ONU y CNDH repudian pretensión de perpetuar presencia del Ejército en las calles
El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez coincidieron con organizaciones civiles y activistas en rechazar las pretensiones de legisladores y del gobierno de Enrique Peña Nieto de perpetuar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, a través de iniciativas como la Ley de Seguridad Interior.Durante el foro “Seguridad y derechos humanos”, los participantes reconocieron la labor que soldados y marinos han desempeñado en los últimos diez años de “guerra contra el crimen organizado” y aclararon que no piden el retorno inmediato a los cuarteles, pero resaltaron que la naturaleza de su preparación no corresponde a las labores de seguridad pública.
En el acto también estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y los académicos e integrantes del colectivo “Seguridad sin Guerra”, Maité Azuela y Ernesto López Portillo, en tanto que el exrelator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, transmitió un mensaje videograbado. En concordancia con la CNDH y las organizaciones civiles, Jan Jarab consideró que “se necesita una discusión mucho más amplia, profunda e inclusiva sobre el modelo de la seguridad que México necesita”, así como analizar las experiencias propias durante los últimos diez años y lo que ha ocurrido en otros países.
También advirtió que tratar de “fortalecer el paradigma militar y el uso de la fuerza”, a través de la ley de seguridad interior, “va a contribuir a petrificar este paradigma, va a ser un retroceso”. Para el funcionario de la ONU, el diseño de un modelo de seguridad para el país debería ir acompañado de “un diagnóstico integral”, en tanto que deben fortalecerse las corporaciones policiales, “porque no se puede aceptar que existan para defender algunos intereses y reciban un cheque en blanco de la impunidad”, así como las medidas preventivas.
Al señalar que sin discusiones amplias “va a ser muy peligroso adoptar una ley que deje la actuación de las fuerzas armadas” en tareas de seguridad, “aun con salvaguardas”, Jarab señaló que si a pesar de todo el Estado mexicano insiste en promover una legislación “para respaldar las fuerzas armadas”, propuso como “Plan B (…) por lo menos fortalecer las salvaguardas, eso es algo que nos parece se puede evitar, si se puede impulsar una discusión más amplia sobre el modelo de seguridad”. Mientras se siguen postergando discusiones como las leyes generales contra la desaparición y la tortura, el representante de la ONU recordó que en el plano internacional el modelo de seguridad interior ha sido considerado por órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “un concepto propio de regímenes autoritarios”.
Jarab, quien ha participado ampliamente en diversos foros para advertir los riesgos de la militarización de la seguridad pública, señaló que entre las preocupaciones que tiene su oficina destaca en que por la forma en que están redactadas las cuatro iniciativas sobre ley de seguridad interior, las fuerzas armadas puedan ser usadas “contra la protesta social”, sin contar con que ya existe experiencia empírica del incremento de violaciones graves a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a ellas, ante un “continuo debilitamiento” de las autoridades civiles.
Al señalar que si bien los mexicanos confían más en las fuerzas armadas que en las policías, el funcionario de la ONU destacó que también la presencia militar no ha significado una mayor seguridad, de ahí que insistió en una discusión amplia que incluya “no sólo a la organizaciones de la sociedad civil y defensores, sino a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.
Antes, el ombudsman Luis Raúl González Pérez destacó que a 10 años de estar al frente de la lucha contra el narcotráfico, “no podemos ignorar que, con independencia de los resultados concretos que la participación de las Fuerzas Armadas han producido en el ámbito de la seguridad de las personas, los cuales se tendrán que analizar y valorar detalladamente, dichas acciones han tenido como efecto que se presenten violaciones a los derechos fundamentales de las personas por parte de algunas autoridades que se apartaron del cabal y debido cumplimiento de su deber, así como que se generan condiciones que propician que se puedan cometer las mismas”.
Al destacar que las graves violaciones a derechos humanos como “ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado interno y abusos de migrantes, entre otros, tienen como contexto la inseguridad, la violencia, la impunidad y la corrupción”, González Pérez puntualizó que lo que se requiere para enfrentar esos problemas es “una visión integral, esencialmente preventiva”, y no una reacción coyuntural.
