación es pública: García Granados exhibe en su perfil de Linkedin que fue empleada de AHMSA hasta 2006, en un “nuevo proyecto de desarrollo”. Su hermana, Carla, es la directora de AHMSA Steel Israel, donde Ancira posee las famosas “Minas del rey Salomón”.
En tanto, Rodríguez Villarreal recibió en representación de Ancira el reconocimiento como “ciudadano distinguido” de Monclova, que le otorgó el ayuntamiento de esa ciudad el 12 de agosto de 2014. Las dos proporcionaron domicilio y cuentas de correo electrónico del GAN, pero es Rodríguez Villarreal quien más participa en transacciones relacionadas con Carlyle.
Aún más: el 7 de febrero de 2011 se otorgó un poder especial para toda transacción de Carlyle a James (Jim) Stuart Pignatelli, uno de los miembros del Consejo de Administración de AHMSA.
Entre 2003 y 2015, todos los ingresos (unos 6 mdd) que obtuvo Carlyle fueron originados por su único cliente que era AHMSA. En tanto, el único proveedor de Carlyle desde su creación hasta 2015, fue la firma Pignatelli & O’Brien LLC (P&O), de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. La firma es encabezada por Christina y Melissa Pignatelli, hijas de James.
El triángulo de Carlye con su cliente y su proveedor fue constante: AHMSA depositaba entre 80 mil y 250 mil dólares a Carlyle cada mes; apenas los recibía y los transfería a P&O.
En la declaración del vocero de AHMSA al diario Vanguardia, éste aseguró que la realizada con Carlyle fue una operación comercial normal, registrada ante autoridades hacendarias y la Bolsa Mexicana de Valores conforme a un contrato de servicios.
En los Panamá Papers se identificaron los contratos y sus adendas. También las facturas adjuntas a correos electrónicos en los que el abogado Quintana pide paquetes de hasta 12 facturas, una por cada mes, pidiéndole a Mossack Fonseca que tuviera cuidado en que la numeración no fuera consecutiva.
Cuenta activa
Las comunicaciones entre Juan Carlos Quintana y los ejecutivos de Mossack Fonseca revelan las precauciones para no ser rastreados, evitar impuestos e inclusive la toma de previsiones por reformas fiscales en Estados Unidos y en Panamá.
Desde el 25 de noviembre de 2005, Quintana pidió instrucciones para abrir la cuenta de Carlyle a Ramsés Owens, abogado del despacho panameño, quien le recomendó que debían hacerlo en un banco pequeño o mediano porque pedían pocos registros. La opción recomendada fue Credicorp Bank.
En las comunicaciones internas de Mossack Fonseca había expectativa por “los accionistas”. Al recomendar un desayuno de Quintana y las dos ejecutivas de AHMSA con el vicepresidente del Credicorp, Owens observaba que los clientes eran “gente muy adinerada y con muchos negocios”.
Creada el 10 de junio de 2003, Carlyle fue presentada el 12 de febrero de 2006 ante Credicorp Bank como una empresa presidida por Francis Pérez. En su directorio aparecían Vianca Scott, Leticia Montoya, Martha Edgehill y Katia Solano. Las cinco mujeres, empleadas de Mossack Fonseca, aparecen desde hace años en escándalos de lavado de dinero y ahora, con #PanamaPapers, se sabe que sus nombres están en los directorios de miles de empresas offshore.
La función de prestanombres se exhibe en una de las comunicaciones entre Quintana y Mossack Fonseca, el 15 de marzo de 2015, cuando el primero solicita se tramite en Carlyle un reconocimiento de deuda por 11 millones de dólares con un acreedor mexicano.
Mossack Fonseca responde que debe emitir una carta de indemnización a Francis Pérez, además de evitar su nombre o de alguna otra persona que trabaje en la firma panameña, pues un juicio ejecutorio haría peligrar el patrimonio de cada una de ellas conforme a las leyes de Panamá. El reconocimiento de deuda no se concretó.
Respecto a la cuenta en Credicorp, tres días después de abierta, AHMSA depositó a Carlyle un millón de dólares.
El 24 de enero de 2008, se depositó otro millón de dólares y, en junio, iniciaron los depósitos por 80 mil dólares mensuales. El rastro de P&O inició en noviembre del mismo año, cuando se signó el contrato con esa firma estadunidense que recibía depósitos por 80 mil dólares mensuales.
En 2009, los depósitos se incrementaron de AHMSA a la cuenta de Carlyle, pues además de los 80 mil dólares mensuales se depositaron 180 mil dólares en enero, y 130 mil dólares por cada uno de los tres meses siguientes.
Para 2010, el esquema cambió y los pagos se volvieron más frecuentes, alternando invariablemente 80 mil y 85 mil dólares cada quincena. Adicionalmente, de julio a octubre, Carlyle tuvo depósitos por 250 dólares cada mes, para sumar 1 millón de dólares. Cada año, de 2011 a 2013, se depositó la misma cantidad de un millón de dólares.
Para 2014 se emitieron dos facturas por 400 mil dólares cada una y 10 más por 85 mil dólares.
El concepto de todos esos pagos era “Servicios de asesoría, consultoría, apoyo y gestión empresarial” para Centro y Sudamérica, excepto por tres facturas de 2014 que mostraban por concepto “estudios por gas natural”, pero que posteriormente fueron canceladas.
Un paraíso… con vista al mar
Enlistada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), AHMSA está en suspensión de pagos desde 2001. En la década que siguió a su privatización en 1991, sus finanzas colapsaron impactando la economía regional, donde se ubicaban muchos de sus acreedores. Ancira, al anunciar la suspensión de pagos, prometió dejar de asistir a restaurantes como un gesto de austeridad.
A 15 años de que inició la crisis de la acerera, sus subsidiarias pudieron salir del atolladero y se espera que durante este abril se expongan ante el juzgado del caso las condiciones para levantar en definitiva la suspensión de pagos. Aun así, AHMSA se reputa en crisis: en el último año despidió a mil 300 trabajadores y ya anunció que no habrá reparto de utilidades el próximo mes de mayo, debido al impacto de los precios internacionales del acero.
Aunque casi no paga utilidades, AHMSA sortea la inconformidad apelando a conservar la fuente de empleo, otorgando bonificaciones especiales o “adelantos”. Entre los años difíciles, destaca 2010, cuando reportó pérdidas millonarias respecto a su ejercicio fiscal 2009.
Fue en 2009 cuando Carlyle adquirió la única inversión inmobiliaria que posee: el departamento de lujo con vista al mar en Punta Mita, Nayarit, donde el condominio Hacienda de Mita destaca por su exclusividad. El apartamento “premium” 306, ubicado en el edificio E-3 del complejo, está valuado –según escribió Quintana– en más de 2.6 millones de dólares.
Mossack Fonseca desaconsejó la operación desde que Quintana la puso sobre la mesa el 8 de julio de 2009. El ejecutivo panameño, Ramsés Owens enfatizó la ventaja de que Carlyle no se relacionara en México y añadía:
“En correcta protección de activos, una sociedad no debe tener más de una propiedad, para que la sociedad ni la propiedad se contaminen con otras potenciales obligaciones o pasivos”.
Luego: “Yo propondría que Carlyle tenga una sociedad subsidiaria a ésta, que podría ser de Panamá o de la jurisdicción que sea más potable en México conforme tú nos propongas (recuerda que con agilidad podemos proveer Panamá, BVI, Bahamas, Seychelles, Samoa, British Anguilla, Nevada, Hong Kong, o sociedades civiles del Reino Unido; y también sociedades comanditas de Nueva Zelandia y otras latitudes)”, dijo en relación con las jurisdicciones de paraísos fiscales en las que opera.
Para 2010, el lujoso departamento de Punta Mita ya aparecía en los estados financieros de Carlyle y unos 3 millones de dólares en la cuenta.
La legislación panameña se reformó y las acciones al portador, el esquema que hacía invisibles a los accionistas, ya no era seguro pues el día último de 2015 serían inmovilizadas.
La solución propuesta por Quintana fue crear seis fideicomisos en Estados Unidos, tres de los cuales son a favor de Melisa Leigth, dos más a favor de Christina Susanne y uno para Theodore, los tres de apellido Pignatelli O’Brien, los hijos de James. Los fideicomisos tendrían el 75% de las acciones de Carlyle y el 25% restante quedaría en acciones al portador. Las comunicaciones se interrumpen en mayo de 2015, con el canje de acciones enunciado pero aún sin concretar.
Los Panamá Papers reflejan que la operación de Carlyle, con todo y sus accionistas anónimos, tiene dos beneficiarios: Alonso Ancira que representa de manera vitalicia las acciones de Carlyle en el GAN y, James Pignatelli con su familia.
Exdiputado ligado al narco y exdirigente en Ayotzinapa cobran en nómina de Astudillo
Narco, zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas
Choferes de microbús protagonizan pelea frente a pasajeros
En un video que circula a través de redes sociales se observa cómo Sarmiento Jiménez, sujetó al doctor identificado como Sergio Carrillo Pérez, lo arrastró y lo empujó contra un grupo de reporteros que se encontraban en el lugar.
En un video que circula a través de redes sociales se observa cómo Sarmiento Jiménez sujetó al hombre de la tercera edad, identificado como Sergio Carrillo Pérez, por el cuello de la camisa, para posteriormente empujarlo contra un grupo de reporteros que se encontraban en el lugar.
La razón del altercado fue que el doctor se negó a salir del recinto cuando Sarmiento llegó a tomar la delegación junto con su comitiva. Algunas versiones señalan que el señor Carrillo tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un pre infarto a consecuencia de dicha agresión.
El incidente se dio en el marco de un paro de labores que realizaron más de 6 mil trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en exigencia de la destitución del delegado estatal ante la falta de personal en 300 unidades médicas.
De acuerdo con medios locales, Sarmiento Jiménez convocó a los trabajadores del Seguro Social a protestar luego de que le fueran retirados contratos millonarios de hemodiálisis. Su argumento para iniciar el paro de labores fue el desabasto de medicamentos y materiales necesarios para la atención médica.
Sin embargo, su convocatoria no tuvo una respuesta contundente, pues durante la protesta en las oficinas delegaciones del IMSS sólo participaron 160 trabajadores.
Dos presuntos extorsionadores de comerciantes son detenidos por Xóchitl Gálvez (VIDEO)
La Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, grabó en una transmisión por Periscope, la declaración de uno de los comerciantes, el cual aseguró que una persona acudía cada semana desde hace tres años a cobrarle cien pesos para dejarlo vender en la vía pública.
La Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz, grabó en una transmisión por Periscope, la declaración de uno de los comerciantes, el cual aseguró que una persona acudía cada semana desde hace tres años a cobrarle cien pesos para dejarlo vender en la vía pública.
El señor, del cual no se reveló su identidad, afirmó que tanto él como su esposa, que lo acompaña en su negocio, siempre creyeron que los sujetos eran funcionarios de la demarcación.
“Nosotros sabíamos que si no dábamos ese dinero no íbamos a poder trabajar, y nosotros lo que queremos es trabajar decentemente”, le comentó la mujer a Gálvez durante la grabación.
La Delegada, que les aseguro a los vendedores que la corrupción no venía directamente de la delegación, también les solicitó acudir como testigos para poder llevar a la justicia a dichos personajes.
“Tienen el apoyo de la Delegada. Estas cosas no deben pasar en la delegación”, expresó Xóchitl, quien refirió que en este caso no aplicaría la remisión ante el Juez Cívico, sino que ameritaría una detención, ya que la extorsión es un delito penado por la ley.
Durante la misma transmisión, Gálvez y elementos de la policía capitalina, detuvieron al hombre que presuntamente acude a hacer el cobro. En la grabación de Periscope se puede escuchar a Xóchitl hablando con el detenido, quien aseguró pertenecer a la Alianza de Comerciantes, cuyo el líder es Ricardo Robles.
El personaje en cuestión dijo en un principio que sólo pasa por la zona a veces y que de vez en cuando les pide que si pueden “le inviten un refresquito”.
Ante sus afirmaciones, Gálvez Ruiz explicó que el personal de vía pública delegacional es el único autorizado para revisar la labor del comercio ambulante, y debe portar chalecos con el logotipo de la demarcación así como contar con identificación oficial.
Finalmente, las autoridades detuvieron tanto al hombre que pasaba a cobrar, como al que guardaba el dinero. Ambos fueros presentados ante el Ministerio Público a donde también acudieron los denunciantes a presentar su declaración.
Estados dejarán de percibir 21 mil 700 mdp por desplome petrolero: Moody’s
La agencia Moody’s Investors Service advirtió que los lineamientos estipulados en los Pre-Criterios de Política Económica 2017, elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), representan un factor crediticio negativo para los estados y municipios.
De acuerdo con la calificadora con sede en Nueva York, se proyecta un faltante de 21 mil 700 millones de pesos en las participaciones federales a las entidades federativas, equivalente a 3.2% de lo programado.
Moody’s explicó que, “para 2017, los precriterios prevén un aumento en las participaciones de 4.1% respecto del presupuesto de 2016. No obstante, consideramos que el crecimiento estimado sea la banda superior debido a reducciones adicionales en la producción petrolera”.
Al respecto, previó que la producción caiga a 2 mil 28 millones de barriles por día en 2017 desde los 2 mil 123 millones actuales, así como un crecimiento inercial en los ingresos tributarios, los cuales no terminan de despegar pese a las reformas implementadas hace dos años.
Lo anterior afecta directamente a la entrega de participaciones: además de actualizar los supuestos de ingresos presupuestarios, los precriterios proyectan un faltante de 21 mil 700 millones de pesos en las participaciones federales a los estados y los municipios, calculó la agencia calificadora.
Y agregó: “Este faltante es equivalente a 3.2% de las participaciones programadas para este año. Las participaciones representan, en promedio, 35% de los ingresos totales de los estados, y son la fuente de pago de alrededor dl 90% de la deuda de los gobiernos estatales y municipales”.
En enero pasado, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) lo adelantó:
Una caída en los precios del petróleo puede tener un efecto inmediato en el monto destinado a cada fondo, principalmente para aquellos fondos que sus recursos dependen de la recaudación federal participable. A pesar de que cada año los ingresos petroleros son menos representativos en la recaudación federal participable, éstos aún tienen un peso importante y afectan a todas las entidades federativas.
