Es importante para la economía nacional el desarrollo de las principales fuentes de energía. Por lo tanto, es importante el desarrollo de los organismos que han sido públicos en el petróleo y la electricidad.
Su proceso desnacionalizador y su saqueo por sus propios funcionarios afectan al país y a su población.
Los aumentos en el precio de la gasolina y otros productos de energía han causado gran daño a la población, especialmente el de 20 por ciento, sumado a los otros recientes y menos conocidos. Las crecientes movilizaciones en todo el país lo han demostrado.
Estos aumentos son secuencia de toda una política desnacionalizadora, pero también de la creciente corrupción de los funcionarios, que no es sólo de ellos, sino una parte de una creciente corrupción nacional, estimulada por ellos mismos.
Esos aumentos, como se preveía, han incrementado muchos otros precios, incluso en proyectos de primera necesidad, cuando los aumentos de salario son ridículamente bajos. Hemos visto publicados incrementos a cantidades importantes de personas, del orden de 3 por ciento y fracción, por un año.
Los precios se elevaron en 4.7 por ciento anual, sólo en el mes de enero. Consideran como la gloria un crecimiento de 2 por ciento anual, que difícilmente se sostiene durante 2017, cuando a lo largo de cuatro décadas tuvimos 6 por ciento. Y no quieren revelar cuánto es el aumento de la población, porque se vería que la producción real, por habitante, es aún más baja, si no es que nula o negativa.
También causa daño a la nación la estrangulación de Petróleos Mexicanos (Pemex), principal empresa estatal del país. La producción de gasolina bajó de 437.3 mil barriles diarios en 2013, primer año completo de este gobierno, a 258.6 mil en diciembre de 2016. Una baja de 41 por ciento. Lo demás se ha importado básicamente de Estados Unidos, en dólares cada vez más caros, pero el hecho mismo de esta reducción de tan importante combustible, en beneficio de unos cuantos, es una traición a la nación. Claro, se quiere simular patriotismo ante la política del nuevo gobierno del país del norte.
Y los otros sectores de energía también han subido de precio. La producción del gas natural no asociado –el gas asociado se extrae como segundo beneficio del petróleo– bajó de mil 910 millones de pies cúbicos diarios en 2012 a mil 71 millones en diciembre de 2016. Una reducción de 44 por ciento.
No es posible que se frene la crisis con la política de entregar paso a paso a las empresas públicas, y manejar a Pemex en beneficio de las trasnacionales. Los daños al país y a sus habitantes son demasiado costosos, las crecientes movilizaciones populares en todo el país lo demuestran. En algunos casos, empresarios también manifiestan su desacuerdo con las mencionadas medidas oficiales.
En la actualidad, ninguna industria moderna puede subsistir o competir sin el suministro de energía. De modo que entre la entrega de las principales empresas públicas de este sector a empresas privadas, principalmente trasnacionales, y su permanente reducción, tanto de la petrolera como la de electricidad, que es constante, afectan a la economía nacional, y no sólo a la mayoría de la población.
Urge que se impulse a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como uno de los pasos de reactivación de la economía, no sólo por las necesidades directas de gasolina y otros productos, para evitar tantas importaciones y frenar la caída de empleos. Los funcionarios tienen terror ante la palabra crisis, pero ellos mismos la están provocando.
Y tenemos que repetir la expresión de hace casi 40 años, con Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera.
Fuente: Antonio Gershenson, La Jornada