“No creo que aún en el contexto difícil, complejo de incertidumbre, de inseguridad y violencia que vive el país, las decisiones coyunturales no deben ser la solución que requerimos los mexicanos y mexicanas, sino legislaciones bien pensadas que den certeza jurídica a la ciudadanía”, dijo el presidente de la CNDH. Al coincidir en que en apego a la Constitución y a los tratados internacionales la seguridad “debe estar a cargo de instituciones de carácter civil”, González Pérez consideró que las Fuerzas Armadas deben volver, “cuando las condiciones así lo permitan, a las funciones que le son propias, pero bajo un programa gradual y verificable”.
También insistió en que las tareas que se les ha encomendado a las tropas castrenses, “en acciones de seguridad de las personas, sobre todo en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea”. El ombudsman nacional enlistó “un decálogo mínimo” de lineamientos que los legisladores deberían tomar en cuenta antes de decirse por impulsar tal legislación, entre los que destacan consideraciones constitucionales, así como “prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y manifestación”; además considerar “mecanismos de control institucional, claros y de colaboración ente autoridades”, y evitar que las fuerzas armadas “participen en la prevención e investigación de los delitos”.
Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, dijo que ante el escenario nacional, en vez de discutir “un modelo que dé certezas, entre comillas, jurídicas al Ejército”, lo que los legisladores deberían buscar es “cómo fortalecer las instituciones civiles de seguridad, encaminadas a la ruta de un modelo de seguridad de corte ciudadano”.
Al reconocer que “hay zonas y regiones en el país donde el Ejército juega una función preponderante para la ciudadanía”, el defensor insistió en que los participantes del foro coinciden en demandar “un programa de retiro programático de las Fuerzas Armadas que pasa justo por el fortalecimiento de las instituciones civiles o la democratización de las policías”. Igual resaltó que a más de 10 años de lanzar a marinos y soldados a las calles, no es aceptable insistir en “formalizar esa política excepcional” sin que exista al menos “una evaluación o un diagnóstico”.
Por lo pronto, Patrón Sánchez recordó que los datos duros y oficiales evidencian que de 2006 a 2015 ocurrieron 186 mil homicidios, y que entre 2007 y 2011 “la tasa de homicidios pasó de 8.1 a 23.7” por cada 100 mil habitantes, “con marcados incrementos en las entidades donde se implementaron operativos conjuntos y la confianza en el Ejército a la baja en estos mismos lugares”.
Al insistir en que las iniciativas conocidas de Ley de Seguridad Interior no son compatibles con la Constitución, ni con los tratados internacionales ni mucho con las recomendaciones de la ONU y la CIDH, el director del Centro Prodh puntualizó que esas propuestas legislativas “permitirán que las violaciones a derechos humanos sigan aumentando y no responden a cuestiones de efectividad, pues la información disponible muestra que esta estrategia ha fracasado”. Ernesto López Portillo, exdirector del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), apuntó que si pese a la experiencia empírica, los legisladores se obstinan en militarizar la seguridad, lo que estaría detrás no es un auténtico interés en buscar soluciones a la inseguridad en el país.
“Podríamos estar asistiendo a un fenómeno de modificación en la relación cívico- militar, entre el poder civil y el poder militar en México, y si fuera este el caso, entonces la evidencia no importa, pues estamos hablando de un reacomodo político donde la ley es un síntoma de un reacomodo político”, advirtió el experto e integrante del colectivo “Seguridad sin Guerra”. López Portillo señaló que de insistirse en impulsar un modelo de seguridad militarizado, los legisladores deberían “estar pensando en modificar la Constitución y dar marcha atrás a los avances en materia de derechos humanos”, como la reforma al artículo primero constitucional.
El especialista apuntó que no existe justificación o evidencia que avale la militarización de la seguridad, más allá de que “se trata de una propuesta que puede ser electoralmente rentable, y que implique la capitulación de las autoridades civiles ante los militares”. El investigador agregó que México está considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como parte de las naciones que padecen “violencia endémica”, pese a que desde hace 10 años la seguridad del país ha estado en manos castrenses, en contra de todas las recomendaciones de organismos internacionales, y de la experiencia empírica en el país y en otras naciones.