Aún más, el CIEP alertó que será en los próximos años cuando se observe una caída considerable en las participaciones de los estados que realizan extracción de hidrocarburos, y por ello recomendó que estas entidades federativas deben ir incrementando impuestos locales, como predial y agua, para compensar la disminución de recursos disponibles.
En este contexto, Moody’s precisó que en 2016 el faltante en participaciones se compensará con recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que es un fondo de contingencia diseñado para compensar caídas en el flujo de participaciones.
Los activos totales del FEIEF reportados al 31 de diciembre de 2015 fueron de 36 mil 200 millones de pesos, y estimó el nivel actual en 39 mil millones de pesos.
Acusan a Peña de incumplir con protección a familiares de desaparecidos en Iguala
El representante de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara Hernández, denunció al gobierno de Enrique Peña Nieto por incumplir las medidas cautelares ordenadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a favor de 13 integrantes de su organización.
Beneficiario de las medidas cautelares, Vergara Hernández representa a unas 400 familias de desaparecidos en la región norte de Guerrero, quienes se organizaron en la búsqueda de restos en los cerros aledaños a Iguala, luego de que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa descubrieran fosas con al menos 32 cuerpos.
Debido a que el grupo de búsqueda de Los Otros Desaparecidos de Iguala, compuesto por entre 12 y 15 personas, ha sufrido amenazas y se mueve en zonas controladas por el crimen organizado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) instruyó al Estado mexicano, el 27 de septiembre del año pasado, a darles protección en la búsqueda de cuerpos, actividad que no realizan las autoridades.
Apoyados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Id(h)eas Litigio en Derechos Humanos, Red Nacional de Enlaces de Personas Desaparecidas y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), los integrantes de Los Otros Desaparecidos firmaron compromisos con la Secretaría de Gobernación (Segob), PGR y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a principios de este año, mismos que según Vergara no se han cumplido cabalmente.
En entrevista con Apro, en vísperas de participar en un operativo de búsqueda de restos humanos en Veracruz, Mario Vergara contó que hasta ahora la Segob no ha cumplido con el acuerdo de proporcionar una camioneta a la organización, protección policiaca durante los operativos en los cerros, acompañamiento de un agente del MP y de paramédicos durante dichos operativos, así como acordonamiento y resguardo de hallazgos óseos.
Vergara se queja de que cuando son acompañados por policías sólo es con tres elementos, “para cuidar a un grupo de 12 a 15 personas que suben a los cerros y zonas donde la delincuencia estuvo operando y opera; los elementos se quedan en su vehículo, ya le dije a Sara Irene Herrerías (responsable de la Unidad de Derechos Humanos de Segob) que un día nos van a matar a todos, porque no son suficientes elementos los que nos están mandando”.
Mario Vergara, quien con otros familiares ha localizado más de cien cuerpos en fosas clandestinas, apuntó que hizo ver a la funcionaria que no entendía por qué el maltrato, si Los Otros Desaparecidos de Iguala hacían el trabajo que correspondía a las autoridades, y “cuando el equipo forense de la PGR va a juntar los huesos que nosotros señalamos, sube un grupo de 10 peritos pero llevan 30 o 40 elementos de seguridad. Les digo que cuál es la diferencia, pues nosotros andamos haciendo el trabajo muy fuerte”.
Se quejó de que el agente del Ministerio Público asignado para acompañarlos no se haya presentado en las excavaciones desde que se firmaron los acuerdos el 26 de enero pasado, así como de la tardanza para resguardar los restos localizados.
“Hemos localizado huesos y la policía llega entre tres y seis días a resguardar, ya nos pasó en Chichihualco, donde después del hallazgo llegó el Ministerio Público, vio que había huesos y se fue, en la noche la gente mala quemó los restos y, cuando llegaron a resguardar, ya estaban muy dañados.
“El domingo (3 de abril) localizamos otra fosa con restos, pero hasta el miércoles fueron a recoger los huesos, al gobierno no le interesa el tema de los desaparecidos aun firmando acuerdos”, narró.
Luego resaltó que los integrantes del equipo de búsqueda han sido amenazados por miembros del crimen organizado para que ya no continúen buscando en los cerros, lo que motivó las medidas cautelares, pero “nomás nos dieron un número telefónico de un jefe de la Policía Federal en Iguala, nos dijo que cuando nos sintamos amenazados le llamemos, yo estoy a una hora de Iguala y, si hay tráfico, a dos horas, lo que ofrecen es absurdo, es un teatro”.
También destacó que, a un año y cuatro meses desde que varios familiares acordaron salir a buscar a sus familiares a los cerros, de los más de cien cuerpos hallados la PGR sólo ha identificado 15.
“Somos un grupo de 400 familias, de las cuales sólo 280 han presentado denuncia penal y les han hecho la prueba de ADN, cuando nosotros reclamamos a la PGR por qué no ha identificado todos los cuerpos, dice que porque no hay denuncias, pero al principio lo que hicieron fue decirle a la gente que no importaba que no pusiera denuncias, con el ADN era suficiente.
“Al principio no sabíamos por qué decía eso la gente de PGR, mucha gente pidió que le tomaran muestra pero no puso denuncia, ahora sabemos que es para decir a los organismos internacionales que no hay tantos casos de desaparecidos”, señaló el representante del colectivo.
En cuanto a la actuación de la CEAV, Vergara reprochó que recientemente se les anunció que estaban desaparecidos los 400 expedientes de los integrantes de su organización, sin mayor explicación que el cambio del responsable de atenderlos.
Juan Carlos Gutiérrez, director de Id(h)eas, consideró que “el incumplimiento sistemático de las autoridades en la protección de las familias, los hallazgos y las garantías de seguridad se enmarcan en un constante deterioro de la posición de México frente a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
El defensor consideró grave el desdén que el gobierno mexicano ha mostrado hacia las medidas cautelares emitidas por la CED, entre las que están “la instalación de protocolo de seguridad, el acompañamiento jurídico, psicológico y médico; el resguardo de cuerpos o esqueletos encontrados; el procesamiento de datos que deben dar a conocer a las víctimas, mismas que no han sido atendidas por el Estado mexicano”.
Gutiérrez Contreras cuestionó el incumplimiento de las acciones urgentes reclamadas por la ONU “a pesar de la inseguridad constante en la entidad, en donde desde 2012 se han encontrado más de 500 osamentas en fosas clandestinas, y en 2015 fueron asesinados Norma Bruno Román y Miguel Ángel Jiménez Blanco, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, en plena búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas”.
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron serias deficiencias en la iniciativa de ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 10 de diciembre.
En una carta abierta dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, las organizaciones firmantes resaltan que dicha iniciativa contiene “preceptos que pueden propiciar la violación de la prohibición imperativa de la tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes, la impunidad y el olvido de las víctimas”.
Por ello, exhortaron al panista a evitar que se diluyan en la ley los principios y estándares previstos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, “haciendo valer su rol de garante de la observancia y respeto de la legalidad y el derecho internacional de los derechos humanos”.
Recordaron que desde octubre de 2015 entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) un documento con los lineamientos que debería contener la ley general, pero fueron omitidos en la iniciativa presidencial.
De acuerdo con los defensores, es preocupante que para la Presidencia de la República, la tortura y los tratos crueles sean dos tipos penales diferentes con consecuencias distintas. Eso “generaría la desprotección de las víctimas de malos tratos y, con no menor preocupación, abriría la puerta a la perpetuación en el país de prácticas que en la actualidad vulneran la dignidad e integridad física y moral de sus ciudadanos”.
Alertaron sobre los riesgos que implican los artículos 47 y 48 de la iniciativa presidencial, ya que deja abierta la puerta a la comisión de esas violaciones a derechos humanos al validar “la información (que) hubiese podido obtenerse con independencia de dichos actos”.
Además, apuntaron, no se “fija ningún procedimiento para la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura, de conformidad con los estándares internacionales en la materia; solamente se establece que las partes pueden impugnar pruebas ilícitas y el juez resolverá”.
De igual manera, criticaron que la iniciativa enviada por Peña Nieto se centre “de forma exclusiva en desarrollar los parámetros de la ‘valoración médico-psicológica’ sin incorporar otras diligencias y pruebas (criminológicas, de contexto, etc.) necesarias para la investigación y documentación eficaces de la tortura y los tratos crueles”.
En cuanto al capítulo “De los derechos de las víctimas”, advirtieron que no incluye “ningún principio rector que siente las bases del marco legal de aplicación para garantizar el derecho de las víctimas de tortura y tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes a la reparación integral, más allá de la remisión a la Ley General de Víctimas”, misma que “no reconoce la particularidad ni programas ni servicios específicos para la reparación de las víctimas en materia de rehabilitación”.
Para los firmantes, tanto la tortura como los tratos crueles deberían compartir un mismo tipo penal y “las mismas consecuencias procesales, la obligación de investigar, la exclusión de las pruebas ilícitas, la protección y reparación integral de las víctimas, entre otras”, en apego a estándares internacionales y recomendaciones a México del Comité contra la Tortura de la ONU.
Las organizaciones recomendaron que la ley general establezca la “exclusión ineludible y de oficio –por la misma autoridad judicial– de la prueba cuando existan razones para creer que ha podido ser obtenida bajo tortura o malos tratos”, además de que debe establecerse que recae en el Ministerio Público la carga de dicha prueba.
Propusieron que para “eliminar toda ambigüedad” en las evaluaciones médico-psicológicas, todo examen debería “regirse por las directrices establecidas en el Protocolo de Estambul”, reconocido internacionalmente.
Señalaron la necesidad de crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), a fin de “garantizar el monitoreo efectivo de las condiciones de detención”. Y sostuvieron que como medida de prevención es indispensable establecer “la investigación y sanción de todo superior jerárquico que no haya ejercido un control apropiado sobre sus subordinados, cuando aquél supiera o poseyese información” de que éstos estaban cometiendo o iban a cometer actos de tortura o tratos crueles.
Las organizaciones consideraron que la ley general debe contemplar la “facultad de atracción del caso por parte del Ministerio Público de la Federación cuando existan indicios para creer que la Unidad Especialidad de la Entidad Federativa que conoce del asunto no ha conducido o no está conduciendo la investigación o investigaciones de forma pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”.
E hicieron algunos planteamientos adicionales en torno a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se discute en el Senado, para que “se dote de facultades adecuadas a las y los jueces de ejecución” con el fin de que tengan jurisdicción sobre las autoridades encargadas de la aplicación de la prisión preventiva y la pena en prisión, así como para garantizar condiciones dignas de internamiento.
El documento fue firmado por Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura, Amnistía Internacional, Comisión Internacional de Juristas, Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, Fundación para el Debido Proceso Legal, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Organización Mundial contra la Tortura, Redress y la Fundación Robert F. Kennedy.
Hay indignación entre las mujeres policías del Ayuntamiento de Querérato, porque en la Secretaría de Seguridad Pública municipal busca crear un grupo de uniformadas, pero ¡tengan cuerpazos!
Ello viola los derechos humanos de las agentes, consideraron al menos 50 mujeres policías, quienes acudieron a la organización Coincidir Mujeres A.C. para presentar una queja contra el titular de la SSP, el general Eugenio Hidalgo Eddy.
La acusación también va contra el mando inferior inmediato de Hidalgo Eddy, por pretender conformar una unidad especializada de proximidad en la que sólo estarían las uniformadas con buenos atributos físicos.
Así lo informa Reforma, que destaca que el grupo que se pretende formar en Querétaro es similar a la que acaban de eliminar en Aguascalientes y que mostraba a las oficiales más como edecanes que como policías.
Maricruz Ocampo, vicepresidenta de la organización civil, explicó a ese rotativo que "el 19 de noviembre se les pidió un pase de revista para escoger a las mujeres por sus atribuciones físicas para conformar esa unidad. Ahí les gritaban: 'tú estás panzona, pásate para atrás'. A las mujeres policías les quitaron sus armas, sus chalecos antibalas y demás".
Detalló que “las obligaron a dar el servicio en tacones de 12 centímetros, con mallones o minifaldas. Tienen que ir maquilladas, planchadas y peinadas, y así las llevan a los eventos”.
Asimismo, dijo que 50 de 150 mujeres con que cuenta la corporación ya presentaron su queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Municipio de Querétaro.
Dio uno de los testimonios, sucedido el 19 de noviembre que forma parte de la queja:
"Pidieron que salieran de la formación las mujeres que se encontraban embarazadas; solicitaron a dos compañeras de mayor edad que se retiraran. Lo que contaba era la apariencia personal, los mandos no veían mis grados, mi uniforme, sino mis atributos físicos, mi cuerpo. Como ganado, pasamos por varios escrutinios".
"Las compañeras se llenaron de rabia, impotencia, frustración, y prevaleció el trato vejatorio, la discriminación, la violencia, los estereotipos, las actitudes machistas, la falta de respeto, la clara violación a nuestros derechos humanos", dijo Ocampo.
Según la queja, el grupo femenil especializado de proximidad sí se formó y -sin precisar fecha- se indicó que cubrieron una corrida de toros en Juriquilla.
"El gobierno del estado nos llama revoltosos y piensa que por ser indígenas, somos ignorantes, pero conocemos cada uno de nuestros derechos, así como nuestras necesidades y la gente en el pueblo se está muriendo de hambre y enfermedades ¿Hasta dónde llega su maña? ¿Por qué nos han abandonado?".
Comparte Armando González Antonio del patronato del pueblo, mientras organiza con dialecto náhuatl un contingente de ocho mil personas con raíces indígenas, dispuestos a soportar los seis grados centígrados que se viven en el plantón de la caseta Esperanza, Puebla; durmiendo sobre el asfalto gélido, defecando a campo libre.
De acuerdo con el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (Coneval), Soledad Atzompa es el cuarto municipio en el estado con mayor porcentaje de pobreza extrema, el 64.9 % de su población vive en la miseria. Una persona percibe 20 pesos diarios aproximadamente.
Los manifestantes, advierten que no cederán terreno, a menos que sean escuchados y atendidos por el gobierno federal, pues el pueblo de 30 mil habitantes, ha esperado más de una década la construcción de un Centro de Salud, así como el asfaltado en tramos carreteros que sus condiciones actuales, han originado 60 accidentes automovilísticos en un año.
