Como una "bomba de tiempo" calificó la arquidiócesis de México el segundo gasolinazo que el gobierno federal hará efectivo la próxima semana, después de haberlo retrasado 14 días y auguró que subir el precio de los combustibles traerá consecuencias político-electorales".
Criticó haber suspendido el gasolinazo de principios de febrero, por "motivos" electorales" y aseguró que una vez que éste de se concrete será "otra bomba estallar en las manos".
"Las autoridades afirman que las medidas de austeridad, la evolución del tipo de cambio y del precio internacional de las gasolinas han creado las condiciones para mantener sin cambios los precios máximos, pero en pocos días, México no tiene refinerías como por arte de magia ni ha dejado de importar gasolinas del exterior. Tampoco sería justo distraer la atención pública dilatando gasolinazos ante las elecciones próximas, particularmente las del estado de México, poniendo en riesgo la victoria del partido dominante".
En la editorial del semanario Desde la fe, recordó las manifestaciones sociales que generó el primer gasolinazo y advirtió que con el segundo, ocurrirá la misma situación.
Así mismo crítico las "retóricas desafiantes" esgrimidas por el gobierno para justificar el alza de los combustibles.
"A pesar de las explicaciones y retóricas desafiantes como aquella del 'ustedes, ¿qué hubieran hecho?', los mexicanos supimos de los altos costos tributarios en los precios de los energéticos y de la ignorancia de las autoridades por no conocer exactamente el pulso de una sociedad que no está preparada para tales medidas".
Advirtió que "un eventual gasolinazo no sería aceptado", porque "lejos de haberse diluido, algunos sectores de la sociedad mantienen una resistencia activa para revertir la medida".
Asimismo hablo de la "medidas de austeridad" que "dice estar tomando" el gobierno.
"Basta con conocer la fortuna que nuestras autoridades invierten en festividades y premios para darnos cuenta qué hay muchos rubros por recortar antes de castigar aún más al empobrecido pueblo mexicano.
Y es que de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno federal derrochó en 2016, con cargo al erario, casi 30 mil millones de pesos en festejos y premios a servidores públicos".
Añadió que "preocupa también que el último trimestre del año pasado contabilizó una estratosférica deuda del sector público, de más de nueve billones de pesos, es decir, el 47.9 por ciento del Producto Interno Bruto, que generó el pago de intereses que, según los resultados del 2016, representa el presupuesto asignado a 17 dependencias de la administración pública federal, y mayor al presupuesto asignado a las secretarías de Salud y Educación Publica para el presente ejercicio fiscal 2017".
Fuente: La Jornada