La académica y periodista Maité Azuela presentó una serie de datos reportados por organizaciones de derechos humanos e investigaciones académicas que reforzarían la hipótesis del fracaso de la política de seguridad en los últimos diez años. Incluso retomó información recabada por la Red de los Derechos de la Infancia (Redim), sobre las muertes de mil 846 menores de entre 0 y 17 años de edad, de diciembre de 2006 a mayo de 2016, en el contexto de la “guerra contra el crimen organizado”.
Igual destacó cifras del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), que revelan el incremento de 331% en la compra de armas, de 2000 a 2015, por parte del Estado mexicano, así como la asignación de cero recursos a la prevención del delito; en tanto que de acuerdo con una encuesta de Parametría, seis de cada 10 mexicanos respaldaban la presencia del Ejército en las calles. Durante el evento se transmitió una participación grabada del exrelator de la ONU, Chirstof Heyns, experto en derecho internacional y catedrático de la Universidad de Pretoria.
Heyns recordó que en su informe sobre la situación del país tras visita en 2013, advirtió de los riesgos que significaba para México el mantener la seguridad en las calles en manos de las Fuerzas Armadas, que por su formación “ven a los ciudadanos como enemigos”. Al considerar que casos como el de Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron bajo el fuego militar, son efecto de la política de seguridad militarizada, sin controles civiles, Heyns advirtió que de insistir en dar “garantías jurídicas” a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, se puede provocar “una escalada de situaciones similares en lugar de detenerlas”.
Pese a aumento de narcoviolencia, Osorio Chong anuncia que militares seguirán en Veracruz
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, garantizó que elementos del Ejército y de la Marina-Armada de México continuarán en labores de lucha contra la delincuencia organizada en esta entidad.
“Los veracruzanos, el gobernador de su estado, tendrán todo el respaldo de Presidencia de la República, ese es el compromiso y vamos a supervisar que así suceda”, anunció Osorio Chong en rueda de prensa efectuada en Córdoba.
En reunión que tuvieron el titular de Segob y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se acordó que los militares continuarán con patrullajes en la zona centro, la marina y zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, y con la presencia de la Gendarmería Nacional en la capital del estado y otros puntos de conflicto.
Osorio Chong aseguró que el combate contra el crimen organizado será frontal, al igual que en otras entidades del país, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
“Vamos tras los criminales que han venido actuando aquí, tenemos claros los objetivos, quiénes son ellos… iremos por ellos, iremos por todo lo que representan”, advirtió.
Luego admitió que las fuerzas federales en Veracruz reforzarán su presencia y tendrán más despliegue físico y de inteligencia.
Apenas el viernes pasado, Yunes Linares admitió que el número de ejecuciones y hechos delictivos había aumentado en la entidad, pero justificó la violencia como derivada de la pugna de los cárteles y el pleito por la plaza y trasiego de droga y de actividades ilícitas.
Osorio y Yunes acordaron que en el caso de Veracruz se reforzarán las corporaciones estatales y municipales, con el compromiso de los 212 alcaldes del estado.
“Será con la formación de policías confiables, profesionales, capacitados, con controles de confianza, con percepciones dignas y prestaciones como se logren mejor resultados”, dijo el funcionario.
Osorio Chong prometió a Yunes Linares que en próximas semanas vendrá todo el gabinete de seguridad y procuración de justicia federal para “revisar avances y estrategias” de la presencia de fuerzas federales y el apoyo de las corporaciones policiacas locales.
“Evaluamos y fortalecemos las estrategias implementadas en las localidades de esta entidad consideradas de atención prioritaria”, expresó por separado Yunes Linares.
En el encuentro participaron el comandante de la Sexta Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez; el comandante de la Primera Región Naval, Fernando Arturo Castañón Zamacona; el jefe de Estado Mayor de la Sexta Región Militar, Juan Arturo Cordero Gómez; el jefe de Estado Mayor de la Primera Región Naval Militar, José Pantaleón Demuner Flores, y el comisario de la Policía Federal de la entidad, Camilo Castagne Velasco.
Además del secretario de Seguridad Pública, Jaime Ignacio Téllez Marié, y el fiscal general Jorge Winckler Ortiz.