Promesas que iniciaron en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, quien el 29 de diciembre de 2009, aseguró: "seguiremos avanzando en el cuidado de la salud de los veracruzanos. Vamos firme para ser el mejor sistema de salud de la República", refiriéndose aquella vez, a la edificación del hospital en Soledad Atzompa.
El compromiso lo heredó a su compañero de partido político y actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien también el 3 de marzo de 2016 aseguró: "vamos a inaugurar el hospital de Soledad Atzompa antes de que termine mi mandato".
Hasta la fecha, la inversión de 79 millones de pesos, únicamente se ve reflejada en enormes elefantes grises; obras abandonadas que ofende diariamente, al cuarto municipio con mayor índice de pobreza extrema en Veracruz, según las cifras del Coneval.
Por su parte, Bonifacio Aguilar Landa, alcalde perredista de Soledad Atzompa, asegura que al movimiento no lo encabeza ni apadrina nadie. "Es una protesta del pueblo entero, líderes de diferentes partidos políticos unidos en una misma causa; para el respeto a nuestras garantías sociales".
Un batallón compuesto por 42 agentes y subagentes municipales. Así como hombres, mujeres y niños que han salido a marchar por sus ancianos y convalecientes que aguardan en sus tierras. "No regresaremos con las manos vacías, todavía hay mucha gente esperando una señal para cubrir nuevos frentes si es necesario", asegura la autoridad municipal.
"Diez años esperando un hospital en el pueblo"
Fue en julio de 2009 cuando Fidel Herrera Beltrán colocó la primera piedra en lo que sería el Centro de Salud de Servicios Ampliados, (Cessa), en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. Sin embargo, hasta la fecha los lugareños siguen esperando gozar dignamente del derecho a la salud, aseguran.
Al inicio de la obra, dos muros de contención que se levantaron en la zona se vieron afectados por un derrumbe montañoso, así el gobierno estatal condicionó a los habitantes a ubicar un predio apartado de los desastres naturales. Los pobladores, inmediatamente, adquirieron un terreno mediante colectas, recabando 900 mil pesos.
No obstante, la administración fidelista comenzó a adeudar salarios y contratos a las constructoras encargadas, hasta que la obra fue suspendida. Hasta el día de hoy, lo único que se observa en el predio es tierra aplanada, que no equivale siquiera a un 5 % del proyecto, aseguran las autoridades municipales.
Rolando Pérez Juliana, miembro de la mesa directiva del municipio, comparte que la obra beneficiaría a 30 mil soledenses, así como a habitantes de los municipios y localidades de Atlahuilco, Tlaquilpan, Xoxocotla, Tequila, Acultzingo, Necoxtla La Cuesta y Ciudad Mendoza.
El mismo Fernando Benítez Obeso,titular de la Secretaría de Salud (SS) en el estado, el tres de agosto de 2015 se comprometió a reiniciar la obra del Centro de Salud de Servicios Ampliados, asegurando que el final del proyecto estaría para el 3 de julio de 2016 y que el mismo gobernador lo inauguraría antes del término de su mandato. Lo que sería un logro más en su cuenta de Twitter.
"Además, el día tres de noviembre de 2015, nos reunimos con el Secretario de Gobernación, Flavino Ríos Alvarado y nos aseguró que ya se contaba con una licitación de un monto total de 79 millones de pesos para la culminación del hospital. Pero solamente nos engañó, no han dado un solo peso de la cantidad que prometió".
Cabe mencionar que el hospital más cercano para los habitantes soledenses, se encuentra en Río Blanco, Veracruz, a unos 77 kilómetros de distancia, es decir, dos horas y media en vehículo, considerando las características geográficas donde se encuentra asentado el municipio.
De acuerdo con el miembro de la mesa directiva, en Soledad Atzompa cuatro centros médicos son distribuidos entre 42 comunidades, donde sus habitantes apenas reciben primeros auxilios, aunado a la escasez de medicinas y ambulancias. Condiciones marginales que elevan los índices de defunciones, a causa de padecimientos sin contrarrestar como: diabetes, cáncer, sida y embarazos mal asistidos.
"Nosotros hemos mudado nuestras costumbres y ahora nos queda claro lo ideal para nuestras mujeres es que sean atendidas por especialistas, pero llevamos 10 años soñando con un hospital y la gente se nos sigue muriendo", aclara Rolando Pérez Juliana.
"Tomás Ruíz Nada más hizo de nuestra carretera un cochinero"
"Según vino a remover pedazos de carpeta asfáltica que había en los caminos del pueblo porque ya tenía presupuesto para reanudar la obra, pero ya van cinco meses desde que hizo un cochinero y ni siquiera le han metido mano a nuestra carretera", asegura Armando González Antonio, comisionado de obras en Soledad Atzompa.
Con base en información citada por autoridades municipales, Tomás Ruíz González, titular de laSecretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP) fijó un calendario de trabajo para la pavimentación asfáltica de 16 kilómetros de camino, con mezcla en caliente. El proyecto comenzaría el seis de noviembre de 2015, y culminaría el 10 de febrero de 2016, hace 56 días.
El tramo carretero a reparar, corresponde a 16 kilómetros, que conecta al barrio conocido como La Desviación, con la localidad más alejada de Atzompa: Tepaxapa. El comisionado, aclara que se trata de la única salida del pueblo.
"Por ahí trasladamos en camionetas a nuestros enfermos, pero en tiempos de lluvia el terreno se atasca con barro y ya ha habido por lo menos 60 accidentes automovilísticos desde el año 2015 para acá y de todo esto Tomás Ruiz González es testigo".
"Sin carreteras firmes nuestros enfermos se mueren en el camino"
El primero de noviembre del 2015, la esposa de Armando González Antonio, patronato municipal, estaba por dar a luz a su tercer hijo… Era una tarde lluviosa, las contracciones en el vientre se anticiparon, así que recurrieron a una partera, quien inmediatamente valoró el estado de su clienta como grave y advirtió que debían ir hasta Río Blanco, Veracruz.
Don Armando inmediatamente consiguió una camioneta con las amistades, pues recorrer los 32 kilómetros hasta la salida a la carretera Orizaba-Tehuacán, montado a caballo, como la gente suele hacerlo, pudo tratarse de dos muertes y no una.
El hombre adaptó la batea de la camioneta tipo Pick Up lo más parecido a una ambulancia; tendió unos sarapes para contrarrestar el líquido amniótico y la sangre que ya brotaba de su esposa. No hubo paramédicos que la auxiliaran, ni si quiera un techo que la cubriera del frío y la lluvia.
El líder soledense, como parte sórdida en la entrevista, comparte que no olvida los baches y derrapes que los caminos fangosos le ocasionaron. Pero la necesidad le dictó hundir el acelerador hasta llegar a su destino, que sería el estacionamiento del Hospital Regional de Río Blanco, allí el parto se atendió de manera emergente.
Hubo dolor expulsado mediante gritos, así como un veredicto médico que reportó la muerte de su hija a causa de asfixia. Es lo único que comparte don Armando de su historia, únicamente abunda: "no quiero buscar culpables, pero otra cosa hubiera sido con nuestro hospital en Atzompa o ya jodido, con unas mejores carreteras".
"Como mexicanos tenemos el derecho a la salud, por eso le pedimos al gobierno federal que intervenga pronto para que ya no siga falleciendo nuestra gente, como mi caso hay muchos. Quizá no saben el dolor que uno siente al ver morirse a un familiar. No somos revoltosos, si salimos a marchar es porque buscamos lo necesario para sobrevivir", advierte el hombre y se dispone a cargar energías para el próximo día de protesta.
Por lo pronto, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha faltado a su primer acuerdo según comparten las autoridades soledenses, pues el pacto fue dialogar el día de ayer, 5 de abril en punto de las 18:00 horas, en la caseta de Esperanza, Puebla. Hasta el momento, la plática sigue pendiente.
"La gente que nos hemos desplazado con rumbo a la Ciudad de México, hemos decido esperar hasta el día de hoy, de no ser atendidos, cerraremos la carretera federal en el tramo Acultzingo-Tecamalucan, a ver si así ponen los ojos en nosotros" finaliza el hombre y se dirige al pavimento carretero a recargar energías para su segundo día de protesta.
Michoacano que trabajó en Chile llega a la CDMX y nadie sabe de él por un mes
MORELIA, Mich.- Pedro Rodríguez Figueroa, de 36 años, quien desapareció el 13 de marzo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICIM), luego de su regreso de Santiago de Chile, fue localizado en Puebla.
Anabella Tinoco Magallón, esposa de Rodríguez Figueroa, confirmó que éste ya se encuentra en La Sábila, municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.
En entrevista, la mujer asegura que el 13 de marzo pasado su esposo fue interceptado por agentes federales en el AICM, con 3 mil dólares en efectivo que había cobrado en el país sudamericano por participar en la cosecha de ciruela.
Un conocido de la pareja informó a Anabella que Pedro había sido detenido en la terminal aérea y llevado a una cárcel de Puebla, acusado de robo.
“Acudí al Juzgado Cívico de la colonia El Arenal, delegación Venustiano Carranza, donde para declarar me tuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Levanté la denuncia por desaparición, número 387/16-03, y también presenté una queja en el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes de la PGJ”, señala la mujer en entrevista.
Posteriormente, dice, policías investigadores de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la acompañaron al AICM para que le mostraran videos de la sala internacional con fecha 13 de marzo.
“Ya con un policía de investigación llegamos a ver videos para saber qué pasó con mi esposo, y en el aeropuerto nos mostraron un informe donde había dos fotos de mi marido donde está esposado, afuera del aeropuerto, en una patrulla. Lo tienen agachado, esposándolo.
“La otra foto es del Juzgado Cívico, en la colonia El Arenal. Estaba sentado, esposado, con la camisa desabrochada y sin zapatos. Fue el informe que nos enseñaron”, relata.
Y, sin ofrecer mayores detalles, destaca que Pedro ahora ya está en casa, pero “desmejorado, más delgado y en una actitud extraña, como si lo hubieran drogado”. El dinero de su trabajo nunca apareció, concluye.
Critican a Morena “pero no a los amigos de Peña” como Hinojosa Cantú: AMLO
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a sus seguidores a cuidarse, porque sus opositores “andan en un plan de mucha provocación, aunque no ven todo lo que se roban el PRI y el PAN, lo que hacen otros partidos”.
De gira por Soledad Etla, Oaxaca, el tabasqueño fustigó que sus críticos se sigan fijando en sus acciones, en lugar de reprochar a los políticos priistas y panistas por beneficiase del erario, o de depositar dinero de procedencia ilícita en “paraísos fiscales”, como hizo el contratista predilecto de Enrique Peña Nieto, el empresario de Grupo Higa, Armando Hinojosa Cantú, quien guardó ahí 100 millones de dólares, como reveló la investigación conocida como los Papeles de Panamá.
Puso como ejemplo las declaraciones insistentes del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien el miércoles repitió su petición al tabasqueño para que explique el alcance del acuerdo electoral firmado con maestros de Oaxaca.
En su asamblea informativa, López Obrador dijo que prefiere responderle al expresidente Carlos Salinas de Gortari o a Peña Nieto, pero no a Nuño, pues “da flojera”.
“¿Cómo voy a estar contestándole a Nuño?”, inquirió. Explicó que cada vez que Nuño sabe de su presencia en Oaxaca se lanza contra Morena y pretende una respuesta, la cual, atajó el tabasqueño, no va a obtener.
En un video publicado en su cuenta de Facebook, López Obrador recordó al maestro oaxaqueño José Vasconcelos, fundador de la SEP e impulsor de la educación pública con programas de alfabetización, culturales y edición de los libros de los clásicos, con el fomento a la lectura. “¡Qué tiempos aquellos!”, exclamó.
Acompañado por el hijo del exsecretario de Educación Pública, Héctor Vasconcelos, López Obrador criticó a Peña Nieto por enfrentar los problemas del sector con la llamada reforma educativa, la cual no tiene el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza. “Es una estafa, es una farsa, es una gran mentira”, reviró.
En ese tenor, hizo un llamado al gobernador Gabino Cué para rectificar su gestión y no interferir en la próxima elección para gobernador. “Ya estás por terminar, ibas bien, cometiste el error de traicionar a los maestros de Oaxaca, pero puedes terminar sin problemas”, indicó.
En otro asunto, López Obrador aseguró que no detendrán a Morena ni callarán su voz con quitarles el registro a sus candidatos a gobernador, como decidió la víspera el Instituto Nacional Electoral (INE) con sus aspirantes en Zacatecas, David Monreal, y de Durango, Guillermo Fabela.
Por la tarde, López Obrador visitó Santa Lucía del Camino, y para este viernes acudirá a Santa Gertrudis, Zimatlán de Álvarez, Villa Zaachila, Cuilapam de Guerrero y Santa Cruz Xoxocotlán.
Cae ‘El Gato’, último prófugo en masacre del Casino Royale
MONTERREY, NL.- Jesús Alejandro García González El Gato, implicado en la masacre de 52 inocentes en el Casino Royale, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el interior de su domicilio, en la colonia Mirasol de esta capital, reportó la prensa local.
El integrante de la banda de Los Zetas, conocido también como El Borrado, era el último prófugo, tras el homicidio masivo perpetrado el 25 de agosto de 2011 en el interior de la casa de apuestas ubicada en la colonia San Jerónimo, al poniente de Monterrey.
El juez primero de lo penal y de juicios orales había dictado orden de aprehensión en su contra en octubre de 2014, por los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa.
El Gato fue internado en el penal del Topo Chico, y este viernes 8 rendirá su declaración preparatoria.
El nombre de García González no había sido mencionado en el proceso en el que habían sido detenidas 18 personas por el ataque incendiario provocado a la entrada del inmueble para demandar el pago de una cuota de extorsión.
Las autoridades mencionaron que, excepto uno, de identidad que no fue revelada, todos los acusados habían sido capturados, dentro de la causa penal 215/2011-IV-2.
El gobierno estatal informó que otro detenido por el ataque al Casino Royale, Javier Alonso Martínez Morales, El Javo, participó en la masacre en el interior del penal del Topo Chico, la noche del 10 de febrero, con el saldo de 49 internos asesinados.
Esta madrugada, Jorge Nava Covarrubias, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), fue asesinado a balazos en un puesto de comida en la colonia Tierra Blanca.
Horas después, una invitada externa a un foro en esa misma facultad de la UAS fue privada de la libertad por un sicario, quien la sacó con lujo de violencia de las instalaciones académicas.
Más tarde se informó que Díaz Cárdenas había sido localizada sin mayores lesiones, hecho que el procurador Marco Antonio Higuera confirmó en rueda de prensa.
Tras esas acciones, la UAS emitió un posicionamiento donde condena los actos de violencia en torno a la institución, y exige a las autoridades competentes llegar a fondo en las investigaciones para esclarecer totalmente los hechos.
“Nuestra institución, dedicada a superar día a día sus estándares de calidad, no puede verse reprimida en este noble propósito a causa de acciones deleznables que no corresponden a la armonía y convivencia pacífica deseables en la sociedad sinaloense”, señala el posicionamiento.
“Los hechos en donde Jorge Nava Covarrubias, estudiante de cuarto año de la Facultad de Medicina, fue privado de la vida en un puesto de alimentos en la colonia Tierra Blanca, enrarecen el ambiente habitual de trabajo académico en nuestra institución”, continúa.
Por ello, el rector Juan Eulogio Guerra Liera sostuvo este día una reunión con el subprocurador Martín Robles Armenta.
En la reunión, las autoridades de la UAS también demandaron esclarecer el caso de Guadalupe Díaz Cárdenas, quien asistía como invitada externa a un foro en la Facultad de Medicina, de donde fue sacada de manera violenta por una persona ajena a la institución.
En el caso de Nava Covarrubias, las autoridades de la UAS expresaron su “más sentido pésame a la familia del joven, y reclamamos a las autoridades que, este y otros tantos casos de universitarios que han sido víctimas de la violencia, sean resueltos”.
Sin abrir la posibilidad de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) permanezca en México para indagar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, desaparecidos en Iguala en 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto recordó que el acuerdo concluye el próximo 30 de abril.
El vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández, fue claro respecto a los reclamos de que el grupo de expertos permanezca, al afirmar que al gobierno mexicano no le corresponde dar respuesta a ninguna expresión.
Sánchez Hernández y la jefa de la oficina de la Cancillería, Ana Paola Barbosa, encabezaron una conferencia de prensa para informar sobre la próxima gira del presidente Peña Nieto a Alemania y a Dinamarca la próxima semana, cuando se les cuestionó sobre la permanencia del GIEI y los visos de rompimiento.
En medio de un cruce de señalamientos entre el gobierno mexicano y los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la difusión de resultados parciales que al parecer violaron acuerdos preestablecidos, la declaración de Barbosa confirma la partida del GIEI, a pesar del tono diplomático:
“Creo que es importante recordar que fue precisamente el gobierno de México, quien por iniciativa unilateral y nuestra, que se pide la creación de este grupo. Ha sido un diálogo estrecho sumamente útil y seguiremos trabajando y apoyándolos hasta que termine su mandato que es hasta fin de mes” (sic).
El deterioro en la relación del GIEI y el gobierno mexicano se acrecentó en días pasados, primero al dar trámite y difusión a una denuncia penal federal interpuesta contra los expertos y contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
Luego, el pasado viernes, la PGR difundió resultados provisionales del tercer peritaje del basurero de Cocula, Guerrero, lugar donde, según la versión oficial ofrecida por el gobierno peñanietista, los estudiantes fueron calcinados. El episodio motivó que ayer el GIEI acusara un uso político de las investigaciones e irresponsabilidad por parte de la PGR, que de acuerdo a los expertos, habría roto otros acuerdos.
Extensión de mandato es sólo de seis meses: PGR
Por su parte, Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, reiteró que el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) termina el próximo 30 de abril, conforme marca el acuerdo signado hace cinco meses.
En entrevista con El Universal, el funcionario federal explicó que el Estado mexicano está abierto a la asistencia técnica internacional, y que la extensión del mandato del GIEI fue a petición del gobierno de México con un mandato que culmina a finales del mes en curso.
Fue el Estado mexicano, insistió, el que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una ampliación del mandato de asistencia técnica por seis meses en términos conclusivos al 30 de abril.
Betanzos Torres también mencionó que el anuncio que se dio a los medios de comunicación el viernes pasado sobre el tercer peritaje de fuego en el basurero de Cocula “no fue una decisión unilateral”.
“Sería una opinión conclusiva alcanzada por consenso. Son acuerdos que acompañaron en todo momento la Procuraduría y el Grupo de Expertos Independientes”, aseguró el subprocurador.
Al cuestionarle sobre el rompimiento que anunció el GIEI con la PGR en el tema del peritaje de fuego en el basurero de Cocula, Eber Betanzos agregó que la dependencia federal tiene el interés en que se avance de manera conjunta.
Por las pérdidas reportadas en 2009, Altos Hornos de México (AHMSA), la mayor acerera mexicana, no repartió utilidades entre sus trabajadores. Pero ese año, tres de sus altos ejecutivos compraron un departamento con vista al mar valuado en más de 2.6 millones de dólares en uno de los más exclusivos condominios de Punta Mita, en Nayarit.
La operación la realizaron a través de Carlyle Technologies Corp., una empresa que crearon en Panamá a través del despacho Mossack Fonseca, especializado en la operación en paraísos fiscales. AHMSA es hasta ahora uno de los consorcios más importantes de México que aparece en #PanamaPapers, la investigación periodística global en la que participó la revista Proceso.
Los detalles de la operación de AHMSA a través de Carlyle Technologies Corp. forman parte de los archivos de Mossack Fonseca que fueron entregados de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), (https://www.icij.org/), de Washington, a más de cien medios de todo el mundo.
Carlyle Technologies Corp. es una compañía con oficinas virtuales, sin personal, una sola cuenta bancaria y sus accionistas son anónimos. Pero para adquirir el apartamento nayarita utilizaron a la compañía de seguros First American Title Insurance Company, con sede en Florida, que aparece como compradora, pero con los fondos de Carlyle.
En 2003 Mossack Fonseca creó Carlyle por mediación de Juan Carlos Quintana Serur, un abogado mexicano que exigía mantener anónimos a sus clientes, “los accionistas”, algo que consiguió a través de la figura de “acciones al portador”, la participación de un grupo de mujeres prestanombres que formaban parte del despacho panameño y, posteriormente, con la creación de fideicomisos en Estados Unidos
Tanta era la preocupación por el anonimato que cuando a Quintana Serur le pidieron que revelara los nombres de los accionistas de Carlyle, consideró que Mossack Fonseca le daba un trato “hostil”. Era febrero de 2012 y llevaba nueve años de relación con la firma panameña que le proporcionaba las oficinas virtuales, y le gestionó la apertura de su única cuenta empresarial en el Credicorp Bank, en Panamá.
Los objetivos y transacciones entre Mossack Fonseca, Quintana, AHMSA y Carlyle están contenidos en 597 archivos que forman parte de los 11 millones y medio de documentos del despacho panameño que fueron entregados de forma anónima al diario Süddeutsche Zeitung, que tiene su sede en Münich.
En los archivos relacionados con la principal acerera mexicana se observa que existe un denominador común: todas las operaciones relevantes de Carlyle con AHMSA están relacionadas con dos miembros de su Consejo de Administración, las hijas de uno de ellos, dos ejecutivas y el abogado Quintana Serur.
Luego de que el domingo 3 de abril proceso.com.mx dio a conocer la lista de mexicanos de la clientela de Mossack Fonseca, incluyendo a AHMSA, su director de comunicación Francisco Orduña admitió en entrevista con el diario Vanguardia, de Saltillo, Coahuila:
“No somos políticos y podemos hacer las transacciones como queramos y comprar también porque todo está reportado”. Después de eso, indicó que no haría más comentarios.
Proceso le había solicitado al vocero un posicionamiento sobre las operaciones desde el 29 de marzo. No hubo respuesta.
El acta constitutiva de Carlyle.
La marca acerera
El abogado Juan Carlos Quintana Serur es secretario ejecutivo del Consejo de Administración de AHMSA, presidido por el magnate Alonso Ancira Elizondo, quien en 1991, durante las privatizaciones salinistas, encabezó la sociedad con Xavier Autrey Maza para adquirirla junto con un paquete de subsidiarias poseedoras de minas de hierro y de carbón.
Al mismo tiempo de su cargo empresarial –primero como socio del despacho Borda y Quintana, luego del despacho Ibáñez, Quintana, Saavedra y Hoffman–, Quintana Serur medió entre “los accionistas” de Carlyle y Mossack Fonseca, desde 2003.
En 2012, Quintana expresó su “inquietud” porque su agente ante el despacho de Panamá, Rogelio Fernández, le informó que el banco local Credicorp Bank, en el que Carlyle tenía su única cuenta, solicitaba información de los accionistas y estados financieros auditados, así como declaración de impuestos como parte de nuevas regulaciones fiscales y bancarias en Panamá y Estados Unidos.
Al banco le preocupaba también que entre los accionistas hubiera estadunidenses que lo hicieran vulnerable a la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés) que entraría en vigor en 2013 y obligaría a informar al gobierno de Estados Unidos sobre operaciones bancarias de sus ciudadanos en el extranjero.
“Insistimos, no es que haya nada irregular ni preocupante, pero si los accionistas escogieron constituir Carlyle en Panamá a través de Mossack Fonseca fue precisamente por las ventajas, flexibilidad y escasos requisitos que existen para su manejo legal, corporativo y financiero”, expuso Quintana a su agente panameño el 7 de febrero de 2012, en uno de numerosos mensajes en los que exigía mantener a sus clientes anónimos.
Aunque los accionistas de Carlyle siguieron anónimos hasta 2015 –año hasta el que llegan los archivos filtrados–, todas sus operaciones se relacionaban con AHMSA, no sólo por el abogado Quintana:
Carlyle adquirió una participación accionaria de 10% de la empresa controladora de AHMSA, Grupo Acerero del Norte (GAN), que también preside Alonso Ancira. El 13 de noviembre de 2008, Carlyle designó apoderados a Ancira y a otro miembro del Consejo de Administración de AHMSA, el estadunidense James Stuart Pignatelli.
Amplio era el poder especial otorgado a Ancira, que el 1 de septiembre de 2014 se ratificó, con vigencia indefinida y asentando que no podría ser revocado excepto por su renuncia. Es decir, Ancira representaría el paquete accionario de Carlyle en el GAN, hasta que él mismo decidiera no hacerlo.
Quienes manejaban la única cuenta bancaria de Carlyle en el panameño Credicorp Bank –abierta el 12 de febrero de 2006– y podían disponer de los recursos, eran Aracely Stella García Granados y Liliana Eugenia Rodríguez Villarreal, ambas ejecutivas de AHMSA.
La relación es pública: García Granados exhibe en su perfil de Linkedin que fue empleada de AHMSA hasta 2006, en un “nuevo proyecto de desarrollo”. Su hermana, Carla, es la directora de AHMSA Steel Israel, donde Ancira posee las famosas “Minas del rey Salomón”.
En tanto, Rodríguez Villarreal recibió en representación de Ancira el reconocimiento como “ciudadano distinguido” de Monclova, que le otorgó el ayuntamiento de esa ciudad el 12 de agosto de 2014. Las dos proporcionaron domicilio y cuentas de correo electrónico del GAN, pero es Rodríguez Villarreal quien más participa en transacciones relacionadas con Carlyle.
Aún más: el 7 de febrero de 2011 se otorgó un poder especial para toda transacción de Carlyle a James (Jim) Stuart Pignatelli, uno de los miembros del Consejo de Administración de AHMSA.
Entre 2003 y 2015, todos los ingresos (unos 6 mdd) que obtuvo Carlyle fueron originados por su único cliente que era AHMSA. En tanto, el único proveedor de Carlyle desde su creación hasta 2015, fue la firma Pignatelli & O’Brien LLC (P&O), de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. La firma es encabezada por Christina y Melissa Pignatelli, hijas de James.
El triángulo de Carlye con su cliente y su proveedor fue constante: AHMSA depositaba entre 80 mil y 250 mil dólares a Carlyle cada mes; apenas los recibía y los transfería a P&O.
En la declaración del vocero de AHMSA al diario Vanguardia, éste aseguró que la realizada con Carlyle fue una operación comercial normal, registrada ante autoridades hacendarias y la Bolsa Mexicana de Valores conforme a un contrato de servicios.
En los Panamá Papers se identificaron los contratos y sus adendas. También las facturas adjuntas a correos electrónicos en los que el abogado Quintana pide paquetes de hasta 12 facturas, una por cada mes, pidiéndole a Mossack Fonseca que tuviera cuidado en que la numeración no fuera consecutiva.
Cuenta activa
Las comunicaciones entre Juan Carlos Quintana y los ejecutivos de Mossack Fonseca revelan las precauciones para no ser rastreados, evitar impuestos e inclusive la toma de previsiones por reformas fiscales en Estados Unidos y en Panamá.
Desde el 25 de noviembre de 2005, Quintana pidió instrucciones para abrir la cuenta de Carlyle a Ramsés Owens, abogado del despacho panameño, quien le recomendó que debían hacerlo en un banco pequeño o mediano porque pedían pocos registros. La opción recomendada fue Credicorp Bank.
En las comunicaciones internas de Mossack Fonseca había expectativa por “los accionistas”. Al recomendar un desayuno de Quintana y las dos ejecutivas de AHMSA con el vicepresidente del Credicorp, Owens observaba que los clientes eran “gente muy adinerada y con muchos negocios”.
Creada el 10 de junio de 2003, Carlyle fue presentada el 12 de febrero de 2006 ante Credicorp Bank como una empresa presidida por Francis Pérez. En su directorio aparecían Vianca Scott, Leticia Montoya, Martha Edgehill y Katia Solano. Las cinco mujeres, empleadas de Mossack Fonseca, aparecen desde hace años en escándalos de lavado de dinero y ahora, con #PanamaPapers, se sabe que sus nombres están en los directorios de miles de empresas offshore.
La función de prestanombres se exhibe en una de las comunicaciones entre Quintana y Mossack Fonseca, el 15 de marzo de 2015, cuando el primero solicita se tramite en Carlyle un reconocimiento de deuda por 11 millones de dólares con un acreedor mexicano.