Horas antes de que Osorio Chong arribara a Veracruz se suscitó una fuerte balacera en la colonia Villa Rica del puerto, en donde murieron abatidos dos presuntos sicarios y un marino resultó herido de bala.
Extraoficialmente trascendió que elementos de la Semar continúan con la intensa búsqueda de tres marinos “levantados” por un comando el miércoles 1 de febrero en la colonia Infonavit Buenavista del puerto de Veracruz.
'No confundan diplomacia con debilidad'
En comparecencia ante senadores, el Canciller Luis Videgaray afirmó que la postura del Presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete frente a la de Estados Unidos ha sido clara, firme, inteligente y oportuna.
Gasolinas subirán un centavo este miércoles; Magna costará 16.55 pesos
El precio de las gasolinas subirá un centavo este miércoles en comparación con los precios de este martes informó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Al dar a conocer los precios máximos de los combustibles en las 83 regiones del país y en las 7 zonas fronterizas, el órgano regulador precisó que el precio máximo de la gasolina Magna será de 16.55 por litro, el de la Premium 18.37 y el del Diésel 17.63 pesos.
Los precios mínimos serán de 15.29 pesos por litro para la Magna, 17.07 pesos para la Premium y 16.36 para el Diésel.
Algunas de las entidades donde el precio por litro de la gasolina Magna será el más alto del país son el Estado de México, Puebla y Michoacán con 16.55 pesos, mientras que el precio máximo del Diésel se encontrará en algunas localidades de Jalisco con 18.37 y para el Diésel precio máximo se encontrará en algunas zonas de Sonora y Chihuahua.
En algunas de las ciudades más importantes de al República como Monterrey, Nuevo León, el precio por litro de gasolina magna será de 16.26 peso, 18.15 pesos para la Premium y de 16.98 pesos para el Diésel, mientras que en la Ciudad de México, la demarcación con el precio más será Azcapotzalco, con un precio de 16.22 pesos por litro para la Magna, 18.10 pesos para la Premium y 16.96 pesos para el Diésel.
Por el contrario, las delegaciones donde costarán más serán Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac, con una cotización de 16.28 pesos para la gasolinas de menos de 92 octanos, 18.16 pesos para la mayor a 92 octanos y de 17.02 pesos por litro para el Diésel.
Diputados aceptan a panista como aspirante al Consejo General del INE, rechazan a Ackerman por “simpatizar con Morena”
La junta de coordinación política de la Cámara de Diputados integró este lunes el comité técnico que revisará los perfiles de los aspirantes a tres lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), y aun cuando se trata que sea una instancia imparcial, aceptó a Humberto Aguilar Coronado, consejero vitalicio del Partido Acción Nacional (PAN) ligado a Santiago Creel, pero rechazó a John M. Ackerman, argumentando que es “simpatizante de Morena”.
Cabe señalar que el comité se instalará este martes y será el encargado de recibir las solicitudes de inscripción de los aspirantes a consejeros electorales, de entrevistarlos y posteriormente presentar a la junta de coordinación tres listas de cinco candidatos que cumplan los requisitos incluidos en la convocatoria.
La intención de los grupos parlamentarios era “era no contaminar la elección y que los nombres se presentaran ante la junta a partir de la idoneidad de los aspirantes”.
Sin embargo, Morena impugnó la designación de Aguilar Coronado, quien trabajó con Creel en la Secretaría de Gobernación, y sostuvo que su integración al comité anticipa que los partidos Revolucionario Institucional (PRI), PAN y de la Revolución Democrática (PRD) “elegirán a consejeros afines. ¿Cuál democracia? El proceso ya está viciado”.
La bancada priísta propuso a Jorge Islas López, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido comentarista político de Televisa. En tanto, el PRD propuso al politólogo Luis Eduardo Medina Torres, doctor en estudios sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador con licencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como investigador en el Centro de Capacitación Judicial Electoral.
De acuerdo con la convocatoria, de los siete integrantes del comité, dos correspondía designarlos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y dos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante la sesión de este lunes, el Inai designó al director general del Centro del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Ayllón, y a César Iván Astudillo Reyes, abogado general de la UNAM durante la rectoría del actual secretario de Salud, José Narro Robles.