Mossack Fonseca responde que debe emitir una carta de indemnización a Francis Pérez, además de evitar su nombre o de alguna otra persona que trabaje en la firma panameña, pues un juicio ejecutorio haría peligrar el patrimonio de cada una de ellas conforme a las leyes de Panamá. El reconocimiento de deuda no se concretó.
Respecto a la cuenta en Credicorp, tres días después de abierta, AHMSA depositó a Carlyle un millón de dólares.
El 24 de enero de 2008, se depositó otro millón de dólares y, en junio, iniciaron los depósitos por 80 mil dólares mensuales. El rastro de P&O inició en noviembre del mismo año, cuando se signó el contrato con esa firma estadunidense que recibía depósitos por 80 mil dólares mensuales.
En 2009, los depósitos se incrementaron de AHMSA a la cuenta de Carlyle, pues además de los 80 mil dólares mensuales se depositaron 180 mil dólares en enero, y 130 mil dólares por cada uno de los tres meses siguientes.
Para 2010, el esquema cambió y los pagos se volvieron más frecuentes, alternando invariablemente 80 mil y 85 mil dólares cada quincena. Adicionalmente, de julio a octubre, Carlyle tuvo depósitos por 250 dólares cada mes, para sumar 1 millón de dólares. Cada año, de 2011 a 2013, se depositó la misma cantidad de un millón de dólares.
Para 2014 se emitieron dos facturas por 400 mil dólares cada una y 10 más por 85 mil dólares.
El concepto de todos esos pagos era “Servicios de asesoría, consultoría, apoyo y gestión empresarial” para Centro y Sudamérica, excepto por tres facturas de 2014 que mostraban por concepto “estudios por gas natural”, pero que posteriormente fueron canceladas.
Un paraíso… con vista al mar
Enlistada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), AHMSA está en suspensión de pagos desde 2001. En la década que siguió a su privatización en 1991, sus finanzas colapsaron impactando la economía regional, donde se ubicaban muchos de sus acreedores. Ancira, al anunciar la suspensión de pagos, prometió dejar de asistir a restaurantes como un gesto de austeridad.
A 15 años de que inició la crisis de la acerera, sus subsidiarias pudieron salir del atolladero y se espera que durante este abril se expongan ante el juzgado del caso las condiciones para levantar en definitiva la suspensión de pagos. Aun así, AHMSA se reputa en crisis: en el último año despidió a mil 300 trabajadores y ya anunció que no habrá reparto de utilidades el próximo mes de mayo, debido al impacto de los precios internacionales del acero.
Aunque casi no paga utilidades, AHMSA sortea la inconformidad apelando a conservar la fuente de empleo, otorgando bonificaciones especiales o “adelantos”. Entre los años difíciles, destaca 2010, cuando reportó pérdidas millonarias respecto a su ejercicio fiscal 2009.
Fue en 2009 cuando Carlyle adquirió la única inversión inmobiliaria que posee: el departamento de lujo con vista al mar en Punta Mita, Nayarit, donde el condominio Hacienda de Mita destaca por su exclusividad. El apartamento “premium” 306, ubicado en el edificio E-3 del complejo, está valuado –según escribió Quintana– en más de 2.6 millones de dólares.
Mossack Fonseca desaconsejó la operación desde que Quintana la puso sobre la mesa el 8 de julio de 2009. El ejecutivo panameño, Ramsés Owens enfatizó la ventaja de que Carlyle no se relacionara en México y añadía:
“En correcta protección de activos, una sociedad no debe tener más de una propiedad, para que la sociedad ni la propiedad se contaminen con otras potenciales obligaciones o pasivos”.
Luego: “Yo propondría que Carlyle tenga una sociedad subsidiaria a ésta, que podría ser de Panamá o de la jurisdicción que sea más potable en México conforme tú nos propongas (recuerda que con agilidad podemos proveer Panamá, BVI, Bahamas, Seychelles, Samoa, British Anguilla, Nevada, Hong Kong, o sociedades civiles del Reino Unido; y también sociedades comanditas de Nueva Zelandia y otras latitudes)”, dijo en relación con las jurisdicciones de paraísos fiscales en las que opera.
Para 2010, el lujoso departamento de Punta Mita ya aparecía en los estados financieros de Carlyle y unos 3 millones de dólares en la cuenta.
La legislación panameña se reformó y las acciones al portador, el esquema que hacía invisibles a los accionistas, ya no era seguro pues el día último de 2015 serían inmovilizadas.
La solución propuesta por Quintana fue crear seis fideicomisos en Estados Unidos, tres de los cuales son a favor de Melisa Leigth, dos más a favor de Christina Susanne y uno para Theodore, los tres de apellido Pignatelli O’Brien, los hijos de James. Los fideicomisos tendrían el 75% de las acciones de Carlyle y el 25% restante quedaría en acciones al portador. Las comunicaciones se interrumpen en mayo de 2015, con el canje de acciones enunciado pero aún sin concretar.
Los Panamá Papers reflejan que la operación de Carlyle, con todo y sus accionistas anónimos, tiene dos beneficiarios: Alonso Ancira que representa de manera vitalicia las acciones de Carlyle en el GAN y, James Pignatelli con su familia.
Exdiputado ligado al narco y exdirigente en Ayotzinapa cobran en nómina de Astudillo
CHILPANCINGO. Gro.- El director de personal del gobierno estatal, Jaime Ramírez Solís, informó que el exdiputado local perredista acusado de tener vínculos con el narco, Roger Arellano Sotelo, y el exdirigente de la normal de Ayotzinapa, Izcoatl Benito Coronado, trabajan para la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores.
No obstante, el funcionario negó especificar el centro de adscripción y el monto que ambos perciben con el argumento de que se trata de información clasificada como “confidencial”.
El hecho contrasta con el discurso del gobernador Astudillo, quien el lunes 4 asumió públicamente el compromiso de homologar la norma local con la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el propósito de cumplir con esta obligación de los servidores públicos y combatir la opacidad en la entidad.
El pasado 7 de marzo, Apro solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), vía solicitud de acceso a la información pública, el monto del salario desglosado del ejecutivo y el resto de los secretarios de despacho.
También el número de trabajadores del sector central y la dependencia donde laboran Arellano Sotelo y Benito Coronado, el líder de la última generación de egresados de la normal de Ayotzinapa que recibió un millón de pesos para su graduación durante el interinato de Rogelio Ortega.
El exlegislador señalado por sus presuntos nexos con el grupo delictivo La Familia y el normalista han sido exhibidos públicamente formados en la fila donde cobran los empleados del gobierno estatal a través de una lista de raya en la sede del Ejecutivo, ubicada al sur de esta capital.
El 17 de marzo, el director general de administración y desarrollo de personal del gobierno estatal, Jaime Ramírez, emitió una respuesta parcial a través del oficio 537/2016 donde señala que 16 mil 208 trabajadores conforman el sector central del Poder Ejecutivo, de los cuales tres mil 748 son de base; ocho mil 149 de confianza y cuatro mil 311 supernumerarios.
Sobre el sueldo del gobernador Astudillo, que asciende a 146 mil 916 pesos, no se especificó el desglose de su percepción salarial ni la de sus colaboradores. Tampoco se indica el área laboral y el sueldo de Roger Arellano y Benito Coronado, porque la información está clasificada como “confidencial”.
El pasado 30 de marzo, la titular de la unidad de transparencia y acceso a la información de la Secretaría de Finanzas y Administración, Alma Delia Cienfuegos Ojendiz, difundió la postura oficial del gobierno estatal mediante la plataforma digital de acceso a la información denominada Infomex Guerrero.
Opacidad gubernamental
La resistencia de los sujetos obligados a transparentar el uso de recursos públicos y garantizar a la sociedad el derecho a la información pública ha sido una constante en los gobiernos en turno.
En septiembre pasado, el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (ITAIG), ordenó al gobierno del estado encabezado en ese entonces por Rogelio Ortega Martínez, hacer pública la información sobre el gasto de publicidad oficial en medios de comunicación.
El Instituto argumentó que esta clase de información se considera por mandato legal “pública de oficio” porque está relacionada con la erogación de recursos.
La dirección de Comunicación Social del gobierno estatal encabezada por Arturo Solís Heredia, ocultó la información solicitada por Proceso desde junio pasado argumentando cambios del titular del área y la ausencia de la Unidad de Trasparencia y Acceso a la Información.
A finales de octubre pasado, el pleno del ITAIG multó a la administración saliente de Ortega con 13 mil 290 pesos por negarse a transparentar el gasto de publicidad oficial en medios de comunicación.
Y a pesar de que el Instituto exhortó al ejecutivo cumplir la resolución, a la fecha la administración de Astudillo no ha emitido una respuesta oficial. Ejerce de forma discrecional el gasto de publicidad oficial en medios y privilegia a los que mantienen una línea editorial favorable a su gobierno o en los que puede influir de manera “sutil o indirecta”.
Incluso, esta semana Astudillo exigió públicamente a reporteros del puerto de Acapulco asumir “un convenio de silencio” frente a la ola de violencia que azota a la sociedad para atraer turistas como ocurre en el balneario de Zihuatanejo.
En los últimos años –desde que el PVEM y el PRI llegaron a la gubernatura– la violencia vinculada al crimen organizado se desató en Chiapas. Los Zetas protagonizan la lucha por plazas estratégicas, multiplican la distribución de droga y amplían su repertorio delictivo; todo, impunemente. Y no es la única señal de descomposición durante el gobierno de Manuel Velasco: grupos paramilitares de infame memoria como Paz y Justicia, Los Chinchulines y MIRA han resurgido al amparo del poder político.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (Proceso).- En el norte, Los Altos y la frontera de Chiapas con Guatemala se desató una pelea entre grupos del crimen organizado de la que muy pocos quieren hablar. Se trata de zonas a las cuales ni siquiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se mete, pues las bandas criminales se han fortalecido al fundirse con paramilitares e integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La vida en algunas de las comunidades indígenas de estas zonas cambió radicalmente. Entre los jóvenes indígenas aumentó la adicción a la cocaína y el crack que circula en sus pueblos, comunidades o colonias, como la famosa Hormiga –a las afueras de San Cristóbal de las Casas–, conocida porque ahí se venden drogas, armas y autos robados.
Un hecho reciente exhibió la virulencia en la batalla por el control del territorio. El 17 de julio de 2015 fue reportada la desaparición del activista Toni Reynaldo Gutiérrez López en el municipio de Tila a manos de policías municipales y civiles armados. Una semana después, fue encontrado muerto con huellas de tortura, la cara desollada y sin ojos.
Magaly del Carmen Cruz Pérez, esposa de Gutiérrez, y habitantes de Tila han denunciado la presencia de Los Zetas y de paramilitares en esta parte del estado. También lo han hecho los sacerdotes Blas Alvarado, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, y Marcelo Pérez, de Simojovel, quienes acusan al gobernador Manuel Velasco –quien llegó al poder en diciembre de 2012 como abanderado del PVEM y del PRI– de intentar ocultar la presencia de la delincuencia organizada en Chiapas para no ensombrecer sus pretensiones de lanzarse como candidato a la Presidencia de la República en 2018.
El desvanecimiento
Desde 1994, la atención pública sobre Chiapas se concentró en el EZLN, luego de la declaración de guerra que lanzó al Estado mexicano. Pero ya desde entonces era evidente la presencia de poderosos grupos del narcotráfico en la entidad.
En mayo de 1993, Joaquín Loera Guzmán fue capturado por primera vez en la frontera de Guatemala y Chiapas. Hubo versiones de que el jefe del Cártel de Sinaloa se paseaba por San Cristóbal de las Casas (Proceso 867). En 2010 se reportó nuevamente su presencia en el municipio de Villa Flores y, más recientemente, después de su segunda fuga, fue visto por Comitán tras haberse escapado de un operativo de la Marina en Tamazula, Durango, donde se había refugiado (Proceso 2033).
Luis Alonso Abarca González, del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (DH-DO), sostiene en entrevista que el asesinato de Toni Reynaldo es una señal clara de la presencia de grupos del narcotráfico, como Los Zetas, que están peleando el control de la zona al Cártel de Sinaloa y sus aliados del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El activista social observa que, a partir de las elecciones municipales del año pasado –en las cuales el PVEM, partido del gobernador Manuel Velasco, se llevó 57 de las 122 alcaldías en disputa–, hubo un repunte de la presencia de grupos paramilitares, como Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Los Diablos, Los Gómez y Los Petules, entre otros, que se han vinculado con el narcotráfico y la trata.
“Se trata de la disputa por plazas estratégicas en la lógica de la delincuencia organizada. Pretenden controlar Comitán y Frontera Comalapa por su cercanía con Guatemala y por el corredor que va desde Comitán hasta Palenque, para el movimiento y trasiego de drogas y armas.
“En Tila, por su cercanía con Tabasco, está una nueva ruta migrante. En Nueva Esperanza se menciona que hay gente que se dedica al tráfico de migrantes y que tiene protección del ayuntamiento.
“Ése es el contexto de violencia. Y ahora hablamos de la reactivación de un grupo paramilitar, pero con componentes distintos a 1994, porque entonces surgió para contener al EZLN y evitar que la gente simpatizara o se sumara a él. Ahora se le agrega el factor de delincuencia organizada y un reordenamiento territorial con intereses de minería y petróleo.”
De acuerdo con el mapeo que hacen algunas organizaciones, los brotes de violencia han ocurrido en Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tila, Palenque, Ocosingo, Marqués de Comillas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, El Bosque, Oxchuc y San Cristóbal de las Casas –otrora áreas de influencia del EZLN.
Pero ahora los zapatistas se han replegado o sólo mantienen posiciones de alerta, señala Luis Alonso Abarca González, del DH-DO.
–¿Qué ha pasado con el EZLN? –se le pregunta.
–En Tila el EZLN se ha mantenido al margen, pensamos que ya no tiene un papel significativo en la región. Hay bases de apoyo, pero se han reducido drásticamente en los últimos años. Ahí han avanzado grupos paramilitares y de la delincuencia organizada. Vemos que el EZLN está en una situación de impasse o de repliegue indefinido. Ya no tiene la fuerza que tuvo hasta 1998 o 1999.
Incluso en la región de Las Cañadas, observa, donde el EZLN nació en 1983, el zapatismo ha mantenido un silencio total y no se ha pronunciado respecto del narcotráfico.
“Hay total hermetismo y, de repente, lo único que se sabe es que hay ciertos roces en las comunidades. Recuerdo una anécdota que me decía un compañero: el impacto del avance del narco lo puedes ver por el tipo de grupo musical que llega a Las Cañadas, incluso en comunidades zapatistas. Antes era impensable que fueran grupos como banda Maguey, Calibre 50 o El Komander.”
El Ejército, recuerda, declaró que destruyó mil hectáreas de amapola en Las Cañadas, pero él considera que esa afirmación sólo intentó vincular al zapatismo con el crimen organizado.
–El crimen organizado ha tenido presencia desde hace tiempo en Chiapas, ¿pero está resurgiendo? –se le inquiere.
–Sí, pero el componente nuevo es que hay un fin estratégico: el control del territorio. Hay interés en apropiarse de los recursos mineros, por el agua, por los recursos de la selva y por la frontera.
–¿Los Zetas?
–En el caso de Tila hay pintas del Z-40 y el Z-42. En San Cristóbal hay pintas de MS-13, de los Mara Salvatrucha 13. Estos grafitis coinciden con el cambio de las rutas de los migrantes, porque el ferrocarril de Tapachula y Ciudad Hidalgo fue cerrado y la gente se está internando hacia el centro. San Cristóbal está en el camino y el corredor sigue hacia San Juan Chamula, Bochil, Pueblo Nuevo y Tabasco. La otra ruta es de San Cristóbal a Ocosingo, Yajalón y Tila, hacia Tabasco.
Asevera que en Pueblo Nuevo Solistahuacán hay grupos criminales que son parte del gobierno, y que bandas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación también buscan entrar.
Frontera Comalapa, indica, es una plaza estratégica porque hace frontera con Guatemala. Está controlada por Los Zetas.
“Desde 2009 el gobierno de (el entonces mandatario perredista) Juan Sabines reconoció en un informe que Chiapas estaba controlado por Los Zetas, y por eso no había violencia. Pero creemos que hoy con el PVEM hay un cambio y una disputa de nuevos grupos. Esto reactivó la violencia aparentemente paramilitar. Creemos que hay más cosas detrás, que hay delincuencia organizada como en otras partes del país, y que no se trata de casos aislados.”
Paramilitares y narcos
En Chiapas, los grandes grupos del crimen organizado se fusionaron o aliaron con bandas locales –cuyo origen se remonta al paramilitarismo que el gobierno de Ernesto Zedillo impulso en 1996 contra el EZLN.
El párroco de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Blas Alvarado Jiménez, coordinador regional de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos (Limeddh) y fundador del albergue de migrantes conocido como La 72, en Tenosique, Tabasco, advierte en entrevista que Manuel Velasco quiere ocultar a los paramilitares por convenir a sus aspiraciones presidenciales.
“Los grupos que podríamos llamar oriundos seguramente se han relacionado con algún cartel fuerte que los financie. Tienen cuernos de chivo, armas que perforan blindajes… Y no se dedican sólo al narcotráfico, sino que cobran cuotas para que la gente pueda seguir trabajando. Ya han quitado cafetales, quemado casas y desplazado familias completas a otras comunidades.”
–¿Hay presencia de zetas? –se le pregunta.
–Sí, vienen del norte de Chiapas, de Reforma, Pichucalco, de la zona de Teapa. Esa gente trabaja y maneja la zona de los migrantes allá en Tenosique y está incursionando en el norte de Chiapas. Los Zetas no sólo manejan armas y secuestros, también las drogas y el tráfico de personas. En realidad Los Zetas están en todos lados acá, por el sureste.
El 1 de enero de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH-BC) denunció que el PVEM está vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia en Tila y Sabanilla (norte de Chiapas), municipios que ganó en las elecciones de junio de 2015.
“Paz y Justicia nunca fue desmantelado como tal. Desde la década de los noventa hasta la del 2000 realizaron acciones ofensivas, y la estructura nunca fue desarmada”, acusó entonces Jorge Luis Hernández, coordinador del Área de Incidencia del CDH-BC.
Luis Alonso Abarca González, del DH-DO, indica que los vecinos de Tila aseveran que los traficantes de personas tienen protección del ayuntamiento.
En ese municipio, ejidatarios adherentes al EZLN han denunciado al exalcalde Linder Gregorio Gutiérrez Gómez; a su esposa, la diputada local por el PVEM Sandra Luz Cruz Espinoza, y al actual munícipe, Leopoldo Édgar Gómez Gutiérrez, de formar parte de Paz y Justicia.
En esta región, acusan, siguen operando los rescoldos de otra agrupación paramilitar conocida como Los Chinchulines, mientras que, en la selva, el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), fundado por los hermanos María Gloria y Norberto Santiz, ahora está vinculado con el tráfico de migrantes.
Las adicciones
Los cárteles también han multiplicado la distribución de droga entre los jóvenes indígenas.
“En Tila ya es una constante, los jóvenes no sólo consumen mariguana, también cocaína. Además vemos un cambio en la aspiración de los muchachos. Ahora quieren trabajar en el crimen organizado, y esto se ve incluso en San Cristóbal de las Casas”, señala Luis Alonso Abarca.
Marcelo Pérez, presbítero de Simojovel, ha sido amenazado por Juan y Ramiro Gómez –exalcaldes priistas conocidos como Los Gómez–, vinculados con el tráfico de armas y estupefacientes. En entrevista, reconoce el problema de adicción a los enervantes en las comunidades indígenas.
“Simojovel y Pueblo Nuevo ya se volvieron mercados. En Simojovel está el grupo de Los Diablos, que ha atemorizado a la población, ha causado desplazamientos y hace poco mató a dos personas”, Además, abunda, cobra derecho de piso a los comerciantes.
Denuncia que, de hecho, él ya fue amenazado e incluso supo que esa banda ofrece “mucho dinero” para que lo maten.
El párroco de Pueblo Nuevo, Blas Alvarado, confirma el consumo de coca y crack en los pueblos indígenas, no sólo del norte sino en el centro de Chiapas: “Las drogas duras ya están entrando. Antes la cocaína era la máxima, ahorita ya venden piedra y toda esa porquería. Hay muchachitos de 12 años, de secundaria, entrándole al crack.
–¿Eso en Tila? –se le inquiere.
–No solamente ahí, también en Los Altos, en toda la zona de San Juan Chamula…
–¿Por qué todo esto se está manteniendo en silencio?
–Porque hay intereses grandes metidos ahí, y estas gentes que manejan las drogas duras son gentes que financian las cuestiones políticas. Han creado un ambiente de terror, y nadie se mete, de tal manera que ellos van a terminar agarrando el control de todo, ellos van a poner y quitar autoridades, ellos van a controlar todo.
Denuncian en redes sociales pelea entre conductores dentro de un microbús y en presencia de pasajeros. Los hechos sucedieron en Calzada del Hueso y Eje 3, en Villa Coapa. La pelea fue por subir más pasajeros.
Exigen mayor seguridad para médicos en Veracruz ante ola de secuestros
XALAPA, Ver.- Médicos, enfermeras, estudiantes de la carrera de enfermería y medicina, y sociedad civil del sur de Veracruz, realizaron una marcha exigiendo la presentación con vida de dos de sus compañeros que fueron secuestrados en días pasados en la ciudad de Minatitlán.
La marcha partió del hospital general al palacio municipal de esa zona petrolera, donde compañeros de los médicos levantados, exigieron a las autoridades mayor seguridad en el sur de la entidad, sobre todo en Minatitlán y Coatzacoalcos, donde desde 2014 opera el Blindaje Minatitlán un programa en el que la policía naval apoya en la seguridad.
Apenas este miércoles fue secuestrada la exdirectora del Hospital Regional de Minatitlán, Marcela Esparza, por un grupo de sujetos desconocidos, y días antes la doctora Carmen Medel Palma.
En la avenida principal de esta ciudad sureña, los gritos reclamaban más seguridad, “habitantes de Minatitlán, queremos Justicia y seguridad” exclamaban. Y al arribar al palacio municipal, exigieron a las autoridades presentes reforzar la seguridad y si los elementos que tienen no funcionan, que los cambien.
Exigieron al gobierno de Javier Duarte solicitar ayuda de la gendarmería nacional para garantizar la integridad física de los habitantes de Minatitlán y Coatzacoalcos, siendo estas localidades las más afectadas por estos actos delictivos y que muchas veces cobran la vida de las personas secuestradas.
Así también otros médicos expresaron abandonar su trabajo o evitar cubrir los turnos nocturnos y de madrugada en hospitales o cerrar sus consultorios, por el miedo que sienten ante tanto secuestro y levantones hacía su gremio.
“Necesitamos que las autoridades hagan sus trabajo y devuelvan la paz y tranquilidad a la ciudad, todos estamos temerosos” exclamaron.
En esta protesta contra los casos de secuestro de médicos, se sumaron doctores de los hospitales del ISSSTE, IMSS y del hospital general de Minatitlán, dependiente del gobierno de Veracruz, la cual fue apoyada y replicada por médicos de Coatzacoalcos.
Pese a negativa de Videgaray, Mancera insistirá en 5 mil mdp más para transporte
Aunque el secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray ya le dijo que no hay recursos, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera aseguró que insistirá con él la próxima semana en la obtención de 5 mil millones de pesos para el mejoramiento del transporte público en la capital.
“Eso es lo que requerimos, entonces vamos a ver exactamente todo lo que podamos conseguir… Lo que sea rápido, que se haga ya y que no tengamos un esquema en donde hay que esperar dos o tres años… Eso es lo que voy a plantear, todo lo que está haciendo la Ciudad de México, cómo se valora”, explicó en entrevista al anunciar que la próxima semana se reunirá con el titular de la SHCP.
Desde la semana pasada y en medio de la polémica por los altos niveles de contaminación en la zona metropolitana, el mandatario local dijo que pediría al titular de Hacienda la creación de un fondo de cinco mil millones de pesos para invertirlos en mejorar el transporte público. Sin embargo, el pasado martes, Videgaray le contestó que el gobierno federal no tenía condiciones para atender su solicitud y le recomendó buscar otras formas de financiamiento.
Y es que la declaratoria de la Fase 1 de Contingencia por Ozono el martes pasado, obligó a la aplicación del Doble Hoy No Circula y, en consecuencia, se presentó saturación del transporte público en la ciudad, ante el reclamo de miles de usuarios.
Ayer por la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase 1, pero dejó claro que continuaba la aplicación del Hoy No Circula según el color del engomado y la terminación de la placa, sin importar el tipo de holograma que tengan los automóviles.
Este jueves, los índices de contaminación por ozono llegaron en su nivel más alto a los 147 puntos –en la estación Ajusco Tlalpan–, por lo que la Comisión mantuvo la restricción de circular para este viernes a los vehículos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0.
Peña Nieto apoya medidas
Más de una semana después del anuncio de las nuevas medidas ambientales, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció a las autoridades que integran la CAMe, “por tomar decisiones difíciles pero necesarias en el ámbito de su responsabilidad”.
Durante la celebración del Día Mundial de la Salud, el primer mandatario reconoció que dichas medidas modifican la normalidad de las actividades de millones de habitantes y generan molestias.
No obstante, dijo que son determinaciones “responsables” que sirven para proteger “un bien mayor”, en referencia a la salud de más de 20 millones de personas, en particular niños y adultos mayores.
En tanto, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) del gobierno de la Ciudad de México manifestó su acuerdo con el Poder Judicial de la Federación en el sentido de las primeras negativas de suspensión de amparo contra la aplicación del programa Hoy No Circula en la capital.
La dependencia capitalina argumentó que la medida es para proteger el derecho a la vida y a la salud para el desarrollo y bienestar de los habitantes de la capital. Defendió que la restricción del tránsito a los vehículos no es una medida “sin sustento, sino que busca salvaguardar el orden público y el interés social”.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente capitalina informó que este jueves clausuró el verificentro AZ9078, ubicado en la colonia Industrial San Antonio, en la delegación Azcapotzalco, al que detectó irregularidades en su operación.
Papa envía saludo a obispos mexicanos por asamblea episcopal
A pocas horas de que concluya la 101 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el Papa Francisco, por medio de su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolín envió un saludo a los obispos mexicanos con motivo de la asamblea.
La carta dirigida al cardenal, José Francisco Robles Ortega, presidente de la CEM y arzobispo de Guadalajara refiere que "el Santo Padre, con el vivo recuerdo de su reciente Viaje Apostólico en ese país, agradece con afecto a los miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano los sentimientos de comunión eclesial manifestados en el amable mensaje enviado con motivo de su 101 Asamblea Plenaria".
Así mismo refiere que el pontífice "eleva sus plegarias al Señor para que en este Año Jubilar" los obispos mexicanos "continúen encontrando los modos más idóneos, a fin de que todos los creyentes se acerquen cada vez más a la misericordia de Dios, manifestada en Jesucristo".
En el escrito enviado por el Vaticano en respuesta a una carta que la CEM mandó al pontífice por la realización de la asamblea plenaria, Parolín indica que "el Papa Francisco les suplica que recen y hagan rezar por él y su servicio a la Iglesia, e invocando la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, les imparte la implorada Bendición Apostólica".
Generalmente el saludo papal llega al comienzo de cada asamblea plenaria. Esta vez el escrito está fechado hoy 7 de abril. La asamblea comenzó el 4 de abril y concluye pasado el mediodía de mañana viernes.
Feminicidios, problema de sociedades permisivas, dice investigador
Cuando se habla sobre las desventajas y violencia que enfrentan las mujeres en diferentes áreas pareciera que son temas que conciernen sólo a ellas y, peor aún, algunos varones responden a los reclamos “con virulencia”, señaló René López Pérez, de la organización Género y Desarrollo (Gendes).
Sociedades que rara vez cuestionan su propias acciones y responsabilidades, así como la resistencia de algunos hombres a perder privilegios, podrían explicar esas reacciones negativas, consideró en entrevista.
Y cuando se refiere a concesiones para ellos habla desde tareas del hogar, hasta ocupar puestos de poder o la impunidad de algunos delitos cometidos contra las mujeres.