Por su parte, la CNDH nombró a María Leoba Castañeda Rivas, ex directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a José de Jesús Orozco Henríquez, magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cuestionado por qué la junta de coordinación toleró la incorporación a un comité de este corte a Humberto Aguilar, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, sostuvo que se votó por quienes los partidos “consideraron que reunían los requisitos. No se valoraron circunstancias de militancia política”.
Argumentó que la presencia de académicos, investigadores y profesionales del derecho electoral da “armonía y buena estructura al comité y, si llegamos a pensar que hay sesgo en las opiniones, el hecho de que haya una cantidad importante de miembros de la sociedad civil, garantiza imparcialidad”.
Relevo en la mesa directiva de San Lázaro
El PAN realizará en la sesión de hoy de la Cámara de Diputados el enroque de presidente de la mesa directiva, en cumplimiento con el acuerdo interno de ese partido para que María Guadalupe Murguía –quien llevó la primera etapa de los trabajos de la comisión investigadora sobre la agresión a los normalistas de Ayotzinapa– sustituya a Javier Bolaños.
Esa bancada informó a la Junta de Coordinación Política, el principal órgano de toma de acuerdos de la cámara, que Bolaños ha concluido el periodo de seis meses que acordó con Murguía. Bolaños sustituirá a su compañera como primer vicepresidente.
Detectan en Metro a mujeres carteristas
La participación de mujeres en los asaltos dentro del Metro ha incrementado en los últimos meses. De acuerdo con Marco Muñoz Valdez, gerente de Seguridad del Metro, los delincuentes operan en grupos de más de tres personas, incluso, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha detectado a familias completas.
'Ya era hora' de que México plantara postura firme en torno al TLC: Diputados
Los partidos políticos coincidieron en que México no debe aceptar presiones ni doblegarse ante los designios del presidente de EEUU, Donald Trump y su gobierno.
En la Cámara de Diputados, las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) respaldaron la postura del Gobierno Federal, en cuanto a que México se saldrá del Tratado de Libre Comercio (TLC), si Estados Unidos insiste en imponer medidas unilaterales como el cobro de aranceles a los productos mexicanos.
El coordinador panista, Marko Cortés; su compañero de bancada y presidente saliente del recinto, Javier Bolaños; así como el vicecoordinador del tricolor, Jorge Carlos Ramírez, coincidieron en que nuestro país no debe aceptar presiones ni doblegarse ante los designios del gobierno norteamericano.
“Me parece que ya era hora de que se asuma ese tipo de posturas, lo hemos dicho también con mucha claridad, seguramente en estos momentos muchos sectores de la vida económica de los Estados Unidos se están preocupando por ver que México está asumiendo una postura firme y sólida, y que no nos vamos a dejar chantajear, ni presionar, y mucho menos vamos a permitir que se nos agreda intentando que retrocedamos en todo aquello que hemos logrado avanzar”, subrayó Bolaños Aguilar.
El legislador panista enfatizó que en las negociaciones del TLC, se avecina el periodo más importante, que es el de la negociación directa, donde México deberá refrendar que ese acuerdo ha sido benéfico para los tres socios que lo integran, y que el intento del Presidente Donald Trump de “amañar” y “manipular” las cifras al respecto, no surtirá efectos.
“Yo aplaudo este tipo de posturas, como también el hecho de que se rechace tajantemente la intención siquiera de intentar deportar a migrantes de otras naciones hacia nuestro país. Eso es inaceptable, atenta contra los derechos humanos de estas personas y atenta contra la soberanía de México”, enfatizó.
En tanto, el vicecoordinador de los diputados priístas celebró que haya una ruta clara y precisa para actuar en caso de que Estados Unidos quiera imponer condiciones de manera sesgada y unilateral.
“Yo celebro mucho que haya ya una postura definida por el gobierno mexicano, lo anticipó el secretario de Relaciones Exteriores en su reunión con diputados, y que bueno que ahora esté determinado ya cuál va a ser el protocolo de actuación en caso de que hubiera un intento unilateral de Estados Unidos de imponer aranceles”, indicó Ramírez Marín.