En la desigualdad de género, “como en casi todos los fenómenos sociales o interpersonales, el problema está en ambas partes”. Así que si sólo una de ellas se esfuerza por cambiar la situación poco se logrará, apuntó el investigador.
Por ejemplo, los feminicidios son visto como un problema que sólo daña a las mujeres, “pero nos afecta a nosotros también, primero, porque el dolor humano no nos debería ser ajeno. Luego, porque revela que hemos usado la violencia como una forma privilegiada para resolver conflictos”.
Además, agregó, da cuenta de “qué tanto toleramos las acciones que las lastiman. No se puede dar una tasa tan alta de feminicidio en un lugar que no prohíja esas prácticas, si está sucediendo en esa magnitud es porque nuestras sociedades son permisivas, no es un problema de esa mujer que agreden”.
Y las muertes físicas, dijo, están generando muertes simbólicas. Equiparó el desgaste de las relaciones a una forma de deceso, pues “tener como compañera a un ser asustado no es un vínculo profundo ni vivo”.
Truenan contra alza de tarifas de Uber en la contingencia
Alejandro Díaz Liceaga, el delantero del equipo de futbol América, explotó contra Uber, la empresa que ofrece servicios de transporte privado, al saber lo que pagó por trasladarse de la colonia Satélite, en el norte de la capital del país, al campo de entrenamiento en Coapa, al sur de la ciudad.
"Increíble en un tramo de 1 hora. . . @Uber_MEX me cobró mil 400 pesos! Un robo su tarifa dinámica jamás la vuelvo a usar", escribió el deportista en su cuenta de Twitter.
El enfado de Díaz Liceaga y su mención de la tarifa dinámica, que no es más que la capacidad de Uber de ajustar el precio de sus servicios a las condiciones de la oferta y la demanda al momento y en el lugar en que sus usuarios utilizan su aplicación móvil para solicitar un traslado, no fueron únicos.
"Muchas gracias @Uber_MEX por tu abuso, tu solidaridad nula con la gente, por tu respuesta a una crisis. #Ladrones", escribió Rafael Sarmiento, conductor TV de la cadena TNT, en su Twitter.
El que Sarmiento hablara de "solidaridad nula" y de "respuesta a una crisis" se debe a que la mala calidad del aire de la zona metropolitana de la Ciudad de México ha obligado a las autoridades a endurecer el programa Hoy No Circula.
El endurecimiento del programa inició de hecho el martes cuando una quinta parte del parque vehicular privado en la Ciudad de México, o poco más de medio millón de autos, dejó de circular por disposición de las autoridades medioambientales. Claro que la medida no hace que la necesidad de la gente por desplazarse --a sus centros de trabajo, a la escuela o a para realizar otras actividades-- desaparezca.
De ahí que ante la imposibilidad de usar el auto un día a la semana, como obliga ahora el Hoy No Circula, muchos citadinos estén utilizando otros medios de transporte, tanto públicos (Metro, Metrobús, camión o el microbús) como privados (taxis o servicios privados como Uber) para desplazarse.
La mayor demanda, o la necesidad adicional de estas personas por usar transportes alternos al auto privado, es lo que en buena medida ha permitido a Uber aplicar tarifas más altas por sus servicios, como de hecho había hecho en el pasado en la capital durante horas pico de movilidad.
La gran diferencia es que ahora esas tarifas más altas, que la compañía llama tarifas dinámicas, han alcanzado niveles nunca antes vistos y por periodos de tiempo mucho más prolongados de lo que estaban acostumbrados los usuarios de Uber.
El miércoles, cuando las autoridades ampliaron la restricción vehicular por la persistente mala calidad del aire y obligaron a más de medio millón de autos adicionales a dejar de circular, para un total de cerca de 1.2 millones de vehículos, las tarifas de Uber alcanzaron niveles insospechados de hasta 10 veces el precio normal.
Eso fue lo que en buena medida desató el enojo de muchos usuarios de la empresa, como sucedió con el futbolista Díaz Liceaga y el conductor de TV Sarmiento.
Claro que para la empresa y otros usuarios de Uber, el enfado no tiene por qué existir, ya que el precio por el servicio sólo obedece a una cuestión de mayor demanda, frente a una incluso menor oferta de autos.
"Entendemos la molestia. . . pedimos que nuestros usuarios entiendan que estamos teniendo una situación muy inusual en la que la demanda se está disparando, ayer cerró en 48 por ciento de más demanda, y tenemos 40 por ciento menos coches disponibles, nuestros socios conductores tampoco pueden" circular, dijo Luis de Uriarte, vocero de Uber en una entrevista radiofónica.
Algunos usuarios de Uber salieron incluso en defensa de la empresa, ya que consideran que la práctica no sólo obedece a cuestiones de oferta y demanda, sino que además asegura que uno pueda contratar el servicio, aun cuando sea a un precio mayor.
"¿Uber abusa? ¿Qué sucede en un mercado cuando sube la demanda? Aumenta el precio, lo mismo pasa con uvas, tomate, autos, divisas", escribió el ex secretario de Hacienda y presidente de Telefónica México Francisco Gil Díaz en su cuenta de Twitter en torno al debate que desataron en redes sociales las mayores tarifas de Uber.
Tal vez la diferencia entre el ajuste tarifario de Uber y el de otros productos es la enorme capacidad que tiene la empresa de transporte privado, por su tecnología, para medir la demanda y la oferta de sus servicios.
Por la forma como la gente solicita el traslado, así como por la forma como los prestadores del transporte ofrecen sus vehículos --todos lo hacen a través de sus teléfonos inteligentes-- Uber puede medir mejor que nadie las condiciones de oferta y demanda que existen en cada momento, en cada región de la ciudad y a cada instante en sus mercados.
Esto le da a Uber una gran capacidad de respuesta, vía precio, para igualar la demanda con el número de autos a su disposición, algo que resulta benéfico tanto para ella como para sus socios conductores, quienes también ganan más cuando la empresa aplica tarifas dinámicas.
"La tarifa dinámica es la mejor manera que tenemos para garantizar que aquellas personas que necesitan movilizarse encuentren un Uber", agregó Uriarte.
La empresa es además transparente en la forma como cobra por su servicio, pues el usuario al solicitarlo sabe si Uber le aplicará o no una tarifa dinámica y si lo hace el nivel del "dinamismo".
Uber además, luego que el usuario aceptó la tarifa dinámica, ofrece un estimado del costo del viaje, otro momento en el cual puede rechazar contratar el servicio sin cargo alguno.
De ahí que ante el enojo que expresó el futbolista Díaz Liceaga, hubo quienes salieran en defensa de la empresa.
"¿Aceptaste la tarifa? ¿Pusiste, DOS VECES, acepto la tarifa dinámica? ¿En dónde está el problema si fue tu decisión?", escribió Raúl González Pietro en un tuit en respuesta a la queja del delantero del América.
Secuestran a directora de hospital en Veracruz
Xalapa, Ver. Marcela Esparza Figueroa, directora general del Hospital de Minatitlán, fue secuestrada la madrugada de este 5 de abril por un grupo de cinco personas armadas que ingresaron a su consultorio particular ubicado en calle 18 de Octubre, colonia Santa Clara. A la fecha, se desconoce su paradero, denunciaron médicos, estudiantes de medicina y enfermeras de ese hospital que se manifestaron en contra de la inseguridad.
“Ella es una gran compañera que tiene gran ilusión de vivir. Su familia (sus hijos) sufre por su ausencia”, expresó uno de los compañeros de trabajo de Esparza, durante la marcha del Hospital Civil de Minatitlán al palacio municipal de la localidad.
Con el secuestro de Marcela Esparza suman ya cinco los médicos que han sido víctimas de la inseguridad en los primeros cuatro meses de este año en el sur de esta entidad. En enero corrió la misma suerte el galeno Rigoberto Martínez Parroquín, subdirector médico de la clínica del IMSS de Minatitlán.
El médico fue plagiado cuando salía de la unidad de Urgencias del hospital. Su regreso con vida no se atribuye al trabajo de las autoridades, sino que obedece a un descuido de sus plagiarios que aprovechó el médico para escapar y pedir ayuda.
También está el caso del ginecólogo José Natividad Contreras, plagiado de la finca “Las Malvinas”, de su propiedad ubicada en los límites de Minatitlán y Cosoleacaque. En su caso, tuvo que pagar un cuantioso rescate que le permitió regresar a casa con vida.
Un día después del plagio de Natividad Contreras fue secuestrada la ginecóloga Isalia Solís Juárez, y la radióloga Carmen Medel Palma, de quienes se desconoce su paradero hasta el momento.
Médicos exigen justicia
Durante la marcha del Hospital Civil de Minatitlán al palacio municipal de esta localidad, los médicos se abrieron paso por la avenida Justo Sierra exigiendo “¡seguridad! ¡seguridad!”. Al pasar frente al hospital del IMSS, donde también laboraba la doctora Esparza, demandaron: “¡queremos paz para nuestra familias!”.
Los galenos continuaron su trayecto hasta palacio municipal por avenida Hidalgo y, tras cerrar la calle al tránsito vehicular, efectuaron un mitin donde pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno (al Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto; estatal, Javier Duarte de Ochoa, y municipal, Héctor Damián Cheng Barragán), detener la ola de violencia en la región.
“Queremos hacerle un llamado a las autoridades para que frenen la situación tan penosa que se vive en la región: Acayucan, Minatitlán, Las Choapas y Coatzacoalcos, donde la inseguridad prevalece. Las familias viven la angustia y el temor de salir a la calle y no regresar. Es penoso, angustioso, sufrir esta situación”, dijo un médico que leyó el pronunciamiento a nombre de los manifestantes.
En relación al plagio de la doctora Marcela Esparza, pidieron a las autoridades que intervengan para regresarla con vida a sus familiares. “Hacemos un llamado al gobernador para que nos apoye para recuperar a nuestra compañera Marcela, y se detenga esta ola de violencia e inseguridad que prevalece en el estado”.
Investigan a funcionarios por golpear a indígena en Guanajuato
León. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) investiga al personal de la dirección de movilidad que golpeó a la otomí María Elena Secundino Rafael, por vender dulces en una estación del Sistema Integrado de Transporte (SIT).
El presidente municipal de León, Héctor López Santillana, negó que su gobierno discrimine y criminalice a la población indígena, como denunció Margarito Sánchez, miembro del Consejo Indígena del Municipio de León, ante la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local, donde planteó que el gobierno estatal no permite a los indígenas vender en las instalaciones del SIT y les impone sanciones de hasta 710 pesos.
El 3 de marzo pasado, policías y agentes halcones golpearon, arrestaron y tiraron la mercancía del padre de la otomí María Elena Secundino Rafael. Ambos debieron pagar 300 pesos de multa por “estorbar” en la vía pública, y 200 pesos para que los dejaran salir de los separos.
Vinculan a policía de Mando Único de Morelos en asesinato
Tepoztlán, Mor. Un juez de control y juicios orales vinculó a proceso a un elemento del mando único del gobierno del estado porque presuntamente asesinó al joven Raúl Hernández Noguez, el pasado 29 de agosto, informó Luz Angélica Hernández Noguez, hermana de la víctima.
El uniformado enfrenta el proceso en prisión preventiva, en tanto los familiares del joven acreditan el homicidio calificado que aseguran cometió el policía en agosto pasado en la cabecera de Emiliano Zapata.
El muchacho de 21 años de edad, ese 29 de agosto, había participado en una riña entre jóvenes en el café- bar de esa cabecera municipal.
Esa madrugada los uniformados del mando único que comanda el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Alberto Capella Ibarra, llegaron en la patrulla 1605, pero en vez de detener y calmar a los muchachos, asegura la hermana, llagaron cortando cartucho y disparando, una de esas balas alcanzó a su hermano, provocándole la muerte.
Por lo que denunciaron los hechos ante la Fiscalía general del estado para que se detuviera a esos elementos, pero sólo se vinculó a proceso a uno uniformado.
Principales televisoras de habla hispana relanzarán OTI
Televisa anunció que las 30 principales empresas de contenidos y telecomunicaciones de habla hispana y portuguesa se organizaron para relanzar la Organización de Telecomunicaciones de Iberomérica (OTI), bajo la presidencia de Emilio Azcárraga Jean, y con objetivos como promover mejores prácticas regulatorias, defender la libertad de expresión, mejorar el acceso y la conectividad para las personas de la región, y alentar la creación de contenidos para su distribución en cualquier plataforma.
Los afiliados a la OTI llegan a una audiencia estimada en 500 millones de personas y suman ingresos anuales de aproximadamente 127 mil millones de dólares.
En esta etapa el organismo adoptará el lema “más contenidos, mejor conectividad”.
Durante su intervención, Emilio Azcárraga Jean destacó que la transformación de la OTI atiende la necesidad de no permanecer indiferente ante los retos y oportunidades que ofrece el nuevo mundo convergente; y al mismo tiempo “velará en todo momento por la defensa de la libertad de expresión.”
En la reunión participaron los presidentes y principales directivos de las empresas miembros de la OTI que incluyen America Tv, AT&T, Canal 13, Canal Uno Tv, Caracol, Grupo Bandeirantes, Grupo Clarín, Grupo Imagen Multimedia, Grupo Prisa, izzi Telecom, Latina, Medcom, Mega, Multimedios, Radiorama, RCN, Red Uno, Sipse, Sky, TCS, Teleamazonas, Telefónica, Telemundo, Teletica, Televicentro, Televisa, Tv Azteca, TVN, Unitel, Univision y Venevisión.
Además de su relanzamiento, la OTI anunció que apoyará la campaña “más derechos para más gente de la Organización de Estados Americanos (OEA) “Más derechos para más gente”, que está dirigida a los grupos más vulnerables, personas con discapacidad, mujeres y afrodescendientes, entre otros.
Luis Almagro, Secretario General de la OEA dijo que “la libertad de expresión es uno de los derechos humanos más relevantes para poder construir y consolidar nuestros sistemas democráticos.”
En tanto, Rob Gallagher, director de investigación y análisis de la consultoría Ovum destacó que entre los que enfrentan las empresas de contenidos y telecomunicaciones está la innovación de servicios que se ofrecen vía Internet.
En su intervención, destacó que a pesar de que los usuarios utilizarán más dispositivos para consumir contenido, el consumo lineal se expandirá.
Martin Sorrell, fundador y director ejecutivo de la agencia mundial de marketing WPP, dijo que los desafíos para las empresas de contenidos y telecomunicaciones están en conectar con las audiencias en materia de publicidad dados los recientes cambios tecnológicos.
En el caso de Latinoamérica, Sorrell destacó que a pesar de las dificultades que han experimentado las economías de la región, América Latina tiene gran poder e influencia como motor de crecimiento de la industria de las comunicaciones.
Ifetel lanzará segunda parte de campaña 'Se busca por robo'
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) pondrá al aire la segunda parte de la campaña 'Se busca por robo', en la que asegura que las radiodifusoras que transmiten sin concesión “usurpan frecuencias, violan la ley y causan interferencias que pueden ser peligrosas por ejemplo para los aviones”.
La nueva edición del mensaje concluye con la invitación a todas las radiodifusoras que no tienen concesión o permiso a regularizarse y dejar de ser “ilegal”.
Organizaciones de radios comunitarias e indígenas han reclamado al Ifetel que retire su campaña, ofrezca disculpas por considerar que el mensaje viola derechos fundamentales y criminaliza a comunicadores comunitarios e indígenas.
A raíz de que el 18 de marzo pasado el Ifetel colocó en diversos medios de comunicación la campaña 'Se busca por robo: transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito'. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos, organizaciones como el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y las Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad entre otras, pidieron al Ifetel que retirara su campaña.
El área de Comunicación Social del Ifetel respondió que continuaría con su proyecto y aseguró que no va en contra de las estaciones comunitarias o indígenas, sino contra estaciones piratas e ilegales, y agregó que la finalidad es ofrecer asesoría de especialistas del Instituto para que los interesados regularicen su situación.
A través de labores de monitoreo el Ifetel ha logrado desmantelar varias estaciones de radio ilegales en el interior del país y en la propia Ciudad de México, que se usaban para comercializar diversos productos, transmitir predicas religiosas u ofrecer servicios de brujos, videntes y adivinos.
Los radiodifusores comunitarios e indígenas dijeron que la campaña del Ifetel contiene información “falsa y utiliza un lenguaje que violenta derechos humanos, derechos colectivos, y amaneza la libertad de expresión, al criminalizar y dañar la imagen pública de comunicadores y medios comunitarios e indígenas”.
Además de pedir al Iftel que saque del aire el mensaje, los radiodifusores pidieron la reparación del daño mediante el lanzamiento de una campaña afirmativa que reconozca el trabajo que realizan los medios indígenas y comunitarios con una invitación fraterna a regularizarse, así como la colocación de una página dentro del portal del Ifetel dirigida a medios indígenas y comunitarios con información clara y precisa en torno a los trámites de concesión.
En el mensaje que se empezará a transmitir el martes 12 de abril una pareja conversa sobre que la estación de su compadre desaparecio, y pretenden ir a buscarlo porque con seguridad está “metido en problemas”.
La iglesia no está cerrada al uso médico de mariguana: Episcopado
La iglesia católica no está cerrada al uso médico de la mariguana, precisó el cardenal José Francisco Robles Ortega, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
En conferencia de prensa, durante la 101 Asamblea Plenaria de la CEM, el también arzobispo de Guadalajara apuntó que, no obstante toca a la ciencia analizar los efectos que puede tener su uso.
Comentó que estudios científicos indican que el empleo de la mariguana “causa daños cerebrales irreversibles”, por lo cual antes de regular este estupefacientes con fines terapéuticos deben comprobarse científicamente sus beneficios y considerar y valorar los riesgos que conlleva.
Pidió analizar el tema para evitar que una posible regulación detone adicciones, principalmente entre los adolescentes. “No se está cerrado al uso médico de este enervante, pero corresponde a las ciencia analizar hasta qué punto de veras le hará un bien al hombre y qué riesgos conllevan el uso, no le corresponde a la iglesia. Si la ciencia dice que es favorable, que es bueno, se puede usar, pero sí conlleva, por ejemplo, el tema de la adicción, pues causaría muchos efectos en los adolescentes y jóvenes y muchos efectos sociales, en la convivencia familiar y en el comportamiento social”.
El PRI capacitará a sus abogados para esta jornada electoral
El PRI capacitará a sus abogados “para promover y consolidar una cultura democrática y de legalidad en la jornada electoral 2016”.
Los temas que se abordarán son: Acceso y uso de los tiempos de radio y televisión; Procedimiento especial sancionador; Medidas cautelares y Normatividad en torno a la propaganda.
El 8 y 9 de abril, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos Electorales del CEN y el Centro de Capacitación Jurídica Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), capacitarán a más de 260 abogados y representantes legales de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Inaugura Sedena museo del Heroico Colegio Militar
El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, encabezó la ceremonia en la que se inauguró el Museo del Heroico Colegio Militar.
En el evento, ante los altos mandos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, fueron colocados diversos objetos de los cadetes que cursan sus estudios en ésta institución en una cápsula del tiempo, la cual se abrirá dentro de 50 años.
En su cuenta de Twitter, @S_Cienfuegos_Z el general secretario escribió: “Inaugurando el museo del “Heroico Colegio Militar”, recinto que exhibe la evolución del plantel militar fundado en 1823.
SEP y gobierno de Guanajuato evalúan avances de la reforma educativa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que su titular Aurelio Nuño Mayer, se reunió con el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, para evaluar los avances de la reforma educativa en ese estado, y en especial el Programa Escuelas al CIEN, para mejorar la infraestructura escolar.
En un comunicado indicó que en las oficinas de la dependencia federal analizaron también el Plan Escuela al Centro, para dar mayor autonomía de gestión a los planteles de la entidad, y la propuesta del cambio de Calendario Escolar.
Nuño Mayer y Márquez Márquez dialogaron sobre los ejes principales en la implementación de la reforma educativa, y el inicio del programa de formación profesional de maestros.
Gobierno se deslinda de campañas contra CIDH
Washington. El gobierno de México rechazó hoy cualquier nexo con una presunta campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su secretario ejecutivo.
“Ningún funcionario del gobierno de México tuvo algo que ver con la denuncia penal que se presentó en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, ni mucho menos fue un ataque contra la CIDH”, afirmó aquí el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas.
Ante comisionados de la CIDH, el funcionario explicó que la demanda de fraude por dos millones de dólares contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, fue presentada por un particular.
Al respecto, dio a conocer que la Procuraduría General de la República (fiscalía del Estado), encargada de investigar las denuncias que se presentan, ya anunció que la demanda fue desechada por no cumplir con los requisitos de ley y “no como un acto político”.
Explicó que el denunciante “no tenía los derechos para hacer una denuncia como la que hizo, por no ser el titular de los derechos patrimoniales del Estado mexicano”.
El funcionario también rechazó que el gobierno mexicano tenga un doble discurso, debido a su posición crítica frente al reciente informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el país.
“No estamos de acuerdo con el diagnóstico por una razón: porque no es el Estado mexicano el causante de la violencia, son las organizaciones criminales las que causan la violencia y el Estado mexicano ha debido responder haciendo uso de los recursos que tiene a su disposición”, apuntó.
Además, cuestionó el alcance global del documento, al indicar que varios temas quedaron fuera del mismo, “y por eso dijimos que era un informe incompleto y lo reitero aquí”.
Ruiz Cabañas destacó asimismo las coincidencias del gobierno y la CIDH sobre algunas de las recomendaciones que se hicieron en el informe, haciendo notar la apertura del gobierno mexicano hacia los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.
“Somos el Estado que más visitas recibe todo el tiempo a nivel interamericano e internacional, y eso no puede quedar en duda. Aquí estamos, nosotros solicitamos esta audiencia para abordar nuestros puntos de vista”, puntualizó.
Las palabras de Ruiz Cabañas fueron la respuesta a la crítica hecha antes en la audiencia por el comisionado brasileño Paulo Vannuchi, quien reconoció la disposición de México para abordar el tema de derechos humanos, manifestada en su solicitud para llevar a cabo la audiencia.
Juez ordena aprehender a dos implicados en caso Oceanografía
El juez federal Rubén Darío Noguera libró ordenes de aprehensión contra Emilio Gonzalo Granja y Alfonso Gerardo Ortega ex altos ejecutivos de Banamex implicados en el presunto fraude de 5 mil 312 millones de pesos derivados de créditos otorgados a Oceanografía.
El juzgador concedió la captura a la Procuraduría General de la República en una modalidad de delito grave por la violación a la ley de instituciones de crédito, por lo que de ser capturados los ejecutivos no alcanzarán fianza.
Gerardo Ortega fue jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global de Banamex, y Emilio Gonzalo Granja fue gerente de la Unidad de Energía y Químicos de la institución crediticia.
De acuerdo con las constancias judiciales de la acusación a Ortega y Gonzalo se les acusa de haber aceptado diversos documentos apócrifos que sirvieron de garantía para otorgar el financiamiento requerido por Oceanografía para hacer frente a sus relaciones contractuales con Petróleos Mexicanos.
La orden de aprehensión deriva del cumplimiento de un amparo otorgado por el séptimo tribunal colegiado penal, que ordenó al juez de primera instancia reponer el procedimiento.
Los ex altos ejecutivos de Banamex permanecen prófugos de la justicia.
Descarta SRE ruptura con el GIEI
Ana Paola Barbosa, jefa de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo esta tarde que no hay ningún tipo de ruptura con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se le seguirá apoyando hasta que termine su mandato.
La funcionaria destacó lo anterior al dar a conocer la agenda de la gira que realizará el presidente Enrique Peña Nieto del 9 al 14 de abril por Alemania y Dinamarca.
En la residencia oficial de Los Pinos, agregó que los expertos están en México por invitación del gobierno federal.
Barbosa se refirió también al cambio de embajador de México en Estados Unidos y resaltó que dicho nombramiento obedece a una estrategia integral que busca resaltar los aportes de la comunidad mexicana en el vecino país del norte.
Puntualizó que el gobierno federal está consciente de que la percepción sobre los connacionales no corresponde a la realidad.
Añadió que en la estrategia no sólo participará la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino otras secretarías más.
Por lo que hace a la gira, la jefa de la oficina de la cancillería y el vocero del gobierno, Eduardo Sánchez, informaron que en Alemania, Enrique Peña Nieto se reunirá con la canciller Ángela Merkel, el presidente Joachim Gauck, empresarios y parlamentarios. En Dinamarca será recibido por la familia real encabezada por la reina Margarita y también dialogará con empresarios.
Informaron que el mandatario se referirá en esos encuentros a las reformas estructurales y sus beneficios. Dado el componente económico de la gira, los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, acompañarán al mandatario en su periplo
Cefereso borró video de visita de Lucero Sánchez a 'El Chapo'
El video de la supuesta visita de la diputada del PAN por Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez López a Almoloya, para encontrarse con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, no existe porque el sistema se reinicia cada 27 días y borra los archivos, afirmó ayer el equipo de defensa de la legisladora.
“No existe el video. Está informado por parte del Cefereso, que no existe. Solamente son fotografías que se quedaron del video, que se captaron, que no son fidedignas para demostrar que haya estado” en Almoloya el 4 de septiembre de 2014, explicó la abogada Rosalba Alarcón.
Refirió que según las autoridades penitenciarias, las cámaras se reinician cada 27 días. “Y se borran los videos, por lo tanto la Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con el video para demostrar que haya estado persona alguna esa fecha. Con videos no”, dijo Alarcón.
Después de que los litigantes entregaron a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que analiza la solicitud de la PGR para el desafuero de la diputada, el abogado Rubén Tamayo explicó que se solicitó a esa instancia legislativa admitir la revisión de las pruebas por parte de peritos.
Los expertos, dijo, deberán revisar las fotografías que el Ministerio Público Federal presentó para señalar que se trata de Sánchez López y determinar si las imágenes se corresponden con su fisonomía.
Tamayo expuso que la diputada y su equipo defensor no han manifestado que en esa fecha ella ingresó al penal. “No tenemos conocimiento de que haya ingresado. Es parte de lo que se está investigando”, afirmó.
Además insistieron que la Sección Instructora solicite al Instituto Nacional Electoral copia de la credencial de elector de la diputada, para determinar si la firma que aparece en ese documento corresponde con la de su cliente.
Fidel Castro reaparece en acto público después de 9 meses
La Habana. Cerca de cumplir 90 años, Fidel Castro, líder de la revolución cubana, reapareció en un acto público después de nueve meses, y habló de las bondades de la escuela pública en la isla comunista, tras criticar la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a La Habana.
Siempre sentado, Fidel le habló a estudiantes de primaria con motivo del aniversario 86 del nacimiento de Vilma Espín, su ex cuñada y ex heroína de la gesta revolucionaria, quien falleció en 2007, según imágenes de la televisión pública cubana.
"Estoy seguro de que un día como hoy, Vilma, estaría muy contenta porque estaría viendo: sacrificó su vida, todo el que muere luchando por la revolución va dejando energía", afirmó Castro.
Fidel, quien dejó el poder en 2006 a raíz de una enfermedad, reapareció en un acto público antes de que se instale, el 16 de abril, el Séptimo Congreso del gobernante Partido Comunista.
Durante ese acto, el de mayor importancia bajo un modelo de partido único como el que rige en Cuba, deberá definirse el rumbo económico y político de la isla para el próximo quinquenio.
Reemplazado al frente del gobierno por su hermano Raúl (84 años), Fidel habló sobre la escuela cubana -que es gratuita y cubre el cien por ciento de los habitantes de la isla-, tras escribir un artículo crítico contra Obama, quien visitó la isla entre el 20 y 23 de marzo.
"No necesitamos que el imperio nos regale nada", señaló Castro en un artículo publicado por el diario oficial Granma titulado El hermano Obama, una semana después de la histórica visita del mandatario estadunidense.
Obama, quien restableció en 2015 las relaciones entre Estados Unidos y Cuba después de más de medio siglo, pronunció un discurso en el que proclamó el fin de la Guerra Fría y extendió una mano al régimen de los hermanos Castro, pese al embargo que aun castiga a los cubanos y las diferencias en materia de derechos humanos.