A su vez, el coordinador albiazul recalcó que las negociaciones en torno al TLC se deben llevar a cabo “de igual a igual”, por lo que el diálogo entre los secretarios de estado de ambas naciones debe mantenerse en esa esfera, al igual que los acercamientos entre los presidentes de México y Estados Unidos.
“El Gobierno Federal debe actuar con absoluta dignidad y absoluta responsabilidad porque nos representa a todos, por eso nosotros solicitamos que el Presidente de México se reúna con el Presidente de los Estados Unidos. Que los Secretarios de Estado mexicano, se reúnan con los Secretarios de Estado de los Estados Unidos, con iguales, de un trato digno, porque nos representa a todos y muy firme”, apuntó.
“Sí, con absoluta dignidad y firmeza, México no puede doblegarse y México no puede ceder a ningún tipo de chantaje como los que se están dando”, recalcó el diputado Cortés Mendoza.
Estudiantes crean clasificadora de frutas con energía solar
Productores de limón de Michoacán manualmente separan los frutos por tamaño, pues de ello dependen los precios a ofrecer en el mercado o si el destino es la exportación. A fin de facilitar el trabajo, estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) de Morelia diseñaron una clasificadora de bajo costo que puede dividir los cítricos por tamaños a una capacidad entre 350 a 400 kilos por hora.
“Frutiuvaq” es un sistema robusto que pude ser transportado en una camioneta, de modo que puede ser llevado a los campos de cultivo para facilitar la clasificación de las frutas en el campo para que se proceda a su empaque.
El costo del prototipo fue de aproximadamente diez mil pesos, dado que diversos materiales utilizados en su construcción fueron reciclados, lo que disminuyó su precio. Utiliza energía solar, lo que lo hace autosustentable y funciona con 50 watts, es decir, con menos energía que la que utiliza un foco común.
Una de sus ventajas es que puede funcionar en lugares en donde no hay energía eléctrica, como comúnmente ocurre en campos de cultivo, ya que utiliza energía solar y puede trabajar incluso cuando oscurezca durante dos horas más gracias a que cuenta con una pila recargable.
Con este invento, los estudiantes de ingeniería industrial y mecatrónica Guillermo Jason Madrigal, Josué Miranda, Ana Cecilia Vidales, Mayela Gutiérrez, Juan Tapia y Luis Villa y su asesor Aldo Pureco obtuvieron el segundo lugar en la categoría de prototipos en el Sexto Encuentro de Robótica y Prototipos de Desarrollo Tecnológico que se llevó a cabo en Morelia el pasado fin de semana.
“Platicamos con pequeños productores de limón y nos dijeron que una de sus necesidades consistía en empacar las frutas de acuerdo a distintos tamaños, ya que se vende a distintos precios, además de que parte de la producción es para importación y otra para consumo local. El trabajo de clasificación de la fruta era realizado en forma manual, por lo que esta recicladora ahorraría este trabajo a las personas que se dedican a esta labor. Quienes cuentan con la tecnología para hacer esta clasificación actualmente son las grandes empacadoras pero su precio es elevado, por lo que consideramos necesario diseñar una máquina que pudiera adaptarse a sus necesidades”.
Este equipo puede ser adaptado para clasificar distintos tipos de frutas, siempre y cuando éstas sean esféricas, explicaron, aunque en su diseño inicial fue adaptado para los productores de limón de Michoacán.
Sus creadores buscaron que su manejo sea más intuitivo, de modo que pueda ser utilizado por cualquier persona y cuenta con un registro de estadísticas de los productos, a partir del cual será posible orientar al productor sobre el tiempo adecuado de cosecha y los pronósticos de su producción, datos que favorecerán su producción.
Actualmente, esta tecnología se encuentra en proceso de patente, con el objetivo de proteger su propiedad intelectual y sus creadores tienen planes de comercializarla a mediano plazo, una vez que se le realicen mejoras al equipo.
En Michoacán la producción de limón es una de las más importantes. Destacan Apatzingán y Buena Vista, en la región de Tierra Caliente, en donde, de acuerdo con datos del INEGI del 2015, se producen a partir de 70 mil toneladas anuales por municipio.
